La legislación de Perú en el tema del aborto protege la vida humana dependiente, es decir, aquella que no tiene la condición de persona. Un ser concebido pero no nacido se considera una esperanza de vida intrauterina. Este concepto entiende que el feto se convierte en persona cuando nace, por lo que la interrupción del embarazo no está considerada como «delito de homicidio».
Perú sólo contempla dentro de la legalidad el aborto terapéutico, que supone que la mujer ha quedado embarazada por violación o cuando se detectan deficiencias físicas o psíquicas en el feto.
La Ley actual data de 1997 y reconoce el derecho a toda persona a elegir libremente el método anticonceptivo que prefiera.
Luis Távara Orozco, coordinador del Comité sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), plasmó en un informe que, de un millón de embarazos que se registran anualmente en el Perú, 400 mil terminan en abortos que generan la muerte de un 15 por ciento de mujeres.
Estos datos indican que cada hora se producen más de 40 abortos y más de mil al día. Los estudios señalan que son mujeres de varias clases sociales y económicas, sólo que las mujeres con mayores recursos pueden acceder a servicios de salud más adecuados y más seguros. Por lo que la probabilidad de hospitalización es más alta si la mujer es pobre: el 13.6 por ciento de las mujeres que abortan viven en poblaciones urbanas y el 18.5 por ciento en poblaciones rurales.
Según los servicios de salud, un 62 por ciento son mujeres menores de 30 años y, de este porcentaje, un 14 por ciento son menores de 20 años. Más del 50 por ciento de las mujeres recurre al aborto porque no desea ser madre, y un 28 por ciento es por razones económicas.
Según el Ministerio de Salud (Plan de Contingencia para la Reducción de la Muerte Materna, Lima- 2001), el aborto ocupa el cuarto lugar de causa de muerte materna (7 por ciento). Sin embargo, diversos estudios demuestran que dentro de las muertes provocadas por hemorragias (60 por ciento) e infecciones (13 por ciento), se encuentran casi ocultas muchas muertes por aborto. Si se pudiera registrar de manera real y eficaz las muertes maternas, «el aborto ocuparía probablemente el primer lugar».
El polémico enfrentamiento entre la Iglesia y el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, debido a que este presentó recientemente un Protocolo para el Manejo de Casos de Interrupción Legal de Embarazo, ha causado controversia y división en la sociedad peruana, entre los grupos o asociaciones más conservadoras, las menos conservadoras y los y las más tolerantes, ante la problemática del aborto.
Las voces de las agrupaciones feministas defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, y por tanto, del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, también se han pronunciado al respecto.
La periodista María Ester Mogollón, una de las fundadoras del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM), ha señalado a AmecoPress que «la iniciativa del presidente regional de Arequipa responde a la situación de ilegalidad que tiene el aborto en Perú, y a los datos estadísticos que son alarmantes, ante los que nadie plantea una solución».
Y agregan, «el Protocolo que ha propuesto Guillén es para los casos de abortos terapéuticos, porque aunque está legislado, se tienen que resolver algunos puntos porque muchos médicos no quieren realizarlo por temor a incumplir algún aspecto de la normativa».
La moralidad religiosa de la población y la influencia de la Iglesia en algunos estamentos de la política interna es uno de los motivos más arraigados en la sociedad peruana, «por lo que la legislación sobre el aborto no ha avanzado mucho en estos últimos años», ha puntualizado Mogollón.
El obispo Javier del Río Alba ha declarado a la prensa peruana su «rotundo rechazo al Protocolo para el Manejo de Casos de Interrupción legal del Embarazo». Así mismo ha sostenido que «los adelantos tecnológicos son buenos si van acompañados de ética y respeto a los Derechos Humanos». Monseñor del Río ha comparado el tratamiento terapéutico con el «Holocausto judío».
Actualmente, la propuesta de Guillén y la resolución aprobatoria está en suspenso, «lo primero es el respeto a la vida, y esto va más allá de cualquier tema religioso», ha señalado Monseñor del Río. Así mismo, el representante de la Iglesia también ha apelado a la Constitución peruana, puntualizando que la propuesta de Guillén pone en entredicho el cumplimiento de la Constitución Política y el régimen democrático de la seguridad jurídica de los ciudadanos.
El presidente regional Juan Manuel Guillén ha respondido a las críticas de los movimientos más conservadores, que están abiertos al diálogo, y ha señalado que «no permitirá que el tema se convierta en un carnaval, y que se tratará el tema de manera ética y moral».
Ante estos acontecimientos y sobre todo ante la postura de la Iglesia, María Mogollón ha declarado a AmecoPress que «la posición de la Iglesia en el tema del aborto y en todo lo referente a los Derechos Reproductivos y Sexuales de la Mujer y la presión que ejerce en la sociedad y en la política, no permiten avanzar en cuanto a legislación, para legalizar el aborto, oponiéndose también al aborto terapéutico».
08/BR/GG/CV
