La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó hoy el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional”.
El ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, enfatizó que en el protocolo se incluyeron principios de igualdad y no discriminación; no devolución, unidad familiar, no revictimización, interés superior de niñas, niños y adolescentes; gratuidad de los servicios, y la presunción de inocencia.
El documento que consta de 135 cuartillas cuenta con el apartado “No discriminación e igualdad”, en el que se asienta que las mujeres representan el 49 por ciento del total de las personas migrantes en el mundo, en su mayoría jóvenes y que algunas de ellas huyen de la discriminación o la violencia.
El protocolo establece que las mujeres migrantes que cruzan el territorio nacional están expuestas a violencia sexual, física y verbal, malas condiciones de empleo y a la trata de personas.
Se estima que 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia sexual durante su trayecto por nuestro país hacia Estados Unidos.
En el protocolo se recomienda a las y los jueces analizar los asuntos judiciales y las políticas migratorias con perspectiva de género, para garantizar el derecho a la igualdad para las mujeres.
La SCJN estableció que se debe reconocer que aunque una persona haya ingresado al país de forma irregular, pudo haber creado lazos familiares o laborales que le permitan permanecer en territorio nacional, por lo que es importante garantizar los derechos adquiridos.
Sobre la separación de niñas, niños y adolescentes de su núcleo familiar, el protocolo indica que sólo debe realizarse bajo una justificación clara, con una duración temporal y que deberán ser devueltos a su entorno familiar en cuanto las circunstancias lo permitan.
En caso de las familias de migrantes que lleguen al país con niñas, niños y adolescentes, se estipula que se debe aplicar el principio de unidad familiar fuera de la estación migratoria, es decir, que llevarán su proceso en libertad respetando así el interés superior de las y los menores de edad.
Para aquellas personas migrantes que estén huyendo de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad se encuentren en peligro o que hayan sido víctimas de algún delito como la trata de personas, debe evitarse la solicitud reiterada de declaraciones, interrogatorios inquisitivos, procesos largos y diligencias innecesarias.
El protocolo convoca a que se garanticen servicios de un traductor o traductora cuando la persona migrante no conozca la lengua y tenga que ser interrogada, dar una declaración o conocer el contenido de una resolución que le afecte.
Asimismo se da especial importancia al respeto de la confidencialidad para las y los migrantes, por lo que informan que puede resultar conveniente que se prohíba la toma y difusión de fotografías o videos a los medios de comunicación, si esto afecta su dignidad, situación emocional o seguridad.
La SCJN encargó la coordinación del protocolo a Nancy Pérez García, directora de la organización civil Sin Fronteras, y la elaboración a Mónica Oehler Toca, responsable del Área de Defensoría, con la finalidad de orientar a las y los jueces en materia de Derechos Humanos y se facilite el acceso a la justicia a las y los migrantes.
13/LOA/RMB
septiembre 2013
Al contrario de lo que se pensaba, la Ley María da Penha tuvo un impacto nulo sobre la mortalidad de las mujeres por feminicidio.
El estudio inédito “Violencia contra las mujeres: feminicidio en Brasil”, presentado el pasado 25 de septiembre por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) del gobierno federal, señala que no hubo reducción de la tasa anual de mortalidad, comparando los periodos antes y después de la vigencia de la ley.
Las tasas de mortalidad por cada 100 mil mujeres estaban en 5.28 en el periodo 2001-2006 (antes) y 5.22 en 2007-2011 (después). “Se observó que sólo hubo una pequeña disminución de la tasa en 2007, inmediatamente después que la ley entró en vigencia”, dice la investigación.
En Brasil, en el periodo 2009-2011 se registraron 16 mil 993 muertes, resultando en una tasa anual de mortalidad de 5.82 muertes por 100 mil mujeres.
El estado de Espíritu Santo, en el sureste, es un “campeón” en casos de feminicidio en Brasil, con una tasa de 11.24 muertes por cada 100 mil mujeres, seguido por Bahía (9.08), Alagoas (8.84), en el noreste, y Roraima (8.51), en el norte. El estado con la tasa más baja es Piauí, en el noreste, con 2.71 muertes por cada 100 mil mujeres.
El estudio aclara que las muertes de mujeres derivadas de conflictos de género, es decir, por el hecho de ser mujeres, se denominan feminicidio o femicidios.
Estos crímenes son cometidos generalmente por hombres, principalmente por compañeros de vida o ex compañeros, y surgen de situaciones de abuso en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que la mujer tiene menos poder o menos recursos que el hombre.
Los compañeros íntimos son los principales asesinos de mujeres. Cerca de 40 por ciento de todos los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por un compañero íntimo.
En contraste, esta proporción es cercana al 6 por ciento entre los hombres asesinados. Es decir, la proporción de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja es 6.6 veces superior a la proporción de hombres asesinados por su compañera o ex compañera de vida.
En Brasil, en el periodo comprendido entre 2001 y 2011 se estima que hubo más de 50 mil casos de feminicidio, lo que equivale a aproximadamente a 5 mil muertes por año.
Entre 2009 y 2011 se estima que ocurrieron, en promedio, 5 mil 664 muertes de mujeres por causas violentas cada año, 472 cada mes, 15.52 cada día, o una cada hora y media.
Las regiones noreste, centro-oeste y norte han mostrado mayores tasas de feminicidio: 6.90, 6.86 y 6.42 muertes por cada 100 mil mujeres, respectivamente. Las jóvenes eran las principales víctimas: más de la mitad de las muertes (54 por ciento) fueron de mujeres de 20 a 39 años de edad.
Además, 61 por ciento de las muertes fueron de mujeres afrodescendientes. La mayoría de las víctimas tenían baja escolaridad, 48 por ciento de ellas con 15 o más años de edad tenía hasta ocho años de estudio. La mitad de los casos incluyeron el uso de armas de fuego y 34 por ciento de instrumento “corto-punzante o contundente”.
El estudio concluye que la magnitud del feminicidio se elevó en todas las regiones y estados de Brasil y que el perfil de las muertes es en gran medida compatible con situaciones relacionadas con la violencia doméstica y familiar contra las mujeres.
“Entonces, destacamos la necesidad de fortalecer las acciones previstas en la Ley María da Penha, así como la adopción de otras medidas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, la protección efectiva de las víctimas y la reducción de las desigualdades de género en Brasil”, destaca el documento
En Brasil, la Ley contra la Violencia de Género, aprobada en agosto de 2006, lleva el nombre de la profesora María da Penha Maia Fernández, quien tras sufrir durante 15 años múltiples formas de violencia física, psíquica y sexual por parte de su marido y denunciarlo ante las autoridades, en lugar de obtener protección, su pareja intentó asesinarla disparándole en la columna vertebral, lo que le provocó una paraplejía.
Desde entonces, María recorrió el mundo en su silla de ruedas y logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconociera la responsabilidad del Estado brasileño por omisión y por tolerar la violencia de género.
*Texto retomado del portal internacional de noticias Adital.
13/RED/RMB
Oaxaca: 90 por ciento de embarazos de alto riesgo en indígenas
Una veladora alumbraba el interior de la casa de madera cimentada en una loma. Antonia se tendió en el piso de tierra, colocó unos trapos como haciendo un nido.
“Mi Nancy nació de patitas. Así cayó en los trapitos”. Madre e hija libraron la muerte. Aquella noche, recuerda, estaba en casa con dos de sus hijos. En la calle sólo se oía el silbar del viento entre la espesa neblina que todos los días cae sobre esta comunidad indígena ubicada en la Mixteca Alta de Oaxaca.
Antonia Gaytán López tiene 45 años y cinco hijos. Envuelta en la pobreza, en las cinco ocasiones tuvo que parir a ras del suelo.
Y es que en esta zona de Oaxaca, la marginación coloca a las indígenas chocholtecas a merced del destino. Sabiéndose en riesgo, las mujeres no tienen más opción que parir sin la asistencia médica porque el hospital más cercano está a hora y media sobre camino de terracería.
En el último embarazo de Antonia, por la edad (40 años) y posición del producto, corrió el riesgo de morir. El nacimiento sería por cesárea.
Un mes antes de la fecha probable del parto, el médico de la clínica expidió su pase al hospital de Nochixtlán. Sin dinero para trasladarse, se jugó la vida en un volado que con mucha fortuna, ganó.
“Con mis cuatro hijos anteriores nunca fui a revisión, así nada más los tuve. Con esta última sí fui porque me dijeron que era embarazo de alto riesgo. Aún así, no me quedó de otra más que naciera en la casa, el parto se adelantó y yo no tenía dinero para ir al hospital”, relata.
La mujer vive del tejido de sombreros, productos que utiliza para el trueque de cebolla, sal, chile o tortilla en la tienda del pueblo. Todos los días se sienta a “rajar palma” mientras realiza el pastoreo de su yunta. Al día realiza unos dos sombreros y a veces logra vender uno en cuatro pesos.
Con esa actividad, Antonia lograba juntar en un mes 70 pesos para poder ir a sus citas en el hospital de Nochixtlán, el más cercano a Santa Catarina.
Los días de cita, la mujer tenía que salir en el único transporte de la población: una camioneta de redilas. El traslado en el día le costaba 30 pesos. Pero entre las montañas, en un camino maltrecho y en medio de la noche, un viaje especial tiene un valor de hasta 2 mil pesos.
POBREZA Y MARGINACIÓN
Santa Catarina Ocotlán, del municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, es un pueblo en la Mixteca Alta con habla chocholteca. A la comunidad se accede por un intrincado camino que hoy, con las lluvias, es prácticamente intransitable. Llegar a la comunidad obliga a realizar una caminata de una hora al punto más próximo en automóvil ligero.
Aquí habitan menos de 200 personas, 45.41 por ciento hombres y 54.59 por ciento mujeres. Sólo cuenta con 53 casas, la mayoría de una pieza y levantadas de madera y lámina. Los habitantes carecen de servicios básicos. A excepción del centro de salud y la agencia municipal, las casas no cuentan con agua entubada y energía eléctrica.
El 56.67 por ciento de la población no percibe ingresos, mientras que el 3.3 por ciento vive con menos de un salario mínimo, el resto percibe entre dos y cinco salarios mínimos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Victoria López y su esposo, Apolinar Francisco, forman parte del grueso de la población sin ingresos. Ella y él son campesinos, sobreviven con los alimentos que les da la tierra y con lo poco que ganan con el tejido de palma.
Es martes. Victoria deambula en la clínica de la comunidad. Su esposo está en consulta por deshidratación.
Envuelto en un rebozo, la mujer carga en su espalda a su último hijo, un niño de un año de edad que debió haber nacido en el hospital de Nochixtlán, pero, al igual que Nancy, hija de Antonia, nació en casa con el riesgo de morir.
El matrimonio vive en una ranchería de Santa Catarina Ocotlán, ubicada a hora y media del centro de salud y a dos horas y media del hospital. A su casa sólo se llega en burro o a pie abriéndose paso entre el pedregoso cerro en donde acechan los coyotes.
“A mí me dieron pase para Nochixtlán porque mi primer embarazo fue cesárea; en el segundo también fuimos a Oaxaca al hospital porque decían que era igual con riesgo, y de éste me mandaron porque el tiempo entre un embarazo y otro fue de ocho años”, recuerda.
Para pagar el traslado al hospital de sus dos primeros hijos, Apolinar tuvo que irse a trabajar a la Ciudad de México durante tres años. Sin dinero para viajar, Victoria se arriesgó a parir en casa con la ayuda de una de sus tías.
Después del parto, las mujeres cortan el cordón umbilical con sotol, una especie de planta cuyas hojas van formando rosetas extendidas en forma de cuchillas largas.
Para sacar la placenta toman tés de hoja de aguacate y penca de maguey papalomé para “desinfectar”. Luego se fajan para expulsar la placenta por completo. Posterior al parto algunas mujeres acuden a consulta y otras simplemente regresan a su clínica con un nuevo embarazo.
RIESGOS POR MATERNIDAD
Para evitar la muerte materna, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) establecieron criterios de clasificación de riesgo para determinar cuándo es necesario remitir un parto a hospital y cuándo puede ser atendido en la clínica de salud. Éstos se dividen en factores socioeconómicos, biológicos y ginecoobstétricos.
Liliana Martínez Zárate, encargada del Centro de Salud en Santa Catarina, detalló que algunos de estos factores son: edad menor a 15 años y mayor de 35; talla menor de 1.45 metros; peso previo del embarazo de 45 kilos; nuliparidad (que no haya tenido ningún hijo), o más de cinco hijos; periodo intergenésico menor de dos años; muerte fetal previa; así como la pobreza; embarazo no deseado; madre con analfabetismo o primaria incompleta; aborto; bajo peso al nacer, y desnutrición.
Más del 90 por ciento de las mujeres en edad reproductiva de esta comunidad tienen todas estas características que vuelven sus embarazos de alto riesgo, según el criterio de la institución de salud, precisó Martínez Zárate.
La médica añade que lo anterior no implica que las mujeres puedan ser asistidas en la clínica en caso de un imprevisto.
De acuerdo con los registros del centro de salud, en los últimos dos años ocurrieron cinco nacimientos en Santa Catarina Ocotlán, pero ninguno fue asistido en la clínica o en el hospital.
SIN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
En Santa Catarina Ocotlán las mujeres tienen hasta 10 hijos y un mínimo de cinco. Ellas comienzan su ciclo reproductivo entre los 13 y 19 años de edad, con una diferencia de uno y dos años entre cada embarazo.
Muy pocas, sólo 24 de 120 mujeres en edad reproductiva, tienen algún método de planificación familiar, pero desde mayo pasado ninguna clínica de la jurisdicción sanitaria de la Mixteca tiene métodos anticonceptivos.
De 12 contemplados en inventario para ofertar a las y los usuarios, la clínica de Santa Catarina sólo cuenta con uno: el condón masculino.
Martínez Zárate explica que muchas mujeres no llevan un control de planificación familiar o método anticonceptivo por prohibición del esposo o de la suegra.
13/CL/RMB
Años de esfuerzo y trabajo en el campo se vuelven inservibles en mi búsqueda de empleo en la ciudad, nadie valora mi fuerza y mi capacidad de conocer la tierra, comenta Luz, una mujer indígena que vivió hasta la edad de 30 en el campo, pero tras la caída de la agricultura en El Salvador decidió emigrar a la ciudad en busca de empleo para mantener a sus tres hijos.
Luz pertenece a una de las pocas comunidades indígenas que aún preservan sus costumbres en el país en el municipio de Izalco. Comenta que ella ha visto cómo desaparecen los rasgos culturales que las caracterizan, que sus hijos ya no quieren usar vestuarios que los identifiquen como indígenas, porque sufren discriminación y que le duele ver cómo se pierde todo día con día incluyendo su lengua.
La migración ha sido un fenómeno que ha atacado a las comunidades indígenas salvadoreñas, iniciando en la posguerra pero continuando hasta la actualidad debido, según Luz, a la crisis que sufre el agro salvadoreño y a los altos costos de la vida en el país.
Su hijo mayor decidió irse a Estados Unidos, ya tiene ocho años sin verlo, no conoce a su primer nieto y sostiene que ella sabe que morirá sin verlos.
Se ha evidenciado que los pueblos indígenas salvadoreños son pobres entre los pobres del país. Según el documento “Perfil de los pueblos indígenas de El Salvador”, 38.3 por ciento de las y los indígenas se calificó en extrema pobreza; 61.1 por ciento, en la línea de pobreza, y sólo 0.6 por ciento calificó con cobertura de sus condiciones básicas de vida.
Lo que más le duele a Luz es cómo el papel de liderazgo y fuerza de las indígenas y campesinas salvadoreñas se ha invisibilizado. “Yo sé cortar caña, sembrar maíz, frijoles, no he necesitado de nadie para alimentar a mis hijos; soy una mujer fuerte”, sin embargo al llegar a la capital muchos trabajos me rechazaban por ser mujer, sólo me ofrecían trabajos en casas, no quiero decir que esos sean fáciles pero son muy mal pagados.
“A la mujer en la ciudad se le ve cómo débil, necesitada, cuando recién llegué la gente me trataba mal, me decían “la indita”, según ellos de cariño me regalaban comida y me veían con cara de lástima, inscribí a mis hijos en la escuela y la menor no quería ir, se burlaban de su forma de hablar, fue muy difícil la integración de ellos en la ciudad, pero era necesario”, dice Luz
Según el director nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura, Gustavo Pineda, existen estudios genéticos que confirman que del total de la población salvadoreña, el 95 por ciento posee ascendencia indígena, y que sólo 5 por ciento tiene raíces europeas o africanas. No obstante, esta identidad indígena ha sido históricamente invisibilizada o negada.
Las difíciles condiciones de vida de los pueblos indígenas se vieron acentuadas por los acontecimientos sociopolíticos de 1932, cuando murieron unos 25 mil campesinos a manos de las fuerzas militares, encabezadas en ese entonces por el presidente Maximiliano Hernández Martínez. Por miedo, los sobrevivientes decidieron invisibilizar sus rasgos culturales.
Las sucesivas migraciones de población indígena a otros países, la guerra civil que le siguió en 1980, la influencia de religiones importadas y tradicionalistas, violaciones a los derechos, el desamparo y la explotación, así como el despojo de las tierras que no les permite mantener su nivel de vida y especialmente su identidad cultural, han contribuido al proceso de invisibilidad de la identidad nacional como pueblos originarios.
Las mujeres indígenas no nos podemos dejar vencer, concluye Luz, aunque no se nos valore y se nos discrimine, nuestra identidad está en nuestra sangre y nuestra fuerza y nuestros valores no se nos pueden quitar aunque vivamos en el campo, en la ciudad o en Estados Unidos; debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, advierte.
13/MS/RMB
Los efectos y consecuencias que tiene la violencia en la vida de las niñas y las jóvenes van más allá de efectos inmediatos, pues se manifiestan en repercusiones a su salud física, mental y emocional, así como en dificultades para su desarrollo, y abarcan violaciones a sus Derechos Humanos (DH) y a sus derechos sexuales y reproductivos.
Ante ese panorama, el Estado mexicano carece de políticas públicas de salud, de educación o de desarrollo, que permitan atender de manera integral y real estas consecuencias, lo que deja a las mujeres y niñas víctimas de violencia en alta vulnerabilidad de presentar secuelas y de volver a vivir situaciones de violencia a lo largo de su vida.
Académicas y expertos en juventudes y DH de las mujeres reunidos en el Foro “Violencia de género, juventud y escuelas en México: Situación actual y propuestas para su prevención”, coincidieron en que la violencia (manifestada en formas que van desde los crímenes hasta actos sutiles de agresión) se ha incrementado exponencialmente en años recientes sin que se haya puesto énfasis en la atención de las víctimas.
El maestro Daniel Soltero, integrante de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología, hizo hincapié en que la violencia, especialmente la de género, ha aumentado su incidencia y sus consecuencias se manifiestan en traumas complejos, agudos o crónicos, los cuales se deben identificar mediante el conocimiento de historias de vida y no sólo mediante signos y síntomas.
Es decir, la violencia se traduce en muchas ocasiones en aislamiento, cuadros de ansiedad, depresión o angustia, no sólo en el tiempo inmediato tras el hecho de violencia, sino con repercusiones que al no ser debidamente atendidas se pueden presentar en otras etapas de la vida.
Agregó que “también se tiene evidencia de consecuencias que se manifiestan física o fisiológicamente, e incluso afectaciones a las estructuras neuronales que pueden llegar a ser irreversibles”.
En este sentido, Soltero señaló que uno de los graves problemas de violencia que vive la población femenina joven y que deriva en “déficit importante en el desarrollo de la vida”, es el abuso sexual que en promedio se comete (o se empieza a cometer) a los 5.7 años.
La doctora Luciana Ramos Lira, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, abundó en las consecuencias a la salud mental que presentan las mujeres víctimas de violencia, como la vulnerabilidad a normalizar la violencia permitiendo que se cometan agresiones en su contra por diversos actores en distintas etapas de su vida.
También señaló que las víctimas de agresiones (mujeres y hombres) son proclives a reproducir o repetir patrones y conductas de violencia hacia otras personas en edades adultas.
Presenciar la violencia “no necesariamente deriva en un adulto violento, pero sí es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas violentas; si en la infancia se vive o padece violencia existe mayor probabilidad de ser un adulto violento o un adulto que ve como normal estas acciones”.
La experta y consultora en violencia de género, Lucía Melgar, consideró que al no garantizar a las jóvenes el acceso a información en sexualidad, métodos anticonceptivos e interrupción segura del embarazo, se violenta su derecho a la autonomía pues éste “incluye que ellas no tengan la responsabilidad exclusiva de la maternidad y de la sexualidad”.
Apuntó que se trata de una población que está en periodo de formación y de toma de decisiones, por lo que es imposible pensar en “normalizar la maternidad temprana, ya que tiene consecuencias muy graves para la vida y salud de las mujeres y niñas”.
13/AZM/RMB
Las y los jóvenes mexicanos viven en un contexto adverso pues padecen múltiples formas de discriminación y exclusión, así como mayor vulnerabilidad ante todos los tipos de violencia, especialmente la de género, sin que existan políticas públicas que los consideren sujetos de derechos.
Con el objetivo de plantear formas de afrontar la situación precaria y de exclusión que vive esta población, se realizó hoy el Foro “Violencia de género, juventud y escuelas en México: Situación actual y propuestas para su prevención”.
El doctor Alfredo Nateras, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, calificó como preocupante el contexto en el que se desarrollan las jóvenes, pues evidenció que las carencias, discriminaciones y exclusiones afectan en mayor medida a las mujeres.
A decir del investigador, es indispensable replantear y crear políticas de Estado para atender las demandas y necesidades de la población entre 14 y 29 años de edad, que suma 36.3 millones de personas en México.
Lo anterior al señalar que un gran porcentaje de ellas están excluidas de diversos ámbitos como la educación, trabajo formal, salud o recreación. Se estima que la cifra de mujeres jóvenes que no tienen acceso a la educación o trabajo formal asciende a 5.2 millones.
Dio a conocer que 3 de cada 10 personas pobres son jóvenes, lo que se traduce en que enfrenten una precariedad en muchos aspectos que va desde lo económico hasta lo emocional. Sumado a ello, las y los jóvenes generalmente son criminalizados por su apariencia física o estética.
Durante su conferencia magistral “¿Qué significa ser joven en México?”, Nateras advirtió la necesidad de descentralizar el manejo que se le da a la violencia dentro de los entornos escolares, pues se tiende a generalizar como “bullying”, lo que invisibiliza otras formas de agresión.
Señaló que al sólo prestarle atención a este aspecto (que se da de manera alarmante en todos los niveles educativos) no se habla de otras formas de violencia, como la que ejerce el profesorado a estudiantes o entre los mismos docentes.
“Vemos con alta preocupación que el acoso sexual a las jóvenes, principalmente de bachillerato, es una práctica generalizada y que no se previene y mucho menos se sanciona”, enfatizó.
Alfredo Nateras apuntó también la necesidad de combatir la violencia que padecen las y los jóvenes en sus hogares. Dio a conocer que 6 de cada 10 observan violencia en su casa y 4 de cada 10 la padecen.
Finalmente urgió a crear políticas de Estado de manera integral y transversal que dejen de lado la visión asistencialista que mira a la juventud como seres pasivos y no como sujetos de Derechos Humanos.
13/AZM/RMB
Unas estudiantes se acercaron a Emilio Azcárraga, le reclamaron que produce basura en sus televisoras. Un testigo presencial me cuenta que Azcárraga con absoluta parsimonia miró a las jóvenes y dijo: “Si no les gusta lo que hay en la televisión, no la vean. Respetamos su opinión”.
El argumento de este controvertido empresario es impecable, porque se asienta en la noción del libre albedrío. Un producto está a la venta y quien lo consume está tomando una decisión libre, autónoma e informada como consumidor ¿cierto?
Curiosamente el empresario coincide, en principio y no por principios, con miles de activistas que señalan que si no te gusta lo que muestra la televisión simplemente no la enciendas.
O para aliviar el dramatismo, cambia de canal ante la convicción de que el duopolio televisivo se dedica a producir videopolítica, como diría Giovanni Sartori, con fines extra informativos.
¿Qué es lo que nos hace enojar frente a los contenidos de la televisión? ¿Acaso la deformación, mal-información y la opinión estratégicamente inducida en horario triple A? ¿O el sexismo que promueve la oprobiosa cosificación de mujeres y niñas como hembras-objetos ante hombres-machos, una y otra vez hasta que esa aplanadora normaliza lo que Sartori llama la dictadura de la imagen sobre la realidad?
¿Acaso nos indigna que una mujer soez y gritona (ahora es Bozzo y mañana será otra) utilice a las personas más afectadas por la discriminación, la pobreza o la violencia para exhibirlas en un circo que caricaturiza el sufrimiento real?
Tal vez nos crispa que en lugar de entrevistar a las personas involucradas en el disenso social organizado, se les muestre como revoltosos. O enoja acaso la producción “ad nauseam” de culebrones que reivindican y favorecen los estereotipos que dividen a todas las mujeres entre buenas sumisas y malditas cabronas. Las sumisas siempre ganan; así que a ser sumisas.
Pero ¿vale la pena tomarse esto tan en serio? ¿Para qué engañarnos si todas las personas buscamos entretenernos? Hay quienes viven con mayor intensidad la realidad, quienes por su trabajo o por voluntad politizada están en mayor contacto con historias de corrupción, de activismo y de problemática social.
Hay quienes viven una existencia dura o incluso miserable; entonces el televisor es el único acompañante que les permite entrar en la fantasía en la que son otros quienes sufren, o en las novelas en las que los malos lo son de tiempo completo y los buenos también y lo malos se mueren, se quedan solos o van a la cárcel.
Las mujeres buenas siempre encuentran al amor de su vida, el jardín siempre florece. Y en un mundo de tanta violencia quién no quiere ver el jardín florecer, aunque sea por unas horas.
¿Es la televisión un asunto de clases? Es decir, acaso los programas afectan más a quienes menos reflexionan sobre sus contenidos o, por el contrario, son integradores de quienes podrían rebelarse de mayor y mejor manera, pero se consideran inmunes al efecto pedagógico de la ficción televisiva. Creo que afecta de manera diferenciada, pero igual afecta a toda persona que la mire.
De ser cierto lo que asegura Giovani Sartori, que la televisión ha acabado con el pensamiento abstracto, es decir con las ideas claras y diferentes, quien esté libre de influencias que tire el primer control remoto.
¿Acaso quienes lograron desarrollar un pensamiento sociocrítico son capaces de mirar la televisión, divertirse, reflexionar y luego analizar los efectos emocionales y culturales de la programación que inicialmente buscaron para divertirse?
Urge una aproximación más documentada sobre los contenidos televisivos. ¿Son responsables los empresarios de producir contenidos que fomenten la violencia y la discriminación?
Acaso deberíamos de discutir si se debe despedir a la conductora del circo de la miseria humana que viaja en helicópteros pagados con nuestros impuestos, cuando hay tantos problemas en México.
Yo digo que sí, porque todo debate que nos ayude a regresar a un análisis profundo para salir del mero “cámbiale de canal” es tremendamente útil. Y no me desvío con un entreténgase leyendo un libro, porque al final toda persona tiene derecho a elegir el medio para su diversión, y su medio de información también.
Cuando las noticias se fabrican a modo del gobernante que paga para que le peguen a quien disiente; cuando el contenido tiene como meta destruir la dignidad de la población, mentir para subsistir, distraer para ganar, y lo hace a través de la domadora del circo, la cadena de favores y sus autores deben ser evidenciados.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
13/LCR/RMB
Enrique Peña Nieto elimina becas para estudiantes embarazadas, y destina fondos para la operación de Laguna Verde con el argumento de que contribuyen a la “igualdad”.
Lejos de fortalecer con más recursos a programas para atender a las mujeres, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2014 de Enrique Peña Nieto pretende desaparecer acciones a favor de la igualdad de género y –en el colmo– destinar fondos a medidas que nada tienen que ver con la equidad entre los sexos, tales como la generación de energía eléctrica.
El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados realizó un análisis del PPEF 2014, y detectó que la propuesta elimina 29 programas, reasigna siete y crea 35 más para la “igualdad entre mujeres y hombres”.
Los recursos con ese fin están etiquetados en el Anexo 12 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, que tiene como objetivo promover la igualdad de género, y mejorar la eficacia del gasto público. Así, los montos etiquetados van encaminados a programas, proyectos y acciones orientadas a beneficiar directamente a las mexicanas.
El CEAMEG informó que el presupuesto del Anexo 12 tiene un incremento real de 10.5 por ciento, al pasar de 18 mil 760 millones 618 mil 532 pesos aprobados para 2013, a 21 mil 522 millones 526 mil 642 pesos proyectados para el próximo año.
ESPEJISMO
Lo anterior pudiera parecer un avance significativo para la población femenina, pero en los hechos desaparecen de tajo programas que han contribuido a disminuir las brechas de desigualdad social entre los sexos.
En la SEP, por ejemplo, se eliminan seis programas. De aprobarse la propuesta de Peña Nieto, no tendrían continuidad las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, y el de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras migrantes.
En la Secretaría de Hacienda se pretende desaparecer cinco programas, entre ellos el de Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género; Organización productiva para mujeres indígenas, y Acciones para la igualdad de género con población indígena.
En el caso de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), se extinguen el Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el fondo para el apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios. En su lugar se crea el programa de apoyo para la mujer emprendedora.
OPACIDAD
En su estudio del PPEF 2014, el CEAMEG encontró que la Secretaría de Energía agrega cuatro programas que si bien tendrán recursos que no son del Anexo 12, aparecen registrados como parte del gasto para “la igualdad entre mujeres y hombres”.
Es en estos rubros donde de manera aparentemente engañosa la propuesta del Ejecutivo federal plantea acciones “a favor de las mujeres”, pero en realidad van dirigidas a la población en general.
Tal es el caso de los programas Operación comercial de la red de fibra óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad; Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica; Operación, mantenimiento y recarga de la nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica, y el de Suministro de energéticos a las centrales de electricidad.
En el caso de la Secretaría de Turismo sí se pretende destinar recursos del Anexo 12, pero a programas de próxima creación que nada tienen que ver con las necesidades femeninas, por ejemplo: el de Asistencia integral e información turística; Promoción de México como destino turístico; Regulación y certificación de estándares de calidad turística, e Impulso a la competitividad del sector turismo.
Igualmente, la Secretaría de Marina con su programa Administración y fomento de la educación naval –agregado al Anexo 12– tendrá un aumento de más de 510 por ciento, ya que para este año tuvo 3 millones de pesos y se le proyectan 17 millones 10 mil 876 pesos para 2014. Sin embargo, no está claro si estos recursos beneficiarán a las mujeres
En otra muestra de falta de transparencia en la asignación y ejercicio de los recursos a favor de las mexicanas, el CEAMEG reportó que el PPEF 2014 elimina la referencia que establecía que una vez aprobado el presupuesto anual, el Instituto Nacional de las Mujeres enviaría a cada dependencia un documento con los detalles de los montos por programa y unidad responsable, a fin de que cada secretaría tuviera claro en qué gastar los recursos.
La Cámara baja aún puede hacer ajustes al PPEF y tiene como plazo el próximo 15 de noviembre para aprobar el decreto de presupuesto, y con ello el gasto para la igualdad entre los sexos.
13/AGM/RMB
En el marco de la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) denunció rezagos importantes de nuestro país en la materia, ya que se han criminalizado entre 2009 y 2011 a 679 mexicanas por el delito de aborto, lo que incumple acuerdos internacionales de Derechos Humanos (DH).
Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en su informe “Aborto legal y seguro”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que “la prohibición total del aborto viola los Derechos Humanos de las mujeres y que debería estar permitido y ser accesible al menos en los casos de embarazos producto de una violación sexual, malformaciones incompatibles con la vida, y cuando la vida y la salud de la mujer estén en riesgo”.
Durante una caravana informativa que realizó Ddeser del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, se recordó que en México hay 17 estados que ya aprobaron reformas a sus legislaciones locales para “proteger la vida desde la concepción”.
Según Ddeser, estas acciones legislativas criminalizan a las mujeres y reflejan un desprecio por la vida, provocando que muchas de ellas sean acusadas, juzgadas e incluso encarceladas, aunque su vida esté en peligro.
También indicó que otras siete entidades ya presentaron ante sus congresos locales la solicitud para proteger la vida desde la concepción, entre ellas Tabasco (2007); Aguascalientes y Estado de México (2008); Baja California Sur y Sinaloa (2009), e Hidalgo y Zacatecas (2011).
En el mismo informe de GIRE también se detalla que en México sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto inseguro busca u obtiene atención hospitalaria, por lo que las demás carecen de atención sanitaria de calidad.
Según datos de la Secretaría de Salud federal, en 2010 el aborto significó 11 por ciento de las muertes maternas prevenibles, las cuales pudieron evitarse con el acceso a un aborto legal y seguro.
Ddeser recordó como casos emblemáticos que en 2010, en Guanajuato, siete mujeres indígenas fueron liberadas después de recibir una condena de prisión tras haber sufrido abortos espontáneos, los cuales les fueron imputados como homicidios en grado de parentesco a seis de ellas y como infanticidio a otra de las mujeres.
Adriana Jiménez Patlán, coordinadora nacional de Ddeser, entrevistada durante la movilización, reconoció que en el DF se permita la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, dijo que en la región hay países con deficiencias en protección de las mujeres en esta materia, como es el caso de Haití, que tiene el índice con mayor mortalidad materna del continente.
Detalló que otros países también han endurecido sus legislaciones para criminalizar a las mujeres, como Nicaragua, que considera entre uno y dos años de prisión a las mujeres que aborten, o El Salvador, que desde 1997 aprobó la ley que lo prohíbe, y casos extremos como el de Chile donde está penado totalmente.
Las activistas exigieron la despenalización inmediata del aborto en México para eliminar la criminalización contra las mujeres.
La conmemoración fue establecida el 28 de septiembre de 1990 durante el Quinto Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Argentina.
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Limitan aún más posibilidad de aborto legal para las chilenas
La reciente aprobación en Chile del “Día del que está por nacer y la adopción” –a conmemorarse cada 25 de marzo–, más que proteger a las familias atenta contra el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, acusó Camila Maturana, abogada de la organización civil Corporación Humanas.
A nivel mundial, Chile es uno de los países con una de las legislaciones sobre aborto más restrictivas, toda vez que no permite a las mujeres interrumpir un embarazo bajo ninguna causal.
Con 59 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones, el pasado 9 de septiembre el Parlamento chileno aprobó la efeméride a iniciativa del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis.
En su momento, la diputada María Antonieta Saa del Partido por la Democracia (PPD), advirtió que el objetivo de la conmemoración es impedir y frenar el debate sobre la despenalización del aborto y es un disfraz del “Día nacional contra el aborto”.
El proyecto aprobado está a la espera de ser promulgado como Ley de la República por el presidente Sebastián Piñera.
Camila Maturana apuntó que la iniciativa no tiene sustento en las normas constitucionales, ni tampoco en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DH), las cuales refieren que son sujetos de derechos y de garantías constitucionales las personas, es decir, individuos de la especie humana nacidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha señalado clara y categóricamente que a las y los no nacidos no se les atribuye la calidad de titulares de DH propias de las personas.
LEYES RESTRICTIVAS
De 1931 a 1989 en Chile se permitía el aborto terapéutico con la aprobación de dos médicos, pero en 1989 la dictadura militar eliminó la excepción. En 2012 el Senado rechazó tres proyectos de ley para estipular causales de aborto.
Debido a que en el país sudamericano el aborto es un delito, no hay una cifra oficial sobre el número de procedimientos realizados, pero la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir (AFLD) estima que al año cerca de 160 mujeres interrumpen su embarazo, y refiere que las complicaciones por aborto implican cerca de 15 millones de dólares anuales al presupuesto en salud.
La AFLD alerta que las mujeres con recursos abortan en clínicas seguras que disfrazan el procedimiento con otros diagnósticos. Por el contrario, las mujeres pobres incurren en procedimientos que arriesgan su vida y provocan que en los servicios públicos de salud sean denunciadas y entregadas a la policía.
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