Luego de tres años de buscar la justicia para la joven Paulina, quien fuera obligada a ejercer una maternidad producto de una violación, de nueva cuenta la evasión judicial retrasa el cumplimiento de la ley para esta joven indígena.
El día de ayer la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Baja California citó al exprocurador de Mexicali, Juan Manuel Salazar Pimentel, para que declarara por el proceso que se le sigue a causa de abuso de autoridad, coalición de funcionarios, tortura y no discrecionalidad del expediente Paulina; pero no se presentó.
Cabe recordar que Juan Manuel Salazar Pimentel llevó a Paulina en su vehículo ante un sacerdote con el fin de que éste la convenciera de no abortar, dado que ella ya había logrado obtener la dispensa legal para ejercer su derecho al aborto por violación.
La abogada de Paulina, Socorro Maya Quevedo, pidió en enero de este año se reabriera el proceso judicial contra las autoridades implicadas en el caso.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Silvia Reséndiz, del Grupo de Mujeres Alaíde Foppa, quienes han apoyado a Paulina desde 1999, manifestó su confianza para que esta vez sí se haga justicia y se castigue a los responsables de haber participado en la tortura sicológica hacia Paulina.
Asimismo tiene la certeza de que, al reabrirse el proceso contra las autoridades, se logrará castigar ejemplarmente a las autoridades involucradas; algo que en el pasado no fue posible.
Primeramente a quien debe sentenciarse, declaró Reséndiz, es a Salazar Pimentel ya que él mismo ha reconocido su culpa; luego al director de los servicios estatales de salud, Carlos Astorga, por permitir el ingreso de activistas de Provida al hospital donde se encontraba Paulina para presentarle material amarillista sobre el aborto; y finalmente al director del Hospital General del estado, Ismael Ávila Iñiguez, por no guardar el principio de confidencialidad de expediente y facilitárselo a las representantes de Provida.
Más adelante la defensora Silvia Reséndiz dijo que apenas es el primer citatorio que la PGJ del estado le extiende al funcionario, por lo que aún quedan otros dos como marca la ley; no obstante señaló que sus expectativas son muchas.
Comentó que actualmente Paulina se encuentra estudiando el segundo año de la preparatoria y al mismo tiempo trabaja en una maquiladora para sostener a su hijo, dado que dejó de recibir la ayuda económica prometida por la secretaría de Desarrollo Social estatal.
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