A Regina Martínez, a un año de su muerte
Imagine que su hijo de 22 años consigue un trabajo como fotógrafo de un prestigiado diario, que un mes después de comenzar felizmente su trabajo le llaman para anunciarle que fue asesinado con un amigo de 23 años.
Imagine ahora que en menos de seis horas, mientras la policía le permite identificar el cuerpo mutilado de su hijo, el procurador lo declara culpable de narcotráfico gracias a que los sicarios dejaron dos letreros señalándolos.
Son miles los casos en que la autoridad determina culpabilidad inmediata de personas que han sido inculpadas única y exclusivamente por sus victimarios.
Los procuradores de varios estados siguen declarando supuestos como hechos, hipótesis como prueba cuya única fuente es algún grupo de la delincuencia organizada.
Los cárteles, los sicarios y asesinos han entendido esta dinámica y la utilizan a su favor, para declarar contra militares y policías honestos, para culpabilizar a mujeres víctimas de feminicidio, para desacreditar a periodistas.
El 3 de octubre de 2012 las autoridades reportaron que Eduardo, hijo de Humberto Moreira, había sido asesinado y su cuerpo hallado a las 9 de la noche en un camino ejidal.
En menos de 48 horas la Procuraduría había explicado el supuesto móvil y señalado al supuesto culpable. Como sólo lo haría Scotland Yard, recabó testimonios como “pruebas contundentes” y pronto estaba a punto de cerrar el caso, pese a que la ciberpolicía halló una fotografía de Eduardo recién asesinado en su camioneta a plena luz del día (antes de las 5 de la tarde, por la luz), en la página de Facebook de un sujeto que vive en Cozumel.
Según la “evidencia”, Eduardo fue secuestrado a las 6:15 de la tarde, pero los hechos a la autoridad le preocupan menos que los resultados simulados. La Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJC) blindó al sobrino del gobernador para que no se investigara el móvil.
En contraste, hace unos días Claudia Brondo, delegada de la Procuraduría de Coahuila, llamó a la policía de Saltillo para describir con lujo de detalle la escena del crimen donde se hallaban los cuerpos de Daniel, el fotorreportero y su amigo.
El problema fue que la policía dio tres vueltas en el supuesto lugar de los hechos y no fue sino hasta la tercera que hallaron a los jóvenes. ¿Cómo se enteró esa funcionaria de lo que estaba por suceder? Según fuentes de la Procuraduría fue porque los propios sicarios “hacen eso de avisar a la Procuraduría todo el tiempo”.
Esas mismas fuentes me aseguran que el procurador dio instrucciones al Ministerio Público de poner “esa pinche carpeta con los narcos”.
Aunque no existe una sola acusación de comunicadores vinculados con los cárteles, según el trabajador de la PGJC, a lo que su jefe se refería era a no perder el tiempo con la investigación del asesinato.
Gracias a la indignación social, el gobernador Moreira tuvo que pedir una disculpa por la actuación del procurador, pero quien pidió perdón públicamente fue el secretario de gobierno, no el jefe de la Fiscalía. Estas declaraciones, sin el interrogatorio de Brondo y la sanción del procurador, son simple manejo de daños.
Justamente hace un año la colega Regina Martínez fue asesinada en Veracruz, e inmediatamente la Procuraduría aseguró que el móvil había sido un robo.
Ahora, en medio de una opaca investigación, el gobernador Javier Duarte presumió la sentencia del supuesto asesino. La investigación está plagada de inconsistencias; la autoridad asegura que el asesinato se cometió el 27 de abril, cuando la necropsia demuestra que fue ultimada el 28.
Hay una extraña urgencia de parte de las autoridades para asegurar que las y los periodistas no han sido asesinados por su labor de investigación, o por tomar fotografías de mafiosos y políticos; para ello utilizan todas las formas de simulación a su alcance.
Todos los días en México aproximadamente un 60 por ciento de las víctimas de delitos violentos serán tratadas como culpables por parte de la propia autoridad, sin un mínimo de procedimientos criminalísticos adecuados. En ese contexto nos corresponde a las y los periodistas investigar, evidenciar y aportar información, a pesar de los riesgos.
Regina conocía el peligro implícito en sus investigaciones. Los colegas del diario Vanguardia de Saltillo y El Siglo de Torreón y otros saben lo que es vivir bajo amenaza, pero gracias a su labor la sociedad entiende mejor la realidad y las víctimas tienen voz.
Por eso Regina y Daniel, y el resto de compañeras y compañeros, aunque no estén aquí tienen voz, vida y dignidad.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
13/LCR/RMB
abril 2013
Las consignas de las y los periodistas que se manifestaron ayer frente a la representación del gobierno de Veracruz en esta capital, resonaron ante el vacío de un interlocutor que escuchara la demanda colectiva de un gremio constantemente agredido por ejercer su derecho a informar.
Previamente, decenas de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y estudiantes se dieron cita a las 11 de la mañana en la Secretaría de Gobernación (Segob), para dar inicio a la Jornada Nacional en Defensa de la Libertad de Expresión, que se llevó a cabo de forma simultánea en 14 ciudades del país en demanda de que se garantice la seguridad de las y los periodistas.
En la entrada principal del Palacio de Covián, las y los informadores colocaron un esqueleto de cartón que sostenía un micrófono, cámaras fotográficas, así como pancartas, mantas y decenas de pañuelos bordados con los nombres e historias de las y los periodistas asesinados durante los dos sexenios panistas, ya que de 2000 a la fecha los casos ascienden a 81, además de los desaparecidos y desplazados.
La protesta conmemoró el primer aniversario luctuoso de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, de quien aún no se esclarece su asesinato pese a las múltiples solicitudes del semanario para acceder a la investigación judicial, que hasta el momento maneja la hipótesis de “crimen pasional”.
Regina Martínez radicaba en el estado que se ha convertido en el más peligroso para ejercer el periodismo en México, ya que el 30 por ciento de las y los periodistas asesinados en 2012 trabajaban en medios de comunicación de Veracruz, gobernado por el priista Javier Duarte, a quien se le acusa de censura contra la prensa y omisión en las investigaciones.
Así lo manifestó Judith Calderón Gómez, presidenta de La Casa de los Derechos de Periodistas, quien frente a la Segob leyó la carta que enviaron el viernes pasado a Enrique Peña Nieto para demandarle que se esclarezcan los crímenes contra las y los comunicadores, se castigue a los culpables y cese la impunidad.
En tanto eso sucede, el Círculo de Estudio Bordando por la Paz y la Memoria rescata desde septiembre pasado las historias de quienes murieron ejerciendo su labor periodística.
En los pañuelos que se colgaron frente a la Segob iban bordados los nombres completos de las y los periodistas, la entidad donde laboraban, y la forma en que se dio la agresión por parte del crimen organizado o las autoridades.
El hilo rojo representaba a quienes fueron asesinados, el verde para los desaparecidos, y el color morado en los casos de feminicidio, explicó a Cimacnoticias Juan José Sánchez, dirigente del Círculo de Estudio, quien bordaba mientras se llevaba a cabo la protesta.
Sin embargo, entre las más de 50 historias bordadas, sólo cinco corresponden a reporteras, entre las que se encuentran Regina Martínez, Linda Bejarano y Norma Moreno, ya que, expresó Sánchez, los bordados dedicados a las mujeres que faltan serán “más bonitos y tendrán mayor visibilidad”.
Tras la manifestación en la Segob, el grupo de periodistas –una mezcla de quienes marchaban y los que cubrían la protesta– caminó rumbo a la representación del gobierno de Veracruz, a unas calles de Gobernación, y lanzó consignas como: “Exigimos solución, no queremos represión”, “¿Qué exigimos los periodistas en el caso de Regina? ¡Justicia, justicia, justicia!”.
En la sede del gobierno veracruzano, Jesusa Cervantes, reportera de Proceso, propuso que el gremio implemente sus propios protocolos de seguridad ante la falta de una protección efectiva por parte del Estado, aunque eso no debe eximir al gobierno de otorgar garantías mínimas para que puedan trabajar sin miedo, e investigar a fondo los homicidios para que, por lo menos, se les haga justicia.
13/AFR/RMB
Lejos del espíritu con el que fue creada, la Alerta de Género se volvió una herramienta con fines partidistas mientras que a las mujeres las siguen matando.
Mientras las mexicanas son asesinadas de manera impune en gran parte del país y las autoridades no hacen nada para evitarlo, la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de acción inmediata contra el feminicidio estipulado en la ley desde 2007–, sigue sin aplicarse debido a “intereses partidistas”.
En seis años de que se plasmó esa medida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), organizaciones civiles de cinco estados del país (Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Estado de México e Hidalgo) han solicitado al gobierno federal –sin resultados– la declaratoria de AVG.
La LGAMVLV define a la AVG como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”. La norma estableció todo un procedimiento –afinado en su reglamento– que, a decir de activistas, complica la procedencia del mecanismo.
Según la ley, es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las Mujeres–, el encargado de admitir la solicitud de AVG, y posteriormente –tras la realización de una investigación que confirme el feminicidio– votar si procede o no la alerta.
Hasta ahora, el Sistema (encabezado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres) no ha ordenado en entidad alguna ni siquiera la investigación de los asesinatos de mujeres.
PARTIDISMOS
Angélica de la Peña, senadora por el PRD y una de las impulsoras de que la AVG quedara en la ley, considera que las negativas a declarar la alerta se deben a que ha sido utilizada con fines “políticos y partidistas”.
Explica que los gobernadores no ven en la AVG una oportunidad para detener la violencia feminicida, sino como una “amenaza o un señalamiento contra su gobierno”.
De la Peña califica como “lamentable y absurdo” este partidismo de las instancias que integran el SNPASEVM, ya que de manera anticipada niegan que se lleve una investigación en las entidades correspondientes, para que a partir de sus resultados se defina si se activa la AVG.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2005 a 2011 fueron asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país, y año con año las cifras de homicidios y desapariciones por razones de género van en incremento.
OPACIDAD
El estudio “Entre el discurso y resultados de la política nacional de los derechos de las mujeres 2008-2012”, elaborado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres, refiere que de los montos para el Fondo Nacional para la Declaración de AVG (que hasta 2011 ascendía a 19 millones de pesos) sólo se ha ejercido el 6.84 por ciento (apenas un millón 300 mil pesos).
A ese inejercicio de recursos, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, cuestiona la falta de transparencia de la Segob y el Inmujeres al no dar a conocer las razones por las que se han negado las solicitudes de AVG.
En días recientes, el Senado aprobó un exhorto a ambas dependencias para que expliquen el por qué de las negativas ante la alarmante situación de violencia de género que prevalece en México.
En otra muestra de opacidad, el pasado 19 de abril, cuando el Sistema sesionó para determinar si procedía una investigación en Hidalgo, las autoridades negaron “por razones de seguridad” que activistas de la entidad estuvieran presentes en la reunión, denuncia Rafael Castelán, integrante de Servicios de Inclusión Integral.
El activista recuerda que algunos de los argumentos del Sistema para negar una indagación en Hidalgo, fue que las organizaciones civiles “no demostraron” la violencia sistemática contra las mujeres ni que existieran razones de género.
Lo anterior contraviene lo estipulado en el artículo 34 del reglamento de la Ley General, según el cual no corresponde a las y los solicitantes demostrar la prevalencia del feminicidio.
NUEVA REFORMA LEGAL
Luz Estrada recalca que desde hace seis meses el OCNF y otras agrupaciones entregaron a la Segob un proyecto de reforma al reglamento de LGAMVLV, con el fin de eliminar los obstáculos que hasta ahora impiden que se declare la AVG.
Entre las propuestas, se define que sea sólo la Segob quien determine la procedencia de la investigación de los casos de violencia de género y de la AVG.
Se plantea también la creación de un grupo interdisciplinario encargado de esa indagación, conformado por personal académico y experto en la materia, y sin nexos partidistas.
Sin embargo, Angélica de la Peña observa que antes de modificar el reglamento se debe reformar la LGAMVLV, para determinar al organismo encargado de ordenar la investigación y decretar la AVG, y evitar así “malas interpretaciones”.
13/AZM/RMB
Realizan consulta para agenda de desarrollo después de 2015. Académicas mexicanas darán cátedra en Universidad de Toulouse. Violentan derechos de trabajadoras hondureñas. Mujeres Nobel urgen se enjuicie a ex dictador Ríos Montt. Analizan vida de las…
Realizan consulta para agenda de desarrollo después de 2015
Nueva York.- La Oficina Regional de ONU-Mujeres para las Américas y el Caribe realiza la consulta virtual “La igualdad de género y el empoderamiento de mujeres: el futuro que queremos”.
El referéndum se suma a otros como “Realizando el futuro que queremos en América Latina y el Caribe: hacia una agenda de desarrollo post-2015”, que tienen como fin determinar la agenda “post 15” tras cumplirse la fecha límite fijada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La consulta está abierta en la plataforma www.worldwewant2015.org/genero.
Académicas mexicanas darán cátedra en Universidad de Toulouse
México.- Olivia Gall, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, y Silvia Soriano Hernández, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), fueron elegidas como titulares de la Cátedra de Estudios Mexicanos del Instituto de Estudios Pluridisciplinarios de América, de la Universidad de Toulouse, en Francia.
Las catedráticas realizarán actividades de docencia e investigación. Gall efectuará estudios sobre racismo y discriminación étnica en el contexto europeo, y Soriano impartirá un curso sobre memoria y lucha social. (Con información del Boletín UNAM-DGCS-259).
Violentan derechos de trabajadoras hondureñas
Honduras.- El Colectivo de Mujeres Hondureñas (Codemuh) denunció a la maquiladora HanesBrands por el despido de 11 trabajadoras que tuvieron afectaciones a su salud, debido a las condiciones en que laboran.
También fueron amenazadas de despido otras 40 trabajadoras en la misma situación.
El Codemuh afirmó que estas acciones violentan el derecho de las mujeres a la salud física y mental, reconocido por la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. Desde 2008, la organización denunció ante la Secretaría de Trabajo los abusos y violaciones de la transnacional, pero sin resultado alguno.
Mujeres Nobel urgen se enjuicie a ex dictador Ríos Montt
Canadá.- Nobel Woman’s Iniciative pidió a las autoridades guatemaltecas continuar con el juicio contra el ex dictador Efraín Gómez Montt y el ex jefe de inteligencia militar Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Rigoberta Menchú, guatemalteca laureada en 1992 con el Nobel de la Paz, afirmó que si se revela la verdad de los hechos y se hace justicia, se contribuirá a hacer frente al dolor de las y los sobrevivientes.
Jody Williams, Premio Nobel en 1997, advirtió que si el caso no avanza las y los sobrevivientes del genocidio serán otra vez víctimas, debido a que al denunciar están arriesgando su vida.
Analizan vida de las mujeres en zonas fronterizas
México.- El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invitó al seminario internacional “Condición femenina en las regiones fronterizas. Los casos de México-Estados Unidos y Marruecos-España”.
Se abordarán temas relacionados con las condiciones de las trabajadoras, el activismo feminista, la identidad y las características sociodemográficas de las mujeres que viven en la frontera.
El seminario se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo próximo a las 10:00 horas en el Aula Magna Raúl Rangel del Colef, sede Tijuana. La entrada es libre.
13/MMS/RMB
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Guanajuato, Erika Lorena Arroyo Bello, afirmó que las diputadas locales no quitan el dedo del renglón y siguen trabajando para que en la ley se respeten los derechos políticos de las mujeres.
En entrevista, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que en el Congreso estatal hay dos iniciativas para fomentar la participación política femenina, pero están pendientes toda vez que desde enero pasado no se han analizado.
Al preguntarle sobre el retraso de estas propuestas, la diputada argumentó que en marzo pasado las y los legisladores iniciaron la glosa del Primer Informe de Gobierno de Miguel Márquez, lo que retrasó el trabajo legislativo, aunque confió en que pronto se retomen.
El pasado 31 de enero, las y los integrantes de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una propuesta, apoyada por organizaciones feministas, para crear la Ley de Paridad para el Acceso de las Mujeres al Ámbito Político-Electoral.
Después, el 8 de marzo, las siete diputadas locales presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución estatal y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local en materia de participación política femenina.
Esta propuesta busca establecer en la ley la obligación de los partidos de postular 50 por ciento de mujeres y hombres en candidaturas a cargos de elección popular, y destinar 2 por ciento de sus recursos a la capacitación de las mujeres.
“Desgraciadamente cuando hablas de acciones de equidad o de igualdad sustantiva los hombres se sienten un poquito atacados, pero bueno este será trabajo político de cada una de nosotras, de explicarles el sentido (de la propuesta)”, dijo la legisladora.
La diputada señaló que actualmente el número de mujeres en puestos de elección popular está lejos de la cuota del 60-40 que se estableció a nivel federal, toda vez que en Guanajuato hay sólo siete diputadas de 36 espacios, y dos alcaldesas de 46 municipios.
Ante esta situación, Arroyo Bello señaló que falta mucho por andar. “Esperamos leyes en materia de equidad, acciones afirmativas. Tenemos que tener mujeres en puestos de decisión, como alcaldesas, como senadoras”, demandó.
Por ello agregó que el tema sigue en la mesa y adelantó que no cerrarán los ojos ante una realidad: el deseo de más mujeres de estar en los espacios donde se promueven acciones afirmativas.
13/AGM/RMB
A nivel mundial, los casos de feminicidio representan entre el 15 y 17 por ciento del total de asesinatos registrados al año, alertó la organización suiza Small Arms Survey.
En su reporte “Feminicidio: un problema global”, la agrupación advirtió que alrededor de 66 mil mujeres mueren asesinadas brutalmente cada año.
Small Arms Survey aclaró que las cifras son inexactas por la falta de registros oficiales sobre el número de asesinatos, y debido a que la mayoría de los países carecen de un protocolo que permita definir cuáles de los crímenes corresponden a un feminicidio.
No obstante, la organización estimó que por cada 100 hombres asesinados son ultimadas 66 mujeres, por lo que se puede calcular que el feminicidio representa entre el 15 y 17 por ciento de los casos.
Precisó que más de la mitad de los 25 países con mayores tasas de feminicidio a nivel mundial están en América Latina y el Caribe.
El listado de países con mayor incidencia lo encabeza El Salvador con una tasa nacional de 12 asesinatos por cada 100 mil mujeres, le sigue Jamaica con 10 muertes por cada 100 mil, y después Guatemala, con 9 por cada 100 mil.
La organización con sede en Ginebra retoma como ejemplo a Ciudad Juárez, que en 2009 rebasó la tasa de feminicidio a nivel nacional. Mientras que para la urbe fronteriza se registraban 19 asesinatos por cada 100 mil mujeres, a nivel nacional la tasa correspondía a 2.5 por cada 100 mil.
Lo mismo ocurre en Brasil, toda vez que el país registra a nivel nacional 4.3 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, pero en el estado de Espíritu Santo ocurrieron 10 asesinatos por cada 100 mil mujeres en 2008.
De acuerdo con el informe, los mayores índices de asesinatos ocurren en países donde los sistemas de justicia tienden a ser “ineficientes”, pues no continúan con las investigaciones de los casos para dar con los responsables.
13/AZM/RMB
Las abuelas maternas mayores de 60 años asumen el cuidado de las y los nietos de forma indefinida, ante la partida de sus hijas al exterior en busca de trabajo, según una investigación de ONU-Mujeres publicada en Nicaragua.
El estudio “La migración femenina nicaragüense en las cadenas globales de cuidado en Costa Rica” analiza la migración femenina al país vecino.
Se citan datos del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo (INEC), que señalan que de cada 10 migrantes a Costa Rica 6 son mujeres, de las cuales 7 de cada 10 tienen entre 20 y 35 años de edad y la mayoría cuenta con educación secundaria.
En 15 estudios de caso, las mujeres migrantes nicaragüenses dejaron a sus hijas e hijos al cuidado de una mujer; en la mayoría de casos su madre, pero también a hermanas e hijas mayores de edad, y en menor medida a la suegra.
Según el análisis de ONU-Mujeres, las migrantes suelen dar por sentado que cuentan con sus madres para que cuiden a sus hijas e hijos, y ellas se ven imposibilitadas a negarse.
“Yo estaba enferma, pero tenía que apoyar a mi hija para que se fuera a trabajar a Costa Rica, porque no tenía trabajo”, dijo Tomasa García, una mujer de 70 años originaria de Jinotepe, al sur de Managua, quien lleva cinco años cuidando cuatro nietos que le dejó su hija Teresa.
Ella envía al mes la remesa para los gastos del hogar y sólo se reúnen dos veces al año cuando Teresa regresa en vacaciones.
Para algunas mujeres tomar la responsabilidad de cuidar de los hijos de una migrante se convierte en un deber que no está sujeto a libre elección ni discusión, y muchas veces el arreglo entre la migrante y la cuidadora suele ser muy flexible, sin llegar a precisar tiempos, recursos, ni condiciones, señala el estudio de ONU-Mujeres.
La psicóloga María José Sáenz, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, explica que se crea una dependencia emocional de las abuelas y cuando regresa la migrante en muchos casos hay conflictos cuando se les separa de las y los nietos.
La especialista sostiene que en otros casos las abuelas se cansan o enferman al cuidar de las y los nietos, porque este proceso revive una responsabilidad que creían ya pasada, y además en la mayoría de casos no están en las mismas condiciones de salud.
La psicóloga recomienda relaciones y acuerdos basados en el respeto, y pide no convertir a las abuelas en las trabajadoras del hogar al servicio de las y los nietos, ya que también se debe involucrar a los padres, así como establecer roles y compromisos con cuotas de responsabilidad de cada una de estas personas.
También las madres migrantes se ven afectadas emocionalmente, toda vez que algunas viajan con sentimientos de culpa por separarse de sus hijos.
El estudio de ONU-Mujeres indica que en los casos analizados se aprecia una violación del derecho de las adultas mayores a recibir cuidados y protección de parte de la familia, y que se requiere que esta problemática tenga un enfoque amplio sobre los derechos de las mujeres y el Estado se haga responsable al respecto.
13/NR/RMB
La infinidad de flashazos la deslumbran y le taladran el cerebro. Clara Tapia Herrera se siente desmayar en medio de ese torbellino de cámaras fotográficas y de televisión… del cúmulo de grabadoras de reporteras y reporteros que consignan que ella –sin saberlo– ahora es “cómplice” del llamado “Monstruo de Iztapalapa”.
Es el 6 de septiembre de 2011. En el bunker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se presenta ante los medios a Jorge Antonio Iniestra Salas, de 32 años, cinco personas más –entre ellas dos de sus hermanas y un hermano–, y a Clara Herrera, de 44 años y ex pareja del primero.
Todos en un primer momento acusados por los delitos de secuestro, homicidio en razón de parentesco, lesiones calificadas en razón de parentesco, corrupción de menores, trata en su modalidad de explotación laboral de menores y violencia intrafamiliar.
Clara, con una blusa y sudadera de color rojo, aparece sentada; está muy seria y en su gesto pétreo parece apretar los dientes. Le resulta inconcebible que ella, que padeció años de humillaciones y violencia de parte de Jorge Antonio, ahora sea presentada como una criminal. Es tanto el dolor que le es imposible llorar.
Iniestra Salas secuestró y violó durante siete y cuatro años (respectivamente) a sus dos hijastras, Gabriela y Rebeca; a esta última la asesinó en 2009 junto con la hija pequeña producto de la violación.
Clara era una mujer que lo único que quería era el bienestar de su familia. Pero eso no le importó al sistema judicial: ella pasó de ser víctima a presunta responsable del secuestro y violación de sus dos hijas.
A casi año y medio de distancia, Clara sigue presa en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en la delegación Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, en espera de ser sentenciada o lograr su libertad. Es acusada del delito de corrupción de menores contra sus tres hijos: Gabriela, Rebeca y Ricardo.
En entrevista con Cimacnoticias en ese penal, Clara narra su historia, el horror vivido al lado del que en verdad es un “monstruo”, su miedo a denunciar por haber sido amenazada, la búsqueda y negación de justicia, y su rabia por padecer una doble victimización.
Con el uniforme azul marino característico de las internas de este reclusorio, esta mujer morena y de facciones recias se muestra tímida. Como muy pocas veces, lleva suelto su cabello negro y lacio; luce unos pequeños aretes.
Al iniciar la conversación, Clara toma inesperadamente la mano de la reportera y en voz baja comienza a hablar como una niña atemorizada: “Sigo teniendo miedo. ¡Jorge aún está ahí! ¡Se va a burlar de mí! ¡Lo conozco! ¡Tengo miedo!”.
La mujer no oculta el pavor que le provoca el reencuentro cara a cara con su ex pareja a pocos días de realizarse una audiencia en el Reclusorio Sur en la que ella narraría su historia ante un juez, los abogados y el propio Jorge Antonio, detenido en ese penal.
Tras lo que pareció una regresión infantil, Clara toma aire y se infunde valor para relatar su vida, pero no le es fácil. Su rostro tiene un aura de desamparo mientras que sus ojos carecen de brillo. Al hablar muestra una dentadura ennegrecida por los cuatro años que tuvo que comer de la basura al darle todo su dinero a Jorge Antonio Iniestra.
VIDA DE VIOLENCIA
Clara es originaria del municipio poblano de Chiautla. Cuenta que desde que tenía 10 años de edad comenzó a vivir episodios de violencia en su propio hogar. Las lágrimas vuelven y es tan apretado el dolor que prefiere no dar detalles de esos momentos que la marcaron al grado de considerar como “normales” tales agresiones.
Estudió enfermería, pero no concluyó sus estudios porque “se enamoró” por vez primera y tuvo un embarazo que provocó que la expulsaran de la escuela. Así nació Gabriela, su primogénita. Su entonces pareja evadió la responsabilidad paterna y las abandonó.
Años después, Clara creyó volver a encontrar el amor. Se casó y tuvo dos hijos más: Rebeca y Ricardo. Durante 12 años sufrió humillaciones, insultos y golpes de parte de un esposo alcohólico. Luego él emigró a Estados Unidos y desapareció de su vida.
Sola y con tres hijos buscó trabajo. Encontró empleo como conserje en la escuela primaria Manuel C. Tello, en la colonia San Lorenzo Xicotencatl, delegación Iztapalapa.
Clara entonces comenzó a ahorrar con la ilusión de comprar una casa, pero entonces el dinero ya no alcanzaba y buscó un segundo empleo. En un golpe de buena suerte encontró trabajo de limpieza en una casa donde se exhibían muebles.
Ahí conoció a Jorge Antonio, su compañero de trabajo. El guardia de seguridad privada se acercó a ella y la comenzó a cortejar.
El 25 de octubre de 2004 él la invitó a salir. Nunca antes alguien la había llevado a comer o tomar algo a un sitio que ella considerara “lujoso”. Su carácter serio y reservado no le ayudaba a tener amistades y mucho menos a socializar en lugares públicos.
Por eso ese día que fue a un Sanborns con Jorge Antonio ella se deslumbró. Acostumbrada a no salir de su casa, Clara se sintió incómoda. El “Monstruo de Iztapalapa” le habló de libros, películas y viajes. “Me apantalló”, acepta abrumada.
Él le presumió que era egresado de la universidad, contador de profesión como su padre y una persona que trabajaba “por hobby”, ya que al provenir de una familia “acomodada” no tenía necesidad de ganar un sueldo.
Esa noche ella le contó su vida, sus desamores, la violencia de su todavía esposo y los pasajes de violencia que vivió de niña. Jorge Antonio hasta la animó a denunciar la violencia de su ex marido y la acompañó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para presentar una queja.
Por tercera ocasión, Clara creyó que encontraba el amor.
EL INFIERNO
“¡Ahora lo sé! ¡Lo tenía todo planeado!”, exclama la mujer en una mezcolanza de rabia y llanto. Revivir ese episodio fue como si Clara abriera de nuevo los ojos para darse cuenta de que su ex pareja le mintió todo el tiempo, que le mostró una falsa preocupación por ella y por el bienestar y educación de sus hijas con tal de lograr su cometido.
En enero de 2005, tres meses después de haberse conocido, Jorge Antonio se fue a vivir con ella a la conserjería de la escuela. Fue entonces que el verdadero rostro del sujeto salió a la luz: Él le advirtió que por sus presuntos conocimientos de contabilidad a partir de ese momento controlaría el dinero de la familia.
Con su forma de hablar y sus argumentos, Iniestra se ganó a los niños con regalos y poco a poco Clara fue relegada de la familia. Pasaba el tiempo y Jorge Antonio comenzó a mostrar su lado más violento. Las agresiones verbales se volvieron frecuentes.
La noche del 25 de marzo de 2005 Clara descubrió a su pareja violando a Rebeca, de sólo 12 años de edad. El llanto de su otra hija de 15 años, Gabriela, ante la atrocidad del “monstruo” fue lo que la despertó.
En ese momento –relata con los ojos húmedos– Clara sintió furia y coraje. Pensó en hacer algo pero el miedo la paralizó.
Jorge exclamó que estaba enamorado de la niña y que era “una relación normal”. “Dijo que él tenía amigas que tuvieron hijos desde los 13 años y no pasaba nada porque las autoridades no hacen caso y no les creen (aduciendo a la violación), así que a mi tampoco me creerían”, recuerda Clara las palabras que le lanzó Iniestra.
ESCLAVITUD
En 2006 –continúa Clara su relato– Iniestra les prohibió a las niñas salir del cuarto donde vivían con el argumento de que procuraba su bienestar lejos de las “malas influencias”. Las ventanas nunca más se abrieron porque él las selló con tabique y madera.
Clara nunca estuvo de acuerdo con esa situación; en el fondo sabía que “no era normal”. Pero pudo más su miedo ante las amenazas del “monstruo” de matar a su hijo Ricardo y llevarse lejos a las niñas si ella denunciaba lo que ahí pasaba.
Según la PGJDF, el 80 por ciento de las denuncias de violencia intrafamiliar son por agresiones psicológicas.
A cambio de saber cómo estaban sus hijas secuestradas, la mujer le entregaba cada semana a Jorge Antonio todo el dinero que ganaba como conserje que en promedio eran seis mil pesos mensuales. Pero para el presunto criminal eso no era suficiente.
Clara fue obligada además a vender baratijas o ropa usada en los tianguis de Iztapalapa. Sin un peso en la bolsa, ella se alimentaba de las sobras de comida que recogía de los botes de basura en los mercados ambulantes.
Desde junio de 2007 hasta el 2009 Clara y su hijo Ricardo fueron obligados a vivir en la azotea de la conserjería. Ella mantuvo económicamente a su ex pareja, quien hasta se compró un taxi con el dinero que le entregaba cada semana.
Tal fue la esclavitud que padecieron Clara y sus hijos que Jorge Antonio inventó lo que él llamó un “sistema de puntos” para permitir a la mujer ver a Gabriela y Rebeca.
Tal sistema consistía en que Clara y Ricardo hicieran todo lo que el “monstruo” les ordenara a fin de que juntaran “100 puntos” y así dejarles ver a las niñas, quienes sólo se asomaban por una ventana.
Pero si desobedecían alguna indicación o hacían algo que no era del agrado de Jorge Antonio, de inmediato perdían los “puntos” alcanzados.
En octubre de 2006 y abril de 2007, Rebeca y Gabriela –respectivamente– salieron de su cautiverio sólo para parir a sus hijos producto de las violaciones de Jorge Antonio, quien le exigió a Clara que aportara más dinero para la manutención de sus hijas y los bebés.
Ella tuvo que trabajar al cuádruple. Además de las labores como conserje y la vendimia en los tianguis, consiguió un empleo nocturno de limpieza en un cine y los fines de semana lavaba ropa. Su jornada laboral fue de más de 12 horas diarias
Jorge Antonio controlaba la tarjeta de débito de Clara y además recibía dinero en efectivo.
El 18 de junio de 2009 hubo un asalto a la conserjería y sin el consentimiento de Clara, el “monstruo de iztapalapa” secuestró a las niñas en una casa que tenía en la colonia Renovación, en la misma delegación.
Después del secuestro, Jorge Antonio iba cada mes a buscar a Clara (a la consejería) para “informarle” el estado de sus hijas a cambio de dinero. Durante los siguientes dos años y en cada visita Clara le suplicaba para que le regresara a sus hijas, pero él le contestaba “que ellas no querían verla”.
LA DENUNCIA
Alejada de su familia y sin amigos, Clara no pudo más y ya en 2011 se armó de valor para pedir ayuda y rescatar a sus hijas.
Buscó a su hermana mayor Cruz para que la acompañara a pedir información ante varias instituciones.
Las personas que escucharon su historia la cuestionaron por no haber hecho nada, la calificaron de “mala madre” y hubo quien le restó importancia a lo narrado.
Clara y su hermana recurrieron a la asociación Alto al Secuestro, de la activista y ex candidata del PAN al Gobierno del DF, Isabel Miranda de Wallace, para preguntar cómo poner una denuncia. Pero la recepcionista, de nombre Gabriela, las paró en seco y les dijo que sólo se atendían casos con denuncia de por medio.
Luego acudieron al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) “Juana de Asbaje” –dependiente del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal–, en la sede de la delegación Cuauhtémoc, donde la responsable, Ana Vanessa Rodríguez Rivas,
les dijo que su jefa –la ahora diputada federal del PRD Malú Micher– sólo veía “casos relevantes y no asuntos como ése”.
En la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, hubo quien le dijo a Clara que ella tenía la culpa por permitir todo lo sucedido.
En julio de 2011 en la Fevimtra, Rosa María López Suárez, entonces subdirectora de Coordinación y Enlace en Materia de Trata de Mujeres y Niños, las atendió pero les dijo que en la Fiscalía se revisaban delitos del ámbito federal y por tanto el caso no era de su competencia.
La funcionaria las remitió al Centro de Terapia de Apoyo a Victimas de Delitos Sexuales (CTA) de la PGJDF.
Todo este vía crucis duró tres meses. Hartas de ser ignoradas por las autoridades, Clara y su hermana tomaron papel y lápiz y en 22 hojas describieron siete años de violencia. Clara redactó en primera persona todo lo que ella y su hijo recordaban. Lo hizo con mucho detalle para que quien lo leyera se percatara de la gravedad del asunto.
El 1 de julio de 2011 Clara acudió a la Coordinación Territorial
IZP-6 de la PGJDF en Iztapalapa, para levantar una denuncia de la que resultaron los delitos de corrupción de menores, explotación laboral infantil, violación equiparada, retención y sustracción de menores, amenazas, extorsión, robo y abuso de confianza. Los hechos quedaron asentados en las causas penales 245/2011 y 256/2011.
LA JUSTICIA EN SU CONTRA
La mujer narra que el martes 6 de septiembre de 2011 recibió una llamada telefónica de personal de la PGJDF para que se presentara a reconocer a las personas detenidas por su denuncia.
Cuando acudió a reconocer a los detenidos en el lugar había mucha gente, fotógrafos y camarógrafos. Una mujer se acercó a ellas y preguntó “¿Quién es Clara Tapia?”. Ella se puso de pie y acompañó a la mujer.
“¿Señorita, yo también puedo pasar?”, alcanzó a preguntar su hermana Cruz antes de que se marcharan. Un agente le respondió “no señora, solamente ella”, a la vez que le explicó que “sólo le harían un examen médico”.
Minutos después, Clara apareció sentada junto a Jorge Antonio y sus supuestos cómplices. Era su presentación ante los medios.
Sin orden legal, ni aviso previo, ella pasó de víctima a “delincuente”. Lo peor fue que en ese momento Clara se enteró de que su hija menor Rebeca –que ya tendría 18 años de edad– y su nieta de tres meses fueron asesinadas por su ex pareja en 2009, justo el año en que las había secuestrado.
Ahora esta mujer tiene una doble condición jurídica: es acusada de corrupción de menores, pero también es defendida como presunta víctima de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con lo que le dijeron los agentes de la PGJDF, Clara supuestamente se auto incriminó en su denuncia en la que explicó con exactitud cada hecho, “como si fuera cómplice”.
Por la violación a sus Derechos Humanos al ser exhibida ante los medios con engaños y sin una orden de presentación, el 27 de marzo de 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación a la Procuraduría capitalina, pero ésta la rechazó al considerarla sin sustento.
El futuro de Clara está ahora en manos del Juzgado 64 penal, a cargo de Casiano Carlos Morales García, quien determinará si fue víctima o culpable y si sigue en prisión o es liberada para que pueda reencontrarse por fin con sus hijos, Gabriela –ahora de 23 años– y Ricardo, de 19.
13/AGM/RMB/LGL
Admite Corte someter a discusión controversia por reforma antiaborto
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó hoy por mayoría de votos someter a discusión la Controversia Constitucional 89/2009 presentada por el municipio queretano de Arroyo Seco, en contra de las reformas antiaborto realizadas por el Congreso local en 2009.
Tras cinco años de que las autoridades municipales de Arroyo Seco presentaran la controversia constitucional –juicio que se solicita a la SCJN cuando hay diferendos entre las constituciones federal y locales que atentan contra los derechos de las personas–, ocho magistrados (de los 11 que conforman el Pleno) votaron a favor de resolver su procedencia en la sesión del próximo lunes.
Cabe recordar que la controversia constitucional fue presentada a raíz de que en septiembre de 2009 el Congreso de Querétaro modificó el párrafo cuarto del artículo segundo de la Constitución estatal, a fin de “proteger la vida desde la fecundación”.
El argumento central del municipio de Arroyo Seco es que la decisión interfiere en su obligatoriedad de brindar servicios de salud integrales a las mujeres, así como en la obligación de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres (NOM-046-SSA2-2005), que mandata ofrecer servicios de anticoncepción de emergencia en caso de violación sexual.
El recurso de controversia fue llevado ante el Pleno por el ministro de la Segunda Sala José Fernando Franco. Las y los ministros discutieron hoy si el recurso aún tenía validez, toda vez que Querétaro reformó nuevamente, en marzo pasado, el artículo segundo de su Constitución.
De acuerdo con el ministro Franco, la nueva modificación no revoca los objetivos que motivaron el recurso, ya que se trató de reformas al orden en el que aparecen los párrafos del artículo, pero no se modificó el contenido que motivó la solicitud de controversia.
En la sesión de la SCJN estuvo presente Jorge Serrano Limón, dirigente del Comité Nacional Provida, así como representantes de las organizaciones Aquesex y Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, éstas dos últimas a favor de la controversia.
Al término de la sesión, activistas dijeron a Cimacnoticias que es un avance que la Corte no haya desechado el caso y que decidiera discutirlo a profundidad, aunque prefirieron no adelantarse a la decisión del próximo lunes.
Además manifestaron que la discusión de hoy demostró que hay ministros dispuestos a agotar el procedimiento.
En una conferencia de prensa previa a la sesión de la SCJN, Alejandra Martínez, integrante de Aquesex, consideró que una resolución favorable significaría un avance para las mujeres queretanas, ya que las reformas antiaborto entre 2008 y 2009 en 17 estados –incluido Querétaro–, además de representar un obstáculo para el acceso a la salud de las mujeres, vulneran la dignidad de la población femenina.
La feminista señaló que esas reformas también han contribuido a que se criminalice a las mujeres, e informó que de 2009 a la fecha han sido sentenciadas por abortar tres mujeres en la entidad y “aunque la cifra parezca mínima, es una injusticia que se juzgue a las mujeres por interrumpir su embarazo cuando decidir sobre su cuerpo es un derecho fundamental”.
Baja California y San Luis Potosí fueron los primeros estados en presentar una controversia constitucional en la materia ante la SCJN en 2011, pero no se alcanzaron los ocho votos necesarios para decretar la invalidez de las normas antiaborto.
Una vez que se resuelva el caso de Arroyo Seco, la SCJN deberá discutir las controversias constitucionales –motivadas por las mismas circunstancias–, que fueron presentadas por los municipios de Asunción Ixtaltepec (Oaxaca) y Uriangato (Guanajuato).
13/AZM/RMB
Redes de trata enganchan con falsos empleos a centroamericanas
Ofertas de trabajo en los países de destino y oportunidades de estudio en el extranjero son los principales “ganchos” que se utilizan para la trata de personas en El Salvador.
En este país centroamericano, la trata de personas se ha convertido, junto con el narcotráfico, en uno de los delitos más extendidos que afecta sobre todo a niñas de entre 12 y 17 años de edad, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Las autoridades migratorias afirman que las medidas de seguridad han aumentado y que la revisión de documentos es personal y exhaustiva cuando se trata de niñas.
“El disfraz de migración que le dan a la trata de personas hace que los mismos familiares de las niñas faciliten su salida del país, elaborando permisos que permiten a las jóvenes atravesar las fronteras”, comentan oficiales de migración de la frontera Anguiatu, que une Guatemala con El Salvador.
“Si las niñas llevan todos sus documentos legales, aunque sospechemos no podemos hacer nada”, concluyen los oficiales.
Tal es el caso de Cecilia, “Cecy”, como le dicen sus familiares. Tenía 16 años cuando una amiga de su madre le ofreció ir a trabajar a México en su restaurante, y que allá le pagaría los estudios.
La madre de la joven preparó los documentos necesarios para que viajara como turista por tierra a México con la persona que le ofreció el trabajo y así lo hicieron.
Según la madre de Cecy, era la mejor opción, ya que la zona en la que viven tiene altos índices de violencia y pandillas, y uno de sus hermanos había sido asesinado recientemente. La mujer no quería que su hija sufriera la misma suerte.
Para sorpresa de la adolescente, el trabajo que le ofrecieron disfrazado de mesera por el día era una fachada para la explotación sexual comercial.
Comenta Cecy que al no tener dinero se vio forzada a aceptar que le pagaran con comida, ropa y donde dormir, además de que quienes la engancharon la amenazaron con que si denunciaba algo a las autoridades matarían a su mamá en El Salvador.
La madre de la joven perdió contacto con ella durante dos años, hasta que la persona que se la llevó fue capturada en México por tráfico de drogas, y tras un proceso legal, Cecy regresó a su hogar deportada desde México.
La víctima de trata narra que ha sido la peor experiencia de su vida y que junto a ella había mujeres de Nicaragua y Guatemala que sufrían la misma suerte, todas habían sido engañadas.
Según las autoridades del Ministerio de Justicia, en El Salvador muchos de los casos de trata están relacionados con las pandillas, aunque reconocen que existen otras redes organizadas que operan incluso a nivel internacional.
En los últimos siete años se han logrado 44 condenas por el delito de trata; se judicializaron 12 casos, y se investigaron 45. A finales de 2012 se logró la primera condena de una red organizada que operaba en la zona occidental del país, informó el Ministerio de Justicia.
Entre las acciones de gobierno que se realizan está la creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, y la recientemente lanzada Política Nacional de la Trata de Personas.
También hay un anteproyecto de ley para endurecer las condenas penales y aumentarlas de 14 a 20 años de cárcel.
13/MS/RMB