Tanto el Código Penal Federal como los códigos de los estados contemplan que las mujeres y niñas que quedan embarazadas como consecuencia de una violación sexual pueden interrumpir su embarazo.
Desafortunadamente, en la práctica, las víctimas de violación que desean ejercer este derecho enfrentan múltiples obstáculos, señala el Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en el documento «Carta al Presidente electo Felipe Calderón».
Vivanco detalla en el texto que agencias estatales en distintos estados de México aplican prácticas agresivas para desalentar y demorar el acceso a abortos legales por violación. Esto, dice, tiene como resultado que muchas víctimas de violación intenten resolver su situación a través de abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud.
Asimismo indica que, «debido a que no existe aborto legal después del incesto, muchas niñas violadas por sus padres u otros familiares se ven frecuentemente sin más opción que llevar a término el embarazo impuesto sobre ellas».
Por ello exigió al gobierno de Calderón Hinojosa a desarrollar programas orientados activamente a sancionar a los funcionarios públicos, incluyendo al personal del sector de salud pública, los agentes del Ministerio Público y la policía, que actúen de manera abusiva o negligente en la prestación de servicios a las víctimas de violencia doméstica y sexual.
Y explica que las conductas negligentes que deben ser castigadas son aquellas donde se rehúsen a informar a todas las víctimas de violación sobre la posibilidad de interrumpir legalmente un potencial embarazo. «Al contrario, los funcionarios deberían facilitar toda la información apropiada sobre la obtención de un aborto luego de una violación sexual».
Por otro lado, el informe «Víctimas por partida doble,
Obstrucciones al aborto legal por violación en México», emitido en marzo de 2006 por HRW, estima que, en promedio, una niña o mujer es violada en México cada cuatro minutos y sólo una parte de estas violaciones es denunciada ante las autoridades.
De acuerdo con el informe, «una implementación laxa de la legislación vigente hace que las víctimas tengan una menor propensión a denunciar los delitos que padecen, mientras que el bajo nivel de denuncias registradas reduce el grado de presión requerido para llevar a cabo las reformas legales necesarias».
Según el texto «Un Caso Paradigmático: Ciudad Juárez», incluido en el informe de HRW «El Cambio Inconcluso: Avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox», de mayo de 2006, el caso de derechos humanos que recibió más atención en la prensa local e internacional durante la administración Fox fue el de Ciudad Juárez. En este lugar, durante más de una década, los policías y agentes del Ministerio Público no pudieron resolver los asesinatos y desapariciones de mujeres.
Y destaca que la amplia cobertura de los asesinatos fue crucial, tanto para dirigir la atención hacia las demandas de las víctimas y sus familiares como para promover la necesaria toma de conciencia pública sobre el problema más generalizado de la violencia contra las mujeres en México.
Sin embargo, dice, la tragedia de Ciudad Juárez ofrece otras lecciones importantes que han recibido menos atención, entre ellas se encuentra las prácticas policiales abusivas que perjudican tanto los derechos humanos como la seguridad pública.
«Otra es que para mejorar su posibilidad de promover tanto derechos como seguridad, México necesita promover reformas estructurales».
«En los últimos trece años, más de cuatrocientas mujeres han sido asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la mayoría de los casos las autoridades han sido incapaces de identificar a los responsables de los crímenes. Al menos treinta y cuatro de las víctimas permanecen ‘desparecidas’ actualmente», abunda el informe.
Por otro lado, el reportaje Saldo negativo con Fox, publicado por Cimacnoticias en septiembre de este año, señala que la iniquidad, la pobreza, el presupuesto irregular y la violencia son algunos de los pendientes del sexenio de Vicente Fox Quesada hacia las mujeres.
Al respecto, el reportaje señala que el foxismo cerró «la brecha de la desigualdad que afecta principalmente a las mujeres y se refleja en todos los aspectos de su vida.»
Y señala como ejemplo las condiciones de las mujeres en Santiago del Pinar, al norte de Chiapas, a quienes obligan a emigrar si se casan con fuereños, y que sólo puede ser comparado con la situación de las mujeres en Pakistán, de acuerdo con el mapa de iniquidad elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (PNUD).
De acuerdo con el texto «Las Finanzas Públicas del sexenio, 2001-2006», de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo «el gasto etiquetado para las mujeres es irregular, ya que cada año el gobierno distribuyó los recursos de manera diferente, de tal suerte que el programa para combatir la violencia contra las mujeres o el de Salud de la Mujer no siempre aparecen y sus montos disminuyen anualmente».
Entre 1999 y 2005, más de seis mil niñas y mujeres fueron asesinadas, según los informes de las procuradurías de justicia de las diez entidades investigadas por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la república mexicana y a la Procuración de Jutsicia.
«La mayor parte de ellas fueron asesinadas en sus casas, algunas encerradas y otras secuestradas. Todas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y sufrieron humillaciones» y hasta ahora, dice el texto, «la mayoría de estos crímenes están en la impunidad».
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