La cerrazón de la jerarquía católica y de algunos grupos de la sociedad civil contra el aborto, entraña una falta de caridad y misericordia para comprender las circunstancias que llevan a las mujeres a interrumpir el embarazo. Esta situación ha contribuido a la estigmatización y rechazo social hacia las mujeres.
La maternidad debe ser una elección y no una imposición. La interrupción del embarazo implica un conflicto de valores o deberes para muchas mujeres católicas que se encuentran en el dilema de continuar o no con un embarazo.
Las circunstancias son diversas: su salud física y emocional podría estar en riesgo; han sido víctimas de violencia sexual, son mujeres adultas con muchos hijos, entre otras.
Existe una rica y profunda tradición bíblica y teológica que interpone la conciencia humana y la vida plena de la persona humana sobre las leyes y enseñanzas religiosas.
Es decir, frente a un dilema moral, las y los católicos tienen no sólo el derecho sino el deber de tomar sus decisiones de acuerdo con los dictados de su conciencia, incluso cuando sus elecciones contradigan las enseñanzas de su Iglesia que no han sido declaradas dogma. Por tal motivo, nunca ha habido una sola postura al interior de la Iglesia católica sobre el aborto.
Las enseñanzas morales, incluida la decisión de practicarse un aborto, no son infalibles, es decir no son dogma. Esto significa que ningún Papa, hasta la actualidad, ha declarado el aborto como un dogma de fe. En otras palabras la tradición acepta diversas formas de interpretar y valorar la conducta de los fieles católicos, tomando en cuenta sus circunstancias.
Cabe destacar que la tradición católica le ha conferido un gran valor a la libertad de conciencia, base de la dignidad humana. La primacía de la conciencia sobre las enseñanzas del magisterio eclesial es parte esencial de esta doctrina.
El papa Juan Pablo II y el papa Benedicto XVI lo expresaron en diversas ocasiones: “Si el hombre advierte en su propia conciencia, una llamada, aunque esté equivocada, pero que le parece incontrovertible debe siempre y en todo caso escucharla”.
Este claro reconocimiento de la primacía de la conciencia fue ratificado por el Concilio Vaticano II (1962-1965), máxima autoridad en la Iglesia católica, que en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, afirma:
“La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad…
“La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa…
“El Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza todas las esclavitudes, que derivan, en última instancia, del pecado; respeta santamente la dignidad de la conciencia y su libre decisión.”
Ante el dilema de continuar o no con un embarazo, la doctrina católica también establece el principio del mejor camino. De manera general podemos decir que este principio se aplica cuando una persona se encuentra en un conflicto de valores y deberes o en un dilema ético de conciencia, en el que cualquiera de las decisiones que tome no será una decisión fácil para la mujer.
En una situación así, las personas tienen el derecho a elegir lo que consideren causará el menor daño, decisión que tomarán siguiendo los dictados de su conciencia. En estos casos, las personas no incurren en ningún mal moral, ni éticamente, ni frente a Dios.
Por lo anterior, podemos expresar que las decisiones tomadas a conciencia, son decisiones moralmente válidas que deben ser respetadas y salvaguardadas, de acuerdo con lo que dice la doctrina católica.
Este respeto implica el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la autoridad moral que tienen todas las personas para decidir libremente el mejor camino de acuerdo con sus circunstancias, incluidas las decisiones relacionadas con la sexualidad, la reproducción y el aborto.
De acuerdo a la Encuesta de Opinión Católica 2010, existe una marcada diferencia entre lo que opina la feligresía católica y la jerarquía eclesial en torno a temas relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos: 8 de cada 10 católicas y católicos mexicanos consideran que las leyes que prohíben el aborto en cualquier circunstancia atentan contra la libertad de las mujeres para decidir en su interior lo que es moralmente bueno o malo.
Este hallazgo muestra que la libertad de conciencia es un valor indiscutible para la feligresía mexicana. Asimismo, entre el 70 y el 74 por ciento del total de fieles entrevistados está de acuerdo en que una mujer pueda hacerse un aborto si su vida o su salud están en peligro.
Estos datos nos permiten concluir que la población católica en México manifiesta su comprensión de las circunstancias que orillan a las mujeres a decidir interrumpir un embarazo y considera que no dejan de ser buenas católicas por tomar esta decisión, lo que demuestra una confianza en la autoridad moral de las mujeres, así como un respaldo decidido a su derecho a decidir.
**Coordinadora del Área de Violencia de Género de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), y fundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
*Integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
13/MLE/SF/RMB
abril 2013
Derechos Humanos y migración
Este artículo podría empezar enumerando la larga lista de problemáticas de salud, educación, seguridad, apoyo al desarrollo, justicia, protección, etcétera, que enfrenta la población en contextos de migración.
Sin embargo, los datos disponibles que reflejan esta compleja problemática no son el centro del análisis que se propone.
Estas notas se proponen explicar los obstáculos que enfrentan las personas en contextos migratorios para acceder al disfrute a sus derechos.
En el caso del derecho a la salud, esto abarcaría los insumos, servicios de prevención y atención de la salud, al trato oportuno, digno y de calidad en los servicios públicos, y finamente la posibilidad de que la salud sea un elemento más que posibilite el desarrollo, seguridad e integridad de las personas.
Todos estos elementos ineludibles en la dimensión de la salud como un DERECHO.
Asimismo en este artículo se describirá el conjunto de estrategias que impulsan organizaciones y redes ciudadanas nacionales y transnacionales, aglutinadas en un espacio de coordinación denominado Colectivo PND Migración, para lograr que el Estado actualice su responsabilidad en la promoción, defensa y garantía de todos los derechos para las poblaciones en las migraciones, incluyendo por supuesto el derecho a la salud.
PUNTO DE PARTIDA
Los derechos de las personas no están en cuestionamiento. México, como el resto de los países que integran la ONU, reconoce a toda persona no sólo el derecho a la salud, sino el conjunto de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales que integran en sentido amplio el concepto de los Derechos Humanos (DH).
Al respecto, también la Constitución mexicana, las leyes especiales, sectoriales y generales son fuentes jurídicas de los DH en su conjunto.
Este cuerpo jurídico debiera indicar que proteger el disfrute de los DH es una alta prioridad para el gobierno mexicano. En correspondencia también tendríamos que encontrar robustas, articuladas y bien diseñadas políticas públicas con financiamiento suficiente, sin las cuales es imposible atender las múltiples y específicas necesidades de su población, independientemente del lugar de la frontera en donde se encuentren.
Esto además debiera ser de especial atención si recordamos que la población en situación de migración (la que se va y la que se queda) provee la segunda fuente de ingresos económicos a nuestro país.
Empero, la evidencia muestra contradicciones. Por ejemplo, en el campo de la salud podemos verificar reducciones importantes al financiamiento público, también podemos hablar de que la reforma al sector en la última década sólo enfatiza la responsabilidad personal contra la responsabilidad estatal, lo que conduce a reducir los alcances al derecho a la salud a un paquete predefinido de servicios que tienen una alta razón costo-eficiencia.
Este escenario no es privativo de la salud, la tendencia ideológica neoliberal de recortes al gasto público puede generalizarse a toda la política social de México, que implica el supuesto de la atención a las personas migrantes.
Paradójicamente, la población con mayores aportes económicos reconocidos enfrenta mayores riesgos a sufrir violaciones a sus DH.
La movilidad se conforma así como un riesgo potencial a sufrir vejaciones, secuestros, asesinatos, violaciones, extorsiones a cargo del crimen organizado o de autoridades corruptas, que quedarán en la absoluta impunidad.
Esta realidad no sólo es cierta para poblaciones centroamericanas en tránsito, sino también para las y los mexicanos.
Un segundo punto de partida es cómo se explica y formulan las alternativas de respuesta a lo que se denomina el fenómeno de la migración.
Para gobiernos anteriores, el asunto de la migración es un asunto de gestión y administración de las poblaciones migrantes, y en el peor de los casos es un tema de seguridad nacional.
Por ello es tiempo de reafirmar que las causas que provocan que 11 millones de mexicanos vivan en EU, y un número no determinado haya cambiado su domicilio original son la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la violencia.
La acción del gobierno ha sido insuficiente para parar las más graves de las violaciones a los derechos de las y los migrantes, ha sido incapaz de mejorar las condiciones que impulsan año con año a más personas a sumarse a los flujos migratorios por necesidad.
Incluso en muchas situaciones, la acción gubernamental es la causa directa de que se incremente la inseguridad y con ello aumente la necesidad de buscar un lugar donde vivir en paz.
La mejor forma de explicar por qué aún en condiciones de inseguridad las personas siguen abandonando sus comunidades, es desde el concepto de vulnerabilidad estructural, entendida como el sistema de relaciones sociales de subordinación de orden económico, político y socioculturales que limitan la capacidad de prevenir y responder a los riesgos a la salud, la seguridad y la integridad.
La vulnerabilidad limita la capacidad de decidir, de acceder a recursos (de información y económicos), y oportunidades. Coloca a las personas en riesgo inminente de sufrir daños a la salud, a la integridad y a la vida.
¿QUÉ SE HACE?
Ante el cambio de gobierno, organizaciones ciudadanas con trabajo en migración unieron esfuerzos para tratar de incidir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
Un grupo integrado por el Instituto de las Mujeres en la Migración, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Fundar, Sin fronteras, y Salud Integral para la Mujer, entre otras organizaciones, apostó a constituir una articulación para la incidencia en la política pública, y fortalecer el marco de protección gubernamental de los DH de las personas migrantes.
Empleando una metodología participativa, convocaron a llenar un cuestionario con ocho preguntas básicas de identificación sobre sus temas de acción, sus prioridades y las instancias de gobierno y políticas públicas con las que estaban en permanente contacto.
De los resultados derivó la Agenda Estratégica Transnacional (AET), la cual es un documento inédito, no sólo porque representa un proceso analítico colectivo, sino porque además ha permitido articulaciones entre organizaciones que trabajan sectores, ubicaciones, problemáticas, poblaciones y demandas distintas.
En la AET se priorizan temas como sistema nacional de responsabilidad y rendición de cuentas, enfoques paradigmáticos, reorganización de la arquitectura institucional-reglamentaria para la atención de los migrantes, coordinación y garantía de derechos.
El Colectivo PND Migración también realiza otras estrategias como trabajo comunitario para difundir qué es el PND y el Programa Nacional de Migración, y por qué las personas en contexto de migración deben interesarse y participar en su diseño.
Además se articula con otros movimientos sociales que defienden los DH de poblaciones vulnerables por razón de clase, etnia, género o edad.
El Colectivo también apoya y promueve la interlocución directa entre personas migrantes en México y EU, el fortalecimiento de sus organizaciones y la búsqueda de espacios de representación.
ESCENARIOS FUTUROS
México tiene la oportunidad de contar por primera vez con un programa sectorial que articule e incremente la coordinación gubernamental de acciones dirigidas a la población migrante, ubicadas en algo más de 31 diferentes dependencias federales.
También tiene la oportunidad de diseñar acciones que incorporen las mejores prácticas y protejan los DH. En resumen, estamos ante la posibilidad de construir una política de Estado que restituya de la injusticia, de la invisibilidad y de la marginalidad a este grupo poblacional tan importante.
Por ello, el Colectivo PND Migración convocó el pasado 24 de abril al conversatorio “Hacia el Programa Nacional de Migración: Presupuesto para una política migratoria de Estado”, a fin de discutir la propuesta ciudadana de un Anexo Presupuestario Transversal para el tema migratorio, identificar áreas críticas presupuestales pendientes, e identificar vías de trabajo intersectorial en su construcción.
El conversatorio en materia presupuestal es uno de los cuatro foros que el Colectivo PND Migración realizará este año y que se avocarán en temas como estructura legal-reglamentaria, coordinación intersecretarial e intersectorial, y transversalización de los enfoques: seguridad y desarrollo humano, género y justiciabilidad de los derechos.
En este camino pareciera ser que las demandas de las mujeres se han desdibujado, pero sólo se han formulado en generalizaciones orientadoras de la política pública.
En el Colectivo PND Migración sostenemos una agenda de género y nos aprestamos a dar propuestas para atender las necesidades de las mujeres en contextos de migración, y buscamos visibilizar en el espacio de lo público las desventajas que enfrentan las mujeres aún dentro de las propias organizaciones sociales.
Hemos denominado a este núcleo de organizaciones interesadas como la Articulación Género-Migración y en breve esperamos presentarles una ruta de acción específica.
Ése es nuestro compromiso con los millones de mujeres mexicanas y de otras nacionalidades que esperan a que sus derechos sean respetados por el Estado y la sociedad.
Para conocer a integrantes, documentos de interés y actividades del Colectivo PND Migración visita http://www.imumi.org/pnd/.
*Axela Romero Cárdenas es abogada y maestra en políticas públicas, feminista y especialista en equidad de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
13/ARC/RMB
Aparentemente sólo un número. En realidad una gran tragedia para todas esas personas sin empleo.
Más de 6 millones de personas sin empleo en un país cuyos índices de corrupción y de enriquecimiento ilícitos están al orden del día, es motivo más que suficiente para que la sociedad diga alto y claro ¡¡¡BASTA YA!!!
No nos merecemos el gobierno que tenemos. No nos merecemos que nos engañen sistemáticamente en todo lo que nos cuentan. No nos merecemos un presidente que no da la cara, o una panda de ministros que con una desfachatez, pocas veces vista, nos toman el pelo cada semana, con cada Consejo de Ministros o cada vez que abren la boca.
Nos engañan cuando nos dan datos y los tergiversan a su antojo. No engañan cuando suben los impuestos al conjunto de la ciudadanía para que sólo unos pocos sigan enriqueciéndose a cualquier precio.
Nos engañan cuando privatizan servicios públicos como la sanidad para que se lucren sus amigos y la gente tenga peores servicios. Nos engañan cuando dejan la educación pública en manos de los de faldas largas y negras para que adoctrinen a nuestras hijas e hijos y a nuestra juventud.
Nos mienten cuando vacían de contenidos materias tan sensibles como la igualdad entre mujeres y hombres dando a entender por activa y por pasiva que para nada es importante, mientras se abre la brecha de desigualdades en todos los ámbitos.
Nos mienten cuando quieren hacernos creer que con la retirada de ayudas a la dependencia y la nueva recaída de los cuidados de las personas mayores, menores y dependientes sobre las espaldas de las mujeres, pretenden conciliar.
Nos miente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando pretende hacernos creer que la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es para ajustarla a la Constitución, tal y como expone en su magnífico artículo mi amiga Mar Esquembre Cerdá, desmontándole con argumentos jurídicos al impresentable del ministro Gallardón.
Nos engañan y pretenden creer que no pasa nada. Y sí que pasa. Pasa que las mujeres en particular y la ciudadanía en general nos estamos enfadando. Y mucho. Pasa que se han cruzado muchas líneas rojas y eso tiene un precio.
Y mientras los de faldas largas y negras sólo abren la boca para reclamar la abolición de aquellas medidas de justicia social y democrática que les cuestionan su poder político, pese a estar en un Estado aconfesional.
Y gritan y patalean pidiendo la derogación de la Ley Orgánica antes mencionada defendiendo la vida del nonato, mientras dejan morir de enfermedad y hambre a quienes ya se lo han arrebatado todo.
Y Gallardón pretendiendo defender la vida incluso de quienes ya se sabe que van a vivirla de una manera poco digna por tener malformaciones antes de nacer. Pero al mismo tiempo tomando medidas para que a quienes teniendo ayudas por dependencia, se les retiren.
Y mientras los bancos siguen ganando dinero, mientras desahucian a personas que no pueden pagar sus hipotecas. Personas con dignidad que por una crisis que no han creado, que no hemos creado, incluso deciden perder la vida antes de perder la dignidad, su dignidad.
Y en el colmo de la indecencia política pretenden hacernos creer que el conjunto de la ciudadanía vivíamos por encima de nuestras posibilidades.
¿Qué es esto? ¿Desde cuando tener un empleo más o menos precario con salarios que ya se han encargado de ir bajando desde hace más de 10 años es vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿Por qué no se preguntan por todo lo que se ha especulado con los recursos naturales para el enriquecimiento de unos pocos y lo denuncian?
Pretenden, con su cansino discurso de las medidas impuestas por Bruselas, hacernos creer que somos culpables de la situación y no es cierto. Hay muchas formas de hacer política y las medidas que se están tomando vemos que no aportan soluciones, por tanto es el momento de que se vayan. Sí, que les echemos antes de que consigan arruinarnos del todo.
Gobernar significa tomar decisiones para mejorar, nunca para empeorar y los dos grandes partidos que han gobernado esta crisis han estado tomando medidas que están lejos de mejorar la situación de la ciudadanía.
Y se veía venir cuando el PSOE y el PP pactaron con tanta rapidez la reforma de la Constitución de hace un par de años. No era normal que, después de tantas diferencias, de pronto surgiera la convergencia en un tema tan sensible y que debería haber sido consultado en referéndum. Se antepusieron los intereses del capital frente a los intereses del conjunto de la ciudadanía. Y nunca dieron la cara. Y así nos va.
Estoy, y creo que estamos, con un gran enfado por lo que está ocurriendo y cómo se está gestionando. Muy cabreada con la pérdida de derecho a la que nos han abocado esta panda de malos gobernantes.
Muy asqueada de ver cómo los talentos y las fuerzas de más de 6 millones 200 mil 700 personas se están desaprovechando y encima les echan la culpa de los males del desgobierno de esta gentuza.
Muy enfadada por observar cómo el futuro de las y los jóvenes es oscuro como la noche y se sienten perdidos ante la falta de expectativas y de cómo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el colmo de la desfachatez, habla de la emigración de nuestros jóvenes talentos en el sentido en el que lo hace.
Estoy harta de escucharles mentir sobre nuestro sistema de pensiones diciendo una cosa y al día siguiente la contraria mientras marean y asustan a nuestros pensionistas que se han ganado su derecho a una pensión digna por toda una vida de trabajo.
Harta de escuchar cómo criminalizan a toda la sociedad de sus errores y de ver cómo nos castigan con sus decisiones.
Es hora de pedir responsabilidades y pedirles que se vayan ya. Y como se han vuelto sordos a los clamores de la calle, vamos a reforzar esos clamores con una iniciativa que pretende recoger 6 millones 200 mil 700 firmas pidiendo que se vayan. La podréis encontrar en este enlace de change.org.
Yo ya firmé, aparte de participar en otras actividades porque quiero que sepan que estoy enfadada y que, aunque nunca voté ni creí a nadie de los dos grandes partidos, ahora EXIJO que, los que están se vayan y los que aspiran también se lo hagan mirar a fondo y, de ese modo, dejen paso a otra forma de resolver los problemas de la ciudadanía que pasen por la recuperación de los valores y de la dignidad de las personas y sobre todo que nos dejen decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. ¿Lo entiende señor Gallardón?
Espero que lo entienda y se vaya con sus ideas retrógradas y caducas a otro planeta, que seguro que los de faldas largas y negras le habrán preparado para su descanso. Pero a las mujeres déjenos decidir en paz sobre nuestras maternidades y nuestros cuerpos.
¡Ah!! Y de paso llévese con usted a toda la panda de ineptos que comparten gobierno con usted y, también ya que está, se lleva también al diputado Toni Cantó. Las mujeres se lo agradeceremos especialmente.
¡¡¡¡¡Váyanse ya, por mentirosos!!!!!
[email protected]
*Corresponsal, España. Periodista de Ontinyent.
13/TMC/RMB
¿En qué siglo estamos? Le pregunto porque a menudo las mujeres entramos al túnel del tiempo. Una conversación me hizo pensar que vivía dos o tres siglos atrás.
El túnel del tiempo se abrió ante mis ojos una cálida tarde en medio de un salón de belleza. Ahí estaba de lo más despreocupada esperando mi turno para un corte de cabello. Leía una revista de asuntos sin importancia, y escuchaba lo que un par de señoras platicaban entre sí.
Con una edad imprecisa entre los 40 y los 50 años, el par de mujeres platicaban de una reunión con amigas, en la que se habían divertido mucho. Luego, la compararon con otra reunión. Y fue en ese instante en el que se abrió el túnel del tiempo.
“Es que es mucho más divertido reunirnos en la noche –dijo una de las señoras– porque así ya no tenemos ningún pendiente; de hecho, a mí me es más complicado por la mañana porque tengo que dejar mil cosas resueltas en el negocio antes de ir a los desayunos”.
“A mí también se me facilita en la noche –intervino la otra– pero, ya ves, con las del otro grupo sólo podemos reunirnos en la mañana, con eso de que sus maridos no les dan permiso… Lo bueno es que nuestros maridos nos lo permiten”.
Dejé a un lado la revista para mirar detenidamente el lugar. No estaba en el castillo de algún señor feudal. Tampoco en medio de una plaza del siglo XVIII. Y, sin duda, Napoleón no era el emperador.
Sin embargo, las frases “no les dan permiso” y “nos lo permiten” me remitían a condiciones que las mujeres han vivido desde que la historia alcanza a registrar.
Durante siglos las mujeres fuimos consideradas menores de edad, que debíamos ser “guiadas” por el señor de la casa, léase: el padre, el abuelo, el hermano, el marido, el hijo, el cuñado o el sacerdote.
A principios del siglo XIX la tutela masculina sobre nosotras se hizo legal. El Código Napoleónico establecía que las mujeres debíamos obediencia al hombre de la casa; a tal punto que, en los hechos, se convertía en nuestro amo y señor. Ese código influenció las leyes de muchos países, entre ellos, el nuestro.
Por ejemplo, el Código Civil Federal obligaba a las mujeres a vivir a lado de su marido y a dedicarse al cuidado del hogar; podía desempeñar una profesión, tener un empleo o dedicarse al comercio, siempre y cuando el marido no pudiera sufragar los gastos y diera su autorización.
Y no vaya a creer que le estoy hablando del siglo XVIII. ¡Esa ley estuvo vigente en nuestro país hasta 1974!
Así que al oír a estas señoras me percaté de que el túnel del tiempo es una constante para muchísimas mujeres. Algunas viajan –viajamos– sólo a veces; otras, todo el tiempo.
Egresamos de las universidades, pero las tareas domésticas siguen siendo nuestra principal, cuando no única, responsabilidad.
Trabajamos fuera de casa, pero buscamos empleos de medio tiempo porque el cuidado de las hijas y los hijos recae principal o únicamente en nosotras. Utilizamos aparatos de alta tecnología, pero necesitamos el permiso de nuestro marido para fijar la hora en que nos reuniremos con las amigas.
Total, navegamos por internet y por el túnel del tiempo.
Las mujeres necesitamos conquistar autonomía para sincronizar los relojes, para dejar de vivir al mismo tiempo en dos tiempos.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
13/CL/RMB
Lejos del espíritu con el que fue creada, la Alerta de Género se volvió una herramienta con fines partidistas mientras que a las mujeres las siguen matando.
Mientras las mexicanas son asesinadas de manera impune en gran parte del país y las autoridades no hacen nada para evitarlo, la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de acción inmediata contra el feminicidio estipulado en la ley desde 2007–, sigue sin aplicarse debido a “intereses partidistas”.
En seis años de que se plasmó esa medida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), organizaciones civiles de cinco estados del país (Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Estado de México e Hidalgo) han solicitado al gobierno federal –sin resultados– la declaratoria de AVG.
La LGAMVLV define a la AVG como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”. La norma estableció todo un procedimiento –afinado en su reglamento– que, a decir de activistas, complica la procedencia del mecanismo.
Según la ley, es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las Mujeres–, el encargado de admitir la solicitud de AVG, y posteriormente –tras la realización de una investigación que confirme el feminicidio– votar si procede o no la alerta.
Hasta ahora, el Sistema (encabezado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres) no ha ordenado en entidad alguna ni siquiera la investigación de los asesinatos de mujeres.
PARTIDISMOS
Angélica de la Peña, senadora por el PRD y una de las impulsoras de que la AVG quedara en la ley, considera que las negativas a declarar la alerta se deben a que ha sido utilizada con fines “políticos y partidistas”.
Explica que los gobernadores no ven en la AVG una oportunidad para detener la violencia feminicida, sino como una “amenaza o un señalamiento contra su gobierno”.
De la Peña califica como “lamentable y absurdo” este partidismo de las instancias que integran el SNPASEVM, ya que de manera anticipada niegan que se lleve una investigación en las entidades correspondientes, para que a partir de sus resultados se defina si se activa la AVG.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2005 a 2011 fueron asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país, y año con año las cifras de homicidios y desapariciones por razones de género van en incremento.
OPACIDAD
El estudio “Entre el discurso y resultados de la política nacional de los derechos de las mujeres 2008-2012”, elaborado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres, refiere que de los montos para el Fondo Nacional para la Declaración de AVG (que hasta 2011 ascendía a 19 millones de pesos) sólo se ha ejercido el 6.84 por ciento (apenas un millón 300 mil pesos).
A ese inejercicio de recursos, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, cuestiona la falta de transparencia de la Segob y el Inmujeres al no dar a conocer las razones por las que se han negado las solicitudes de AVG.
En días recientes, el Senado aprobó un exhorto a ambas dependencias para que expliquen el por qué de las negativas ante la alarmante situación de violencia de género que prevalece en México.
En otra muestra de opacidad, el pasado 19 de abril, cuando el Sistema sesionó para determinar si procedía una investigación en Hidalgo, las autoridades negaron “por razones de seguridad” que activistas de la entidad estuvieran presentes en la reunión, denuncia Rafael Castelán, integrante de Servicios de Inclusión Integral.
El activista recuerda que algunos de los argumentos del Sistema para negar una indagación en Hidalgo, fue que las organizaciones civiles “no demostraron” la violencia sistemática contra las mujeres ni que existieran razones de género.
Lo anterior contraviene lo estipulado en el artículo 34 del reglamento de la Ley General, según el cual no corresponde a las y los solicitantes demostrar la prevalencia del feminicidio.
NUEVA REFORMA LEGAL
Luz Estrada recalca que desde hace seis meses el OCNF y otras agrupaciones entregaron a la Segob un proyecto de reforma al reglamento de LGAMVLV, con el fin de eliminar los obstáculos que hasta ahora impiden que se declare la AVG.
Entre las propuestas, se define que sea sólo la Segob quien determine la procedencia de la investigación de los casos de violencia de género y de la AVG.
Se plantea también la creación de un grupo interdisciplinario encargado de esa indagación, conformado por personal académico y experto en la materia, y sin nexos partidistas.
Sin embargo, Angélica de la Peña observa que antes de modificar el reglamento se debe reformar la LGAMVLV, para determinar al organismo encargado de ordenar la investigación y decretar la AVG, y evitar así “malas interpretaciones”.
13/AZM/RMB
La Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) instó al Congreso a reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Trata de Personas, antes de que la Secretaría de Gobernación (Segob) elabore el reglamento correspondiente.
En rueda de prensa, la directora de CATWLAC, Teresa Ulloa, consideró además que se debe realizar primero el reglamento de la Ley General de Víctimas, recién publicada en el Diario Oficial de la Federación, para detectar los “vacíos legales” respecto al apartado que garantiza la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata.
Lo anterior, luego de que en días recientes Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, anunció que la dependencia trabaja en un reglamento para establecer medidas de prevención y protección a las víctimas de ese crimen.
Ulloa propuso que la Ley de Víctimas se armonice con la de Trata, a fin de que las niñas y las mujeres accedan a la reparación integral del daño, toda vez que –advirtió– la Ley de Víctimas es “más generosa en este sentido”.
Además de corregir, armonizar y elaborar los reglamentos de ambas leyes, CATWLAC planteó la necesidad de que se integren los fondos para el apoyo a víctimas, tanto para resarcir el daño como para reubicarlas y cambiar su identidad, cuando los tratantes sean grupos del crimen organizado.
Respecto a las modificaciones a la Ley General de Trata, Ulloa puntualizó que se deben corregir los artículos 18, 19, 20 y 35, debido a que son “ambivalentes” y lejos de proteger a las víctimas permiten que los tratantes y consumidores se amparen legalmente.
Puso como ejemplo el artículo 35, que establece una pena de 2 a 40 años de prisión a quien con pleno conocimiento de la situación, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios en cuya cadena productiva existan víctimas de trata.
La activista afirmó que debido a que en la mayoría de los casos no es posible probar que los usuarios finales son conscientes del delito, este artículo es improcedente.
Ulloa exhortó al Poder Judicial para que se respeten los acuerdos de confidencialidad de las víctimas, ofendidas y testigos, ya que en muchos casos han detectado que las autoridades locales no protegen la identidad de las denunciantes, ya que otorgan datos personales a quienes consultan los expedientes, sin percatarse de que los tratantes podrían ubicar a sus víctimas para agredirlas.
En 2012, CATWLAC atendió 28 casos de niñas y mujeres tratadas, y en el primer trimestre de este año ya lleva 12 registros. Sin embargo, afirmó Ulloa, su organización recibe tres denuncias diarias en promedio, pero no tiene la capacidad financiera y humana para recibirlas o canalizarlas.
13/AFR/RMB
Con los votos en contra de los ministros Margarita Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que la reforma a la Constitución de Querétaro que protege la vida desde la “fecundación” es inválida, porque al aprobarla el Congreso local cometió graves irregularidades legislativas.
Aunque la SCJN aún no entra de lleno al análisis de la norma impugnada en la controversia constitucional 89/2009, en la sesión de hoy una mayoría de ocho ministros se pronunció por declarar inválido el artículo segundo de la Constitución queretana, que “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde la fecundación”.
La controversia constitucional interpuesta por el municipio de Arroyo Seco señala que el Congreso estatal violó el proceso legislativo, porque cada vez que se reforma la Constitución local la Legislatura debe enviar el dictamen a los ayuntamientos para que den su opinión, lo cual no ocurrió como lo plantea la ley.
Asimismo el municipio alegó que para que una reforma constitucional sea promulgada es necesario que antes de que el Ejecutivo la publique, dos terceras partes de los municipios deben dar su voto a favor, lo que asegura Arroyo Seco no ocurrió y por tanto se violentaron sus garantías legales como municipio y su participación en el proceso legislativo.
Al presentar su posición a favor de la reforma Provida, el ministro Pérez Dayán señaló que las irregularidades no ameritaban la invalidez porque los ayuntamientos emitieron su voto, aunque fuera después de la aprobación. “Si alguno de ellos creyera que su capacidad de opinión fue burlada, estarían aquí en una controversia constitucional”, dijo.
En tanto la ministra Luna Ramos y el ministro Pardo Rebolledo se pronunciaron por no discutir el tema y sobreseer, es decir desechar, la controversia constitucional.
En contraparte, la ministra Olga Sánchez Córdero señaló: “Coincido con los que han manifestado que las violaciones al procedimiento legislativo son de tal gravedad que son suficientes para invalidar la norma general impugnada, y desde luego, son invalidantes, lo que para efectos prácticos lleva a considerar la inexistencia normativa de esta reforma”.
En la próxima sesión las y los ministros analizarán cuál es el alcance de la invalidez, ya que cuando una controversia
constitucional es interpuesta por un municipio los efectos de la resolución sólo tienen efectos en la autoridad quejosa, en este caso el municipio de Arroyo Seco.
Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz acotó que de hacer caso a esta regla se mantendría una “situación disfuncional” porque en Querétaro se protegería la vida desde la fecundación, excepto en Arroyo Seco, por lo que dijo que se pronunciará por declarar la inexistencia de la norma y no sólo su invalidez.
A esta posición se sumaron las ministras Luna Ramos, Sánchez Cordero y el ministro Franco González, quienes señalaron que debido a que se trata de una norma que fue aprobada en condiciones irregularidades se debe considerar que no debió ser publicada, y por tanto no existe y no tienen efectos en ningún municipio del estado.
En la sesión de hoy estuvieron presentes representantes de organizaciones feministas como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, y la Asociación Queretana para la Educación de las Sexualidades Humanas (Aquesex), que apoyó la controversia constitucional de Arroyo Seco.
Nadia Sierra, consultora jurídica de Aquasex, dijo que sin que el Pleno entrara al fondo del asunto se pudo observar que el trabajo legislativo mal hecho tiene repercusiones, y consideró que la maternidad libre y voluntaria para las queretanas se garantizará una vez que esta reforma sea declarada inconstitucional.
En la sesión de la SCJN se dijo que en caso de que se declarara la inexistencia de la norma, el Congreso local tiene la posibilidad de volver a legislar sobre este mismo tema, pero respetando el proceso legislativo, aunque a decir de la activista, la Legislatura tendría que pensar en las repercusiones antes de reponer el procedimiento.
En tanto, Elsa Conde, integrante de la Colectiva Ciudad y Género, agrupación que es parte de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, apuntó que el debate de la SCJN está dejando en claro que las 17 reformas a las constituciones locales que “protegen la vida desde la concepción-fecundación”, se hicieron sin escuchar a la sociedad y sin pensar en los efectos que tendrían para las mujeres.
Aseguró que el caso de Arroyo Seco demuestra que hubo una premura por impulsar estas reformas, y afirmó que aún falta ver cómo se pronunciará el Pleno del alto tribunal sobre temas relevantes como la Norma 046 para atender a víctimas de violación sexual, y el derecho a acceder a métodos anticonceptivos.
13/AGM/RMB
Los Derechos Humanos (DH) de las mujeres migrantes fueron reconocidos dentro de los acuerdos del 46 periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas (CPD46).
En la resolución final de la CPD46 –cuyas sesiones se celebraron del 22 al 26 de abril en la sede de la ONU en Nueva York–, se incluye el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes, quienes según estimaciones, representan el 50 por ciento de la población migrante a nivel global.
Para este año el eje temático de las reuniones fue “Nuevas tendencias de la migración: aspectos demográficos”, por lo que en los resolutivos se hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU a reconocer la importancia de la migración para el desarrollo de los países.
Dentro de las resoluciones finales se llama a que las naciones reconozcan su responsabilidad en promover y proteger los DH, así como las libertades fundamentales de todas y todos los migrantes, “especialmente los de las mujeres y las niñas”.
El documento final –actualmente sólo disponible en inglés– urge a los gobernantes a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y programas llevados a cabo en el ámbito de la migración.
Lo anterior debido a que existen efectos positivos de la migración al empoderar a las mujeres, así como la importancia de sus contribuciones al desarrollo económico, social y humano de sus países de origen y los de destino.
La CPD46 exhortó a los países a emprender acciones para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y a eliminar la coerción, discriminación, tráfico de personas, explotación y abuso sexual que padece en mayor medida la población femenina migrante.
Del mismo modo, convocó a los países a proveer de manera integral servicios de salud “que sean particularmente sensibles a las necesidades individuales de mujeres y adolescentes”, y en los cuales su condición de migrante no impida el acceso a ellos.
Llamó a que estos servicios respondan a su situación de “menor empoderamiento social” y se brinde particular atención a las víctimas de violencia sexual.
Uno de los puntos de la resolución define que se debe garantizar el acceso a servicios de prevención y tratamiento de VIH/Sida, y que se implementen medidas para prevenir la violencia sexual y facilitar la anticoncepción de emergencia, así como acceso al aborto seguro en los países donde esté permitido por la ley.
De acuerdo con la CPD46, mientras no se creen oportunidades para la independencia económica y empoderamiento de las migrantes, pueden incrementarse los riesgos que las lleven a la explotación y vulnerabilidad de sufrir violaciones y abusos en su contra.
La Comisión de Población y Desarrollo depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), y da seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994.
13/AZM/RMB
“Se fue a una finca de café. Era muy discriminada, no le dieron un trabajo justo. Estuvo dos meses. Cuando regresó tuvimos la posibilidad de lograr una beca para sus estudios”, dijo Rosa Marina Ramírez Tomás, madre de una niña que participó en un proyecto de desarrollo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos.
El proyecto “Programa regional para el fortalecimiento de capacidades de protección, asistencia a personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad en Mesoamérica”, se llevó a cabo en San Marcos, departamento fronterizo que registra uno de los mayores flujos migratorios. La iniciativa tuvo como objetivo prevenir la migración de menores de edad no acompañados.
En 2012 fueron retornados desde México 2 mil 380 guatemaltecos menores de edad, 497 niñas y adolescentes (20 por ciento del total), mientras que en 2011 se reportaron 400. No obstante, es incierto el número real de niñas y niños que emigran de manera irregular por la ausencia de controles fronterizos.
Entre 2010 y 2012, el proyecto de OIM proporcionó becas escolares a 239 menores de edad, un 40 por ciento fueron para niñas. La iniciativa además incluyó proyectos productivos y la campaña de comunicación y sensibilización “Camina seguro, la información es tu mejor equipaje”.
“Agradezco mucho los consejos y la capacitación. Lo que más me gustó es que me apoyaron a seguir con mis estudios. Me gusta estudiar y me va bien”, comentó Evelyn. La niña de 14 años cambió la visión de la migración después de la experiencia que vivió. Hace dos años viajó al estado mexicano de Chiapas, fronterizo con San Marcos.
“Me fui dos meses, junto a mi hermano, me pasé el río. Trabajamos en una finca de café, pero nos trataban mal”, contó.
A pesar de las largas horas de trabajo en la finca, después de un mes recibió como pago sólo 100 pesos mexicanos. “Les pagaron más a los hombres. Me sentí mal porque fue discriminación”, lamentó.
“Yo estuve con gran tristeza cuando mi hija se fue. Gracias a Dios ya no se volvió a ir. Estoy muy contenta con ella y me siento bien por saber que está aquí conmigo y además sigue estudiando”, explicó Rosa Marina, madre de Evelyn y de seis hijos más.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las y los niños que trabajan en las fronteras regularmente dependen de sus explotadores para recibir seguridad, comida y refugio.
La mayoría soporta condiciones de trabajo atroces y son frecuentemente usados como mano de obra barata, explotados en trabajos domésticos, lo cual supone graves consecuencias para la vida y la salud de las y los niños. Las niñas son más vulnerables a la trata de personas relacionada con el comercio sexual.
Las razones más comunes que mueven a la niñez a emigrar son escapar de la pobreza, la falta de oportunidades o la violencia que enfrentan en sus países de origen, según el reporte “Los derechos de los niños en el contexto de la migración internacional 2012”, presentado por la organización Ririki Intervención Social.
La explotación laboral ahora es sólo un mal recuerdo para Evelyn. Con el apoyo de su madre, asiste al primer año de secundaria en la escuela de su comunidad, Tuimuca, en el municipio de Concepción Tutuapa.
María Lupe Félix Aguilón compartió su alegría pues su hija Brenda, de 13 años, también fue beneficiada con el proyecto: “Me sentía mal, pues se fue a trabajar vendiendo chicles y dulces para pagar sus estudios, pero ya va para dos años que no se va a México”.
“Hace pocos años no trabajábamos este tema de prevención de migración en nuestros niñas y niños. Pero es una necesidad. Gracias al proyecto sensibilizamos a las y los menores participantes, a sus compañeros de escuela, maestros y padres de familia”, explicó Cándido Carrillo Crisóstomo, coordinador administrativo de la Asociación de Desarrollo Integral Nimal Tnam (ADIN), socia de OIM en la ejecución del proyecto.
El programa de ayuda finalizó en 2012. Gracias a sus resultados, la OIM replica la experiencia y beneficia a niñas y niños de otros municipios marquenses con altos índices de migración: Tacaná y Tajumulco.
13/RL/RMB
El abogado y doctor en Derecho Alejandro Madrazo Lajous, considera que la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la personalidad jurídica de un óvulo fecundado, puede sentar precedentes en la interpretación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Hoy, el Pleno de la SCJN comenzó el análisis de la controversia constitucional que presentó el municipio de Arroyo Seco, Querétaro, en contra de la reforma al artículo segundo constitucional aprobada por el Congreso local en 2009, y la cual “protege la vida desde el momento de la fecundación”.
Ésta es la primera de tres controversias constitucionales en torno a “la protección de la vida desde la concepción-fecundación”. Los municipios de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y Uriangato, Guanajuato, también demandaron la inconstitucionalidad de las reformas avaladas en sus respectivos estados.
DISCUSIÓN TRASCENDENTE
En entrevista, Madrazo Lajous, el abogado responsable de dos de los tres recursos jurídicos (Guanajuato y Oaxaca), explica la relevancia de esta discusión en la que por primera vez se pone en entredicho a tres de las 17 reformas constitucionales aprobadas desde 2008 a la fecha, a fin de frenar la despenalización del aborto en aquellas entidades.
“Estamos ante una situación bastante peculiar porque en las controversias constitucionales hay una disposición funcional que establece que cuando sean interpuestas por municipios en contra de leyes estatales o federales, sólo tendrán efectos para el municipio. Sin embargo, la propia Constitución contempla que la Suprema Corte tendrá que especificar los alcances de una declaratoria de inconstitucionalidad”, detalla el experto.
Prosigue: “No vamos a saber cuáles son los alcances hasta que no conozcamos el fallo. La Suprema Corte tiene que atender cuáles son esos alcances. Estaríamos en una situación muy extraña si se declara inconstitucional una porción de una Constitucional local, pero se siguiera aplicando en el resto del estado y no sólo en ese municipio”.
Alejandro Madrazo acota que de declararse que la Constitución de Querétaro es inconstitucional, habría más posibilidades de que las mujeres obtuvieran la protección de sus derechos sexuales y reproductivos a través del amparo ante la SCJN.
“Creo que lo más importante de estos fallos son los precedentes que pueden sentar al interpretar los derechos sexuales y reproductivos que nuestra Constitución consagra, y que van a permitir desenmarañar la estrategia de la Iglesia para obstaculizar estos derechos con reformas locales que contravienen la Constitución federal”, agrega el abogado.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Madrazo Lajous, profesor-investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica los argumentos para sostener que las reformas Provida en Querétaro, Oaxaca y Guanajuato son contrarias a la Constitución:
“Hay dos tipos de argumentos sustantivos. Uno tiene que ver con el federalismo. Ese argumento es que en nuestra Constitución federal todas las personas tendrán los mismos derechos fundamentales y que sólo la Constitución puede modificarlos. Para tener un sistema unificado de protección constitucional vía derechos fundamentales, debe existir un concepto unificado de quiénes son titulares de esos derechos, es decir, debemos tener un solo concepto de persona y por lo tanto un solo concepto de titular de derechos fundamentales.
“Si permitimos que cada jurisdicción varíe el concepto de persona, eso también varía quiénes son titulares de derechos fundamentales. Si la Corte permite que los estados redefinan quién es persona y quién no, sentaría un precedente para que cada estado decida quién sí merece protección constitucional y quién no. Hoy en día las reformas expanden el concepto de persona para incluir al óvulo fecundado”.
El doctor en Derecho advierte que al extender la protección constitucional a un óvulo fecundado como si fuera una persona “estamos diciendo que hay una persona adentro del cuerpo de una mujer, y que por tanto la mujer ya no tiene derecho sobre su cuerpo, sino que esa persona tiene un derecho porque ahí reside”.
“No puede la definición de persona variar según la jurisdicción y la preferencia de cada estado. La definición de persona sólo debe estar establecida en la Constitución federal”, recalca.
El otro argumento para sostener la inconstitucionalidad de las reformas Provida tiene que ver con los derechos fundamentales de las mujeres, por ejemplo el derecho a la salud, abunda Alejandro Madrazo.
“Si se afirma que el óvulo fecundado es una persona, entonces el uso del DIU (dispositivo intrauterino), al inhibir la implantación o la fecundación, se podría considerar como el homicidio de una ‘personita’. El DIU se vuelve problemático bajo las nuevas reformas constitucionales, que se aprobaron para afectar los derechos fundamentales de las mujeres. Ésos son los dos grandes argumentos: el federalismo y los derechos de las mujeres”.
El también investigador en derechos sexuales y reproductivos agrega que otro elemento para alegar la inconstitucionalidad de tales reformas es la “criminalización” que se ha desatado contra las mujeres.
“En Guanajuato se procesa a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, no por aborto sino por homicidio calificado en razón de parentesco. Entonces, si dices que el óvulo fecundado y por tanto el aborto es el homicidio de un hijo o una hija no nacido, lo que estás haciendo es incrementando la criminalización de las mujeres. Estas reformas han sido utilizadas como una excusa para ejercer violencia institucional contra ellas”.
REFORMAS AL VAPOR Y “EN LO OSCURITO”
Madrazo Lajous asegura que muchas, si no es que todas, de las 17 reformas a las constituciones locales que “protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación” fueron “hechas al vapor y carecen de técnica legislativa”.
“La propuesta del ministro José Fernando Franco va por la inconstitucionalidad. Al parecer uno de los argumentos fuertes en el caso de Arroyo Seco es que el procedimiento de reforma constitucional fue violentado”, señala el abogado.
Explica: “Todas estas reformas fueron hechas vía exprés y en lo oscurito. En Querétaro se hicieron comparecencias en el Congreso local para hacer consultas públicas; yo participé. Literalmente estaba terminando la comparecencia ante la Comisión del Congreso, es decir, todavía no terminaba la consulta pública sobre la reforma cuando ya estaban sometiendo al Pleno la votación”.
El investigador advierte que un argumento relevante en el proyecto del ministro Franco es la inconstitucionalidad por violación al proceso de reforma constitucional: “Eso no quiere decir que sea el único argumento, (las reformas) deben ser inconstitucionales bajo argumentos sustantivos y no nada más procesales”.
Respecto a si estos tres casos (Querétaro, Oaxaca y Guanajuato) podrían abrir el camino para que se declaren inconstitucionales las demás reformas Provida en el país, Alejandro Madrazo aclara que cada una de ellas tendría que ser impugnada y habría que verse cómo son impugnadas.
La SCJN no puede hacer la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma que no ha sido impugnada, añade. “Cada reforma constitucional tiene una redacción distinta, pero también tenemos constituciones locales diferentes en términos de cuáles son las facultades que les atribuyen a los municipios”, concluye el especialista.
13/AGM/RMB