En este país centroamericano, colindante con México, aumentan cada día las agresiones contra las adolescentes que emigran de sus comunidades indígenas a causa del hambre y la violencia de género, y quienes caen en las redes de trata siendo muy pocas las que logran ser rescatadas.
Así lo dio a conocer Carolina Escobar, quien dirige La Alianza, una organización encargada de apoyar a las adolescentes víctimas de este delito, ya que algunas de ellas toman la decisión de emigrar debido a la “violencia más tortuosa que es el hambre”, explicó.
Pero además señaló que en 2012 hubo en Guatemala mil 800 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos y de ellos, sólo poco más de 200 fueron rescatados (todos menores de 12 años), gracias a la alerta Alba Keneth, un mecanismo de búsqueda que engloba a la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público.
No obstante, un porcentaje alto de estas niñas que tenían más de 12 años no pudieron ser encontradas, lo que la activista atribuyó a las redes de tratantes, quienes las llevan a países como México y Honduras.
Según datos de 2012 del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), este país tiene más de 15 millones de habitantes, de los cuales 51 por ciento son mujeres y cerca de la mitad de la población total (48 por ciento) son niñas, niños y adolescentes. El 40 por ciento de este grupo poblacional vive con desnutrición crónica.
Esta situación que afecta a 8 de cada 10 niñas y niños indígenas, según el “Informe sobre violencia sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala” de 2012, es una de las consecuencias de la migración de mujeres y niñas en esta nación centroamericana, a decir de La Alianza.
Por lo que en el “Memorial 2012-2013”, publicado por esa misma organización, se advierte que debido a su posición geopolítica este país es de origen, tránsito y destino de personas migrantes, lo que ha agudizado la trata de personas, y además señala que las víctimas de este delito son principalmente mujeres, niñas y adolescentes.
Escobar indicó que Guatemala atraviesa una crisis como nunca antes de violencia de género, y aunque cuenta con leyes suficientes en la materia e instituciones para hacerlas valer, se enfrentan a una “cultura altamente tolerante a la esclavitud y al machismo”.
Como ejemplo dijo que cada hora siete adolescentes de entre 10 y 18 años presentan un embarazo, lo que describió como “una poesía del horror”. Y dijo que aunque hay estadísticas en cuanto a violencia de género, “el tema sigue sombreado”.
La especialista explicó en entrevista que el proceso migratorio aumentó tras el conflicto armado en Guatemala, pero después continuó por cuestiones políticas, luego por factores socioeconómicos, y ahora porque “es insostenible la realidad” que viven las guatemaltecas.
Incluso apuntó que las mujeres eran en un principio quienes emigraban, pero de 2007 a la fecha aumentó el número de niñas que lo hacen solas, y señaló que previo a tomar su ruta migratoria adquieren anticonceptivos porque saben que serán víctimas de violencia sexual.
En el mismo documento, La Alianza indica que los casos judiciales que llegan a sentencia por agresión sexual son pocos y los niveles de impunidad son altos, ya que de los que se presentaron de 2008 a 2011 el 88 por ciento en contra de mujeres, niñas y adolescentes no han sido resueltos.
Detalla que según datos de la PNC y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en los últimos años se han perpetrado más de 6 mil muertes violentas de mujeres, por lo que el pasado 25 de noviembre grupos defensores de Derechos Humanos y mujeres guatemaltecas se congregaron frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir el fin de esa situación.
Carolina Escobar, quien resguarda la identidad de las niñas y adolescentes que deambulan en el patio que se mira al fondo de su oficina, mencionó que han detectado a mexicanas, hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses en algunos de los centros de explotación en puntos fronterizos de estos países, y sólo algunas son rescatadas y llevadas a La Alianza para brindarles una repatriación segura.
El estudio “Violencia sexual e infancia en Honduras”, realizado por Casa Alianza Honduras en marzo de 2013, menciona que en ese país el 66.2 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza y el 45.3 en extrema pobreza.
Incluso en el área rural los niveles aumentan hasta en 60.2 por ciento y se dice que un poco más de 20 por ciento de la población vive con un ingreso promedio diario de 19 lempiras, el equivalente a un dólar (13 pesos mexicanos).
Así que este albergue recibe a mujeres centroamericanas rescatadas por autoridades guatemaltecas. Es el caso de una niña de 14 años que llegó sin saber leer ni escribir, lo que para Carolina es una “brecha enorme” que tiene que recorrer para reincorporarse con más herramientas a la sociedad.
También está una joven que llegó de 19 años con una hija de cinco y ninguna de ellas tenía un documento de identidad.
Además, la especialista informó que han detectado otras formas para “enganchar” a mujeres indígenas que son enamoradas por hombres que las entregan a bandas de tratantes internacionales o locales.
Incluso dijo que las redes de complicidad entre estos grupos involucran a hoteles o se ha detectado que algunas de las jóvenes son vendidas por sus propios progenitores.
Ejemplo de ello fue una adolescente de 15 años que recientemente fue repatriada a Nicaragua y quien fue secuestrada por una red de trata, y luego de su rescate se dieron cuenta de que estaba embarazada y la apoyaron en su decisión de regresar a su país para dar a luz.
13/LOA/RMB
diciembre 2013
Ante la alta incidencia de abortos inducidos en las zonas desarrolladas del país, que van desde 54 a 41 abortos por cada mil mujeres en edades entre los 15 y 44 años, es necesario mejorar e incrementar los servicios de planificación familiar.
Así lo considera la investigación “Incidencia del aborto inducido por edad y estado, México 2009: nuevas estimaciones usando una metodología modificada”, publicada recientemente por el Instituto Alan Guttmacher, especializado en temas de salud sexual y reproductiva.
Elaborada por las investigadoras Fátima Juárez y Susheela Singh, la indagación sostiene que los datos de aborto a nivel estatal son fundamentales para que los encargados de elaborar políticas públicas tomen decisiones informadas.
Toda vez que muchos de los abortos inducidos corresponden a prácticas inseguras realizadas por las mujeres o por personal no capacitado, por lo que se debe buscar erradicar la alta incidencia en esta práctica que puede llegar a poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
Realizada a través del “Método de Estimación de Aborto por Complicaciones”, la investigación concluyó que si bien el aborto inducido es común en todo el país, tiene una mayor incidencia en las zonas desarrolladas del país.
Lo que puede estar relacionado con el deseo que las mujeres que habitan en estas áreas han desarrollado sobre tener una familia pequeña y controlar el espaciamiento de los nacimientos de sus hijas e hijos, y que no se ve traducido con la garantía para acceder a métodos de anticoncepción y planificación adecuados que les permitan satisfacer estos deseos.
Y es que la investigación que dividió al país en seis regiones para su análisis dependiendo del desarrollo económico de diversas entidades, encontró que en 2009 la tasa de aborto en México fue de 38 abortos por mil mujeres en edades de 15 a 44 años.
En ese año se practicaron un millón 25 mil 669 abortos inducidos en México (casi el doble de los realizados en 1990), muchos de ellos en zonas o regiones desarrolladas del país.
Como la región más desarrollada del país se colocó al Distrito Federal, donde la tasa de aborto fue de 54 por cada mil mujeres, tasa 16 puntos por encima de la tasa nacional.
Para las regiones 2, 3 y 4, consideradas como moderadamente desarrolladas y en la que están estados como Jalisco, Nuevo León, Querétaro o Durango, la tasa de aborto inducido está entre los 35 a 41 abortos por cada mil mujeres.
En las regiones 5 y 6, que son las menos desarrolladas y donde se encuentran los estados de Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las tasas oscilan entre los 26 y 27 abortos por cada mil mujeres.
De esta manera las investigadoras estimaron que las tasas de aborto inducido se asocian al nivel de desarrollo del estado, y además su incidencia es especialmente alta en las jóvenes de entre 15 y 24 años, “lo que sugiere la necesidad de mejores servicios de planificación familiar y atención post aborto”.
Pues una de las razones por la que las mujeres de todas las edades incurren al aborto es la dificultad que tienen ellas o sus parejas para usar anticonceptivos de manera continua y efectiva.
Por ello –indican las investigadoras–, los estados de México “necesitan mejorar y fortalecer sus servicios de planificación familiar” con estrategias como la provisión de consejería integral acerca de la gama de métodos anticonceptivos, así como el apoyo para que las mujeres cambien de método si sus actuales anticonceptivos les generan efectos secundarios o no son lo suficientemente efectivos.
13/AZM/RMB
En la recién impulsada Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas, la presencia de Mercedes Olivera Bustamante ha sido fundamental para que más de 15 organizaciones civiles se agrupen en torno a la perspectiva de que la violencia contra las mujeres es la expresión de una estructura social en esencia violenta.
Mercedes no sólo es una académica sino también una luchadora social. Hace 40 años, en el trabajo diario con refugiadas guatemaltecas, ya se cuestionaba su propio eurocentrismo.
Su análisis de la realidad ha situado la exclusión de las mujeres como una problemática no sólo de género, sino también de clase y origen étnico.
En esta segunda y última entrega de la entrevista con Mercedes Olivera, la reconocida antropóloga y feminista habla de su acompañamiento en la lucha de las mujeres zapatistas para lograr su autonomía, en medio de las dificultades que trae la guerra de baja intensidad.
CAPITALISMO VIOLENTO Y FEMINICIDA
–Cimacnoticias (CN): En la Campaña Popular contra el Feminicidio que han impulsado aquí en Chiapas se habla de la violencia estructural contra las mujeres. ¿A qué se refiere?
–Mercedes Olivera (MO): Más bien la violencia hacia las mujeres tiene un carácter estructural y esto se conecta con la división sexual del trabajo y los aportes que hemos dado históricamente las mujeres con la formación de la fuerza de trabajo.
“Las mujeres tenemos hijos, los educamos, los criamos hasta que ya son útiles para trabajar, y parece que es nuestra obligación, está absolutamente naturalizado. Hemos hecho un aporte permanente de nuestro trabajo hacia la dinámica capitalista, en esta producción de fuerza de trabajo se va nuestra energía, nuestra salud, nuestras preocupaciones y esto también es una violencia.
“Ahora se habla de un cambio en la división sexual del trabajo, las mujeres ya no solamente somos reproductoras sino también abastecedoras.
“En el caso de las campesinas, se están quedando con la obligación de lo que llaman mantener a la familia porque los hombres están emigrando. Hay un proceso de proletarización ocasionado por el desarrollo capitalista que ha destruido la vida campesina.
“En una investigación reciente encontramos que el promedio de gasto diario en Chiapas son 12 pesos, en la Selva no llega a 9 pesos, en la parte Selva Norte el gasto es de 4 pesos con 35 centavos. ¿Cómo pueden vivir las familias? Son las mujeres las que tienen que resolverlo, tienen que recoger frutos y verduras del monte, criar animales, hacerse cargo del cultivo y además de las y los hijos; esto es una sobrecarga de lo que llamamos el trabajo de cuidado”.
–CN: Y de ahí viene la concepción de violencia feminicida…
–MO: Sí, lo que te quiero decir es que todo estos cambios en la división sexual del trabajo han movido el poder sobre el que ha sido construida la masculinidad: el ser abastecedor, el ser jefes de familia; la relación entre mujeres y hombres ha cambiado.
“La hipótesis es que al movérseles el piso a los hombres, aumenta el consumo del alcohol y las drogas y por supuesto la violencia hacia las mujeres; la cuestión del feminicidio, de lo que llamamos violencia feminicida, es una violencia acumulada de relaciones conflictivas que no se resuelven, comienzan siendo regaños, golpes y acaban siendo agresiones ya mayores”.
EJEMPLO
–CN: A 20 años de la Ley Revolucionaria de las Mujeres proclamada por el EZLN ¿qué cambios hay para ellas?
–MO: Hay que recordar que la ley se hizo para las mujeres combatientes en el contexto del alzamiento zapatista; hay que entenderla en el contexto de los años 90 y específicamente en el caso de las mujeres del EZLN. Ahora la han rebasado en la práctica misma.
“La situación de las zapatistas ahora es la construcción de un proyecto político, social, cultural y económico que tiene sus propias instituciones y dinámicas. Para las mujeres no ha sido fácil someterse a las formas de disciplina que implica un proyecto político. Romper con una tradición y construir una nueva vida; eso ha sido ejemplar.
“Cuando surgen los Caracoles en 2003, los zapatistas hicieron una evaluación y encontraron tres problemas fundamentales: uno es que la estructura militar estaba hegemonizando las decisiones de las comunidades; otro, el ‘mandar obedeciendo’ no se estaba llevando a cabo, y el otro punto es que las mujeres no estaban participando.
“Estaba la generación de las milicianas y las comandantas, después un vacío y luego las mujeres de base fundamentalmente dedicadas a la vida doméstica.
“Aunque no se les prohibía o limitaba su participación, pero las mujeres preferían quedarse en casa, tener hijos, hacer tortillas y colaborar haciendo tostadas; era su manera de cooperar al trabajo revolucionario, pero indudablemente eso era una continuidad de costumbres tradicionales.
“A partir de 2003 se trazó una estrategia para que las mujeres estuvieran informadas, para que participaran en las estructuras de gobierno, justicia, educación, un cambio muy importante con un gran esfuerzo.
“Al mismo tiempo como reflejo de lo público a lo familiar hay cambios en las relaciones; las mujeres zapatistas reconocen que los hombres zapatistas no les pegan, colaboran con los trabajos de la casa, incluso muchos han aprendido a hacer comida y se quedan al cuidado de las y los niños cuando las mujeres van a las reuniones; esto significa cambios fuertes en la vida cotidiana.
“Socialmente está reconocida la participación de las mujeres y es impulsada. La riqueza cultural y social del zapatismo se ha duplicado con la participación de las mujeres; aun desde su reclusión doméstica han hecho aportes importantes para la construcción de la autonomía.
“Ha sido fundamental esa aportación desde su trabajo doméstico, el tener hijos y cuidarlos en esa situación.
“Yo puedo decir que las y los compañeros prácticamente son héroes en medio de la guerra, los paramilitares y los proyectos asistenciales que tienen un carácter contrainsurgente.
“Resistir y construir teniendo tantas necesidades y con la capacidad de rechazar los apoyos gubernamentales; las compañeras entienden que si se aceptan apoyos del gobierno están aceptando formas diferentes, lo que les impediría la construcción de la autonomía, no pueden estar con un pie en un lado y con un pie en el otro.
MENOS MUERTES MATERNAS
–CN: En este contexto de guerra y construcción zapatista se necesitan hijas e hijos; esto es la importancia de reproducirse para resistir…
–MO: En la “Escuelita” (proyecto de enseñanza-aprendizaje del pensamiento y acción zapatistas) nos dimos cuenta de muchas cosas; por ejemplo muchas de las que eran niñas en el 94 ahora ya son mujeres, o las que no habían nacido son adolescentes.
“Algunas de las jóvenes que fueron formadas en las escuelas zapatistas acaban casándose con un “partidista”, como ellos les llaman; esto implica que se van a vivir a la comunidad del esposo.
“Son de esas contradicciones de las que hablábamos entre lo individual y lo colectivo, porque individualmente como mujeres tienen derecho a casarse con quienes ellas decidan, pero para el colectivo ya están cooptadas por el proyecto político del marido, ya no pueden ser zapatistas.
“Tal vez no sea tan grave porque no son muchas las mujeres que se casan con los partidistas, pero es interesante reconocerlo como un obstáculo para el proceso de construcción zapatista y para la liberación de las mujeres, porque cuando se pasan con los partidistas vuelven a las posiciones subordinadas, y a las políticas desarrollistas que las vuelven dependientes del gobierno.
“Esto ha significado una pérdida porque si no hay mujeres jóvenes las localidades van disminuyendo, si no hay nuevas niñas y niños es preocupante para el proceso de construcción y reproducción zapatista”.
–CN: En esta construcción de alternativas zapatistas también está presente la salud de las mujeres ¿cómo lo están haciendo?
–MO: La construcción de sus propios espacios de salud reproductiva, de tener la posibilidad de contar con atención médica oportuna, lo que nos decían ellas es que las muertes maternas han disminuido muchísimo en las zonas zapatistas. La posibilidad de que las mujeres tengan atención oportuna antes del parto; si hay partos de riesgo se acude al hospital.
“Tenemos noticias de un nuevo tipo de enfermeras y parteras que empezaron a luchar en la práctica por la maternidad voluntaria y se estableció una clínica especial en zona zapatista para la atención de estos casos. Ha habido avances muy importantes.
“Las zapatistas nos están dando un ejemplo, una esperanza, pero sobre todo un norte para encontrar alternativas”.
13/IRD/RMB
El grupo armado que ingresó a la casa de la periodista Anabel Hernández el pasado sábado 21 de diciembre se llevó el CPU que resguardaba información de las cámaras de vigilancia que procuran su seguridad.
Así lo informó la periodista galardonada con el Premio Internacional Pluma de Oro de la Libertad 2012 a la comisión de denuncias de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Relató que según información de testigos y vecinos cercanos, la tarde del pasado 21 de diciembre, mientras ella estaba fuera de su domicilio, ubicado en un municipio mexiquense, un grupo de hombres armados y vestidos de civil llegó a su calle a bordo de camionetas particulares sin placas de circulación.
Quienes se identificaron primero como agentes judiciales, luego como miembros del cártel de “Los Zetas” y finalmente aseguraron que pertenecían a la Policía Federal intimidaron a vecinos de la periodista.
Los hombres que portaban armas cortas y fusiles llegaron a las casas vecinas para preguntar de manera hostil e intimidatoria por el domicilio de la periodista, quien ha denunciado la presunta corrupción del gobierno federal.
Después de preguntar en varias casas, el grupo identificó su domicilio y entró sin permiso al parecer a través de una ventana y se dirigió a su recámara, donde localizó el CPU y lo sustrajo.
La ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 2001 por su investigación sobre los altos costos de la vida en la residencia oficial de Los Pinos durante la presidencia de Vicente Fox (hecho conocido como “El toalla gate”), consideró que no se trató de un grupo del crimen organizado, ya que hubiera cometido algún otro delito, como un asesinato, y no se hubiera llevado sólo el equipo de cómputo.
Hernández interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, con el expediente AP.179/FEADLE/2013.
Hoy la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Red Nacional de Periodistas lanzaron un pronunciamiento público, para manifestar su solidaridad con la reportera y reprobaron la violencia ejercida contra ella.
Por lo que exigieron que se garanticen de manera permanente las medidas de seguridad y protección para la informadora, así como que se lleve a cabo un proceso claro con una investigación fidedigna “que tome en cuenta el contexto de violencia contra el gremio periodístico y la condición social de las mujeres que ejercen esta labor”.
Cabe recordar que a raíz de sus investigaciones en temas de corrupción y su fuerte postura contra el narcotráfico, la periodista ha sufrido amenazas que se recrudecieron tras la publicación en 2010 de su libro “Los señores del narco”, en el que evidencia la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) le asignó desde 2010 escoltas destinados para su protección, luego de que una fuente le informó que el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pretendía asesinarla.
A principios de este año, el GDF le notificó a la periodista que declinó su competencia y envió la averiguación previa a la PGR, ya que los presuntos responsables, García Luna y otros funcionarios, eran servidores públicos federales cuando los hechos ocurrieron.
En febrero pasado, la PGR fue informada de que la Policía Federal, a la que Anabel Hernández acusa de las amenazas en su contra, sería la encargada de protegerla, por lo que ella pidió entrar al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación.
El caso fue aceptado por la Junta de Gobierno del mecanismo el pasado 23 de abril; luego el 2 de mayo se le envió a Anabel el oficio CEN/142/2013, con el que se le otorgan nueve medidas de protección, cuatro de las cuales no se aplicaron.
En octubre pasado, la comunicadora denunció que la FEADLE y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no tienen interés en proteger la vida de las y los informadores.
En un texto publicado en la revista Proceso, la reportera acusó que a pesar de las amenazas en su contra no recibía protección gubernamental, y aseguró que su caso es muestra de la “negligencia criminal” de las autoridades y una razón de que en el país se siga asesinando y amenazando impunemente a defensores de Derechos Humanos y periodistas.
13/AZM/RMB
Mujeres de Cachemira pelean su derecho a la propiedad
Mehnaz Bano*, una mujer de 37 años residente de una aldea de la Cachemira india, está “satisfecha y tranquila” desde que pudo asegurar los derechos de su hija sobre la propiedad de la familia, luego de una tediosa batalla legal.
Cuando su primer marido murió en 2003, Bano sólo tenía 27 años. Pero sus familiares políticos se oponían a su segundo matrimonio porque ya habían invertido dinero en la boda de su hijo y no querían que se derrochara permitiéndole a su viuda un nuevo casamiento.
“Al principio lo tomé como mi destino y viví así durante seis años. Y también quería que mi hija creciera un poco. Sólo tenía un año cuando murió su padre,” explicó Bano a IPS/Cimacnoticias.
Pero con el paso del tiempo comenzó a sentir que no era más que una esclava en su hogar, dado que no tenía derecho legal a la propiedad de la familia.
“Les pedí que me dejaran en paz con mi hija o que me permitieran casarme, en cuyo caso dejaría a mi hija con ellos siempre que registraran una tercera parte de la propiedad a su nombre. Pero no aceptaron ninguna de estas dos opciones”, explicó Bano, que tiene una maestría en Historia y da clases en una escuela pública.
“Yo podía brindarle fácilmente a mi hija una educación de calidad, ya que tenía un ingreso mensual estable, pero se negaron con vehemencia”. Si su familia política le hubiera permitido llevarse a su hija con ella no se habría vuelto a casar, por el bien de la niña, aseguró.
Sin embargo, “la postura obstinada” de sus familiares la obligaron a librar una batalla legal contra ellos. Y una vez que el caso llegó a los tribunales le ofrecieron una “trato” por el cual registrarían la propiedad a nombre de la hija de Bano, con la condición de que la niña viviera con ellos.
“Cuando vi que transaban, estuve feliz de llegar al acuerdo extrajudicial. Así que retiré la demanda”, contó. Bano ahora tiene una hija y un hijo con el hombre que se casó en 2009. “Me alegro de haber insistido en mis derechos y los de mi hija”, dijo.
UNA TENDENCIA RECIENTE
Las mujeres recién están empezando a tomar conciencia de sus derechos en la región de Cachemira, en el noroeste de la India.
Antes estaban limitadas “principalmente por el analfabetismo. La educación de la mujer se consideraba contraria a las normas de la sociedad de Cachemira,” señaló a IPS/Cimacnoticias Bashir Dabla, un sociólogo de la Universidad de Cachemira en Srinagar, la capital de verano del estado de Jammu y Cachemira. El empleo femenino siempre fue menospreciado, agregó.
Pero esta tendencia, dijo Dabla, cambió en los últimos años. “Ahora las mujeres no sólo se ven en buen número en las instituciones educativas, sino también en los lugares de trabajo”, afirmó.
Según el censo de 2011, la alfabetización femenina en el estado de Jammu y Cachemira se incrementó de 20 por ciento en 1981 a 58 por ciento en 2011, frente al 44 y 78 por ciento para los hombres en el mismo periodo.
Los boletines de resultados en el examen de la junta escolar de Cachemira revelan que las niñas fueron primeras en los exámenes anuales normales seis veces en los últimos 10 años. En la Universidad de Cachemira varios departamentos tienen una paridad casi total entre mujeres y hombres.
EL IMPACTO
Los resultados comenzaron a apreciarse. Tasaduq Ahmad, el comisario adjunto de la división de Cachemira, dijo que su oficina recibió 917 quejas este año de mujeres a quienes se les negó su parte de la propiedad familiar.
“Inmediatamente les pedimos a los funcionarios de la administración en cuestión que cancelaran el registro de la propiedad de todos los hogares donde las mujeres habían presentado denuncias”, aseguró Ahmad a IPS/Cimacnoticias.
Según el funcionario, la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa de Jammu y Cachemira en 2007 facilitó los reclamos de las mujeres sobre la propiedad familiar. Las leyes anteriores no eran claras sobre sus derechos de propiedad.
Las mujeres presentan cada vez más denuncias desde que se aprobó la legislación. “No era así hace 10 años, pero ahora la cantidad aumenta cada año que pasa”, dijo Ahmad, que trabaja en el departamento de Ingresos de Cachemira desde hace 23 años.
Pero los activistas sociales dicen que las mujeres en Cachemira tienen mucho que recorrer en la lucha contra los prejuicios.
“Por ejemplo, cuando se trata de tomar las decisiones en la familia, los hombres siguen teniendo la última palabra. Las mujeres aún no están en condiciones de hacer valer sus derechos”, afirmó Abdul Rashid Hanjoora, destacado activista de Derechos Humanos.
El censo de 2011 reflejó que la población de Cachemira continúa con su preferencia por los varones sobre las niñas, ya que la proporción entre ambos sexos cayó de 964 niñas por cada mil niños en 2001, a 862 niñas por cada mil niños en 2011. El promedio nacional en la India es de 940 niñas por cada mil niños.
*No es su nombre real.
**Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS
13/AP/RMB
Retraso de año y medio para tener equidad en educación superior
El Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República adoptó en julio de 2012 la resolución de aplicar de forma progresiva el “Modelo de Calidad con Equidad de Género”, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), destacando su importancia por representar un avance en la promoción de la equidad de género para la institución.
Pero no fue sino hasta el pasado jueves 12 de diciembre que se reunió por primera vez el Comité de Calidad con Equidad de la facultad, para dar comienzo al diseño de un diagnóstico organizacional con perspectiva de género.
El Comité está actualmente integrado por Gladys Viera y Verónica Laurito, de sección personal; Aldo Marchesi, por el orden docente; Valeria Grabino y Sara López, por el orden egresados, y Valentina Gómez y María José Scaniello, como asesoras técnicas en género. Aún resta que se integren representantes de otras áreas y secciones de la facultad.
Este Comité tiene como cometido acompañar el proceso a la interna del servicio y facilitar el acceso a los datos para llevar a cabo el diagnóstico. Luego de este proceso, elaborará un plan de acción y medidas para que el servicio cumpla con las metas y requisitos de la certificación del modelo.
El “Modelo de Calidad con Equidad de Género” tiene como objetivo promover que las organizaciones públicas y privadas integren en su gestión organizacional la equidad de género asociada al aprovechamiento de todas las competencias y capacidades del personal, con miras a incrementar la eficiencia de las organizaciones al mismo tiempo que la justicia social.
Se pretende la reducción de las brechas de género en el ámbito laboral, por medio de acciones planificadas y procedimientos que apuntan a transformar las estructuras de trabajo y la gestión de recursos humanos, en forma más justa para el conjunto del personal.
Así, mediante la certificación otorgada a las organizaciones, el Estado estimula la concreción de mayores grados de igualdad de género en el ámbito laboral.
13/IV/RMB
Humildad y ternura transpira la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, una mujer que tiene sobre sus hombros una peligrosa responsabilidad: enviar a la cárcel a quienes infrinjan la ley, ya sean narcotraficantes, ex militares o delincuentes comunes.
Durante casi 25 minutos, Prensa Latina/Cimacnoticias conversó con una de las candidatas al Nobel de la Paz 2013, quien ríe con frecuencia y a veces está al borde del llanto cuando se le pregunta, por ejemplo, qué le salva el día tras una sobrecargada jornada.
Mi hijo, respondió. Aseguró, casi en un suspiro, que sintió muchísimo cariño de la gente cuando su Joaquín fue intervenido quirúrgicamente del cerebro en enero de 2012. Indagué cómo estaba. “Bien, gracias a Dios”, dijo ella.
Para esta mujer, la primera en Guatemala en asumir para un periodo de cuatro años al frente del Ministerio Público, la justicia se define en su diccionario personal como la que actúa respetando la igualdad, independientemente de quien sea.
Después de pensar un instante, definió a la valentía como la capacidad de sobreponerse al temor, mientras que consideró al poder como algo que debe ser controlado. Para ella el trabajo es “uff, esfuerzo diario”. En ese instante rompió en risas, aunque aludía a lo más serio del mundo.
Reveló, también risueña, que se esfuerza por ser una soñadora como su padre y perseverante al estilo de la madre. Consultada sobre los resultados de su gestión desde diciembre de 2010 hasta la fecha, aseveró que en estos tres años se ha avanzado en el combate al crimen organizado, en especial el narcotráfico.
“Hemos logrado detener, para extradición, a varios de los más grandes capos y también hemos juzgado acá en Guatemala”, subrayó.
–Prensa Latina/Cimacnoticias (PLC): Específicamente en el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres ¿cómo han avanzado?
–Claudia Paz y Paz (CPP): En este tema hemos creado modelos de atención integral, que en 2010 solo existían en la ciudad de Guatemala. En 2011 llegamos hasta Villa Nueva (municipio colindante con esta capital), en 2012 hasta Huehuetenango, Alta Verapaz y Escuintla, y este año hasta Quetzaltenango, Chimaltenango y Chiquimula.
“Ya contamos con agencias especializadas en Petén, Jalapa y Jutiapa. Los lugares que he mencionado son donde existe un alto índice de violencia contra las mujeres. Es una prioridad poderles atender porque ese delito es el más denunciado a nivel nacional”.
–PLC: ¿Qué tendría que decirles a quienes afirman que pese a la disminución en las cifras de asesinatos y femicidio/feminicidio, la percepción de inseguridad aún persiste en la población guatemalteca?
–CPP: En realidad creo que ha aumentado la confianza en la justicia. Hay mayores índices de denuncia en ciertos delitos, por ejemplo en violencia contra las mujeres. Hay mucho camino por recorrer en materia de seguridad, pero sí se ha avanzado en el esclarecimiento de hechos violentos.
–PLC: ¿Qué porcentaje de los crímenes cometidos hoy en Guatemala quedan sin resolver?
–CPP: Hemos pasado de un 95 por ciento de delitos contra la vida sin esclarecer a un 70, es decir, hemos transitado de un 5 a un 30 por ciento de casos resueltos.
–PLC: ¿Cómo valora el trabajo desempeñado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)?
–CPP: La colaboración de la CICIG ha sido fundamental. En 2007, cuando se estableció, había mucha desconfianza y descrédito del sistema de administración de justicia. Estaba esa cifra del 95 por ciento de impunidad.
“Desde entonces para acá se ha avanzado en tener procesos transparentes para la elección de funcionarios en puestos claves, como en el esclarecimiento de crímenes complejos y ha trasladado al Ministerio Público metodologías importantes para combatir el crimen organizado y ha ayudado en el fortalecimiento de nuestra Dirección de Análisis”.
–PLC: ¿Considera que Guatemala estará en condiciones en septiembre de 2015 para enfrentar la impunidad sin la presencia de la CICIG?
–CPP: Creo que Guatemala ha avanzado mucho. Estos años han sido cruciales para el fortalecimiento del sistema de justicia. Pero no podría evaluar de aquí al 2015 cuáles serían las condiciones.
“Lo que sí puedo sostener es que hay que trabajar para que el sistema de justicia sea capaz cada vez más de caminar en el sendero de la lucha contra la impunidad”.
–PLC: En el almanaque de Claudia Paz y Paz, ¿qué relevancia tiene el 10 de mayo de 2013?
–CPP: Ese día se dictó sentencia en el caso de genocidio (contra el ex general Efraín Ríos Montt), aunque lamentablemente fue anulada días después por la Corte de Constitucionalidad.
–PLC: ¿Cómo valora la anulación del juicio contra Ríos Montt por parte de la Corte de Constitucionalidad?
–CPP: Como fiscales no la compartimos. Consideramos que utilizamos todos los recursos en nuestras manos para impugnarla, pero la respetamos.
–PLC: ¿Qué perspectivas ve en la resolución del caso Ríos Montt, cuando aún está pendiente un pronunciamiento de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones?
–CPP: Hay un número elevado de otros recursos que están dando vueltas sobre ese tema, además del que permanece por resolverse en la Sala Primera. El juicio lo programaron para enero de 2015.
–PLC: ¿Cómo valoraría que se resolviera este caso?
–CPP: Para nosotros, como Ministerio Público, es muy importante resolverlo. Pero también es un buen ejemplo para saber cómo se hace abuso de los recursos de defensa a fin de retardar los procesos.
–PLC: ¿Tomar decisiones como fiscal general le ha ganado enemigos?
–CPP: Sin dudas, el ejercicio de la acción y persecución penal, que es nuestro trabajo, traerá simpatías para las personas que han sido víctimas, si se esclarecen sus casos.
“Probablemente las que sufran el poder penal, a veces no lo comprenderán como un puro ejercicio de la ley y del Estado de Derecho. Son temas que van con el cargo”.
–PLC: ¿Qué le quita el sueño a Claudia Paz y Paz?
–CPP: Creo que hay una gran responsabilidad sobre mis hombros de cumplir a cabalidad con lo que me exige la ley: cumplir como institución con nuestro mandato de defender adecuadamente a las víctimas, y que mis compañeros fiscales hagan su trabajo, que sin dudas tiene riesgos, con los necesarios niveles de seguridad.
–PLC: ¿Qué precio tiene que pagar cada día por estar en un puesto como éste?
–CPP: Siempre son opciones personales. Es una decisión de asumir un desafío y de ejercer una función pública, que conlleva, como otras, ciertos riesgos. Hay que tener paciencia con los riesgos que conlleva y tomar ciertas medidas de seguridad necesarias.
–PLC: Usted ha ejercido la docencia. ¿Es de las profesoras que aprende de los estudiantes?
–CPP: Siempre, siempre se aprende.
–PLC: ¿Qué enseñanzas recuerda de sus alumnos?
–CPP: Siempre las preguntas obligan a estudiar, hacen pensar que las cosas se pueden ver desde varios puntos de vista, sin que exista sólo una forma de comprenderlas.
“Si se logra que la clase no sea un monólogo, sino un diálogo con los alumnos, se puede construir entre todos una manera de entender las cosas”.
–PLC: ¿Cómo describiría un día normal en la vida de Claudia Paz y Paz?
–CPP: Desayuno con la familia. Vengo muy temprano al Ministerio Público. Muchas reuniones internas y externas. Y (se ríe) termino en la noche muchas veces cansada.
–PLC: ¿Le alcanza el tiempo a la fiscal general para leer un libro de temáticas diferentes a su contenido de trabajo?
–CPP: No como quisiera.
–PLC: ¿Cuáles son sus libros de cabecera?
–CPP: Hay uno que me dio a leer mi papá, cuando era niña, que se llama “Matar a un ruiseñor”, de la escritora estadounidense Harper Lee. La historia versa sobre una niña que tiene un papá abogado. Ese texto me encanta.
Paz y Paz confesó que la mayor sorpresa recibida al ocupar el cargo fue conocer la existencia de funcionarias y funcionarios honorables, de carrera, con muchísimos años de trabajar en la institución.
“La mayoría de ellos merecerían una estatua y confiaría en que se lo han ganado. Muchas veces hacen su trabajo de forma anónima. Quien recibe los méritos por el buen hacer de la institución soy yo, pero detrás está la labor de muchas mujeres y hombres”.
Coherente con esta respuesta, sostuvo que la nominación al Nobel de la Paz fue un gran honor, que apoya su desempeño, pero también el de sus compañeras y compañeros.
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.
13/RSM/RMB
A pesar de que existen acciones para reducir el número de nuevas infecciones de VIH en nuestro país, desafortunadamente éstas no han sido orientadas con alta prioridad hacia la población adolescente y joven.
Tal vez una de las razones obedece a los obstáculos conservadores que aún persisten bajo el cobijo de no reconocer el inicio temprano de relaciones sexuales entre adolescentes, y olvidando que la principal transmisión del VIH en México es por la vía sexual.
La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a una educación integral en sexualidad ha dado como resultado que adolescentes y jóvenes no cuenten con servicios oportunos para decidir manera preventiva, protegida y responsable su comportamiento sexual.
La respuesta al VIH dirigida a adolescentes y jóvenes no ha tenido la contundencia que debería, aunque se reconocen ciertos avances.
A nivel mundial se registra una reducción del 32 por ciento en el número estimado de nuevas infecciones de VIH entre personas de 15 a 24 años, aunque es este grupo el que concentra el mayor número de nuevas infecciones.
Por otra parte, el número de muertes relacionadas con el Sida se redujo un 30 por ciento entre 2005 y 2012; sin embargo se estima que las muertes entre jóvenes aumentaron 50 por ciento por esta misma causa.
La situación anteriormente descrita obliga a considerar algunos datos relevantes como son los recientemente publicados por el Consejo Nacional de Población (Conapo).
La edad promedio en que las y los adolescentes tienen su primer contacto sexual se ubica alrededor de los 18 años, aunque se registran edades tempranas pudiendo ser desde los 13 y 14 años.
Un alto porcentaje tiene su inicio sexual sin usar algún método anticonceptivo, por lo que es fácil suponer a un o una adolescente comenzando su vida sexual sin información completa sobre su cuerpo, el conocimiento preciso de cómo funciona, cuáles son sus días fértiles, y por consecuencia sin el uso de un anticonceptivo.
Estos factores son determinantes para el riesgo que enfrenta un o una joven que no cuenta con información, educación y servicios de salud sexual indispensables para favorecer decisiones asertivas y preventivas relacionadas con su sexualidad.
Durante 2012 en México se registraron 308 casos de VIH entre adolescentes de 15 a 19 años, y otros 974 casos en jóvenes de 20 a 24 años, todos adquiridos por vía sexual.
Actualmente en nuestro país existen lineamientos normativos que representan serias limitaciones para que adolescentes menores de 18 años recojan personalmente los resultados de la prueba de VIH.
La Norma Oficial Mexicana (NOM) 010 de la Secretaría de Salud dice que las personas menores de 18 años pueden realizarse la prueba a pesar de no ir acompañados de su padre, madre o tutor legal, pero sí deben ir acompañados de cualquiera de ellos al momento de la entrega de los resultados.
Lo anterior constituye una enorme barrera para que la población adolescente proceda a la realización de la prueba; si hablar con sus padres sobre el inicio de su vida sexual puede ser un obstáculo considerable, compartirles que han procedido a conocer su estatus sobre VIH puede ser aún peor.
También es importante mencionar que muchas de las barreras que enfrentan adolescentes y jóvenes para las pruebas rápidas de VIH y en general para servicios de salud sexual y reproductiva, se deben al estigma que todavía prevalece entre prestadores de servicios de salud y entre tomadores de decisión de este campo.
Adolescentes y jóvenes son calificados como inmaduros, inestables, incapaces de tomar decisiones y que no saben lo que quieren, entre otras cosas.
Si a lo anterior se agrega que para efectos de prevención en VIH adolescentes y jóvenes no son una población prioritaria, se perfila un grave problema que se debe atacar a la brevedad y sobre todo garantizando el pleno respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.
Miles de historias se documentan: adolescentes que no han encontrado información y educación sexual temprana, clara y objetiva, que tampoco han accedido a servicios de salud preventivos y oportunos, y que han contraído una infección de transmisión sexual (ITS), o cursan un embarazo no planeado, que tienen miedo, que no saben qué hacer, a dónde acudir o con quién hablar.
Pareciera ser que cuando se habla de temas de sexualidad para adolescentes y jóvenes, se trata de un hecho aislado en la vida. ¡Pero no! Es más que eso, es un suceso que impactará de manera definitiva el resto de sus vidas, si continuarán o no con sus estudios, si tendrán que casarse obligadamente, si las expectativas de sus vidas se verán limitadas en tiempo y en aspiraciones.
Hablar de sexualidad es hablar de toda una persona, con todo lo que eso significa.
Por tanto, si se quiere reducir el número de casos de embarazo en adolescentes y de ITS, incluyendo el VIH, se vuelve imperativo contar con estrategias adecuadas que respondan a las necesidades y realidades de adolescentes y jóvenes, asegurando que la información y la educación sexual que reciban, así como la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva, se brinden con respeto a su decisión libre e informada en un marco de respeto a sus derechos como individuos.
El acceso a la prueba de detección de VIH cuando la población adolescente y joven la solicite deberá garantizarse con la confidencialidad requerida. Es importante realizar esfuerzos coordinados de varios actores y sectores, como los que a continuación se sugieren:
1. Hacer realidad la educación integral en sexualidad como un tema de la currícula escolar desde el nivel básico. Es urgente impulsar la institucionalización de materias que hablen a niñas, niños y adolescentes sobre la sexualidad desde un enfoque científico y laico, con perspectiva de género y en un marco de respeto a su decisión libre e informada, que les permita tener las habilidades necesarias para actuar de manera preventiva, asertiva y oportuna.
2. Elaborar guías de atención especializada para adolescentes y jóvenes con VIH, en las cuales se consideren protocolos médicos de tratamiento antirretroviral adecuados a la edad y condiciones físicas de adolescentes y jóvenes.
3. Garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con prestadores de salud sensibles a las necesidades de la población adolescente, y sin interponer sus propios juicios y valores, con horarios accesibles; en otras palabras, servicios de salud “amigables” para adolescentes y jóvenes.
4. Asegurar el acceso a insumos de prevención como son condones masculinos y femeninos, métodos anticonceptivos y otros insumos para su autocuidado sin que la edad sea una barrera.
*Eugenia López, directora de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. www.redbalance.org
**Mariana Mancilla, integrante de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.
***Esperanza Delgado Herrera, apoderada de relaciones interinstitucionales y advocacy de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam).
****Corina Martínez, integrante de Mexfam.
*****Balance y Mexfam son parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
13/EL/MM/EDH/CM/RMB
Durante su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto se limitó a responder a la violencia que enfrentan las mexicanas con discursos de buenas intenciones y más compromisos ante la comunidad internacional, pero aún están pendientes recomendaciones en la materia emitidas por mecanismos de Derechos Humanos (DH).
Durante 2013, para el gobierno federal la violencia de género estuvo presente sólo en los discursos de días conmemorativos y en los compromisos asumidos a nivel internacional.
Sin embargo, las constantes exigencias de organizaciones civiles para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en varias entidades demuestran la incapacidad del Estado mexicano para proteger a las mujeres.
Este año Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sumó nuevos compromisos a la larga lista de pendientes en materia de DH de las mexicanas.
Durante la clausura de la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW 57) –celebrada del 4 al 15 de marzo en la ONU–, la delegación del gobierno de México impulsó la inclusión en el documento final (que define los lineamientos que seguirán las naciones en la creación de políticas públicas) de la definición de feminicidio.
Ya en México, Cruz Sánchez al ser cuestionada por la prensa sostuvo que el nuevo compromiso internacional se traduciría en que el delito de feminicidio sería tipificado y homologado en todo el país, y se crearían los protocolos necesarios para la adecuada investigación de este crimen.
Al terminar el año, aún está pendiente la tipificación del feminicidio en los estados de Michoacán y Chihuahua.
No obstante, muchas entidades no cuentan con un tipo penal autónomo, es decir, se tipificó al feminicidio sólo como un agravante del delito de homicidio doloso, lo que implica que para acreditar este crimen primero se debe comprobar otro tipo penal.
La inacción y simulación del Estado para detener la violencia de género, especialmente el feminicidio, ha sido reiteradamente denunciada por grupos civiles.
En febrero pasado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que sustentó que en cuatro años (2009 a 2012) se agravó la violencia de género en México.
El documento hacía énfasis en el feminicidio, la violación sexual y las desapariciones de jóvenes, tres temas que han sido soslayados por las autoridades mexicanas.
MÁS DE 1,300 RECOMENDACIONES
El pasado 23 de octubre en Ginebra, Suiza, México fue evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y como resultado se emitieron 180 recomendaciones en la materia.
Cabe aclarar que no son las únicas observaciones que ha recibido el gobierno mexicano. De 2000 a 2011, nuestro país mereció mil 361 recomendaciones referentes a los DH de las mujeres por parte de organismos internacionales de Derechos Humanos.
Lo anterior de acuerdo con el reporte “¿Cumple la Administración Pública Federal con las recomendaciones del Comité CEDAW? Seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW en México 2009-2012”, que informa que en 11 años México recibió más de mil 300 recomendaciones derivadas de los impedimentos y obstáculos que viven las mujeres para acceder a sus DH.
De acuerdo con la investigación, 314 de ellas están relacionadas con la violencia que padecen las mexicanas y 101 corresponden sólo a casos ocurridos en Ciudad Juárez.
Dentro de las recomendaciones del Comité CEDAW está retirar las barreras y obstáculos que han impedido la declaración de la AVG en los estados que la han solicitado.
Pese a la encomienda internacional, el gobierno negó las solicitudes de AVG para Hidalgo, Guanajuato y Estado de México.
Además, como exigencia ciudadana por medio de protestas y misivas enviadas a autoridades federales, se pidió declarar la AVG en los estados de Chiapas y Morelos, pero fueron ignoradas.
Para dar respuesta al reclamo social por la no aplicación de la AVG, el gobierno federal reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define el proceso para presentar las solicitudes de alerta.
El OCNF, que agrupa a diversas organizaciones civiles, denunció que el “nuevo” reglamento no elimina las barreras y por el contrario excluye a la ciudadanía del proceso.
Otra muestra del desdén oficial ante la violencia lacerante contra las mexicanas, es que apenas en octubre pasado el Inmujeres anunció que el 25 de noviembre se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mandatado en la ley desde 2007. Hasta ahora no ha sido así.
13/AZM/RMB
Publican reglas para integrar visión de género en política pública
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron ayer las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), para el Ejercicio Fiscal 2014.
El acuerdo emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) responde al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, que por primera vez propuso como un eje transversal de los programas que de él emanen el enfoque de género.
De esa manera, el acuerdo signado por Lorena Cruz Sánchez, titular del Inmujeres, recuerda que México ha registrado avances importantes en la incorporación de esa visión en las políticas públicas con resultados favorables.
Sin embargo, en el propio documento se reconoce que en la gestión gubernamental se siguen realizando acciones aisladas y sin integridad.
Lo anterior debido a que “no se ha considerado esta perspectiva en todas las fases del ciclo de las políticas públicas”, es decir en las etapas de presupuesto, implementación, seguimiento y evaluación.
Al estar alineado a lo mandatado por el PND, el Programa de Fortalecimiento confiere mayor relevancia al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), coordinado por el Inmujeres.
De acuerdo con lo publicado en el DOF, el PFTPG contribuirá con los 32 institutos de las Mujeres en las entidades, las instancias municipales de las Mujeres y las de las delegaciones del Distrito Federal, “a cumplir con su mandato” de encaminar acciones para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Dentro de sus objetivos está la obligación de tales instancias de impulsar acciones que incidan en el cambio institucional de la administración pública estatal, municipal y delegacional, a favor de la igualdad y la no discriminación de género.
Así como impulsar la instalación y continuidad de los Centros de Desarrollo de las Mujeres en los municipios y delegaciones, identificados como prioritarios por el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
Con el propósito de que los distintos proyectos de los institutos estatales, municipales y delegacionales de las Mujeres contribuyan al cumplimiento de los objetivos que establece el Proigualdad, las reglas de operación definen cuatro vertientes para tales planes.
Así, los proyectos a presentarse a más tardar el próximo 28 de febrero deben considerar el fortalecimiento institucional, las políticas públicas para la igualdad, políticas públicas de prevención y atención a la violencia, y el reforzamiento de la ciudadanía de las mexicanas.
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