Tamaulipas y Veracruz, con mayor índice de trata de personas

Organizaciones civiles y sobrevivientes de trata de personas urgieron al gobierno mexicano a definir y elaborar políticas públicas específicas para abatir este flagelo y que el presupuesto en la materia sea transparente.
 
En conferencia de prensa, sobrevivientes de trata compartieron sus experiencias y dieron recomendaciones para el abordaje de esta problemática, a fin de que sus necesidades se vean reflejadas en las acciones del gobierno, grupos ciudadanos, academia y medios de comunicación.
 
Marcela Loaiza, integrante del Comité Asesor de Sobrevivientes de Trata de Personas (CAST), resaltó que este delito es el tercero más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de drogas y tráfico de armas, y alertó que los estados con mayor incidencia son Tamaulipas y Veracruz.
 
Hizo hincapié en que es frecuente que los medios las revictimicen, estigmaticen y discriminen, por lo que instó a que se respete la confidencialidad a partir de un enfoque de Derechos Humanos y género, ya que es de vital importancia para promover la confianza y la denuncia de las víctimas y sus defensoras.
 
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), el Colectivo Contra la Trata de Personas México, el Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas Capítulo México y CAST, llamaron al gobierno, academia y sociedad civil a generar un trabajo articulado para identificar y atender las necesidades de los diferentes grupos sociales que están en vulnerabilidad.
 
Florencia Molina, también integrante de CAST, apuntó que para hacer frente a esta problemática es necesario que quienes han sido víctimas participen activamente en la elaboración de políticas públicas para que se respete la seguridad integral de las sobrevivientes.
 
Entre las recomendaciones a los gobiernos mexicano y estadounidense resalta el apoyo a las asociaciones civiles y generar mecanismos que permitan a las víctimas reunirse con sus familias.
 
Gretchen Kuhner, directora del Imumi, aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, la impunidad y la falta de apoyo de México ha ocasionado la disminución de denuncias de trata por parte de mujeres víctimas por temor a ser deportadas o revictimizadas.
 
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año 20 mil personas son secuestradas en México con fines de explotación laboral y sexual, el 80 por ciento son mujeres y niñas.
 
La sobreviviente de trata Florencia Molina, originaria de Puebla, relató que en busca de una mejor vida para ella y su familia emigró a Los Ángeles, viajando primero al DF y luego a Tijuana, donde conoció a su tratante, una mujer.
 
En EU ella entró a trabajar a un taller de corte y confección, pero tenía prohibido comunicarse con las demás trabajadoras y fue obligada a alojarse en una bodega.
 
Narró que constantemente era agredida físicamente y que trabajó jornadas excesivas por más de un mes hasta que pudo escapar.
 
Su agresora fue juzgada en EU como una patrona abusiva y no como tratante, por lo que sólo fue sentenciada a arresto domiciliario y a pagar una multa de 75 mil dólares.
 
A partir de la denuncia, comenzaron las amenazas contra Florencia y su familia. La mujer advirtió que a la fecha su tratante sigue buscándola y que incluso ofreció una recompensa para dar con su paradero, por lo que la sobreviviente de trata se unió a CAST.
 
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