Las organizaciones civiles que revelaron las irregularidades cometidas por la asociación Provida respecto del uso del dinero público que recibió en 2003 y 2004 para "ayudar a las mujeres", celebraron el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que negó el amparo a Jorge Serrano Limón, presidente de Provida.
La resolución adoptada en forma unánime por el pleno de la SCJN, dictada el 10 de octubre, precisa que Serrano Limón tendrá que pagar la multa de más de 13 millones de pesos por la malversación de fondos públicos y que será inhabilitado para desempeñar cualquier cargo público durante 15 años.
Como se recordará, el dinero, etiquetado por la Cámara de Diputados para la prevención y control de la epidemia del VIH/SIDA, fue desviado a Provida y gastado por esta organización en tangas, plumas de lujo y compra de equipos médicos sobrevaluados y duplicados, entre otros desfalcos similares, precisaron en un comunicado.
A raíz de ello, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le estableció una multa a Serrano Limón por más de 13 millones de pesos y lo inhabilitó por 15 años para ser servidor público.
El demandado presentó un amparo que fue revisado por la SCJN, pero los Ministros negaron sus peticiones y le exigieron que pague la multa fijada por la SFP.
El principal argumento de la SCJN es que a pesar de ser un particular, puede ser sujeto de sanciones administrativas, como la multa, por utilizar recursos del Estado.
Esto, porque se entiende que están sujetos a la aplicación de la ley todas aquellas personas que tengan una comisión que involucre el uso de recursos públicos, ya que el dinero dado a dichos particulares por órganos del Estado implica que esos recursos se utilicen para fines específicos y bajo ciertas condiciones.
Las organizaciones añaden que queda mucho por hacer, las autoridades tendrán que exigirle a Serrano Limón la devolución del dinero desviado (más de 33 millones de pesos) y el cumplimiento de las sanciones establecidas por la Corte.
Además de que Serrano Limón enfrenta varios juicios no resueltos y una denuncia penal en la que tampoco se ha realizado una averiguación exhaustiva del caso.
Las organizaciones, que integramos la demanda por la Transparencia y la Rendición de Cuentas, celebramos el fallo de la SCJN y seguiremos pugnando para que Provida devuelva los 33 millones de pesos malgastados, según demandaron la Secretaría de Salud y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
Firman el documento, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Letra S: Salud, Sexualidad y Sida, Salud Integral para la Mujer AC(SIPAM).
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