Con el objetivo de impedir que continúen las violaciones a Derechos Humanos (DH) de mujeres, migrantes e indígenas, un grupo de organizaciones mexicanas llamaron a los presidentes de Estados Unidos, México y de los países centroamericanos para que cambien el modelo de seguridad de la región.
A propósito de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a México y de su participación en la Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que se celebrará en Costa Rica, grupos feministas pidieron a los mandatarios promover acuerdos respetuosos de los DH.
Así lo manifestaron en conferencia de prensa los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad de Juárez, y Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones leyeron una carta dirigida a los presidentes de la región para manifestar que las políticas de seguridad, el combate al narcotráfico y la militarización, han traído más violencia que paz, lo que indica que es necesario que los líderes den un giro radical a sus políticas en la materia.
Al leer la carta, Marusia López, coordinadora de Jass, dijo que Obama y el resto de los presidentes de la región deben reconocer y proteger a las y los defensores de DH, con atención específica a las mujeres, indígenas y afrodescendientes, y atendiendo que estos grupos enfrentan distintos riesgos.
Señaló que se debe proponer un nuevo modelo para la cooperación en materia de seguridad que ofrezca alternativas a la actual “guerra contra la droga”, como la regulación en vez de la prohibición, y mayores esfuerzos regionales para combatir el lavado de dinero y el retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad civil.
“Le pedimos al gobierno de Estados Unidos que deje de dar ayuda militar y que, en vez de eso, dirija los escasos recursos públicos a fortalecer la institucionalización del Estado de Derecho en nuestros países”, dice la carta firmada por organizaciones de México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre otras naciones.
Al respecto, la coordinadora de la Red TDTT, Agnieszka Raczynska, señaló que la visita del presidente estadounidense se da un momento clave porque México está planteando el Programa Nacional de Desarrollo, donde se desprende las estrategias en materia de DH y por tanto es hora de plantear una agenda bilateral en este tema.
Indicó además que entre nuestro país y EU se firmó un acuerdo de cooperación denominado Iniciativa Mérida, mismo que tuvo consecuencias negativas para las y los mexicanos, por lo que es necesario replantear la cooperación entre ambos países.
La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo, dijo que en Ciudad Juárez como en varias regiones del país se han generado iniciativas de seguridad ciudadana, pero no han sido tomadas en cuenta, por lo que señaló que las nuevas estrategias deben considerar las propuestas de la sociedad civil.
Las agrupaciones también pidieron que se aborden las causas de la migración y cesen la deportación y criminalización de migrantes; así como que se investiguen y procesen las violaciones de DH contra migrantes, tanto en su tránsito a través de México como en la frontera y al interior de EU.
Martha Sánchez, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que la propuesta de reforma migratoria que se discute en EU no tiene nada positivo porque busca otorgar más recursos para construir muros en la frontera, comprar más aviones no tripulados y desplegar más agentes fronterizos.
Las organizaciones reiteraron que es hora de dar un nuevo enfoque al diálogo regional y a la inversión de fondos para atacar desde sus raíces los fundamentos de la violencia, y confiaron en que se puedan llegar a acuerdos en este sentido.
13/AGM/RMB
abril 2013
Lo que ayer pareció un triunfo para los derechos de las mujeres se esfumó hoy, luego de que una mayoría de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que la invalidez de la reforma antiaborto en el estado de Querétaro sólo aplique para el municipio de Arroyo Seco.
Ayer, la SCJN determinó que el Congreso queretano cometió vicios de procedimiento al aprobar la reforma al artículo segundo de la Constitución local, que “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde la fecundación”, por lo que la declaró inválida.
Sin embargo, al continuar la discusión del tema en la sesión de hoy, la mayoría de las y los ministros decidió hacer inválida esa norma sólo para el municipio que interpuso la controversia constitucional, y dejarla vigente para los otros 17 ayuntamientos.
De este modo, la Corte cumplió uno de los escenarios previstos por el abogado y doctor en Derecho Alejandro Madrazo Lajous, quien calificó como una “situación muy extraña” el que las y los ministros ordenaran que una norma impugnada se siguiera aplicando en el resto del estado y no en el municipio que presentó el recurso de inconstitucionalidad.
“En las controversias constitucionales hay una disposición funcional que establece que cuando sean interpuestas por municipios en contra de leyes estatales o federales, sólo tendrán efectos para el municipio. Sin embargo, la propia Constitución contempla que la Suprema Corte tendrá que especificar los alcances de una declaratoria de inconstitucionalidad”, detalló el jurista responsable de los otros recursos presentados por los municipios de Uriangato, Guanajuato, y Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
DE REVERSA
En la sesión de ayer, las y los ministros concluyeron que el proceso legislativo en Querétaro estuvo viciado porque en aquella entidad la aprobación de una reforma constitucional requiere de la anuencia de al menos 12 de sus 18 ayuntamientos, pero en este caso sólo cuatro aprobaron el proyecto de reforma que protege “la vida desde la fecundación”, y que ha abierto la puerta para que se limite el derecho al aborto legal y se criminalice a las mujeres.
Hoy, al continuar el análisis de la controversia constitucional 89/2009 presentada por el municipio de Arroyo Seco, bajo la ponencia del ministro José Fernando Franco, una mayoría de ocho ministros señaló que la resolución de la Corte sólo debía tener efectos para el actor que interpuso la controversia constitucional.
Advirtieron que así lo marca el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto “no pueden ir más allá” de lo que señala la Carta Magna.
Previamente, la ministra Olga Sánchez Cordero señaló que si el procedimiento legislativo fue irregular se debía considerar que la norma existe y por tanto debe ser inválida para todo el estado.
En esa postura coincidieron Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío, quien aseguró: “Lo que estamos declarando inconstitucional es el procedimiento y el procedimiento tan malo es para el municipio de Arroyo Seco, como para el resto de los 18 municipios del estado de Querétaro”.
En sentido contrario, el ministro Luis María Aguilar sostuvo que si bien invalidar la norma implica que deja de existir y por tanto no puede aplicarse para nadie, también acotó que los alcances de la resolución no debían ser generales para todo el estado.
Añadió que no le encontraba un sentido práctico a la norma impugnada, ya que, dijo, no le obliga al municipio a hacer algo en particular.
CASO OAXACA
Al concluir el asunto 89/2009 de Querétaro, el Pleno de ministros inició el análisis de la controversia constitucional 104/2009 interpuesta por el municipio oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec, contra la reforma constitucional de su estado que reza que “todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley”.
En este caso la Corte admitió el recurso jurídico y las y los ministros no encontraron irregularidades procesales, por lo que el próximo jueves discutirán si esta norma es contraria a la Constitución federal, y si el estado invade la esfera de competencia del municipio en materia de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.
La ministra Margarita Luna Ramos y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo manifestaron que esta controversia debería desecharse al considerar, entre otros argumentos, que la reforma no invade las atribuciones del municipio, ya que no legisla en materia de salud.
Pardo Rebolledo aseguró: “De entrada advierto que ésta no es una reforma en materia de salud, es una reforma constitucional en donde precisa el inicio de la protección a los derechos de todo ser humano, y en esta materia concreta estimo que los municipios no tienen ningún tipo de atribuciones ni facultades”.
En este caso, la mayoría de ministros optó por entrar al fondo del asunto y debatir si la reforma trastoca atribuciones del municipio, tales como su obligación de brindar métodos anticonceptivos o la interrupción del embarazo, por lo que la discusión continuará el próximo jueves.
13/AGM/RMB
Las sobrecargos jubiladas de Mexicana de Aviación denunciaron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) el incumplimiento de los acuerdos por parte de la empresa, para solucionar el adeudo de ocho meses en el pago de sus pensiones.
Y es que, según denunciaron las trabajadoras, el pasado 25 de abril la aerolínea depositó las primeras dos quincenas a las y los 650 sobrecargos jubilados –de las cuales 95 por ciento son mujeres–, cuando el compromiso inicial era pagar a más tardar el día 5 de este mes, fecha que postergó para el 15 del mismo e incumplió de nuevo.
Al enterarse de manera previa de que las sobrecargos acudirían a la Segob, Mexicana realizó los pagos pero lo hizo con los recursos del fideicomiso que resguarda los ahorros de las trabajadoras, por lo que acudieron a la dependencia para exigir que se transparenten los ingresos de la base de mantenimiento MRO, que brinda servicios a otras aerolíneas.
Así lo informó Dulce María Mejía Pérez, quien forma parte del Comité Técnico de las negociaciones junto a su compañero Rogelio Martínez López, ambos sobrecargos jubilados.
En entrevista con Cimacnoticias, Mejía informó que el pasado viernes las recibió la secretaria particular del director de Enlace Federal de la Segob, José Luis Soberanes Reyes, quien desde un inicio intervino en las negociaciones entre las sobrecargos y la empresa.
La trabajadora denunció las “burlas” en las que ha incurrido la aerolínea y solicitó que Segob interceda para que se les permita acceder a los estados financieros de la empresa, y con base en los resultados se determine si es posible fondear las pensiones que les adeudan.
Además, Dulce María Mejía demandó que Mexicana les informe el monto total del fideicomiso de sus ahorros, porque existe la sospecha entre sus compañeras de que se ha tomado dinero del mismo o no se fondeó como estaba previsto.
De tal forma, que ambas exigencias de las sobrecargos jubiladas se resumen en una sola: transparencia. Esto debido a que el mismo sindicato que las representa ha incurrido en errores de comunicación que generan desconfianza entre el gremio, según dijeron.
Lo anterior a propósito de que la semana pasada, durante una protesta de trabajadores y sindicalistas frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el vocal del Tribunal de Honor y Justicia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Gonzalo Padilla, agredió verbalmente al sobrecargo jubilado Rogelio Martínez.
Aunado a ello, las sobrecargos jubiladas buscaron a su líder sindical, Ricardo del Valle Solares, para que las acompañara a la protesta ante la Segob o se involucrara en el cumplimento de los acuerdos, pero no obtienen una respuesta y sí por el contrario censura en las redes sociales, para que dejen de informar a sus compañeras sobre la falta de compromiso de la empresa.
Ante este panorama, en el que la aerolínea no cumple los acuerdos firmados y la falta de apoyo de su sindicato, las trabajadoras de Mexicana confían en que la Segob intervenga para resolver el conflicto.
Por lo pronto, el acuerdo con la dependencia federal es que esta semana les dará respuesta a su demanda de transparencia de los recursos de MRO y del fideicomiso, y con base en ello definirán las acciones a seguir para defender sus pensiones, precisó Dulce María Mejía.
13/AFR/RMB
México y Bogotá se unen en Coloquio sobre estudios de género
Colombia.- El Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá, convocaron a estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales de esas universidades, a participar en el “III Coloquio de Estudios de Género sobre América Latina. Proyecto Estudiantil”, a efectuarse en el mes de octubre.
Las personas interesadas podrán mandar sus ponencias relacionadas a movimientos sociales, políticas públicas y legislación, arte y literatura, medios de comunicación, ciencia y tecnología, geografía y género, entre otros temas, hasta el 28 de junio al siguiente correo electrónico [email protected]
El evento se realizará del 22 al 24 de octubre simultáneamente en ambas universidades.
Disponible en línea Manual de Periodismo de Datos
Washington.- Con el fin de ofrecer una herramienta útil para periodistas en el uso de datos, integrantes del blog “Nación Data”, pusieron en línea la versión en español del “Manual de Periodismo de Datos”, refirió el blog Periodismo en las Américas.
La publicación -que es gratuita- explica en seis capítulos lo que es el periodismo de datos, cómo obtenerlos, usarlos, entenderlos y difundirlos, así como ejemplos.
Para descargarlo ir a
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/index.html
Inician campaña para proteger a personas defensoras de DH
Dublín.- La ONG Front Line Defenders (FLD) inició la campaña “Historias de coraje” para proteger a las personas que defienden los Derechos Humanos (DH) y están en situación de riesgo.
La campaña exhorta a compartir los videos que realizó FLD para difundir la labor de quienes también están nominados al Premio Front Line Defenders 2013, que será entregado el 3 de mayo.
Entre las nominadas están la activista Ruth Mumbi, fundadora del Parlamento Femenino en Kenia y Mansoureh Behkish, quien desde hace treinta años ha luchado por los derechos de madres, hermanas y esposas de personas recluidas y ejecutadas por la República Islámica.
13/GMV/MMS/LGL
Defensoras y defensores convocados por La 72 Casa del Migrante acompañarán a migrantes sin documentos desde su entrada a Tenosique, Tabasco, “dada la incapacidad del Estado mexicano de poner un alto a las bandas de delincuentes que siguen asaltando y asesinando”.
En conferencia de prensa en esta capital estatal, fray Tomás González y Rubén Figueroa, directivos del albergue que opera en el municipio de Tenosique, informaron que a partir de hoy La 72 implementará “patrullajes” para tratar de contener a las bandas del crimen organizado que están asaltando y asesinando a migrantes por no pagar las cuotas exigidas.
A diferencia de las guardias comunitarias que han surgido en Oaxaca y Guerrero, aclaró el sacerdote, nuestras acciones serán pacíficas, sin armas. Si algo nos pasara haremos responsable al Estado mexicano, sentenció Tomás González.
La situación de las y los migrantes ha empeorado, denunciaron, no sólo están siendo asaltados, sino también ejecutados por no satisfacer las cuotas de 100 dólares (más de mil 200 pesos mexicanos) por estación, que les exigen las bandas criminales.
Fray González denunció que también hay una banda de extorsionadores dentro del Instituto Nacional de Migración y de policías federales que opera desde El Ceibo, Tenosique, hasta Tamaulipas, que por su parte también exigen a las y los migrantes 100 dólares por garita.
Reconoció y agradeció que después de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenazas de muerte en su contra, el Estado mexicano atendiera las medidas cautelares ordenada por ese organismo.
Ahora La 72 parece un “bunker”, afirmó el clérigo, hay cámaras de video y patrullajes constantes, pero denunció que tres personas que fueron detenidas por ser presuntos extorsionadores de migrantes quedaron en libertad. En cambio, advirtió, las agresiones a las y los migrantes han empeorado a lo largo de toda la ruta migratoria del sureste.
En menos de un mes, dos migrantes fueron asesinados en el municipio de Huimanguillo con armas de fuego, y otros murieron mutilados al ser arrojados del tren por no cubrir las cuotas exigidas.
Asesinatos, asaltos y violaciones sexuales ocurren en este municipio con toda impunidad y mujeres, niñas y niños, son los más vulnerables. Muchos menores de edad son separados de sus madres o padres o son testigos de los asesinatos de otros migrantes.
Cinco muertos a mano armada, 10 mutilados que se caen o son arrojados del tren, y otros asesinatos que no se registran porque los cuerpos son dejados en lugares no visibles, es el saldo de este mes registrado por la Casa del Migrante de Tenosique.
A pesar de esa realidad, prosiguió fray González, observamos el desinterés tanto de las autoridades federales, como estatales y municipales, para limpiar de crimen organizado la ruta migratoria del sureste que sigue operando con abierta impunidad.
“Esa situación nos obliga a las y los defensores a ir al encuentro de las personas migrantes para asumir con ellos que nos pase lo mismo, y si el albergue está con cámaras de seguridad, patrullas afuera, pero la ruta sigue insegura, entonces vamos a jalar esa seguridad hacia las y los migrantes”, agregó el dirigente de La 72.
13/CV/RMB
Organizaciones civiles de México demandaron al gobierno de El Salvador que proteja a Beatriz, una joven embarazada de 22 años, quien pide a las autoridades de su país le permitan interrumpir la gestación a fin de salvar su vida.
Ayer, representantes de Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Balance acudieron a la embajada de El Salvador en México para entregar una petición sobre este caso.
En la carta dirigida a Alfredo Díaz Barrera, cónsul del país centroamericano en México, las organizaciones expresaron su preocupación por la vida y salud de Beatriz quien, dijeron, debe acceder a un aborto seguro y con los cuidados médicos necesarios.
Beatriz, quien vive en Jiquilisco, tiene un embarazo de alto riesgo, ya que padece lupus agravado con nefritis lúpica, y de acuerdo con los reportes médicos, el feto es anencefálico (no tiene cerebro), lo que indica que su vida es inviable y que podría morir al nacer.
Las organizaciones recodaron que el Hospital de Maternidad de El Salvador determinó que es necesario practicarle una interrupción del embarazo, pero debido a que el aborto se penaliza en todas sus formas se niegan a practicar el procedimiento.
Orfe Castillo, integrante de Jass, señaló que El Salvador debe aplicar todos los procedimientos necesarios de que dispone para salvar la vida de Beatriz, y dar garantías al personal médico para realizar el procedimiento.
En la misiva firmada por más de 20 organizaciones civiles se señala que Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales de Derechos Humanos se han pronunciado por asegurar el derecho a la salud y la vida de la joven.
Dijeron que la semana pasada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador le concedió a Beatriz un amparo en contra de la decisión de la institución médica de negarle la atención adecuada.
De acuerdo con la prensa internacional, el tribunal salvadoreño pidió que se le hiciera un examen médico para evaluar su salud, toda vez que recibieron información de que su vida no peligra, pues se encuentra estable física y mentalmente con los medicamentos.
Sin embargo, las activistas mexicanas dijeron que la falta de actuación de las instituciones de salud y otras autoridades implicadas ha llevado a la afectada a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es por ello, que le solicitamos haga llegar de manera urgente nuestra preocupación a las autoridades competentes. Asimismo, le extendemos nuestro llamado a que, en congruencia con los estándares internacionales de Derechos Humanos, la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un acto criminal bajo cualquier circunstancia”, sostuvieron.
13/AGM/RMB
Debido a una mala tipificación del delito de feminicidio en Yucatán, los asesinatos de mujeres –que suman cinco en 2013– son juzgados y catalogados bajo otro tipo penal, lo que invisibiliza la violencia de género en la entidad, denunció Equipo Indignación.
En un comunicado, la organización yucateca evidenció que en septiembre de 2012 –cuando se publicó en el Diario Oficial del estado la tipificación del feminicidio– al Congreso estatal “se le olvidó” integrar el delito al artículo 13 del Código Penal local, que enlista los delitos considerados como graves y que no alcanzan fianza.
En agosto de 2012 el Congreso yucateco aprobó adicionar al titulo vigésimo del Código Penal el capítulo X denominado “Feminicidio”, con lo que en el artículo 394 Bis Quintus se establece que comete el delito quien “prive de la vida a una mujer por razones de género”, y se sanciona con 30 a 40 años de prisión.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Martha Capetillo, coordinadora de comunicación social de Equipo Indignación, calificó la omisión de las y los diputados como grave, toda vez que deriva en que los agresores puedan salir bajo fianza y contribuye a que las autoridades estatales declaren que en el estado no hay feminicidio.
Cabe recordar que en fechas recientes, y a raíz de la denuncia emitida por la organización civil, la fiscal general del estado, Celia Rivas Rodríguez, declaró a medios locales que para evitar que las personas que cometan un feminicidio pudiera salir bajo fianza, los casos eran “reclasificados” como homicidios por razón de parentesco, debido a que se sabe fueron cometidos por sus parejas.
De acuerdo con Capetillo, la reclasificación que realiza la fiscal puede resultar “peligrosa” y no permite que las mujeres puedan acceder a la justicia de manera adecuada.
El feminicidio es un crimen con características específicas que se debe considerar cuando se defina la sanción, y en Yucatán los asesinatos de mujeres casi en su totalidad “son consecuencia de la violencia intrafamiliar y de pareja”, puntualizó.
Según estimaciones de la organización, a partir de un seguimiento periodístico en los cuatro meses del año, han sido ultimadas cinco mujeres a manos de sus parejas o ex parejas lo que “devela la grave problemática de violencia intrafamiliar”.
La activista recordó que a nivel nacional, Yucatán es considerado el estado más seguro y resaltó que esa clasificación se debe a los bajos índices en delitos como asaltos o secuestros, y no a agresiones contra mujeres.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh) 2011, en la entidad la proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su relación con su última pareja es de 47.8 por ciento, porcentaje que se coloca incluso por encima del nacional, que es de 46.1 por ciento.
Equipo Indignación envió el pasado 25 de abril cartas a la Fiscalía General del Estado y al Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), así como al gobernador Rolando Zapata Bello, para exigir que los delitos sean catalogados adecuadamente, y además se emprendieran las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia de género en la entidad.
13/AZM/RMB
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) emita la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), ante el alto número de casos de feminicidio ocurridos en lo que va de la actual administración.
Este mecanismo permitirá activar acciones y recursos humanos y financieros, para atacar de fondo la violencia contra las mujeres que durante 2013 ha dejado 20 víctimas.
En un oficio fechado el pasado 26 de abril, el ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo, precisó al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, que la DDHPO “ha percibido, a través del monitoreo de distintos medios de comunicación” el incremento de los índices sobre desaparición, muerte y otros delitos cometidos contra mujeres por razón de género.
A la par, la Defensoría inició la investigación DDHPO/586/(01)/OAX/2013, a partir de notas periodísticas que documentan asesinatos de mujeres “que pudieran considerarse como feminicidio, y que aún no han sido resueltos por las autoridades correspondientes”.
La petición enviada a Osorio Chong también se basa en el informe ciudadano “¡Justicia ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca. A dos años del gobierno del la alternancia”, en el que se documentan 7 mil 917 casos que engloban delitos relacionados con homicidios, violencia intrafamiliar y sexual, desapariciones y suicidios.
De acuerdo con las cifras del informe presentado en enero pasado por el colectivo Huaxyacac, en dos años de la gestión de Gabino Cué el feminicidio creció un 50 por ciento al acumularse 173 casos, en comparación con los 115 reportados en los últimos dos años del gobierno de Ulises Ruiz (2009-2010).
En materia de violencia intrafamiliar, de diciembre de 2010 a noviembre de 2012, los diarios locales registraron 458 casos, mientras que la PGJE reportó 2 mil 910 en ese mismo periodo. Sin embargo, en todo 2011 no se emitió alguna sentencia al respecto.
De diciembre de 2010 a noviembre de 2011, primer año de gobierno de Cué, se registraron 183 ataques sexuales contra mujeres y niñas, mientras que para el segundo se documentaron 172 agresiones sexuales, siendo el tipo más común la violación.
En 2011 se registraron 27 casos de desaparición de mujeres y jóvenes mientras que en 2012, sumaron 22. En ambos años, la región de Valles Centrales concentró el mayor número de casos, con 18 y 16 respectivamente. De las 49 mujeres desaparecidas, 27 eran niñas y jóvenes de entre 11 y 20 años de edad.
El pasado 17 de abril el Congreso del estado exhortó a la DDHPO a solicitar a la Segob la declaratoria de AVG para la entidad.
El 19 de abril la DDHPO emitió la “Alerta temprana 05/2013”, bajo el rubro “Caso: Violencia contra las mujeres”, a fin de llamar la atención de todas las autoridades con injerencia en el tema, así como de la sociedad civil, para que se adopten medidas pertinentes para prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas relacionadas con el feminicidio.
13/CL/RMB
La reforma migratoria de Estados Unidos no resolverá las carencias de la población migrante si no se coordina con el Estado mexicano, para garantizar el acceso a programas sociales y derechos laborales, advirtió Agustín Escobar Latapí, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En el marco de la visita del presidente de EU, Barack Obama, a México el próximo 2 de mayo, especialistas en migración del CIESAS y la Universidad de Georgetown, presentaron hoy el informe “Diálogo binacional sobre migrantes mexicanos”, y advirtieron que aunque la reforma migratoria sea positiva es insuficiente para reducir la brecha social en el país vecino.
El análisis binacional, coordinado por el CIESAS y elaborado por 28 especialistas de instituciones académicas de México y EU, muestra las problemáticas de la población migrante, tanto de quienes radican en EU –con o sin documentos– como de quienes retornan a su lugar de origen, pero carece de una perspectiva de género que indique la situación específica de las migrantes en EU.
Los principales hallazgos del estudio están divididos por temas, entre los que se encuentran los cambios demográficos por la migración, el empleo, la educación, la salud, el retorno y los programas sociales.
En cuanto a los cambios demográficos, encontraron que la crisis económica de 2008 y el endurecimiento del control migratorio incidieron en que la migración mexicana al país norteamericano se encuentre en su nivel más bajo en los últimos 35 años.
Asimismo, la tasa de retorno se ha incrementado, tanto de la población que migró como de las y los hijos que nacieron en EU, lo que implica retos para el gobierno federal dado que el país no cuenta con condiciones sociales para su integración.
En materia laboral, la crisis económica de EU provocó el aumento del desempleo y la caída de los ingresos para toda la población inmigrante, incluso la que trabaja con documentos.
Además, quienes laboran en la clandestinidad aceptan peores condiciones de trabajo y no tienen acceso a ningún apoyo social, como los que se otorgan a trabajadores de escasos recursos.
Por otra parte, encontraron que la salud de la población migrante se merma conforme avanza el tiempo que viven en EU, debido a los cambios de alimentación y la angustia que padecen por el miedo a ser deportados, pero principalmente por la falta de acceso a los servicios médicos.
El informe arroja que la población mexicana que emigra a EU registra problemas como hipertensión, diabetes e infecciones de transmisión sexual, así como alteraciones en la salud mental. Y es que si bien se incrementa su alimentación, también se adquieren hábitos poco saludables por la cultura a la que se incorporan.
Respecto al acceso a la educación, los más afectados son los descendientes de la población migrante, ya que el 45 por ciento de los alumnos indocumentados no se gradúan de la preparatoria, y muy pocos tienen la posibilidad de ingresar a las universidades.
Pero además, una vez que retornan a México tampoco les permiten el ingreso a las instituciones académicas, debido a que revalidar sus estudios implica trámites ante el Centro Nacional de Evaluación Educativa (Ceneval), que los desmotivan por la demora burocrática.
Ante este panorama, las y los académicos recomendaron que el Estado mexicano se coordine con EU para garantizar que en caso de que se apruebe la reforma migratoria se facilite el acceso a la población migrante a los servicios de salud, educación y programas sociales, que permitan su integración al país norteamericano.
Y aunque no se mostró muy optimista al respecto, Agustín Escobar, investigador del CIESAS, dijo que espera que en esta visita del presidente Barack Obama a México se dé un primer acercamiento para que se aborde el tema, con el fin de garantizar que la reforma migratoria irá acompañada de una colaboración bilateral que modifique la realidad de la población migrante en EU.
13/AFR/RMB
Video concientiza contra violencia de género en Serbia
La cuarta parte de las mujeres europeas sufren alguna experiencia de violencia doméstica en su vida. Pese a la generalización del fenómeno, la mayoría de las veces se ignora el problema. Pero un video producido en Serbia logró romper el silencio.
A primera vista, el audiovisual lanzado en marzo es sólo uno más de los que muestran una foto por día en la vida de alguien y se volvieron virales en el canal de videos YouTube.
En este caso, diversas fotografías de una joven mujer sonriente se suceden con rapidez, una tras otra, mostrando diferentes cortes de pelo y estilos de maquillaje.
Pero de a poco, la joven aparece con la mirada triste, asustada y el rostro con moretones, lastimaduras y cortes cada vez más grandes. En la última imagen se le ve con un cartel pidiendo ayuda desesperadamente.
Antes de que nadie haya podido confirmar la identidad de la persona o de si era una historia real o de ficción, el video se volvió popular en Serbia y en el extranjero, logrando 2 millones de visitas en unos pocos días.
El audiovisual forma parte de una campaña del Fondo B92, una fundación asociada al principal canal privado de televisión de Serbia, destinada a crear conciencia sobre la violencia doméstica en este país de Europa oriental.
En Serbia murieron 60 mujeres por violencia doméstica desde comienzos de 2012, según el Centro de Mujeres Autónomas de Belgrado. Las organizaciones femeninas denuncian que cada segundo una de ellas sufre alguna agresión verbal o física.
“Es importante hablar de este problema para que nuestra sociedad comprenda que no es normal golpear a las mujeres y para alentarlas a denunciar casos de violencia”, explicó Veran Matic, presidenta del Fondo B92.
“También nos proponemos promover la solidaridad, hacer que la gente reaccione y ejercer presión sobre las autoridades para que tomen medidas contra la violencia doméstica”, puntualizó.
La fundación construyó cinco refugios para mujeres golpeadas en seis años de trabajo y tiene previsto abrir dos más este año.
El Fondo B92 trabaja con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de presionar a las autoridades para que mejoren la implementación de la legislación que ofrece protección de los agresores y asistencia a las víctimas.
Según Danijela Pesic, del Centro de Mujeres Autónomas, lo más importante es mejorar el cumplimiento de la ley que ya existe, pues permite ofrecer de forma sistemática soluciones a las víctimas.
Los refugios son importantes, pero son una respuesta de emergencia y de corto plazo, puntualizó Pesic. La otra cuestión clave para combatir la violencia doméstica es cambiar la cultura, remarcó.
“La principal causa de la violencia doméstica son los valores patriarcales”, indicó. “No es la pobreza ni la falta de educación ni el alcoholismo. Vemos el mismo grado de abuso en pueblos y ciudades, en todos los niveles educativos y de ingresos”, remarcó.
“Los hombres tienen que dejar de creer que pueden ser violentos y para que esto ocurra tenemos que cambiar nuestra percepción sobre los roles de género, empezando desde el preescolar”, precisó Presic.
En tanto país balcánico, Serbia, que todavía no es miembro de la Unión Europea (UE), tiene fama de machista.
Los recursos disponibles son irregulares, suelen venir de Occidente en forma de donaciones para proyectos e inevitablemente se agotan sin reemplazo. Esto lleva al cierre de líneas telefónicas tras unos pocos años de funcionamiento, justo cuando las mujeres comenzaban a contar con ellas.
Pero lo que ocurre en Serbia no es muy distinto de lo que sucede en varios países europeos. Se adoptan leyes acordes con los estándares de la UE, pero las autoridades no las implementan como corresponde.
Los recursos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con violencia doméstica no son suficientes y persisten los valores patriarcales.
Un informe publicado en 2012 por la red Mujeres contra la Violencia Europa (WAVE, por sus siglas en inglés) señala que sólo un tercio de los países de la región cumplen con las recomendaciones del Consejo de Europa en lo que respecta a la existencia de una línea telefónica gratuita de ayuda a las víctimas de violencia doméstica.
En lo que se refiere a la disponibilidad de refugios, la situación es peor: sólo cinco de los 46 países estudiados cuenta con la cantidad necesaria. Los países de Europa central y oriental están peor que los del oeste.
La mayoría de los países que tuvieron regímenes socialistas comenzaron a tomar medidas contra la violencia doméstica y a ayudar a las víctimas de forma más sistemática hace apenas una década.
Los 10 refugios que hay en Estonia, por ejemplo, abrieron en los últimos cinco años gracias al aporte de fondos estatales y no gubernamentales.
Muchas organizaciones femeninas ahora dudan de que los centros y las otras opciones de ayuda puedan seguir funcionando en el futuro. Su sustentabilidad ya precaria corre peligro por culpa de la crisis económica.
Al respecto, Oxfam y el Lobby Europeo de las Mujeres publicaron en 2010 el informe “La exclusión social y la pobreza de las mujeres en la Unión Europea en tiempos de recesión: ¿Una crisis invisible?”.
Según el estudio, las ONG de Europa central y oriental reportan un creciente número de llamadas a las líneas de ayuda y de solicitudes de ingreso a refugios desde el inicio de la crisis en la región, alrededor de 2008.
También remarcan el impacto negativo de las medidas de austeridad implementadas en Europa para paliar la crisis, como el cierre de refugios en Rumania, las consecuencias sobre el trabajo por el retiro de donantes extranjeros en Eslovaquia, y la imposibilidad de planificar su actividad a largo plazo en Estonia por la falta de apoyo de las autoridades locales.
Los fondos de la UE, en especial el Programa Daphne –que ofrece recursos para muchas iniciativas a favor de los derechos femeninos en la región– también están siendo cuestionados.
El presupuesto para siete años de la UE está actualmente en estudio y la ola de austeridad en Europa ya previó su contracción.
La Comisión Europea dijo a IPS/Cimacnoticias que había propuesto que los programas de equidad de género y derechos femeninos recibieran la misma cantidad de fondos que hasta ahora, unos 800 millones de euros para los próximos siete años.
“Las medidas de austeridad tienen consecuencias negativas sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, pero también atentan contra la capacidad de éstas para escapar” de la situación, subrayó Pierrette Pale, del Lobby Europeo de las Mujeres.
*Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia Internacional IPS.
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