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Difícil conciliar derechos de víctimas con sistema judicial eficaz

Por la Redacción

La secretaria general de Igualdad de la Junta de Galicia, Marta González, afirmó que las propuestas realizadas por la fiscalía general del Estado en su memoria 2009, en materia de violencia de género, “son interesantes”, aunque hay que “estudiarlas”, toda vez que “es muy difícil conciliar los derechos de las víctimas con un sistema judicial eficaz”.

Al término de la jornada “La violencia de género. Aspectos médico-legales y jurídicos-penales”, donde se presentó un avance del “Estudio Médico-legal y jurídico-penal de los casos de violencia de género en Galicia”, Marta González resaltó la importancia de buscar “soluciones de carácter global”.

Es necesario abordar desde perspectivas interdisciplinarias el “gravísimo problema social de la violencia de género”, ya que “se trata de situaciones muy complejas en las que intervienen muchas circunstancias diferentes y las respuestas deben provenir de diferentes instancias”, dijo en el foro organizado por la Universidad de Santiago de Compostela y el Colegio de Abogados de Santiago.

La cifra de 50 mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas o ex parejas, dos de ellas en Galicia, nos muestra, “con toda la crudeza lo mucho que tenemos que esforzarnos aún para lograr acabar con esta terrible realidad que afecta a muchas, muchísimas mujeres de nuestro entorno más próximo”, señaló la funcionaria.

Se refirió también a las sugerencias en materia de violencia de género realizadas por la Fiscalía General del Estado en la presentación de su Memoria de 2009, entre las que están que las mujeres víctimas que denuncien a su pareja no se puedan acoger al derecho de no declarar contra ellos durante el juicio oral, o la posibilidad de asistencia letrada obligatoria a las mujeres víctimas.

En su opinión, “son interesantes” aunque, matizó, “es preciso estudiarlas con calma” ya que en ocasiones “es difícil conciliar los derechos de las víctimas con un sistema judicial eficaz, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de hacer obligatoria la declaración de la víctima contra el acusado”.

Concluyó que desde la administración autonómica, y en lo que se refiere a sus competencias propias, como son la asistencia social, el marco de las políticas de igualdad o la atención sanitaria, “tratamos de que la atención sea lo más eficaz y ágil posible en beneficio de las mujeres, de sus hijos e hijas, víctimas indirectas de violencia”.

Sin embargo, dijo, para lograrlo, “precisamos del conocimiento, de la información, de la experiencia y del compromiso de toda la sociedad en su conjunto”, terminó la secretaria general.

10/RED/LR/LGL

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