Integrantes de la campaña «Las Multilaterales en la Mira de las Mujeres» recomendaron a las Naciones Unidas asumir plenamente un papel preponderante en el desarrollo económico y social, de forma que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y los bancos regionales le rindan cuenta de sus acciones y se sometan al Consejo Económico y Social y al marco regulatorio de los derechos humanos.
Durante el primer día de trabajos de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, las mujeres urgieron a evaluar y reestructurar las multilaterales para que cumplan su función de financiar el desarrollo con equidad social, económica y de género, con sustentabilidad.
Pidieron la participación representativa de las organizaciones de la sociedad civil en las estrategias de asistencia a los países, así como la inclusión del Poder Legislativo en los procesos de negociación con las multilaterales para garantizar un mayor consenso político para la toma de decisiones.
Las activistas exigieron garantizar la participación de todos los actores involucrados, en los proyectos de desarrollo financiados por las multilaterales en todo el proceso, desde el diseño hasta la evaluación de los mismos, incluyendo los aspectos presupuestales.
En ese proceso deben estar involucrados los directamente afectados –positiva o negativamente– por los proyectos, desde los funcionarios gubernamentales de los diferentes niveles, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, incluidos los sindicatos.
La inserción de la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos de las multilaterales con corresponsabilidad de los gobiernos, fue otra de las demandas de las mujeres participantes de esta conferencia convocada por Naciones Unidas, donde al finalizar la semana, más de 50 jefes de Estado y de Gobierno signarán el llamado Consenso de Monterrey.
Las defensoras de los derechos de las mujeres reconocieron la importancia de la existencia de las áreas de género al interior de las multilaterales, por lo que se pronunciaron por la transversalidad de estas políticas para que respondan a los intereses estratégicos de las mujeres.
Insistieron en que los documentos de estrategias de asistencia a los países de las multilaterales y los proyectos derivados de sus políticas deben contar con indicadores de género que permitan medir el impacto diferenciado de estos proyectos con relación en la meta de edad de género y garantizar la inclusión de especialistas en todas las etapas del proyecto.
Otra de sus recomendaciones se refirió a la necesidad de establecer espacios de negociación tripartitos entre Estado, sociedad civil, actividad privada y multilaterales que definan las condiciones políticas y económicas de las políticas a fin de contribuir a una intervención pública capaz de responder a intereses generales, sostenibles y democráticos.
Finalmente demandaron que las multilaterales incorporen como marco de su política financiera y de asistencia al desarrollo, los compromisos asumidos en las distintas cumbres y conferencias de Naciones Unidas.
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