El sábado pasado, al final de una conferencia de prensa, la abogada Yésica Sánchez decía que a pesar de la impunidad, el abuso y la falta de justicia en México, refiriéndose a lo que ha sucedido con las presas de Oaxaca, se podía hablar, se podía decir públicamente lo que está pasando, y que ello era una ventaja. Tanto que hace 10 años no se hubiera podido hacer.
No sé por qué me vino a la memoria que en 1994, al aparecer en el escenario nacional e internacional el movimiento Zapatista, yo decía que esto era el colmo, que en México la libertad de decir llegó al extremo de tener una oficina de prensa, abierta y visible, en San Cristóbal de las Casas, para atender asuntos de la guerrilla.
Durante casi 40 años de vida profesional, puedo decir que el gobierno mexicano usó como una estrategia, a veces perversa, la libertad de expresión, el primer derecho humano identificado en la sociedad universal, esta forma básica, elemental, de sobre vivencia pacífica. La boca no se la cierran a nadie, no obstante los hechos lamentables de nuestra historia reciente, la represión selectiva, la persecución y la agresión violenta, de muchas de las luchas obreras, campesinas y sociales que han alcanzado a muchas compañeras.
Hablar libremente no ha significado justicia, pero sí ha permitido que se sepa en el mundo lo que aquí pasa. Por eso y mucho más es totalmente inadmisible lo que está sucediendo hoy día.
El responsable de la administración pública, Felipe Calderón, el de la mano dura, abiertamente decidido a aumentar recursos y salarios a la policía y al ejército. Felipe Calderón, el mismo que anuncia como primera medida reducir los recursos para la cultura, la educación y el fomento a la ciencia y la tecnología, es quien encabeza ahora, en apenas 10 días de gobierno, una nueva fase de la derecha panista: la censura.
La desaparición de la pantalla chica del noticiero de Carmen Aristegui; la salida del aire del programa de Ricardo Rocha, donde he colaborado en los últimos 6 años; y, lo más importante, la denuncia de José Gutiérrez Vivó sobre las presiones directas para periodistas que simplemente están contando lo que sucede con las actividades de Andrés Manuel López Obrador, son acciones que constituyen absolutamente un error del ungido sin legitimidad, es también la primera llamada de una dictadura, que creíamos habían desaparecido de América Latina.
Esta situación nos empieza a delinear el preciso carácter de la administración fecalera, una administración que no tiene credibilidad suficiente, porque no se sabe si quien la encabeza ganó en las elecciones; porque se sabe que está comprometida con algunos de los intereses inconfesables que apoyaron con dinero su ungimiento y se sabe que es de derecha.
Ser de derecha no es lo peor, aunque no nos guste, lo grave es que se trate de una camarilla que actúa en complicidad con el viejo régimen de manera abierta, que come en la mesa de los represores, que también reprimieron a los panistas democráticos en la historia reciente de México. Lo peor es que se trata de un pequeño dictador que quiere cegar los espacios limitados y a veces hasta marginales de la libre expresión de las ideas.
Un pueblo que pierda esta posibilidad, aunque no estemos de acuerdo en lo que decimos y pensamos, es un pueblo sin esperanza. Solamente las dictaduras militares han empezado por cerrar periódicos, y eso es lo que hizo en Oaxaca Ulises Ruiz, el ahora apoyado por la administración fecalista; solamente los dictadores temen a las ideas, las que pueden expresarse con los espacios de Gutiérrez Vivó, que nunca se distinguió por su mano izquierda, pero que hace periodismo.
No es posible admitir que se callen las voces democráticas que pueden hablar en otros espacios, como el que creó Ricardo Rocha y el que ofrece el periodismo profesional de Carmen Aristegui.
Hubo cosas antes, imperceptibles, como el fin del noticiero del payaso Brozo, que era deleznable desde cierta esquina, pero que para justificar estaba abierto a la reflexión. Y también sabemos, no lo negamos, de otras cosas que pasan por intervención de poderosos a lo largo y ancho del país. Las muertes de compañeros periodistas, a causa de los caciques locales, por ejemplo.
Es verdad que no hemos gozado de completa libertad de expresión. Ahí está el caso de foxilandia y Proceso.
Lo que sorprende es la supina estupidez de Felipe Calderón: en 10 días ha revelado todo el carácter antisocial, anti libertad y autoritario de lo que será la administración en turno y digo administración porque no es gobierno.
No sería de extrañar, en este contexto terrible, que tengamos que enfrentar acciones y represiones propias de otros tiempo, cuando ya han pasado de moda dictaduras tradicionales, cuando estamos festejando la muerte de Augusto Pinochet, como verdaderos premodernos. Un ungido que se siente militar, que se opone a la anticoncepción de emergencia, que soslaya la brutalidad policíaca contra las mujeres y que ha organizado una administración desconfiable en todos los aspectos, no es admisible. Pensemos.
06/SL/GG/CV
