La rabia, la frustración y la impotencia podrían generar nuevas desgracias en la zona carbonífera de Coahuila, advirtieron hoy viudas y familiares de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos desde hace 15 meses.
En una extensa carta dirigida al Congreso del estado de Coahuila y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) demandan que no se repita la impunidad histórica en esa zona donde han muerto miles de trabajadores en los últimos 100 años, sin apoyo social ni gubernamental.
También señalan el riesgo de amenazas y persecuciones por el ejercicio de su derecho de petición, fincado en el Artículo 8 de la Constitución de la República, al dar «carpetazo» sin justicia al crimen contra los trabajadores y sus familias.
Dicen que se ha dado una falsa ayuda humanitaria, para evitar castigo y responsabilidad a la multimillonaria empresa Industrial Minera México (IMMSA) que perpetró homicidio en los 65 mineros de Pasta de Conchos, respaldada por los gobiernos estatal y federal del país.
Exigen a los diputados de Coahuila la eliminación de protocolos y trámites burocráticos por parte de la STPS para realizar el peritaje, para continuar con el rescate de los cuerpos.
Dicen que es paradójico que la falta de seguridad se usó para suspender los trabajos y es la misma causa de la tragedia. IMMSA y la STPS motivaron la desgracia y hoy la profundizan. Una situación inaceptable.
¿Por qué IMMSA ha pasado por encima de todos? –Gobierno Federal, STPS, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud y Gobierno del estado–, alterando todo orden jurídico y violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IMMSA SE LAVA LAS MANOS
IMMSA, tras suspender el 4 de abril la búsqueda de los cuerpos de los 63 mineros todavía atrapados, anunció el 4 de mayo la suspensión de pagos, despidió a los trabajadores que laboraban en el rescate, incluidos los de la empresa contratista General de Hulla.
Mientras tanto, las autoridades estatales de justicia presionan a viudas y familiares a recoger el pago por reparación del daño (180 mil pesos por familia), iniciar trámites de defunción y de pensión, sin que jurídicamente pueda declararse la muerte de los mineros, lo que contraviene las leyes vigentes, mismas que detallan.
Los avisos de suspensión de pagos (3 salarios diarios durante 72 semanas a cada familia) se hicieron sin ninguna formalidad, en un papel de un cuarto de carta, sin firmas ni logotipos. Pero en los hechos el viernes último ya no hicieron esos pagos.
Ante ello, familiares y viudas manifiestan que han llegado al límite, y exigen una explicación a cada una de las violaciones a sus derechos; denuncian que sus derechos humanos fundamentales han sido violados; establecen que no cejan en su demanda legítima de que los cuerpos de los mineros sean rescatados y señalan que es imperativo para la democracia en México que se les haga justicia.
La carta de 7 cuartillas, escrita en tono desesperado y exigente, humano y directo, también señala que les sea respetado su derecho a profesar la fe y la religión que garantiza la Constitución de la República, en clara alusión a las presiones que ha recibido sistemáticamente la diócesis de Saltillo.
El Comité de Viudas y Familiares, que encabezan Elvira Martínez Espinoza, Alma Lorena Álvarez Flota y María Teresa Contreras Rodríguez con 60 firmas más, afirma que los hechos traumáticos de violencia que la empresa está generando hasta la fecha es inaudita, que produce sentimientos de rabia; que la búsqueda de justicia tiene un papel social de canalizar esa rabia, de hacer algo constructivo con ella.
Urgen a que se haga justicia para que el estado de Coahuila sea ejemplo y garantía de que lo sucedido el 19 de febrero de 2006 no volverá a repetirse.
Pero la ambición y la indiferencia muestran hasta hoy que sus denuncias no son escuchadas y que en este país no ha terminado la época de la impunidad.
Lo sucedido en Pasta de Conchos, afirman, es una clara muestra de que en México pueden más los poderes fácticos que el derecho nacional e internacional.
07/SLL/GG/CV
