Con la penalización del aborto terapéutico en octubre pasado, Nicaragua se convirtió en el quinto país, de los 193 que conforman las Naciones Unidas, donde está prohibido interrumpir el embarazo, aún cuando ello implique la muerte de la gestante, informa la agencia Prensa Latina.
Sólo en Chile, El Salvador, Honduras, El Vaticano, y ahora en Nicaragua, tanto los médicos como las mujeres corren el riesgo de ir a la cárcel por infringir esa ley.
En el caso de esta última nación, la medida fue aprobada en medio de la pasada campaña electoral, lo que llevó a sus detractores a acusar a la Iglesia Católica local de oportunista.
Ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias en ese momento en la Asamblea Nacional -léase el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)- se atrevió a afrontar el costo electoral que pudo haber significado oponerse a la penalización del aborto terapéutico.
A nivel de la sociedad existe, sin embargo, un gran debate, no exento de confrontación, entre los que están de acuerdo con la prohibición y los que abogan por la restitución de una figura jurídica que estuvo vigente en el Código Penal desde 1891.
Según una encuesta de la empresa CID Gallup, divulgada a finales de febrero pasado, el 55 por ciento de las y los nicaragüenses está a favor del aborto en caso de que el embarazo represente un riesgo para la vida de la madre.
La mayoría del gremio médico comparte la opinión de los grupos feministas y organizaciones de derechos humanos, de que con la penalización de la interrupción de embarazo por razones de fuerza mayor, Nicaragua volvió al Medioevo.
No estamos de acuerdo con que se haya penalizado el aborto terapéutico, advirtió recientemente la Federación de Médicos Pro Salarios.
Las declaraciones de esa organización, integrada por alrededor de tres mil galenas y galenos, apuntalan la posición de la Sociedad de Médicos Gineco-Obstetras de Nicaragua, la cual exige el restablecimiento de la añeja práctica.
Las y los ginecólogos y obstetras nicaragüenses cuentan también con el apoyo de sus colegas del resto de Centroamérica.
El aborto terapéutico es un procedimiento de necesaria existencia en la práctica de nuestra especialidad ya que salva vidas y evita complicaciones médicas severas en mujeres, aseguraron médicos centroamericanos en un reciente congreso celebrado en Managua.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, aún no se pronuncia sobre el recurso de amparo presentado por varias organizaciones de la sociedad civil, inmediatamente después de derogada la figura jurídica por el Parlamento.
La nueva legislatura, que se instaló en el hemiciclo parlamentario en enero pasado, tampoco tiene interés en abordar el escabroso tema por temor a entrar en conflicto con los influyentes líderes religiosos locales.
La Asamblea Nacional debate, desde hace varias semanas, un nuevo Código Penal, pero el capítulo relativo al aborto terapéutico no será discutido hasta agosto próximo.
Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) teme un incremento de las muertes maternas como resultado de una medida digna de los mejores tiempos de la Inquisición.
Al prohibirse la atención integral del aborto terapéutico, se tendrá un considerable incremento de los abortos clandestinos en condiciones inseguras, alertó la OPS.
07/GG/CV
