El pasado 23 de agosto, la prensa de la capital oaxaqueña reportó el secuestro de las maestras de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Natalia González Quintero, Yoselina Rodríguez Santiago, María del Pilar Cervantes Santiago, Gloria Bravo Soriano y Darney Medina Quiroz, así como de la niña Adriana Osorio Santiago, de 10 años de edad, y del niño Roberto Carlos Herrera González, de nueve años, hijos de dos de ellas.
Las profesoras, pertenecientes a la Sección 59 del SNTE, creado en forma alterna a la Sección 22, fueron «secuestradas» por la autoridad de San Juan Bautista Coixtlahuaca, municipio de la región Mixteca ubicado a unos 169 kilómetros de la capital, con apoyo de miembros de la Sección 22, con el fin de «obligarlas a dejar de laborar en el jardín de niños de esa población».
Representantes de la Sección 59 del SNTE acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que liberaran a las profesoras y a los menores de edad.
Señalan los diarios que las profesoras y los dos menores de edad fueron retenidos el 22 de agosto desde las ocho de la mañana hasta la cero horas del 23 «al ser «canjeadas» por dos miembros de la Comisión Ejecutiva de la Sección 59, Jaime Ismael Ramírez Santiago y Tomás Cortes García», quienes escaparon a las 5 de la mañana del día 23 de agosto.
Por ello, la Sección 59 del SNTE dijo que recurriría al Departamento Jurídico del Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca (IEEPO) «porque se están violando los derechos laborales de sus afiliadas en beneficio de personal de la Sección 22, señaló a la prensa la dirigente de la Sección 59, Erika Rapp Soto.
La rivalidad entre ambas secciones del magisterio originó ya otros conflictos, como la destitución de tres maestras del Departamento de Registro y Controles de la misma dependencia por asumir cargos que, según la Sección 22, corresponden a sus simpatizantes y no a la 59 a la cual ellas pertenecen.
Integrantes de la Sección 22 informaron a diarios locales que vigilarán lo principales accesos de la dependencia estatal y no permitirá la entrada de la disidencia seccional, como lo hicieron ayer con las profesoras Floriberta Luis, Dolores Sosa y Gloria López, quien fue agredida golpeada y sacada a la fuerza del inmueble, luego de haber saltado una barda, reportó el diario Imparcial.
Las profesoras, con más de 15 años de servicio en el magisterio, afirmaron que interpondrán una denuncia ante la PGJE y que su destitución obedeció a su militancia en la sección 59.
Por su parte, el secretario general de la delegación D-III-4, Francisco Bautista Vásquez, aseguró al Imparcial que la acción que determinaron no fue «nada personal en contra de las compañeras», sino porque «se deben aplicar las normas».
COMISIÓN PARA OAXACA
Por otra parte, debido a los hechos violentos que han ocurrido en la ciudad desde los últimos meses del sexenio de Vicente Fox, y en el gobierno de Ulises Ruiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conformó la Comisión de Magistrados Federales que investigará los hechos violentos ocurridos en mayo de 2006 a enero de 2007 en la entidad como consecuencia del conflicto magisterial.
Con esta comisión, según un comunicado emitido por la misma SCJN en su portal electrónico, se investigarán las administraciones de Vicente Fox y Ulises Ruiz, y los encargados para llevar a cabo estas investigaciones serán los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino.
Asimismo, de acuerdo con el boletín, la SCJN, aprobó «el engrose presentado por el ministro Juan N. Silva Meza, para que el asunto se investigue de acuerdo con las reglas aprobadas la semana pasada por el Alto Tribunal».
Dicho engrose de la facultad de investigación 1/2007, señala la SCJN, explica que los temas a investigar son «la probable violación de garantías a personas determinadas, especialmente en cuanto a vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal y respeto al derecho de propiedad».
«Además, se deberá investigar la probable violación de garantías individuales generalizadas, especialmente libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información.
«También serán objeto de la investigación los probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, así como la probable omisión o pasividad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para restaurar y mantener el orden público y la seguridad de la zona en la que sucedieron los hechos.
La comisión investigadora deberá presentar su informe preliminar al Pleno de la SCJN».
Roberto Lara Hernández estuvo encargado de la investigación del homicidio del periodista Manuel Buendía y Manuel Baraibar Constantino era integrante del Tribunal Colegiado que liberó a Raúl Salinas de Gortari.
07/HVR/GG
