El Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) ha generado importantes costos sociales y económicos que ponen en evidencia su fracaso. Así lo planteó, con cifras y análisis, Servando Pineda Jaimes, periodista y maestro, quien ocupa el cargo de director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Entre los encuentros violentos del crimen organizado y las distintas corporaciones policiacas del país, incluido el ejército, un problema grave es la ejecución de mujeres. Según la Procuraduría de Justicia del Estado, en lo que va de 2009 han sido ejecutadas mil 374 personas en el estado de Chihuahua: 74 mujeres y mil 300 hombres.
De ellas, 56 residían en la zona Norte, donde se ubica Ciudad Juárez; ocho en la zona Centro, ubicada en Chihuahua, la capital; siete en la zona Occidente, que incluye la Sierra Tarahumara, y tres en la zona Sur, con cabecera en Parral.
De acuerdo con información de Cimacnoticias publicada el 6 de octubre de este año, la Procuraduría del estado no proporciona datos de estas mujeres, pero, con base en la poca información que han publicado los medios locales, se sabe que algunas eran policías, otras eran esposas, novias, amigas o familiares de narcotraficantes, y otras más estaban involucradas con el crimen organizado.
En este contexto, durante la conferencia impartida en el marco de las V Jornadas de Comunicación del Colegio de Periodistas del Estado de Chihuahua, denominadas «Periodismo ciudadano», Servando Pineda Jaimes, señaló que, si bien el gobierno federal envía las tropas que dependen de él para combatir al narcotráfico, la estancia del ejército ha generado en 19 meses, fecha de implementación del OCCH, un gasto para el municipio de Juárez de 640 millones de pesos.
Al mes de octubre pasado y durante 19 meses, «las y los ciudadanos pagamos para que nos peguen», afirmó.
Esa cifra corresponde al 10 por ciento del presupuesto de egresos, que asciende a 3 mil 295 millones de pesos. La federación destinó, además, 321 millones de pesos para la estancia de los federales y para la instalación de cámaras de seguridad que los ciudadanos no han visto.
El gobierno del estado ha invertido 139 millones de pesos. Por sobresueldo de militares con presencia en Ciudad Juárez ha desembolsado 52 millones de pesos; 28 millones más para gasolina; 14 millones para alimentación; y 22 millones en renta de naves industriales para hospedarlos.
¿Los resultados? Detenidos, casas cateadas, autos decomisados e incremento de delitos que antes eran poco frecuentes, como secuestros y amenazas. Entre 60 y 80 por ciento de agremiados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha sido extorsionado con el pago de cuotas para no incendiar sus negocios.
Hasta ahora, 60 de estos negocios han sido incendiados por falta de pago; más de 15 mil se han cerrado debido a la ola de violencia; más de tres mil familias huyeron de Ciudad Juárez a Estados Unidos, principalmente a El Paso, ciudad que vive un repunte económico por esa causa.
De 2003 a 2007, antes del Operativo Conjunto Chihuahua, de la de la llegada de las fuerzas federales, «y de que entráramos en guerra», en Ciudad Juárez se registraron mil 181 homicidios. En contraparte, sólo en el primer año del OCCH, en 2008, se registraron mil 350 ejecutados; 30 secuestros de empresarios; 82 asaltos bancarios; 15 mil vehículos robados y 30 negocios quemados por negarse a pagar «la cuota».
En el primer año de operación del OCCH, en todo el estado se registraron más de dos mil muertos y se registró también la ejecución de 80 policías, 61 en Juárez.
En este 2009, la estadísticas de personas ejecutadas asciende a dos mil 300 ejecuciones, que equivalen a 159 asesinatos por cada 100 mil habitantes: la tasa más alta del mundo, de acuerdo a un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México, dado a conocer recientemente. En lo que va de este año, 118 mujeres han sido asesinadas en Juárez.
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