La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza dar entrada al caso de la presunta violación sexual cometida por militares contra la indígena náhuatl de 73 años Ernestina Ascencio Rosario, quien murió tras el ataque y cuyo caso fue cerrado luego de que las autoridades afirmaron que la mujer murió por una “gastritis mal atendida”.
A siete años de la muerte de esta indígena, ocurrida el 26 de febrero de 2007, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Litigio Estratégico, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, informaron que el caso se presentó ante la CIDH, instancia que en unos meses podría definir si lo acepta o no.
El 13 de enero de 2011 las agrupaciones presentaron el caso ante el organismo internacional con el argumento de que Ernestina fue víctima de violencia sexual e institucional de las autoridades que no esclarecieron los hechos, toda vez que el Estado mexicano no le brindó protección judicial, y porque la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.
En conferencia de prensa, Carmen Herrera y Julia Suárez, integrantes de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, dijeron que en noviembre de 2013 recibieron una notificación de la CIDH respecto a que el caso está en etapa de admisión y que consultará al gobierno mexicano para que dé observaciones.
A decir de las agrupaciones, el Estado no protegió a Ernestina Ascencio ni le garantizó justicia, por lo que violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém Do Pará.
Patricia Benítez, del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Litigio Estratégico, y Julio Atenco, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, subrayaron que el caso no se puede olvidar.
POLÉMICA
El 25 de febrero de 2007, Ernestina –originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa en Veracruz– fue presuntamente violada por militares, pero según la Procuraduría de Justicia del estado no hubo delito que perseguir porque ella “murió por una gastritis”, así que en mayo del mismo año cerró el caso.
En su momento, la muerte de Ascencio Rosario causó revuelo porque ocurrió apenas tres meses después de que Felipe Calderón asumió el Ejecutivo federal, y él desde su cargo tomó partido luego de que en una entrevista a un diario nacional afirmó que la indígena murió por una gastritis.
Tal declaración hizo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades veracruzanas sostuvieran la hipótesis de que Ernestina padecía una enfermedad crónica y dejaran de lado la investigación de la violación sexual, pese a que los primeros dictámenes forenses señalaron que la indígena había sido golpeada y que sufrió una hemorragia, además de que se encontró líquido seminal.
En ese momento el entonces Ombudsman nacional José Luis Soberanes, señaló: “El Ombudsman nacional ha supervisado sus labores en todo momento.
Los avances de este trabajo científico son contundentes: la señora Ernestina Ascencio no fue víctima de una violación.
Su deceso fue causado por una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica”.
En 2009 Cimacnoticias reportó que la familia de la indígena, que en un principio exigió justicia por la presunta violación y homicidio, al final “se conformó” y “aceptó” el dictamen de que la muerte se debió a causas naturales.
En ese año, los familiares guardaron distancia con los medios de comunicación y “olvidaron su reclamo de justicia”. Javier Pérez Pascuala, entonces alcalde de Soledad Atzompa, dijo en entrevista que tras la muerte de Ernestina las mujeres de la comunidad “tenían miedo”.
Otro caso emblemático de violaciones cometidas por soldados en el que ha intervenido la CIDH es el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas por militares en 2002.
Por estos hechos, en agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias contra el Estado mexicano por no garantizar justicia a ambas mujeres.
Seguimiento del caso en: Violación ejercida por militares
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