En Guatemala, el clima de violencia que vive el país afecta especialmente a jueces, fiscales y a defensoras y defensores de los derechos humanos, quienes han sufrido ataques y hostigamiento, informó en comunicado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Recientemente fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un reporte sobre estos hechos. El 22 de octubre la Fundación Mirna Mack, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ante la CIDH información actualizada sobre la situación de alto riesgo que viven las y los operadores de justicia y las y los defensores de derechos humanos en Guatemala.
El clima de violencia que vive este país afecta especialmente a estos grupos. Esto es de gran preocupación puesto que en el caso de los operadores de justicia, este fenómeno no sólo genera inseguridad, sino que, además, afecta directamente la independencia judicial y la administración de justicia, señala Cejil.
Por otro lado, en el caso de los defensores y defensoras de los derechos humanos, este clima de inseguridad desestimula su labor por la defensa y promoción de los derechos humanos.
La situación de inseguridad que sufren ambos grupos fue abordada en dos audiencias distintas. En la primera, las Asociaciones de Jueces y de Fiscales, junto con la Fundación Mack y Cejil denunciaron los ataques, amenazas, hostigamientos y asesinatos que han sufridos jueces y fiscales. Indicaron que existe un registro de 75 denuncias anuales de parte de funcionarios judiciales que fueron amenazados o atacados, sin que a la fecha se haya investigado.
DEFENSORAS Y DEFENSORES
Respecto de defensores y defensoras de derechos humanos, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Fundación Mack y CALDH junto con Cejil informaron que desde enero a agosto de este año se han registrado 165 ataques y/o actos de intimidación contra esta población. Destacaron el atentado contra el ambientalista Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), ocurrido el pasado 4 de septiembre.
En ambas audiencias, las organizaciones señalaron como un elemento común que el sistema de justicia guatemalteco ha sido incapaz de dar una respuesta efectiva y rápida a este problema, por lo que la mayoría de los ataques se mantienen en la impunidad. Asimismo, en algunas ocasiones los ataques provienen de agentes estatales o de grupos paralelos que están infiltrados en las estructuras oficiales.
El Estado reconoció que efectivamente no se investiga y se comprometió a generar acciones de coordinación interestatal efectivas y rápidas para salvaguardar la vida e integridad de los operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos. Esto en virtud del rol fundamental que desempeñan en un Estado democrático.
La Comisión Interamericana manifestó su preocupación por las situaciones expuestas y que la situación de los defensores de derechos humanos era una de sus prioridades y que apreciaba la información que se le diera la respecto.
08/VR/GG
