Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional es de carácter civil y tiene el objetivo de velar por la seguridad pública en México tal como lo establece su propia Ley. Aun así, en 2022, el Congreso aprobó que fuera administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La medida fue revertida, lo que ha generado opiniones divididas. Para comprender este debate, es necesario entender qué es la militarización, las consecuencias que ha dejado en México y lo que dicen las leyes respecto a la Guardia Nacional.
Antes de abordar los puntos clave sobre este tema, debemos recordar lo que sucedió el pasado 18 de abril en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aquí se sometió a discusión la decisión del Congreso sobre la GN y SEDENA y, por mayoría, se concluyó que el control operativo y administrativo de la GN no puede estar en manos del Ejército.
Entre otras cosas, los argumentos de ministras y ministros como Norma Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá se centraron en:
- La diferencia entre las funciones y el entrenamiento del Ejército y de un cuerpo de seguridad pública.
- Los casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares en México y las recomendaciones internacionales que ha recibido el país a raíz de ellos.
- La violación a las leyes que suponía la adhesión de la GN a SEDENA.
Los puntos 1 y 3 hablan de un proceso de militarización de la seguridad pública que, entre otras cosas, puede desencadenar más violencia en la República Mexicana.
1. ¿Qué es la militarización y qué tiene que ver con la Guardia Nacional?
De acuerdo con Nancy Carmona Arellano —coordinadora del área de políticas públicas de la organización Equis Justicia—, podemos hablar de militarización cuando las instituciones policiales adoptan jerarquías y modos de actuar militares. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con la Guardia Nacional.
Es importante destacar que dentro de las filas de la GN hay exmilitares. El propio titular del organismo, el comisario general David Córdova Campos, fue Oficial Mayor de la SEDENA y se desempeñó como Comandante en diferentes batallones y Regiones Militares.
Tal como indicó Norma Piña en la Suprema Corte, el entrenamiento de los militares es muy distinto al de las instituciones encargadas de la seguridad en las calles. Mientras los primeros son entrenados para defender la soberanía de posibles enemigos o conflictos armados, las segundas deben contar con diferentes estrategias para proteger la integridad y los bienes de la ciudadanía, así como el orden público en general.
De ahí que colocar a militares retirados en la Guardia Nacional implique introducir en ella formas de actuar que pueden no resultar eficaces para garantizar la seguridad pública. Por el contrario: el historial de violencia que el Ejército mexicano ha ejercido contra la población civil habla de un alto riesgo de que esta seguridad se vea aún más vulnerada.
2. La violación de derechos humanos en México por parte del Ejército
En México hay varios casos de violencia ejercida por militares contra la población civil. Algunos de estos casos son los de:
Las tres mujeres son víctimas de tortura sexual por parte de miembros del Ejército mexicano. A raíz de estos y otros casos, diversos organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano retirar a las fuerzas armadas de las labores de seguridad e invertir en la capacitación correcta de los cuerpos de seguridad pública. Algunos de los organismos que han emitido sus recomendaciones al respecto son:
- El Comité Contra la Desaparición Forzada
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- El Comité Contra la Tortura
- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
De acuerdo con un recuento elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) México, desde 1998 hasta 2022, nuestro país contaba con 33 recomendaciones que incluyen señalamientos como la participación de militares en casos de desaparición forzada, homicidios y diversos tipos de tortura.
Aún con estos antecedentes, el Congreso había optado por reforzar aún más el carácter militar dentro de la Guardia Nacional, la cual —de por sí— ya tiene un historial por violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este historial acumuló 219 quejas contra la GN interpuestas entre marzo de 2019 y agosto de 2020.
Además de esto, Amnistía Internacional ha reportado que la GN tiene por lo menos tres acusaciones por tortura y dos por desapariciones forzadas. Y, recientemente, se ha dado a conocer vía la Plataforma Nacional de Transparencia que la institución acumula 60 quejas por violencia sexual. De ahí que trasladar su operatividad a SEDENA hubiera implicado el riesgo latente de incrementos en la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad.
Pero, además de estos factores, la unión de la Guardia Nacional con SEDENA hubiera resultado una violación a la ley.
3. Contradicciones al legislar sobre la Guardia Nacional
Además de los argumentos explicados hasta ahora, ministras y ministros también decidieron no dejar las operaciones y la administración de la GN en manos de SEDENA simplemente porque esto supone violar la Ley de la Guardia Nacional.
El artículo 4 de dicha ley establece que la Guardia Nacional “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional”. De igual forma, especifica que esta institución está adscrita “como órgano administrativo desconcentrado” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por lo tanto, cambiar su administración al Ejército significaba romper con su carácter civil y con ello violar la ley. Sin embargo, esta no sería la primera vez que algo así sucediera. El artículo 5 de la misma ley citada arriba establece que para que los elementos de la GN colaboren en labores de seguridad pública necesitan celebrar convenios con las entidades federativas o los municipios que así lo soliciten.
Este requisito, sin embargo, no se cumplió cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordenó que la Guardia Nacional desplegar sus elementos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Cuando Cimacnoticias solicitó información al respecto tanto al Metro como al Gobierno de la Ciudad de México, ambas instituciones respondieron que no tenían esa documentación. Tampoco pudieron ofrecer datos sobre la inversión económica que supuso la medida de Sheinbaum Pardo.
Así, la opacidad se une también a los factores detrás del rechazo a la unión de la Guardia Nacional contra la SEDENA. Estos factores hicieron posible la anulación de la medida, pero aún así no deja de haber inconformidad con la actuación de la GN hasta este momento.