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Llega a CIDH caso de indígena víctima de violencia obstétrica

Por Anaiz Zamora Márquez
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La organización civil Fundar Centro de Análisis e Investigación presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Irene Cruz Zúñiga, mujer de origen mixteco víctima de violencia obstétrica y morbilidad materna, y quien en consecuencia lleva 13 años postrada en una cama.

Ante la falta de respuesta por parte de las instituciones del Estado mexicano para reparar el daño a Irene y su familia –pese a la existencia de un acuerdo judicial que así lo mandata–, y debido a que las autoridades federales y estatales no garantizaron las condiciones para que el hecho no ocurriera, Fundar presentó el caso durante el periodo de sesiones de la CIDH que se lleva a cabo en Washington.

Se informó lo anterior durante la presentación hoy de un material audiovisual que cuenta la historia de Irene Cruz y su familia, en el Centro Cultural Digital en esta capital, con la presencia de especialistas y defensores de Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

Jaqueline Sáenz Andujo, representante legal de Irene, explicó a Cimacnoticias que la petición para que la CIDH intervenga en el caso se fundamenta en la violación del derecho a la salud e integridad física que cometió el Estado mexicano contra la mujer, y en el contexto de discriminación y violencia que viven las mexicanas. 
 
La también coordinadora del área de DH y Seguridad Ciudadana de Fundar agregó que la petición se desprende de las múltiples violaciones a la integridad personal y la salud, y la violencia obstétrica en la que incurrió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la secretarías de Salud federal y de Oaxaca; además de la inacción de las instancias de procuración y administración de justicia.
 
Por lo que –advirtió Sáenz Andujo– se debe considerar que el caso de Irene ejemplifica la situación en la que viven las mujeres habitantes de comunidades marginadas.

Señaló que este caso también es un botón de muestra de la discriminación y falta de acceso a la justicia que enfrentan las indígenas cuando son víctimas de algún tipo de violación a sus garantías individuales. 
 
Finalmente dijo que se busca que el Estado mexicano repare el daño a Irene, y al mismo tiempo solucione las fallas estructurales del sistema de salud que derivan en este tipo de situaciones violatorias de los DH. 

EL CASO
 
En 2001, durante el nacimiento de su primer hijo, Irene enfrentó una serie de obstáculos para acceder a servicios de salud, sufrió una serie de violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos por parte de varias instancias, y tras la negligencia médica (mala aplicación de anestesia) que la dejó inmóvil, fue víctima de omisiones por parte de las autoridades judiciales.
 
Y es que el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca emitió un acuerdo judicial con recomendaciones para lograr la reparación del daño y la justicia para Irene y su familia, pero hasta la fecha no se ha materializado. (Cimacnoticias 1 agosto 2014)

Cecil Lachenal, investigadora de Fundar, dijo que tras el acuerdo judicial se han buscado mesas interinstitucionales para acordar las medidas de reparación del daño y garantizar una coordinación entre dependencias para ello, sin embargo –acotó– esto no se ha concretado y las instancias (que han respondido y aceptado su responsabilidad en los hechos) trabajan de manera descoordinada y aislada.
 
Lachenal informó que hasta el momento diversas dependencias (como el IMSS en Oaxaca) han respondido al acuerdo, pero al mismo tiempo que plantean acciones mínimas, el hecho de que lo hagan de manera descoordinada genera una revictimización en la familia, quienes deben recordar una y otra vez los hechos, así como una reiterada vulneración a Irene, quien en más de una ocasión ha sido sometida a peritajes médicos.

Jaqueline Sáenz abundó en declaraciones a Cimacnoticias que la probabilidad de que la CIDH llame a cuentas al Estado mexicano por este caso, allanaría el camino para que las violaciones se reparen de manera integral, y permitiría avanzar en los derechos de las mujeres y el reconocimiento de las obligaciones del país para garantizar que tales violaciones no se repitan.
 
Sáenz explicó que no se tiene un plazo específico para que la CIDH responda a la petición 1448/2014, pero se espera que los tiempos de revisión del caso se acorten, ya que la solicitud se acoge en uno de los supuestos del artículo 29 del reglamento de la Comisión, que determina que se podrá adelantar la evaluación de una petición cuando haya víctimas menores de edad.

Cabe recordar que los representantes del caso e incluso el propio magistrado que dictó el acuerdo judicial identifican al hijo de Irene como víctima directa del caso. Actualmente Epafrodito tiene 13 años de edad y su familia pide como parte de la reparación que se le otorgue una beca educativa que garantice su permanencia en el sistema educativo hasta que él concluya sus estudios universitarios
 
Al mismo tiempo, está pendiente que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lleve al pleno el punto de acuerdo emitido el pasado 30 de octubre por la fracción del PRD, que exhorta a las autoridades correspondientes a cumplir con las obligaciones estipuladas en el acuerdo judicial.
 
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