La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) de nuevo volvió a fallarles a trabajadoras jubiladas de Mexicana de Aviación, que reclaman el pago de sus pensiones.
Y es que aunque el titular de la STyPS, Alfonso Navarrete Prida, se comprometió el pasado 7 de mayo a que siete días después daría respuesta sobre el tema, el encuentro se llevó a cabo hasta el 22 de mayo y sin la presencia del secretario y con funcionarios que desconocían los acuerdos asumidos con las trabajadoras.
En entrevista con Cimacnoticias, Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, criticó la inasistencia de Navarrete Prida y del subsecretario de Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez.
El sindicalista dijo que a la reunión sólo acudieron el jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, Carlos Augusto Siqueiros Montayo, y otros personajes con cargos menores que desconocían por completo los compromisos acordados días antes con el secretario.
Guerrero denunció que en esta segunda reunión tampoco obtuvieron una fecha concreta para el pago de las pensiones que desde agosto de 2011 se adeuda a las jubiladas. Indicó que las otras demandas también quedaron pendientes.
INCUMPLIMIENTOS
Durante la reunión del pasado 7 de mayo, una comisión de 19 sobrecargos jubilados –entre mujeres y hombres– exigieron ser beneficiados con el pago de la liquidación de las y los empleados que quedaron sin fuente de empleo tras la declaratoria de quiebra de la aerolínea el pasado 4 de abril.
De igual modo, pidieron que quienes se jubilaron dentro del proceso mercantil puedan firmar un convenio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que se reconozca su condición de jubilados y se les otorgue una pensión.
Otra más de las peticiones fue que dentro de las negociaciones sobre el futuro de la base de mantenimiento MRO se considere la posibilidad de que el personal y el cuerpo de jubilados de la aerolínea conformen una cooperativa que administre el activo, en lugar de que se venda.
Sin embargo, ninguna de estas peticiones se resolvieron en la reunión del pasado 22 de mayo, ya que los funcionarios desconocían los acuerdos tratados en el primer encuentro, por lo que las y los jubilados tuvieron que plantear de nueva cuenta la problemática e iniciar el proceso.
Fausto Guerrero calificó como “una falta de respeto que nos citaran a una mesa donde nadie sabía cuál era el objeto de las reuniones”, por lo que mandaron un escrito a Navarrete para manifestarle su inconformidad y exigir que cumpla su compromiso de llevar a cabo mesas de trabajo para tener una solución.
Una más de las demandas de las y los jubilados durante la primera reunión es que se permita la participación del personal jubilado en el Comité Técnico del Fideicomiso de MRO.
Esto luego de que el gobierno mexicano consideró que el Comité Técnico debía estar integrado sólo por cuatro representaciones (uno por sobrecargos, otro por pilotos, otro por trabajadores de tierra y uno más por trabajadores de confianza), sin considerar a las y los jubilados.
Guerrero dijo que esta petición no fue atendida por el secretario de Trabajo ni por Ricardo del Valle Solares, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), ya que el primero sólo “tomó nota” y el segundo aceptó que ya se habían asignado los nombres de quienes conformarían el Comité, sin que las y los jubilados fueran consultados.
Fausto Guerrero enfatizó que ASSA “trabaja de manera opaca y niega (a las y los jubilados) la información”. Y añadió que de no quedar representados en el Comité Técnico iniciarán movilizaciones.
Tan sólo en la agrupación que dirige Guerrero hay 350 jubilados de un total de 700, de los cuales 70 por ciento son mujeres.
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mayo 2014
La Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJE), niega el acceso a la justicia a una joven víctima de abuso sexual en la entidad.
Desde junio de 2013, Diana –licenciada en Economía, activista y defensora de Derechos Humanos– presentó una denuncia por el delito de abuso sexual contra Ramón Ortiz García, presidente del Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidios en San Luis Potosí (SLP), pero hasta ahora no ha logrado justicia.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2011), el 37 por ciento de las potosinas reportaron un incidente de violencia sexual con sus parejas.
De acuerdo con el Código Penal de SLP, el artículo 148 estipula que “comete el delito de abuso sexual, quien, sin el consentimiento de una persona ejecuta en ella, o la hace ejecutar un acto erótico sexual”. El caso de Diana es ejemplo de este tipo de abuso.
LA HISTORIA
Diana inició su formación en perspectiva de género y su carrera en Derechos Humanos (DH) cuando egresó de la licenciatura de Economía. Empezó su carrera profesional en el Instituto de las Mujeres de SLP, donde conoció a Ramón Ortiz, a quien ella consideraba en un primer momento “como un compañero respetuoso”.
Desde su primer acercamiento al tema, Diana se “convenció de luchar por mejores condiciones para las potosinas y de ayudarlas en su empoderamiento”, así que continuó su preparación en diversos diplomados y talleres.
Cuando su contrato en el instituto terminó, Ortiz la invitó a colaborar en su nueva organización, Enfoque de Igualdad. “Desde que yo trabajaba con él me contó sus intenciones de fundar una organización; cuando me habló para invitarme a formar parte del pequeño equipo con el que arrancaba no lo dudé porque de verdad lo consideraba un hombre comprometido con la igualdad de género”.
Diana siguió empapándose del tema y cada vez se comprometía más con las mujeres. A la par, Ortiz García iba ganando prestigio como activista por la igualdad de género.
El 3 de junio de 2012 las convicciones de Diana fueron puestas en duda y se fue por la borda la imagen que tenía de su jefe. Ramón Ortiz García abusó sexualmente de ella al hacerle tocamientos.
Días después de la agresión, Diana se atrevió a encarar a su agresor. Acudió a las oficinas de la organización acompañada de su pareja sentimental. Durante la discusión –de acuerdo con lo relatado por la joven a esta agencia–, Ramón aceptó las agresiones, le pidió disculpas argumentando “que no supo por qué lo hizo”, e incluso le dijo “que respondería ante la justicia si ella decidía emprender una denuncia”.
“Mientras me agredía yo me quedé inmóvil, no hice nada porque no lo podía creer; él era uno de los compañeros con los que yo me había formado en temas de género; esa parálisis y negación me duró mucho tiempo”, recordó.
Diana renunció a su trabajo y abandonó la ciudad de San Luis Potosí un tiempo. Volver a abordar temas de género y especialmente de violencia le costó mucho trabajo; aún ahora no es capaz de dirigir a grupos de mujeres. Le tomó un año atreverse a presentar la denuncia formal de los hechos.
“Me tarde mucho tiempo en arriesgarme a presentar la denuncia; sabía por los relatos de otras mujeres que el sistema de justicia al que me enfrentaría no es el más eficiente”, señaló. Pero decidió hacerlo “para continuar mi camino, enseñarles a mis compañeras que sí es importante la denuncia, pues señalar a quien te agredió y buscar justicia te empodera”.
VÍA CRUCIS
En un primer momento, Diana se acercó al Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid) a presentar la denuncia y sus temores se hicieron realidad.
Diana relató a esta agencia que el peritaje psicológico estuvo plagado de irregularidades, la persona encargada del procedimiento no estaba poniendo atención a la entrevista, y estaba ocupada con su celular.
“Me dijo que tenía mucho trabajo y que su hijo estaba enfermo, que sólo le diera las cuestiones generales del caso porque todo lo demás lo podía leer en el expediente, a mí me pareció raro pero pensé que era el primer acercamiento, así que hice lo que me pidió”.
Cuando Diana le dio el nombre del agresor, la perito le dijo que lo conocía y “que Ramón era su amigo en Facebook y hasta me enseñó su celular, y yo ya no tenía la plena confianza de describir los hechos y definir cómo me sentía”.
El 21 de junio de 2013 Diana acudió a la Subprocuraduría a ratificar la denuncia que quedó asentada en la Averiguación Previa Penal 369/2013.
A pesar de visitas constantes para conocer el avance de las investigaciones, la defensora no recibió ningún citatorio ni informes sobre el expediente. Fue hasta ocho meses después que, por su insistencia, recibió los resultados del peritaje psicológico.
No obstante, al leer los resultados Diana y su abogada se percataron de que había declaraciones que la defensora nunca había realizado, además de que no se habían realizado bajo los protocolos periciales correspondientes: no existía firma de consentimiento informado por parte de la defensora y había sido expedida meses después del tiempo establecido.
Aunado a ello, Diana se enteró de que la denuncia no había procedido porque prácticamente se había perdido el expediente. “El pasado 20 de marzo me llamó la subprocuradora y me dijo que ‘mirando sus expedientes pendientes se encontró el mío’, y me preguntó si quería seguir con la denuncia”.
Hasta ese día, Ramón no había sido notificado. El agresor se presentó ante la Subprocuraduría porque se enteró de la denuncia cuando se le pidió su renuncia del Comité de Feminicidios. En ese momento le dieron fecha para presentar a sus testigos, lo que ocurrió el pasado 3 de abril.
Por ahora Diana y sus abogadas intentan desechar el primer peritaje y la activista señaló que “lo único que espero es que hagan su trabajo sin importar de quién se trate, pues la Subprocuraduría y el Centro de Atención a Víctimas me han dejado muy mala experiencia”.
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En el mundo, México es considerado un país con leyes vanguardistas a favor de las mujeres y es reconocido por los acuerdos globales que signa y ratifica en la materia, pero el actuar de impartidores de justicia, funcionarias y legisladores reflejan que la protección, seguridad y respeto a la población femenina están sólo en el discurso.
Organizaciones civiles han manifestado su molestia por lo que consideran una actitud de simulación del Estado mexicano, para cumplir los acuerdos internacionales a favor de las mujeres.
Y es que hace dos semanas nuestro país fue sede de un Foro Hemisférico para plantear nuevas líneas de acción contra la violencia de género, con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
Al mismo tiempo, las autoridades preparan un informe sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, emanada de la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995.
Pero justo el pasado miércoles 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, dos hechos dejaron en claro –a decir de activistas– el desinterés del Estado para asumir sus compromisos a favor de las mexicanas.
Ese día por la mañana, diputados federales y funcionarios dejaron “plantados” a especialistas, grupos civiles y médicos de todo el país que llegaron a la Cámara de Diputados, para proponer acciones contra la violencia obstétrica, una de las causas de muerte materna (MM) que más se ha denunciado públicamente en meses recientes.
Las y los expertos presentes en el foro “Violencia obstétrica: oportunidades y retos para la legislación y las políticas públicas en México”, dijeron que la solución a este flagelo va mas allá del despido del personal de salud, pues las agresiones contra mujeres durante sus embarazos y partos son un reflejo de la violencia institucional, las fallas estructurales del sistema sanitario y la falta de política pública con visión de género.
Por la tarde del 28 de mayo, el Congreso de Nuevo León (NL) aprobó en primera instancia y con mayoría de votos una iniciativa para instaurar el “derecho a la vida desde el momento de la fecundación”, lo que para organizaciones ciudadanas y activistas es una forma de criminalizar a las mujeres, aumentar el número de abortos inseguros y abonar al incremento de la MM.
La iniciativa para restringir el derecho al aborto legal se aprobó tan sólo en una semana. Fue presentada el 21 de mayo por el diputado del Partido Acción Nacional Francisco Luis Treviño y avalada por las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales el día 23, para subir finalmente al pleno y ser aprobada el pasado miércoles.
En el avance de esa iniciativa evidenció que las voces de las organizaciones civiles y expertas en el tema no son tomadas en cuenta por el Poder Legislativo cuando se toman decisiones de alto impacto para las mujeres.
Desde que se supo de la propuesta panista, activistas nacionales y locales buscaron canales de comunicación con las y los legisladores (en redes sociales, cartas y protestas), pero fueron ignoradas. Al contrario, sí fueron escuchadas las posturas de los grupos Provida y la Iglesia católica.
Previo a la votación se hizo llegar al Congreso de NL un documento en el que el doctor en Derecho Héctor A. Mendoza Cárdenas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, exponía el sinsentido de dar personalidad jurídica a un embrión y cómo diversas normas internacionales refutaban este tipo de legislaciones, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 7 define que el menor de edad “tendrá derechos desde que nace”.
También se informó a las y los legisladores de los datos y cifras que evidencian que ese tipo de reformas derivan en la criminalización de las mujeres, como ha ocurrido en los estados de Guerrero o Guanajuato.
El mismo miércoles 28 de mayo el Congreso local ordenó que se impidiera la entrada al Palacio Legislativo de las organizaciones contrarias a la iniciativa para restringir el derecho al aborto.
Pero el bloqueo no aplicó para representantes de grupos Provida, pues según la prensa local, al menos 10 integrantes de este movimiento de ultraderecha entraron al Congreso estatal acompañadas de las diputadas panistas Blanca Lilia Sandoval y Carolina Garza.
Ante la eventual ratificación de la iniciativa –que sería sometida a una segunda votación prevista para junio próximo–, funcionarias y legisladoras federales optaron por “lavarse las manos”.
Cimacnoticias reportó la víspera que en declaraciones a esta agencia, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que no hará ningún llamado al Congreso de Nuevo León para intentar evitar la iniciativa con las que se violentan los derechos de las mexicanas.
Cruz comentó lo anterior durante un foro convocado por el Inmujeres y la Comisión de Igualdad de Género del Senado, encabezada por la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien también dirige el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri).
El evento tuvo como objetivo conocer el balance de las organizaciones civiles respecto al cumplimiento de la Convención de Belém do Pará.
En los discursos inaugurales se afirmó que todas las propuestas serían escuchadas y traducidas en propuestas de ley o política pública, pues México no podrá avanzar mientras se “siga violentando a las mujeres”.
En breve entrevista, Diva Gastélum, aclaró que el PRI no tiene ninguna postura radical sobre el tema del aborto. “La postura llega hasta donde se toma la decisión y las decisiones son personales” y de cada Legislatura local, atajó.
Se tiene “mucho respeto a la autonomía del estado (de Nuevo León); nosotros como organismo hicimos lo propio, pero respetamos las decisiones que se toman; no podemos forzar más, pues finalmente quienes votan son los diputados locales”.
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Concluye campaña “Defendamos la esperanza”
México.- Con la participación de Alberto Patishtán, Yolanda Morán (de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos), e Irinea Buendía (madre de una víctima de feminicidio), se llevará a cabo este sábado 31 de mayo el cierre de “Defendamos la esperanza: Campaña nacional en favor de las defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH)”, en el centro de Tlalpan.
“Defendamos la esperanza” es una campaña de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. El objetivo de la campaña fue mostrar y difundir las historias de vida de las y los defensores de DH, y su trabajo y compromiso a costas de sus vidas para alcanzar la justicia y eliminar la impunidad.
Denuncian ante ONU caso de “bullying” contra niña indígena
Nueva York.- La Red de Mujeres Indígenas por la Paz (Remipaz) y el Tribunal de Conciencia de Mujeres Indígenas (TCMI) presentaron ante Naciones Unidas el caso de la joven indígena Angelina, una estudiante de secundaria y residente en la Ciudad de México que por dos años fue golpeada y exhibida en redes sociales.
Al denunciar los hechos, a Angelina le fue negado el acceso a la justicia, ya que el “bullying” (acoso escolar) no está tipificado como delito, y por tanto se violenta la seguridad y los Derechos Humanos de las víctimas.
Remipaz y el TCMI pidieron a las autoridades implementar medidas permanentes de género y etnia para atender los casos de “bullying”.
AI urge a la India a atender casos de violencia sexual
India.- Divya Iyer, investigadora de Amnistía Internacional (AI) en la India, manifestó que el gobierno del país asiático está obligado, según el derecho internacional, a prevenir y sancionar cualquier forma de violencia sexual y de género, luego de que dos niñas fueron violentadas sexualmente y encontradas muertas en el distrito de Badaun, estado de Uttar Pradesh al noroeste de la India.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo cuando las niñas de 14 y 16 años fueron al campo a hacer del baño, pues en su casa carecen de retrete. Ante la tardanza de sus hijas, el padre fue a la policía local para solicitar la búsqueda de las adolescentes, pero los agentes en servicio se negaron y hasta lo golpearon.
Salud de las mujeres contribuye al desarrollo sostenible: ONU
Canadá.- Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, manifestó en Toronto que la salud debe de ser un asunto primordial en el desarrollo sostenible, para que ninguna mujer, niña o niño muera por causas prevenibles.
Aseguró que la salud, la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos son las mejores inversiones que los gobiernos pueden hacer, ya que las niñas, niños y mujeres saludables permiten a las sociedades crecer y prosperar.
Ban Ki-moon recalcó que seguirá impulsando la iniciativa “Every women, every child” (Todas las mujeres, toda la niñez), iniciada en 2010, a fin de reducir los índices de mortalidad materna en el mundo.
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Luis Omar Ramírez Anaya –hermano y cómplice de Miguel Ángel Ramírez, quien violó sexualmente a Yakiri Rubí Rubio Aupart– interpuso un amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, para solicitar que se reclasifique el delito de homicidio en “exceso de legítima defensa” a homicidio doloso, a fin de que la joven vuelva a ser encarcelada por matar a su agresor.
El 9 de diciembre de 2013 Luis Omar y Miguel Ángel interceptaron a Yakiri y con una navaja la llevaron a un hotel de la colonia Doctores, donde Miguel Ángel la violó sexualmente e intentó asesinarla. Sin embargó ella se defendió y logró herirlo, lo que le causó la muerte, según consta en la indagatoria a la que tuvo acceso esta agencia (Cimacnoticias 27-01-2014).
Aunque el mismo día de la agresión Yakiri acudió a la Procuraduría General de Justicia del DF a denunciar el delito de violación, fue detenida y acusada de homicidio, pero el pasado 3 de marzo la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) reclasificó el delito de homicidio doloso a homicidio con “exceso de legítima defensa”, y la joven quedó en libertad tres días después.
Yakiri ahora es juzgada como presunta responsable de asesinar a su agresor ante el Juzgado 23 Penal de Delitos No Graves, a cargo de Fausto Agustín Favela Ayala, mientras que la averiguación por el delito de violación sigue su curso.
Sin embargo ante el recurso que interpuso Luis Omar, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, a cargo de Jesús Alberto Chávez, realizó hoy una audiencia para notificar del amparo y aunque Yakiri acudió a la reunión el quejoso no se presentó, por lo que se realizará una nueva sesión el próximo 23 de junio para revisar si procede o se niega.
En paralelo, un grupo de activistas se manifestó afuera del juzgado para denunciar que se trata de una estrategia del cómplice de la agresión sexual para que Yakiri vuelva a prisión.
Al respecto Marina Beltrán y José Luis Rubio, padres de la joven indicaron que en su recurso jurídico Luis Omar pidió que a Yakiri se le juzgue por el delito de homicidio doloso o calificado, y no por el delito de homicidio “en exceso de legítima defensa”.
“El tipo que está interponiendo el amparo está bajo un proceso penal también y no tiene ninguna calidad moral (para ello), lo que está haciendo es cuestionar la decisión de la Quinta Sala, de tres magistrados”, expresó Marina.
El pasado 3 de marzo la Quinta Sala Penal del TSJDF reclasificó el delito de homicidio doloso a “homicidio con exceso de legítima defensa”, por lo que el Juez 68 Santiago Ávila Negrón tuvo que dejar a Yakiri en libertad.
“Él (Luis Omar) quiere a mi hija de regreso en la cárcel, pero estos son movimientos que él hace porque quiere ganar de alguna manera. El está desafiando al Tribunal Superior”, dijo José Luis ante los medios de comunicación.
No obstante, los padres de la joven confiaron en que el juez rechace el amparo, ya que Luis Omar tendría que presentarse ante el juzgado y llevar pruebas que acrediten que se debe reclasificar el delito y por tanto revocar la libertad bajo fianza de Yakiri.
“Es algo que lo veo tan absurdo, lo veo tan imposible porque no se puede creer que un criminal que se siente protegido se ampare ante una resolución, ante los magistrados de la Quinta Sala Penal. No tiene ni pruebas, ni esa palabra para decir que se reclasifique el tipo de homicidio”, dijo Yakiri.
La joven criticó que Luis Omar no acudiera a la audiencia de hoy. “Él tiene el interés en querer ampararse, yo estoy aquí porque me interesa porque me da muchísimo coraje que además de ser un criminal, un violador, un agresor, un feminicida, se quiera amparar, exija su derecho, exija justicia”, afirmó.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se defendió de las críticas que ha recibido por la “debilidad” de sus recomendaciones al gobierno del estado de Oaxaca, sobre dos casos de violencia obstétrica ocurridos recientemente en la entidad.
Durante un foro sobre violencia obstétrica en la Cámara de Diputados, Verónica Chong, jefa de Departamento del Programa sobre Asuntos de la Niñez, la Familia y Personas Adultas Mayores de la CNDH, pretextó que la Comisión supo de los casos a través de los medios de comunicación y no de quejas directas de las víctimas, y responsabilizó a las autoridades de salud de Oaxaca por no brindar la información completa.
A raíz de los casos de Irma, una mujer mazateca que tras ser rechazada del servicio de salud parió en el patio del hospital, y de Alma Ruth, también de origen indígena que dio a luz en el baño del nosocomio, ambos ocurridos en Oaxaca, la CNDH emitió dos recomendaciones que fueron duramente criticadas por grupos civiles al considerar que no especifican las medidas de no repetición, ni garantizan la reparación del daño a las víctimas.
Verónica Chong sostuvo que al igual que el resto de la sociedad la CNDH supo de esos casos por las denuncias en medios de comunicación, y después de ello envió a los visitadores y se pidió a las autoridades sanitarias de Oaxaca un reporte detallado de por qué no brindó atención a las mujeres. Pero –justificó la funcionaria– el reporte que recibieron no fue completo.
“Al momento que se emitieron estas dos recomendaciones no se tuvieron a la mano todas las respuestas de las autoridades que se hubieran deseado para determinar con todo detenimiento cuáles eran específico las violaciones que se habían cometido, y así determinar cuáles eran las formas en las que las autoridades deberían reparar el daño a estas mujeres”, explicó.
Chong agregó que más allá de la intención que tiene la CNDH de que se castigue a los responsables, el objetivo de las recomendaciones es que la sociedad “voltee a ver a estas mujeres que no tienen voz”, y que fueron más vulnerables a estas agresiones “porque no conocen y no saben cómo ejercer sus derechos”.
Dio a conocer que se tienen otras dos investigaciones pendientes, pero que “la Comisión no puede hacer más de lo que su ley orgánica le permite y deberá ser un juez el que establezca en qué debe consistir la reparación del daño que se hará a estas mujeres”.
Finalmente, al responder una pregunta del público asistente, la representante sostuvo que sí se buscó a las víctimas para conocer su postura e involucrarlas en el proceso.
En su intervención en el foro, Regina Tamés Noriega, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización que demanda legalmente la reparación del daño para ambas indígenas–, afirmó que “la CNDH jamás contactó a las víctimas ni a sus representantes legales”.
Agregó que Irma supo de la recomendación “porque ella estaba en los servicios de salud en ese momento, pero no tenemos conocimiento de cómo van las medidas de no repetición porque no tenemos información de la CNDH de cómo van los avances”.
En los casos de violencia obstétrica –criticó Tamés– la actuación de las comisiones de Derechos Humanos (tanto nacional como las locales) es “lamentable”, pues poco saben del tema.
Si bien reconoció que las recomendaciones son positivas en el sentido de que reconocen una violación a las garantías humanitarias, tienen una “parte débil” en la definición de las medidas de reparación del daño, ya que deben considerar lo que las mujeres pidan en este sentido.
La débil actuación de las comisiones de Derechos Humanos ante los casos de violencia obstétrica en México fue denunciada por GIRE ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su más reciente periodo de sesiones.
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Analizan cómo erradicar sexismo en medios de información
Más de 140 periodistas y comunicadoras de varios países de habla hispana se reunieron durante tres días en la capital de Cuba, para debatir sobre la comunicación y el género y el avance de las mujeres en los medios informativos.
En el Hotel Nacional de Cuba concluyó hoy la onceava edición del Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación, que bajo la premisa “El desafío de las audiencias: comunicación y comunidad”, aglutinó a periodistas de República Dominicana, Colombia, España, Ecuador, Venezuela, Cuba y México.
Después de tres encuentros regionales (oriente, centro y occidente de la isla), se convocó a las y los periodistas a reflexionar sobre el papel de las mujeres en distintos ámbitos y a presentar los hallazgos de sus investigaciones más recientes.
A ritmo de son cubano interpretado por mujeres del Coro Nacional y con el recuerdo de Irma Armas Fonseca, periodista cubana fallecida en 2012, inició la reflexión sobre la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, sus historias de vida, la participación política, y su representación en los medios de comunicación.
Isabel Moya, periodista cubana y organizadora del encuentro que se ha realizado de manera consecutiva aun en los años más duros de la crisis económica en la isla, señaló que el espacio de diálogo se abrió “porque no es posible alcanzar la cultura de la igualdad si no se cambian los juicios de valor, la subjetividad y las costumbres, y los medios de comunicación tienen una centralidad estratégica en la conformación de los imaginarios colectivos y representaciones sociales”.
La también doctora en Comunicación y directora de la revista Mujeres observó que hay una “construcción sexista” de la información en los medios de comunicación.
En 25 años de carrera y 10 de ser directora de la revista, Moya ha recorrido su país para constatar lo que viven las mujeres y está convencida de que hacer periodismo de género significa un periodismo emancipador para todos los seres humanos.
Ángeles Diez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, enumeró los estereotipos de género acuñados a las mujeres en la propaganda política.
Al dictar la conferencia “Género y manipulación mediática: los casos de Cuba y Venezuela”, Diez reconoció el poder de los medios para justificar las guerras y crear corrientes de opinión, el cual está a la par de las fuerzas aéreas, terrestres y navales usadas en los conflictos armados.
La académica explicó que los medios utilizan la imagen de la “madre-víctima-heroína” para generar mensajes de mujeres liberadas que luchan por causas justas, como lo fueron las “Damas de Blanco” en Cuba y Venezuela.
Al encuentro también asistieron Miriam Rodríguez Betancourt y Gladys Egües Cantero, ambas galardonadas con el Premio Nacional de Periodismo José Martí. La primera en 2010 por su trabajo “La obra de la vida”, y la segunda en 2012 por su enseñanza periodística.
Las galardonadas coincidieron en los avances de Cuba en participación de las mujeres en los medios de comunicación y el lugar que ocupa la igualdad de género en el país caribeño.
En la isla, las mujeres representan más del 50 por ciento en los puestos en todos los niveles de los medios informativos, incluyendo los directivos.
Egües Cantero, investigadora en temas de educación para la revista Mujeres, dijo que el reto para Cuba es luchar como sociedad contra los prejuicios sexistas.
Rodríguez Betancourt celebró que cada vez más mujeres y hombres se añaden a esta lucha de inteligencia, de estrategia y de fe por la equidad de género, que “si bien con la Revolución las cubanas han tenido un gran desarrollo aún falta mucho por alcanzar”.
El Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación culminó hoy con la presentación de más de 60 trabajos de investigación periodística.
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La familia y los abogados de Karen Joanna Sánchez Gochi, joven de 20 años asesinada el 11 de junio de 2011, denunciaron que a tres años del crimen aún no se conoce la verdad sobre la muerte de la estudiante, y ahora el riesgo es que el Poder Judicial del DF insista en que no se trató de un feminicidio.
Guadalupe Gochi, madre de la joven, y Rodolfo Domínguez, abogado coadyuvante en el caso, afirmaron en entrevistas por separado que persisten obstáculos para que las autoridades capitalinas reconozcan que Karen fue asesinada por razones de género, y que su agresor ya detenido y sentenciado, Mario Gabriel Enríquez Pérez, sea condenado a 60 años de prisión como marca la ley.
El juez 52 de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del DF, Octavio Israel Cevallos, quien en junio de 2013 condenó al asesino confeso a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado, organizó el pasado martes 27 de mayo una junta con los peritos del caso y aunque sólo acudieron cuatro de los seis convocados, el impartidor de justicia determinó que el proceso estaba completo.
La diligencia formó parte de la apelación que el 11 de junio de 2013 presentó la familia de Karen para inconformarse por la sentencia y exigir que se modifique la condena, al considerar que el juez no valoró el caso con visión de género y no aceptó tres peritajes ofrecidos por la defensa de la familia: uno de criminalística, otro psicosocial, y uno más sobre violencia contra las mujeres.
En 2011 Karen, estudiante de Comunicación en la UNAM, fue asesinada por un conocido que fue a buscarla a su casa y la llevó a un hotel de la colonia Obrero Popular, delegación Azcapotzalco, donde fue encontrada sin vida al día siguiente. Sin embargo su familia asegura que hasta hoy no están claros los motivos del crimen.
FALTA AL DEBIDO PROCESO
Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género y coadyuvante en el caso, explicó que hay una falta de debida diligencia porque las autoridades han dejado la carga de la prueba a la defensa de la víctima y además no están ayudando a encontrar la verdad ni a hacer justicia.
“Somos quienes tenemos que hacer hasta lo imposible para tratar de entender qué fue lo que lo que realmente pasó, sin que las instancias obligadas a hacerlo lo realicen. Vemos una falta de debida diligencia con el propio juez que se basa sólo en lo que se está dando (las pruebas) sin abundar más”, acusó el abogado.
De acuerdo con el defensor, estas omisiones y las acciones a contracorriente afectan el acceso a la justicia y provocan que las mujeres asesinadas también sean víctimas del Poder Judicial, en primer lugar porque los operadores no son sensibles o capaces de comprender qué significan las razones de género en un caso como éste.
Karen fue asesinada en un hotel y su asesino tiró la ropa al excusado, lo que para su familia es comparable a arrojar el cuerpo a un lugar público, y aunque un peritaje demostró que fue golpeada antes de morir, aún no está claro si fue víctima de violencia sexual.
Con todo esto, Domínguez llamó a las autoridades a que busquen todas las pruebas y valoren el caso desde una mirada de género, ya que hasta ahora parece que el juez sólo está tomando en cuenta el dicho del asesino confeso, quien quiere hacer ver que si bien hubo un crimen la culpa fue de la joven por acudir al hotel por voluntad propia.
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A 20 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), funcionarias y legisladoras federales dijeron que se repensarán y revisarán las políticas públicas y legislaciones creadas para cumplir con ese acuerdo regional.
Así lo sostuvieron Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir la política pública en materia de equidad de género, y la senadora por el PRI Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara alta.
Al participar en el foro “Belém do Pará, 20 años. Legislemos para cumplir. Retos y perspectivas desde la sociedad civil” –realizado en el Senado–, Lorena Cruz y Diva Gastélum convocaron a las organizaciones civiles a que presenten sus posturas ante el incumplimiento de las normas vigentes para combatir la violencia de género.
En la inauguración del evento, la titular del Inmujeres reconoció que aún existe un amplio camino por recorrer para erradicar la violencia contra las mujeres, principal objetivo de Belém do Pará y que a 20 años de distancia se deben plantear nuevas leyes, pues muchas de las acciones y retos los padecen los grupos civiles.
La senadora Gastélum sostuvo que “las organizaciones siempre tienen una mirada distinta y más amplia sobre la realidad de las mexicanas y que es posible que las legisladoras no vean”.
Luego de tres horas de discusión en cuatro mesas de trabajo, se formularon diversas propuestas legislativas y de política pública.
En cuanto a la reducción de la muerte materna, las asistentes denunciaron que la violencia obstétrica es una de las más recurrentes agresiones contra las mujeres, por lo que demandaron una legislación integral que no se reduzca a la actuación médica.
Las participantes criticaron la falta de infraestructura y de personal médico para atender las emergencias obstétricas. También propusieron se defina claramente cuál es el proceso y quiénes son los responsables de asegurar el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica y muerte materna.
En materia de acciones inmediatas contra la violencia, se propuso que las órdenes de protección de emergencia tengan vigencia mientras persista la situación de violencia intrafamiliar o de pareja y no se reduzcan a 72 horas.
Se pidió igualmente sensibilizar a la autoridad que debe aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues aún se desconoce la normatividad.
Las especialistas señalaron que es necesaria una sola ley contra la violencia, para evitar que cada entidad federativa haga sus propias interpretaciones en el tema.
En otra mesa de trabajo se hicieron propuestas para atender a las niñas migrantes no acompañadas, y se demandó que sea el DIF la instancia rectora en el tema y que en todas las acciones que emprenda pondere el principio del interés superior de la niñez.
Es necesario –observaron las participantes– crear protocolos de atención a la niñez migrante, fortalecer el Instituto Nacional de Migración (INM) para que pueda proteger a las y los niños independientemente de su condición migrante, e implementar programas alternativos a la detención.
En el tema de refugios para mujeres víctimas de violencia, las organizaciones asistentes señalaron la necesidad de garantizar un presupuesto anual que garantice la operatividad de estos espacios.
Diva Gastélum se comprometió a recopilar todas las aportaciones ciudadanas para evaluar cuáles corresponden a cada poder y definir cuáles pueden ser presentadas en puntos de acuerdos, exhortos o iniciativas “a la brevedad posible y con toda la esperanza en el próximo periodo de sesiones”.
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Activistas por los derechos de las mujeres exigieron al Consejo Nacional de Población (Conapo) que implemente políticas públicas para hacer frente a los embarazos que presentaron 11 mil niñas de entre 10 y 14 años de edad en 2012.
Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemoró este 28 de mayo, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) realizó un performance frente a las oficina del Conapo en esta capital, para exigir la implementación de políticas públicas que garanticen la salud sexual y reproductiva de las adolescentes mexicanas.
Al finalizar la representación, Alejandra Ramos Mendoza, líder de Ddeser-DF, y Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red a nivel nacional, entregaron en la dependencia una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la secretaria general del Conapo, Patricia Chemor Ruiz.
En la misiva se demanda prevenir y atender la violencia sexual; eliminar el matrimonio infantil; impartir educación sexual; garantizar el acceso a anticonceptivos; brindar consejería amigable; evitar la deserción escolar; garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), y promover servicios de salud especializados durante el embarazo, parto y puerperio.
Y es que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, del Instituto Nacional de Salud Pública, una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inician su vida sexual presenta un embarazo.
Además, dos de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años han presentado más de un embarazo desde que iniciaron su vida sexual, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2011 del Inegi.
A lo anterior se suma que tan sólo en 2012 se registraron 10 mil nacimientos en los que las madres tenían apenas entre 10 y 14 años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud.
Estos datos, señalaron las activistas, reflejan la ausencia de un compromiso real y la falta de voluntad del Ejecutivo federal, y –criticaron– el Estado mexicano firma compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres, pero no los cumple.
Por ello enfatizaron en la importancia de que las y los adolescentes reciban educación laica y con bases científicas, y estén a su disposición métodos anticonceptivos “sin estigmas ni prejuicios”.
Asimismo, señalaron, es inaplazable que México reconozca el derecho de las niñas y adolescentes a interrumpir un embarazo por riesgos a su salud y sus vidas.
Reiteraron la urgencia de difundir y promover de manera amplia una cultura de responsabilidad en los hombres, tanto adolescentes como adultos, para que ejerzan su sexualidad de manera más consciente y comprometidas con su pareja.
Y recordaron que las personas más afectadas en un embarazo temprano son las madres, ya que con frecuencia ven frustrados sus planes y aspiraciones y abandonan sus estudios, por lo que sus vidas sufren trastornos irreversibles.
TEATRO ALTERNATIVO
La exigencia de las organizaciones estuvo acompañada de un performance en el que adolescentes levantaron un muro de cartón con las demandas ciudadanas, mientras que personal de la institución observaba desde las ventanas.
Las adolescentes levantaron el muro columna por columna. En la primera se mostró la imagen de una joven con un embarazo de nueve meses; en la siguiente columna se veía a la misma joven pero con un embarazo de ocho meses.
Así, hasta que en la novena columna se mostró la imagen de la misma joven, pero ya sin presentar un embarazo. Al final, la joven de la imagen salió detrás del muro y en patines repartió condones y folletos informativos.
En tanto, otras adolescentes alzaron pancartas con la leyenda “Para los embarazos en adolescentes prevenir, el Estado debe intervenir”.
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