Debe lograrse que se castigue a violadores y agresores

   Concluyó el Congreso sobre armonización legislativa
Debe lograrse que se castigue a violadores y agresores
Por: Lourdes Maldonado
Cimac | Tijuana.- 29/06/2005

Una de las mayores preocupaciones de las y los asistentes al Congreso Internacional para Apoyar la Armonización de las Legislaciones Locales con los Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, que se realizó ayer en esta ciudad, es cómo lograr que jueces y ministerios públicos castiguen a violadores y agresores.

Marisa Ugarte, presidenta del Corredor Bilateral para la Protección de los Derechos Humanos en Tijuana y directora ejecutiva en San Diego, dijo que uno de los argumentos reiterativos es justamente que los resultados de foros como éste sean implementados y que se apliquen sanciones a todos aquellos que teniendo en sus manos instrumentos legales, no quieran aplicar la ley a los agresores.

Uno de los temas tratados en este congreso, dijo Ugarte, es lograr que se haga una diferenciación entre lo que es violencia intrafamiliar y lo que es la explotación comercial y trata de victimas, y que se empiece a reconocer como tal. Señaló que pronto llegará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley donde se precisan estos temas para que por ley sean separados, y sancionados quienes no los cumplan.

Ugarte dijo que no se deben confundir los temas, para no involucrarlos como algo político, sino como lo que son, un tema que compete a todas las instancias, pues de otra manera no se acabará con este azote.

El Congreso se dividió en dos foros. Uno trató sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y la obligación del Estado mexicano a garantizarlo en el marco de la Convención Belem do Pará; el otro fue la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas y niños.

En cuanto al primer tema, hubo 11 propuestas, entre ellas destacó la de la profesora Alma Oceguera, del grupo Milenio Feminista de Baja California Sur, quien propuso tipificar como delito grave el ataque a niños y niñas, así como la agresión a personas con capacidades diferentes. El delito se llamaría "crímenes de odio".

Magali Reyes, del mismo grupo, aunque del estado de Sinaloa, habló de la necesidad de hacer una revisión severa al Código Penal respecto al aborto ya que la legislación de su estado, tal como ocurre en otras partes del país, no está adecuado a las necesidades actuales.

05/LM/GM