La actuación de los agentes del Estado en operativos policíacos contradice los compromisos internacionales de derechos humanos que el gobierno mexicano ha adoptado. Carece, además, de políticas de seguridad eficaces en el país para combatir la violencia en estos operativos, especialmente la que se ejerce contra las mujeres, denunció en Ginebra, Suiza, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Al presentar este día su informe Violencia del Estado contra mujeres en México: el caso San Salvador Atenco, durante la reunión que realiza el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), en Ginebra, representantes del Prodh denunciaron ante este organismo de Naciones Unidas que el problema de la violencia contra las mujeres en operativos policíacos continúa siendo poco visibilizado y abordado por el Estado mexicano.
Tampoco se explican las medidas que se adoptan para combatir la inseguridad y restablecer el Estado de derecho, ni cómo estos operativos impactan a las mujeres en especial, toda vez que las arbitrariedades cometidas en contra de ellas por parte de agentes de seguridad violentan sus derechos a su integridad física, psicológica y sexual, así como a la libertad personal.
Aunque el Prodh menciona que no es la primera vez que las organizaciones civiles de nuestro país han documentado y denunciado este tipo de operativos, en donde la violencia sexual contra las mujeres por parte de policías o militares ha estado presente, enfatiza que todos ellos permanecen en la impunidad.
El informe narra los hechos sucedidos en los pueblos de San Salvador Atenco y Texcoco, los días 3 y 4 de mayo pasados, que dejaron como saldo la expulsión ilegal de cinco extranjeros, cuatro mujeres y un hombre; la muerte de dos jóvenes y la detención ilegal de 211 personas: 47 mujeres de las cuales 26 fueron víctimas de agresión y abuso sexual.
Además, el Prodh da cuenta de la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno mexicano el pasado 16 de octubre, basada en los testimonios recabados por sus visitadores, así como en las evidencias y en informes producidos por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
No obstante, el Prodh señala que dicha recomendación no hace mención detallada sobre las autoridades responsables por los abusos cometidos contra las y los pobladores de esta comunidad, sino que recomienda en términos generales la iniciación y/o continuación de los procedimientos judiciales y administrativos necesarios para sancionar a servidores públicos involucrados en el operativo.
Otra recomendación que resalta este informe del Prodh es la hecha por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), durante su reunión 36 en agosto pasado, donde expresó su preocupación por la persistencia de la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres, especialmente por los actos de violencia cometidos por las autoridades públicas contra las mujeres de San Salvador Atenco.
La CEDAW recomendó que el gobierno mexicano se asegure que la Fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres (Fevim) tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables.
El gobierno mexicano contravino el pacto que firmó, en 2002, con integrantes del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) y reactivó 300 averiguaciones previas que tenían en reserva contra miembros de esta organización. La Fiscalía Federal, apuntó, no ha atraído la investigación de las violaciones y abusos sexuales.
Por todo ello, señala el Prodh, no se ha demostrado voluntad por parte del gobierno de México para llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas violaciones.
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