Organizaciones de mujeres y en defensa del medio ambiente de Sonora denunciaron la excesiva aplicación de la fuerza pública contra cuatro mujeres ambientalistas, incluida una menor de edad, que se manifestaron en defensa del Parque de Villa de Seris de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el pasado 10 de marzo.
Nosotras Ciudadanas por la no violencia hacia las mujeres, Colectiva Observatorio feminista, Red Fronteriza de Salud y Ambiente AC, Cacto Azul AC, Mujeres y Hombres Socialmente Activas AC (Muhsas), así como Mujeres y Punto APN, capítulo Sonora, solicitaron a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Congreso del estado llame a comparecer a Ernesto Gándara Camou, presidente municipal de Hermosillo, ante esa comisión para que explique lo sucedido y por qué la fuerza policiaca fue enfocada sólo a las mujeres, entre las cuales se encontraba una menor de edad, quien también fue violentada.
Expresaron su preocupación por los hechos en un comunicado dirigido a Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Rosario García Gaytán, directora general del Instituto Nacional de las Mujeres; Leticia Amparano Gámez, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Congreso del Estado de Sonora y a Jorge Sáenz Félix, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Explicaron que lo ocurrido el pasado 10 de marzo en las instalaciones del parque, cuando un operativo policiaco reprimió a un grupo de ambientalistas que se oponen a la construcción de un centro comercial en donde hoy existe un parque arbolado, constituye una amenaza grave para las mujeres en Sonora, que ven enfocada la violencia institucional particularmente hacia las mujeres.
A cinco meses de aprobada en Sonora la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia han observado con gran decepción que las autoridades no destinaron ningún presupuesto para su aplicación. Esto, aunado a los acontecimientos del 10 de marzo, las hacen pensar que en Sonora las mujeres están vulnerables a la impunidad cuando de violencia de género se trata, incluso a merced de la violencia ejercida por las propias autoridades, como ocurrió ese día.
Agrega el comunicado que las declaraciones que hiciera el director de Seguridad Pública Municipal, Ramsés Arce Fierro, en donde justificó el exceso policiaco diciendo que una persona «perdió el control al agredir física y verbalmente a elementos de la policía a su cargo», hacen pensar en lo lejanas que estamos de que la autoridad comprenda el espíritu y los alcances de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De igual forma, hacen crecer su preocupación las declaraciones públicas del gobernador del Estado Eduardo Bours Castelo, quien amenazó a la comunidad defensora del parque de Villa de Seris diciendo que «a patadas quitará las piedritas que se interpongan en sus planes». Esto al asumir la autoría intelectual del avance del proyecto Musas, que generó el ataque hacia las mujeres ambientalistas.
Por lo anterior, solicitaron a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Congreso del estado llame a comparecer a Ernesto Gándara Camou, presidente municipal de Hermosillo, ante esa comisión para que explique los hechos del pasado 10 de marzo y por qué la fuerza policiaca fue enfocada sólo a las mujeres, entre las cuales se encontraba una menor de edad, quien también fue violentada.
Al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República les solicitan permanezcan pendientes de los acontecimientos subsecuentes, ya que se ha interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por las jóvenes víctimas del abuso policiaco.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos le solicitan dar celeridad a la investigación derivada de la queja interpuesta por las 4 mujeres agredidas en el operativo del 10 de marzo, pues las declaraciones del Gobernador constituyen una amenaza pública de que la estrategia represiva continuará, sin distingos de género o edad, ya que se transgredieron los derechos de varias mujeres, incluso de una menor de edad.
Manifestaron que acudirán a los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos como son Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar su intervención como observadores y/o como factores de equilibrio entre una administración autoritaria que no tiene claro el marco legal que debe respetar y hacer respetar por sus subalternos.
DETENIDAS
Al comentar las agresiones contra las y los ambientalistas, Elodia García Martínez, defensora del parque y madre de Francisco Salcido, detenido en la comandancia de la policía municipal, dijo vía telefónica «Me tiemblan las manos, pero no la lengua» y relató que los policías «llegaron como los ladrones, en la madrugada».
Criticó, con voz quebrada, la acción del gobierno municipal de introducir la fuerza pública para disuadir a quienes formaban una valla para bloquear la puerta por donde entrarían en cualquier momento las máquinas encargadas de extraer los árboles del lugar donde se construirá el estacionamiento del complejo cultural y comercial Musas.
Casi llorando y con nostalgia, recordó que ella conoció al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, desde que nació, al igual que a su mamá, por lo que reflexionó que si todavía estuviera viva, se avergonzaría de lo que está haciendo su hijo.
Mientras interponía su denuncia ante el Coordinador de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a pleno sol de medio día, Doña Elodia hacía pausas para decir que se aplicaba la ley de los ricos sobre los pobres, quienes «no podemos pagar otra cosa y necesitamos las áreas verdes».
Y preguntaba a las y los presentes: «¿qué no saben el señor Gobernador y el Presidente municipal que los árboles son aire, oxígeno, agua y vida?». Al igual que las y los activistas, se cuestionaba por qué habiendo tanto terreno alrededor, justamente se tenía que destruir ese parque para construir sobre el terreno.
Con impotencia argumentaba que Francisco es un buen hijo, padre y ciudadano. «Por eso anda defendiendo el parque, porque es un buen ciudadano. Defiende sus ideales, no se merece que lo traten así, que lo hayan golpeado, si él no tiene armas, es pacífico».
La señora Elodia García es una de las madres de las y los seis activistas detenidos al amanecer del viernes 14 de marzo y a quienes dispersaron en las diferentes comandancias de policía de Hermosillo. Cinco de ellos están libres, al pagar una fianza de doce mil pesos, ya que se les acusó de varios delitos en perjuicio de los policías que los detuvieron. Una más decidió no pagar la fianza porque consideró que sería como aceptar que cometió algún delito y hasta ahora permanece en una celda.
RITA
Rita, de 17 años de edad, quien participa en la defensa del parque y al momento del operativo policiaco se encontraba en el campamento que vigilaba el acceso por donde se presumía que entrarían los vehículos para extraer los árboles, fue llevada a los separos de la policía municipal y no a la Agencia Especializada en Justicia para Menores.
En franca violación a la ley, se le dio el mismo tratamiento que a las personas adultas y la trasladaron a las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora, donde la presentaron ante el Ministerio Público.
Desde aproximadamente las 6 y media de la mañana del viernes 14, hasta la una de la mañana del sábado 15 de marzo, Rita permaneció en calidad de detenida en espera de ser definida su situación. Sólo entonces se le llevó a las instalaciones del Consejo Tutelar para Menores, en donde se entregó a sus padres a las 2 de la mañana.
La activista había interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el pasado 11 de marzo, por las agresiones de que fue objeto junto con otras tres mujeres el día anterior, por parte de policías municipales que arremetieron selectivamente contra mujeres activistas. A esta queja se agrega la violación cometida el viernes por las policías municipal y estatal investigadora.
TAMBIÉN CONTRA PERIODISTAS
Paralelamente, las y los periodistas que trabajan en Radiobemba FM, radio permisionada ubicada en Hermosillo, denunciaron que durante la semana pasada vieron obstaculizadas sus labores informativas por diversas acciones de la Policía Municipal de la capital sonorense, que gobierna Ernesto Gándara Camou.
Los hechos ocurrieron durante los operativos de desalojo de la ciudadanía que se opone a la construcción de un proyecto cultural-empresarial sobre 3.5 hectáreas de un parque con alrededor de 600 árboles.
El lunes 10 de marzo, durante las labores de remoción y tala de los árboles mencionados, la activista Adriana González fue sometida por elementos policiales, además de que se sucedieron jaloneos contra otras tres jóvenes que se abrazaban a los árboles, relata en un comunicado Radiobemba.
Tadeo Leyva López, comunicador de esta emisora narraba en vivo lo sucedido cuando fue jaloneado por miembros de la corporación policíaca y todas estas acciones fueron supervisadas por un alto mando de apellido Amarilla.
A partir de esta semana, explican, la Policía Municipal ha vuelto a visitar las instalaciones de la emisora, atendiendo a un programa de rutina que hace más de un año venían realizando pero que había cesado hace algunos meses.
Arturo Rosas Cabrera, periodista de Radiobemba FM, hacía la guardia de cobertura para sus transmisiones, pero su trabajo fue entorpecido por los mismos oficiales acompañados, otra vez, del mismo mando de apellido Amarillas. Cabe mencionar, detalla el comunicado, que el cuerpo de reporteros locales no tuvo el mismo trato.
El viernes 14 de marzo, Marisol Valenzuela Lara, periodista de esta misma emisora, intentaba realizar una entrevista a Giovanni Torres (activista detenido y trasladado al Hospital General del estado debido a los golpes y lesiones que presentaba) y los tres efectivos de la policía que lo custodiaban la despojaron de su teléfono celular, herramienta indispensable para cumplir con su labor informativa. La acción de los policías fue apoyada por una trabajadora social del mismo hospital. Y ninguno de los cuatro involucrados accedió a identificarse.
A partir de estos sucesos (y los anteriores), señala Radiobemba FM, la emisora ha intentado en varias y distintas ocasiones obtener entrevistas o declaraciones de las autoridades estatales y municipales involucradas y la respuesta ha sido siempre negativa.
La última de ellas fue de Enrique Palafox, secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Hermosillo: «a nuestra enésima llamada telefónica su secretaria respondió que el licenciado Palafox ya salió de su oficina, si gustan comunicarse el próximo lunes.
Para Radiobemba, la declaración pública del Gobernador de Sonora, donde advierte que a patadas» quitará a quien se oponga al proyecto Musas, secundada por el Presidente Municipal, constituyen pruebas de cómo van dichos funcionarios a gobernar.
Se trata, dice el comunicado, de un gobierno en el que las inquietudes e iniciativas de la ciudadanía son consideradas piedrotas en el camino y que serán resueltas a patadas.
08/SNE/GG
