Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunciaron que en lo que va del 2010, dos personas con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron asesinadas, tres han sufrido atentados, 35 recibieron amenazas de muerte, y nueve personas más abandonaron el país por temor a perder sus vidas.
En una audiencia realizada el pasado lunes ante la CIDH, las organizaciones informaron que el grupo de personas en riesgo está conformado principalmente por funcionarios del gobierno del ex Presidente Manuel Zelaya.
También temen por su vida sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, mujeres, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos opuestos al golpe de Estado ocurrido el 28 de junio del 2009.
A la audiencia acudieron representantes del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), del Equipo de Investigación, Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes reclamaron que hasta la fecha ninguna de las agresiones ha sido efectivamente investigados.
Los asistentes a la reunión, quienes representaron a 197 beneficiarios de medidas cautelares, explicaron a la CIDH los múltiples obstáculos que enfrentan las organizaciones para proteger a las personas en Honduras, pese a la obligación que tiene el Estado de hacerlo, informó el CEJIL en un comunicado.
En el encuentro, las organizaciones denunciaron que actualmente existe un nuevo patrón de comportamiento que tiene un efecto intimidatorio, que consiste en amenazar a personas de alto perfil político o social, pero se agrede a personas relacionadas con el beneficiario.
Los representantes del Estado de Honduras responsabilizaron de la ausencia de medidas de protección a los propios beneficiarios o a las organizaciones de Derechos Humanos (DH).
La CIDH mostró su inconformidad y preocupación ante las respuestas incompletas, evasivas e insuficientes de los representantes del Estado, y recordó al gobierno hondureño sus obligaciones internacionales de garantizar y respetar la vida de las personas, en especial de los defensores y defensoras de DH.
Las organizaciones peticionarias hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Honduras pasar del discurso a la acción, y garantizar la vida de las personas en riesgo. De igual forma, solicitaron a la CIDH continuar con el monitoreo de la situación de DH en Honduras, y en particular la implementación de medidas cautelares.
Esta es la segunda audiencia que organizaciones hondureñas tienen ante la CIDH, para denunciar la situación de los derechos humanos después del golpe de Estado, la primera fue en noviembre del año pasado.
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