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India: resistencia del gobierno a penalizar violación marital

Por Neeta Lal*
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“Mi esposo me violó brutalmente varias veces”, relató Anna Marie Lopes, de 28 años. “Me mantuvo bajo vigilancia en su casa de Dubai mientras yo sufría depresión y malnutrición severa. Cuando traté de huir de ese infierno, me confiscó el pasaporte, me dejó sin dinero y me golpeaba”, añadió esta mujer de la India.
 
Tras seis años de tortura, Lopes logró abordar un avión que la sacó de los Emiratos Árabes Unidos, donde residía con su marido y llegó a Nueva Delhi en 2012.
 
“La vida es dura cuando debes comenzar de cero después de una experiencia traumática y sin apoyo, ni siquiera de mis padres. Pero no tenía otra opción”, contó a IPS/Cimacnoticias.
 
Pero miles de mujeres hindús no tienen su relativa suerte y siguen sufriendo violaciones maritales sin posibilidad de escapatoria, lo que las deja totalmente devastadas.
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que más de 40 por ciento de las mujeres casadas en la India de entre 15 y 49 años de edad soportan golpes, violación o relaciones sexuales forzadas por sus maridos.
 
Un estudio del Centro Internacional de Investigación sobre Mujeres, con sede en Washington, señaló en 2011 que uno de cada cinco hombres hindús reconoció obligar a su esposa a tener relaciones sexuales.
 
Además, sólo una de cada cuatro mujeres que sufrieron abusos buscaron ayuda, según la encuesta; las mujeres buscan mucha menos ayuda por violencia sexual que física. Tras una violación, suelen recurrir a familiares, más que a la policía.
 
Debido a esta realidad nefasta y arraigada, la renuencia del gobierno a penalizar la violación marital, con el argumento de que el matrimonio es “sagrado”, causó un acalorado debate en la India.
 
El ministro de Estado de Asuntos Internos, Haribhai Parathibhai Chaudhary, declaró ante la Rajya Sabha (Cámara baja del Parlamento) que el concepto de violación marital, como se entiende a escala internacional, no podía “aplicarse de manera adecuada en el contexto de la India debido a varios factores, como educación, analfabetismo, pobreza, creencias religiosas y la mentalidad de la sociedad”.
 
“¿El gobierno está diciendo que es aceptable que los hombres violen a sus esposas o cree que el matrimonio es una licencia para la violencia sexual con la excusa de que eso constituye una defensa de los valores y la cultura hindú?”, inquirió Amitabh Kumar, del Centro de Investigación Social, con sede en Nueva Delhi.
 
“Una violación es una violación y atenta contra los derechos fundamentales de la víctima”, subrayó Kuma en diálogo con IPS/Cimacnoticias.
 
La violación marital, definida como la relación sexual forzada por el marido y sin el consentimiento de su esposa, lo que deriva en el abuso físico y sexual de esta última, se rige por el artículo 375 del Código Penal de la India.
 
La Ley de Violencia Doméstica, aprobada en 2005, reconoce el abuso sexual en el ámbito del matrimonio, pero los especialistas legales sostienen que sólo ofrece un recurso civil y que no permite encarcelar al cónyuge abusador.
 
Tras la violación grupal de una estudiante de Medicina en Nueva Delhi en diciembre de 2012, el malestar de la población llegó a la entonces gobernante Alianza Progresista Unida (APU) a crear una comisión encargada de reformar la legislación sobre violación.
 
La Comisión Verma, de tres miembros, recomendó que la violencia sexual entre cónyuges se considerara violación y un delito penal. Pero el gobierno, entonces en manos del Partido del Congreso, desestimó la sugerencia arguyendo que la iniciativa destruiría a la institución del matrimonio en la India.
 
El gobierno terminó por aprobar una ley contra la agresión sexual, que no incluyó la violación marital. Según especialistas, el actual gobierno, encabezado por Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio), sigue una línea conservadora similar a la de su predecesor.
 
En enero de este año, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de una víctima para declarar a la violación marital un delito penal, con el argumento de que la legislación nacional no podía acomodarse a una persona.
 
El experimentado abogado penal Ram Jethmalani y el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, K.T. Thomas apoyan la perspectiva del gobierno, pero su posición no es unánime entre los especialistas.
 
“La institución matrimonial es una parte integral de la cultura hindú. Pero eso no nos impidió sancionar la ley contra la dote ni la de violencia doméstica”, precisó el abogado de Derechos Humanos Soumya Bhaumik, en diálogo con IPS/Cimacnoticias.
 
“Si se puede procesar al marido por asesinar a su esposa, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en caso de violación? Todo el concepto de consentimiento o la definición de violación no cambian con un certificado de matrimonio”, subrayó.
 
Bhaumik también se refirió a los casos documentados de esposos que fuerzan a sus cónyuges, lo que no sólo genera un trauma físico, sino también mental y emocional.
 
“La actual Ley de Violencia Doméstica trata esos episodios como casos civiles. Es decir que el cónyuge en falta recibe una orden de restricción o la parte perjudicada recibe una orden de protección. Pero no hay una disposición que ponga al culpable tras las rejas”, explicó.
 
El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas, recomendó que la India penalice el hecho de que un hombre viole a su esposa.
 
La violación marital ya es delito en Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica, Canadá, la mayoría de los países europeos, Malasia, Turquía y Bolivia.
 
Esta situación, sumada a la falta de independencia económica actúan como barrera para que las mujeres denuncien un episodio de violencia sexual marital.
 
“La mayoría de las mujeres no denuncian ese tipo de violación porque temen que el encarcelamiento del sostén de la familia condene a los hijos”, explicó Winnie Singh, directora ejecutiva de Maitri, una organización que trabaja rehabilitando a mujeres marginadas, entrevistada por IPS/Cimacnoticias.
 
“Según nuestra investigación, las condenas son menos del 1 por ciento de los casos denunciados”, remarcó.
 
Singh también criticó el engorroso proceso legal que coloca la responsabilidad de probar que hubo violación en la mujer, algo que muy pocas están dispuestas a asumir dada la baja proporción de condenas.
 
Sólo se denuncian seis de cada 100 casos de violencia sexual perpetrados por varones que no son esposos de la víctima, según un informe de Aashish Gupta, del Instituto de Investigación de Economía Comprensiva.
 
En este contexto, subrayó Singh, la sensibilización y la educación son vitales para generar consciencia y garantizar justicia para las víctimas.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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