Regla de éxito según Bralek: Confíe sólo en aquellos que perderían tanto como usted si las cosas fracasan (El libro completo de las Leyes de Murphy). Usted dirá, entonces, si confiamos en las y los legisladores que aprobaron la reforma judicial.
El pasado martes, tal y como estaba previsto, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el dictamen de reformas constitucionales en materia penal. Eso sí, sacaron del texto original el párrafo que permitía el allanamiento a domicilios sin orden judicial.
Pero dejaron intactos el que permite arraigo hasta por 80 días, una laxa definición de crimen organizado y otras medidas que son cuestionadas por la posibilidad inherente de que se violenten los derechos humanos.
Y es que, de acuerdo con algunos especialistas en el tema, estas reformas le dan más poder a policías federales y ministerios públicos. Justo el cuello de botella más grave por el que no mejora el combate al crimen organizado ni al desorganizado y, en general, por el que la procuración de justicia en México es un auténtico desastre.
Precisamente el lunes anterior a la aprobación de la reforma, en el Foro sobre Seguridad Pública, Derechos Humanos y Respeto a las Instituciones, se difundieron cifras que no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del asunto.
Carlos Daza Gómez, doctor en Derecho y director del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, dijo que de cada 100 delitos sólo se denuncia una cuarta parte; de ese 25 por ciento sólo 4.5 por ciento llega a la averiguación previa, y de ese porcentaje apenas 1.6 por ciento llega a los jueces y se dicta condena (Diario de Yucatán, febrero 26).
Traducción: De 100 delitos sólo se castiga 1.
Por eso, el doctor Daza no dudó en afirmar que México es un «paraíso para la delincuencia».
En ese mismo foro celebrado en Mérida, Yucatán, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Víctor Hugo Pérez Hernández, afirmó que la tasa de impunidad de 99 tiene que ver con las condiciones y funciones de la policía.
No le falta razón.
Ese mismo lunes 25 se difundió el estudio de Irregularidades, Abusos de Poder y Maltratos en el Distrito Federal 2006, realizado por la asociación civil Fundar (Reforma, febrero 26).
En ese documento se afirma que la policía en su conjunto recurre al abuso en casi la mitad de todos sus contactos con la población. Y de entre esta corporación la que más abusa es la Policía Judicial.
La forma más frecuente de ejercer la violencia, sostiene el estudio, ocurre de manera psicológica (92). Las más frecuentes son las amenazas con levantar cargos falsos (91), solicitud de dinero (84), amenazas para obtener una confesión (80), insultos y humillaciones (76) y amenazas con lastimar a otra persona (74).
Se destaca asimismo, que los maltratos que realizan las corporaciones policíacas se presentan en cualquier sitio, lo mismo en la calle que en el domicilio que en el Ministerio Público.
Pero 7 de cada 10 abusos se cometen durante el traslado; es decir, cuando la persona detenida se encuentra dentro de algún vehículo oficial, asilada y sin control sobre lo que pueda suceder.
Y, claro, la inmensa mayoría no denuncia estos abusos porque piensa que las autoridades no van a hacer nada y porque es su palabra contra la de los policías.
No se equivocan. De acuerdo con el documento de Fundar, 8 de cada 10 quejas y denuncias contra policías no proceden y en todo caso las sanciones son escasas.
Con este panorama, bien decía el periodista Eduardo Aguilar, es evidente que las reformas son de primera para un sistema de procuración de justicia de quinta. Y ahí está el problema.
Víctor Hugo Pérez Hernández, de Seguridad Pública federal, parece coincidir. En el foro llevado a cabo en Mérida, aceptó que para el combate a la delincuencia organizada se aplica una corriente filosófica desarrollada en la Universidad de Chicago sobre la aplicación económica del derecho; de modo que las reformas están dirigidas a la reducción de costos en los procesos, la economía procesal y a procurar el mayor beneficio social.
Será el sereno, decía mi abuela. Yo retomo mi pregunta original, ¿si las cosas fracasan, quienes promulgaron estas reformas perderían tanto como la ciudadanía de a pie?
Por supuesto que no, me respondo, entre otras razones porque tienen fuero, esa maravillosa figura legal que hoy les permite estar en una especie de antesala de la impunidad.
Y entonces, viendo la foto donde sonríen ampliamente los legisladores César Camacho, Javier González, Alejandro Chanona, Emilio Gamboa y la legisladora Ruth Zavaleta, me acordé de la Ley de Jones: Quien puede sonreír cuando las cosas van mal, ha pensado a quien echarle la culpa.
* Periodista y feminista en Quintana Roo, México, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
08/CL/CV
