El acceso al aborto es una decisión que sólo pertenece a las mujeres, con la que se reconoce su derecho a decidir sobre su cuerpo y no constituye un agravio a la Constitución política de nuestro país, coincidieron en señalar diversas feministas, durante el Foro Interrupción Legal del Embarazo: Un avance histórico por el derecho a Decidir de las Mujeres.
Durante el Foro, llevado a cabo esta mañana y programado en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, María Luisa Sánchez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que actualmente el 62 por ciento de la población mundial vive en 64 países donde el aborto inducido es permitido por diversas razones y si ninguna limitación.
Mientras que el 38 por ciento de la población habita en países donde el aborto no se puede realizar por ninguna causa, tal es el caso, en América Latina, de países como Chile, El Salvador y Nicaragua.
Sin embargo, y en contraste, países como Argentina, Paraguay, Uruguay y la República Dominica ya están debatiendo actualmente la posibilidad de aprobar el aborto hasta las 12 semanas.
Y en México, el acceso a la interrupción legal del embarazo ya es una realidad en el Distrito Federal, donde el pasado 24 de abril se aprobó la reforma para que las mujeres que se encuentran dentro de las primeras 12 semanas de gestación puedan interrumpir su embarazo.
DERECHO EN EXPANSIÓN
A pesar de la fuerte polémica que ha causado esta reforma, al grado de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la directora de GIRE señaló que existen muchas posibilidades para que la ley pueda trasladarse a otros lugares de la República Mexicana.
En la reunión convocada, entre otras organizaciones, por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Católicas por el Derechos Decidir, GIRE y el Instituto de las Mujeres en el DF (Inmujeres-DF), Sánchez Fuentes explicó que es importante conocer la resolución de SCJN, pues si se resuelve a favor de la ley significará, entonces, que no es inconstitucional despenalizar el aborto hasta las doce semanas.
Además, el resto de los gobiernos de la Republica Mexicana no tendrán pretextos para no hacer una reforma similar. Por ello, apuntó, se busca que los estados donde tienen mayoría parlamentaria el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia apoyen una reforma a favor de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas.
Por su parte, durante su participación en el Foro, Ángela Heimburger, investigadora para América Latina de la División de Derechos de las Mujeres del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señaló que Human Right Watch hizo algunas recomendaciones al Gobierno federal, al Congreso de la Unión, a los gobiernos estatales, a la Secretaría de Salud y al Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubón.
Entre esas recomendaciones se encuentra adoptar medidas inmediatas y concretas a fin de garantizar el acceso rápido y sin obstrucciones a servicios de aborto seguro y gratuito para las víctimas de violación, incesto o «estupro».
También, promulgar una ley federal, a fin de criminalizar y sancionar efectivamente la violencia doméstica y sexual contra niñas y mujeres, incluyendo el abuso sexual de niñas por parte de sus padres u otros integrantes de sus familias.
Enmendar la ley que establece la creación del Inmujeres, a fin de incluir de manera explícita entre sus obligaciones la de facilitar el acceso de niñas y mujeres al aborto, donde actualmente se encuentre permitido por ley.
Enmendar el Código Penal para penalizar explícitamente la violación conyugal y con ello asegurar el cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de noviembre de 2005 que establece el carácter delictivo de la violación conyugal.
Y promulgar leyes que aseguren el acceso de las mujeres a abortos voluntarios, seguros y gratuitos luego de cualquier forma de violación o incesto.
A la Secretaría de Salud recomendó asegurar la continua participación de los actores de la sociedad civil con experiencia en temas de salud pública, derechos de la mujer y la provisión de servicios para víctimas de violencia contra las mujeres en el desarrollo detodos los estándares y lineamientos futuros sobre la materia.
A la Secretaría de Gobernación pidió incluir el derecho al aborto legal por violación, incesto o «estupro» como una parte esencial del mandato del Programa Nacional de Derechos Humanos de la Segob y que presente informes anuales sobre el acceso al aborto legal por violación, incesto o «estupro» en todos los estados, y brindar lineamientos administrativos sobre cómo integrar este derecho a las políticas y programas individuales de los estados.
A los Gobernadores estatales y al Jefe de Gobierno del DF recomendó apoyar públicamente el derecho al acceso inmediato y sin obstáculos a servicios de aborto seguro, humano, respetuoso y gratuito en aquellos casos donde el aborto no se encuentre actualmente penalizado y en conformidad con los estándares en materia de derechos humanos, entre otras cosas.
AMÉRICA LATINA
Por su parte, Marcela Ruedas, de la Federación Internacional de Planificación Familiar, consideró que la decisión de aprobar la interrupción legal del embarazo (ILE) en México reconoce el derecho de las mujeres a decidir.
Asimismo, señalo que la ILE está relacionada directamente con el embarazo no deseado por lo que mientras éste exista, habrá la necesidad de que las mujeres opten por un aborto en condiciones seguras, ya que el embarazo no deseado es una realidad para todas las mujeres latinoamericanas y que compete a todas y todos.
La ILE, fundamentada del reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, puede convertirse en modelo para otros países de la región de América Latina.
Además, dijo, con el cambio de legislación en la Ciudad de México inició una regulación para que las mujeres puedan acceder al servicio, algo que en AL ha llevado años lograr pues las regulaciones para que puedan acceder a este servicio no existen en los países donde ya se ha despenalizado el aborto.
Y con la aprobación de la ILE nació una motivación para las mujeres de otros países que hoy creen que sí es posible lograr cambios para el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
EN MÉXICO
Sin embargo, a pesar de este logro, Vicente Díaz Sánchez, de Mexfam, explicó que aún hay retos por resolver, como los problemas de salud pública que constituye la interrupción del embarazo en condiciones de riesgo, contribuir a terminar con la morbilidad y mortalidad materna, capacitar al personal médico y ofrecer información adecuada a las mujeres que soliciten la interrupción del embarazo.
Al respecto María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, aseguró que los servicios de salud están respondiendo a las necesidades de las mujeres que acuden a la ILE.
Sin embargo, «eso no quiere decir que no hay dificultades» pero las mujeres «somos cada vez más concientes de nuestros derechos y trabajamos para que se respeten». «Cada vez más sectores entienden que las mujeres tenemos autoridad moral para tomar decisiones y que deben respetar esa autoridad».
Mejía Piñeros señaló que de las más de 2 mil mujeres que han solicitado una interrupción de embarazo, el 80 por ciento se ha declarado católica, lo que significa que las mujeres católicas «estamos tomando decisiones de acuerdo con nuestra conciencia no solamente con relación al aborto, si no con el uso de anticonceptivos. Y estas necesidades tienen que reconocerse».
«Nos hemos encontrado con que estas situaciones constituyen dilemas éticos muy serios a raíz de las prohibiciones y obstáculos que nos encontramos las mujeres católicas»
Por ello, Mejía Piñeros recomendó a las mujeres que confíen en sí mismas, pues son agentes morales capaces de tomar decisiones y porque «Dios no nos creó para nuestra desgracia sino porque confía en nosotras y nos creó para disfrutar la maravillosa realidad que puso a nuestro servicio» concluyó.
07/HVR/GG/CV
