Cada año, miles de personas bolivianas de entre seis y 20 años de edad son vendidas, transportadas, retenidas, obligadas a trabajar y a prostituirse contra su voluntad. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera que Bolivia no ha tomado las medidas para prevenir el tráfico ilegal de personas, informó Mujereshoy.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos de más de 20 países de América Latina y Europa se encuentran reunidas en esta capital en el seminario taller Estrategias contra la Trata y el Tráfico de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, para formular recomendaciones y estrategias tendientes a combatir y frenar la trata de personas.
La trata de personas es el tercer delito más común a nivel internacional, después del tráfico de órganos y de armas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ubicó a Bolivia, en un estudio sobre el tráfico ilegal de personas que concluyó en enero pasado, en el denominado «tercer nivel».
Según la ministra de Desarrollo Sostenible de Bolivia, Irma Peredo, esta calificación implica que «el país no tomó medidas y acciones de prevención, tratamiento y recuperación de las víctimas de trata y tráfico de personas».
Peredo dijo que por esas razones el gobierno de transición del presidente Eduardo Rodríguez tiene la «firme decisión» de establecer mecanismos nacionales e internacionales para combatir la trata y el tráfico de personas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales consideran el fenómeno de la trata y el tráfico de personas como una actividad criminal encubierta con conexiones transnacionales.
«Lo preocupante es que dentro de esa actividad criminal, Bolivia empieza a ser un país de tránsito y de origen donde se producen esos hechos», dijo la ministra, al precisar que particularmente jóvenes mujeres de Beni y Pando han sido víctimas de esas redes de prostitución.
Estudios sobre el tema evidenciaron que a los canales conocidos de reclutamiento para redes de prostitución, como falsas agencias de empleo o agencias matrimoniales, muchas de ellas a través de la Internet, se suma el hecho de que hay casos en que los mismos familiares son los que intervienen en la venta de la víctima.
La titular del Ministerio de Desarrollo Sostenible puntualizó que su despacho, mediante el Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad, ha iniciado un proceso de construcción de las bases para afrontar ese flagelo, que comenzó con una investigación realizada sobre tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de violencia sexual comercial y pornografía en la red Internet.
«La problemática del tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de violencia sexual comercial, cuya demanda en el país no se ha podido cuantificar con exactitud, se ha incrementado con gran fuerza en los últimos años debido especialmente a la crisis económica que golpea al mundo y al país en particular».
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