La Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW, por sus siglas en inglés) y la Federación Mexicana de Universitarias (Femu) pidieron a los gobiernos refuercen sus programas para educar a mujeres presas.
En un comunicado con motivo del aniversario de la IFUW el próximo 1 de junio, ambas instancias pidieron que en los programas de formación y entrenamiento de habilidades y aprendizaje para las mujeres presas se incluyan temas de Derechos Humanos, autosuficiencia económica, salud y tecnologías de la información.
Al implementar estos rubros en la educación de las reclusas se romperá el vínculo entre pobreza y crimen, sostuvieron IFUW y Femu. Explicaron que los millones de mujeres presas en el mundo, quienes en su mayoría son el sustento de sus familias, deben tener una educación de calidad que incremente sus posibilidades laborales y disminuir así los índices de reincidencia.
En México, de los 418 centros penitenciarios existentes sólo 10 son femeniles. Según el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en abril de 2013 la población femenina recluida ascendía a 11 mil 901 mujeres, de las cuales 290 son indígenas.
Según el “Informe Especial sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana”, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2013, no sólo existen deficiencias en materia educativa para las reclusas, sino también en otros rubros.
En los penales femeniles no hay espacios para la práctica de actividades deportivas, falta higiene en los dormitorios y la seguridad muestra serias deficiencias, de acuerdo con el reporte. Igualmente, muchas internas duermen en el piso y persiste la sobrepoblación carcelaria.
En las entrevistas realizadas muchas de las reclusas dijeron no recibir un trato digno y ser obligadas a desnudarse y realizar sentadillas frente a los custodios. En materia de salud, reportaron falta de material de curación y de centros específicos que atiendan a las mujeres.
En los diversos penales femeniles en México las necesidades de las presas no son atendidas, la educación que reciben es deficiente y no hay personal que imparta clases.
14/GGG/RMB
mayo 2014
Tras 15 días de haber ingresado a terapia intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad Doctor Gustavo Rovirosa Pérez, en esta capital del estado de Tabasco, la niña Mayra Pérez Cruz –víctima de violación sexual por parte de su padrastro– fue declarada “clínicamente muerta”.
La adolescente de 12 años estuvo internada en el área de terapia intensiva de ese nosocomio luego de haber sido atendida en el Hospital de la Mujer, al cual ingresó el pasado 16 de abril debido a un cuadro anémico y de infección en vías urinarias. Mayra presentaba un embarazo de 14 semanas de gestación producto de la violación.
La menor de edad primero tuvo que ser sometida a un legrado debido a que cuando fue hospitalizada se confirmó ausencia cardiaca del producto y fiebre de 40 grados producto de la infección, la cual se extendió a su sangre, según sus estudios clínicos. Posteriormente Mayra presentó falla renal y de hígado, y pulmones con plaquetas bajas.
El pasado 11 de mayo, la niña tuvo un paro cardiaco y presentó hemorragias múltiples en el tejido cerebral, por lo que fue trasladada del Hospital de la Mujer al Hospital Gustavo Rovirosa.
El presunto responsable de la violación, Juan de la Cruz Torres está detenido en el Centro de Readaptación Social de Tabasco por el delito de pederastia, luego de que la Procuraduría de Justicia estatal inició la averiguación previa 358/2014.
El abogado Efraín Rodríguez, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), dijo en entrevista que la penalidad por ese crimen oscila entre los 10 y 20 años de prisión y que constituye un delito agravado, ya que De la Cruz Torres era pareja de la madre de Mayra.
El defensor añadió que un agravante más sería que la adolescente murió debido a una infección de transmisión sexual.
14/CV/RMB
Omisión oficial ante despido de trabajadora por ser lesbiana
A cinco meses de que Yuri Alejandra Delgado Luévanos fue despedida del Hospital Centro Médico Puerta de Hierro en el municipio de Zapopan, Jalisco, por ser lesbiana, las autoridades laborales y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) –ante quienes presentó quejas y denuncias– no han exigido a las y los responsables la reparación del daño.
En enero pasado, Yuri Alejandra, quien trabajaba como recepcionista en el Centro Médico Puerta de Hierro, fue despedida injustificadamente ya que –según las autoridades del nosocomio– su preferencia sexual “daba mala imagen” a la institución.
Por este hecho, Yuri presentó una queja en el Conapred y una denuncia por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), la cual quedó asentada en el expediente 88/2014.
En aras de llegar a un acuerdo, Yuri dijo en entrevista con Cimacnoticias que solicitó al hospital que iniciara una campaña de sensibilización y que capacitara a su personal, especialmente a los altos directivos, para prevenir la discriminación por preferencia sexual.
Aunque los mandos del Centro Médico aceptaron la petición, Yuri Delgado, quien sigue acudiendo a las instalaciones del nosocomio porque es recepcionista en un consultorio privado, no ha visto que estas medidas se lleven a cabo.
Luego de poner al tanto de esta omisión al Conapred, la instancia gubernamental emplazó al hospital para que máximo en 30 días presente pruebas de que realizó las capacitaciones y la campaña de sensibilización, pero aclaró a Yuri que si el nosocomio no las aportaba el Consejo no tenía ninguna competencia para obligarlo.
El plazo de 30 días se venció el pasado 8 de mayo y Yuri sigue sin ver pruebas de que la campaña o la capacitación se hubieran realizado. En tanto, el Conapred dejó de contestarle las llamadas y los correos electrónicos.
Por otra parte, la JLCyA solicitó recientemente a Yuri que firmara una hoja de desistimiento y que aceptara el finiquito por despido que le ofrecía Puerta de Hierro. Aunque ella rechazó la propuesta, el monto le fue depositado en su cuenta bajo el nombre de otra empresa para la que ella nunca laboró.
Delgado Luévanos explicó que el Centro Médico aún no acepta que ella trabajó ahí pese a todas las pruebas que ha presentado.
Ante la omisión de las autoridades, Yuri acudió ayer a la Secretaría del Trabajo de Jalisco para denunciar su caso, pero los funcionarios argumentaron que no era de su competencia y tampoco le dijeron –por desconocimiento– a qué instancia recurrir.
Paralelo a estos hechos, dos de sus ex compañeros del hospital que en algún momento se negaron a realizar acciones contra ella ya fueron despedidos. Yuri acusó a los directivos de amenazar a sus ex compañeros con “boletinarlos” si siguen en contacto con ella.
Según el “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México”, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, este tipo de discriminación es una realidad para muchas mujeres lesbianas, pese a que la preferencia sexual no es legalmente una causa de recisión de contrato pero que en algunos casos se justifica con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que incluye el término “actos inmorales”.
14/AJSE/RMB
La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña aseguró que en las discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (Telecom), los legisladores se oponen a incluir la perspectiva de género porque aseguran que “el lenguaje incluyente es un tema de sintaxis”.
Al participar en el foro “La perspectiva de género en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión”, realizado en el Senado, De la Peña explicó que las observaciones para garantizar el derecho de las mujeres a comunicar siempre terminan siendo relegadas, sin embargo aseguró que en esta ocasión el apoyo del grupo parlamentario puede hacer la diferencia.
Así lo declaró en el encuentro al que no acudieron los coordinadores parlamentarios, los presidentes ni los integrantes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Trasportes, así como de Estudios Legislativos, encargadas de realizar el dictamen.
La senadora aseguró que los derechos de las mexicanas están fuera de la discusión porque a la hora de hacer leyes se impone la visión masculina, y la creencia de que se trata únicamente de un tema técnico.
Indicó que hay artículos de la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto el pasado 24 de marzo que no pueden pasar, ya que en la propuesta no se define la igualdad de género, el principio de no discriminación, el interés superior de la niñez, y tampoco queda claro si el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debe ser el órgano vigilante de los derechos de las ciudadanas.
Por su parte, la también senadora del PRD Dolores Padierna explicó que los medios de comunicación no representan a las mujeres como líderes en las ciencias, las artes o la cultura, en cargos de alta dirección, como empresarias o presidentas, ni en el esplendor de sus capacidades o su inteligencia.
En su intervención, Padierna señaló que en los medios se reproducen los roles tradicionales de las mujeres como esposas, madres, trabajadoras domésticas, de ser personas que están en la vida privada, que son frágiles, vulnerables, dependientes y como objetos sexuales, lo que invisibiliza la participación femenina en las esferas política, económica, social y cultural.
Desde la percepción de las perredistas, las mujeres no están en la evaluación de contenidos ni en la producción, por lo que coincidieron en que es necesario incluir principios que hagan posible la participación femenina en los sistemas de telecomunicaciones y radiodifusión, así que se comprometieron a revisar las propuestas de leyes secundarias.
En la conferencia también participaron Aimée Vega, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM; Lurdes Barbosa, coordinadora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación; María Eugenia Chávez, coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México, y Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer.
Las especialistas pidieron a las legisladoras que revisen las propuestas, para que garanticen medidas de autorregulación y la participación femenina en el Ifetel, entre otros puntos.
Asimismo reiteraron que es necesario asegurar en la ley la participación de las mujeres en la propiedad, dirección y administración de los medios de comunicación y empresas del sector de las telecomunicaciones, al igual que como se promueve la participación femenina en la política.
Desde la perspectiva de estas mujeres, debe quedar clara la promoción de la participación femenina en la producción de contenidos audiovisuales; la posibilidad real de contribuir al desarrollo de una industria y sector de telecomunicaciones y radiodifusión plurales, así como la participación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
También señalaron que es necesario que se elimine la intención de que la Secretaría de Gobernación regule los contenidos.
Cabe mencionar que aunque el Senado ha realizado varios foros públicos para analizar el tema, ésta fue una de las pocas ocasiones en que se invitó a expertas en telecomunicaciones y perspectiva de género, aunque al final no contó con la presencia de legisladores de otros partidos.
14/AGM/RMB
A casi dos meses de que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador exigió la libertad de 17 mujeres presas injustamente por abortar y condenadas por el delito de agravio comparado, la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) del país centroamericano se comprometió a verificar los casos.
Lo anterior luego de que ayer las integrantes de la Agrupación presentaran ante la PDDH los casos de 17 mujeres encarceladas por acusaciones de aborto, algunas de ellas condenadas a penas de hasta 40 años de prisión y la mayoría acusadas por prestadores de servicios de salud.
El titular de la dependencia, David Morales, se comprometió a iniciar una verificación institucional de los casos, de lo cual podrían desprenderse algunas recomendaciones.
De acuerdo con la prensa local, el funcionario reconoció que en El Salvador hay “precedentes de que el sistema judicial puede generar errores o fallar y condenar mujeres inocentes”, por lo que no se descarta “que en estos podrían estar pesando prejuicios y criterios discriminatorios de los juzgadores”.
Asimismo reconoció ante las activistas que desde hace varios años el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al Estado salvadoreño que revise la legislación en la materia, ya que la instancia internacional considera que la penalización total del aborto violenta los acuerdos internacionales por los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que la Agrupación Ciudadana solicitó formalmente desde el pasado 1 de abril aplicar la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que permite que la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el presidente Mauricio Funes, concedan el indulto a 17 mujeres que fueron acusadas de aborto, pero que al final fueron condenadas por homicidio agravado.
Hasta el día de hoy no hay una respuesta oficial sobre la solicitud presentada ante el Parlamento salvadoreño.
De acuerdo con la información recopilada por la Agrupación, estas salvadoreñas llegaron desangrándose a consecuencia de un embarazo espontáneo a instancias públicas de salud en busca de ayuda médica, pero en lugar de ello las autoridades las denunciaron, acusaron y procesaron, sin que ellas contaran con el apoyo legal apropiado para ser escuchadas y defenderse adecuadamente.
Cabe recordar que desde 1998 El Salvador es uno de los cinco países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones. La criminalización de las mujeres por abortos, incluso espontáneos, se agravó en ese año cuando, para dar cumplimiento a esta ley, se estableció un aparato de persecución judicial para denunciar, investigar y procesar cualquier actividad sospechosa de aborto en hospitales públicos y otros lugares de salud pública del país.
Según datos de la Agrupación Ciudadana, entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas; además se estima que al año se llevan a cabo 35 mil 89 abortos inseguros.
14/AZM/RMB
Falta autor intelectual de asesinato de activista Sandra Hernández
Defensores de Derechos Humanos (DH) exigieron a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa (PGJS) no dar “carpetazo” a las investigaciones por el asesinato de Sandra Luz Hernández, una madre que intentaba esclarecer la desaparición de su hijo en esa entidad.
Leonel Aguirre Mesa, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa, dijo en entrevista con Cimacnoticias que la PGJS debe investigar la posibilidad de que exista un “actor intelectual” en el crimen, luego de que el pasado 21 de mayo la Procuraduría presentó a Fernando Valenzuela Rodríguez como el presunto responsable de la muerte de Sandra.
Valenzuela fue señalado culpable porque supuestamente confesó el asesinato, pero añadió a su relato que la activista, integrante del Comité de Madres con Hijos Desaparecidos y quien mantuvo una exigencia constante por la desaparición de su hijo, estaba relacionada con el secuestro y asesinato de un joven, amigo del presunto asesino material.
Aguirre Mesa expresó el temor de que con esas confesiones las autoridades acepten sin “alimentar más las investigaciones” que Fernando Valenzuela es el único culpable y no realicen las averiguaciones pertinentes. Destacó también la importancia de no dar por concluida la búsqueda de Edgar Guadalupe García Hernández, hijo desaparecido de Sandra.
Igualmente, el defensor acusó a la PGJS de no respetar el debido proceso de las investigaciones por el asesinato de Sandra, al difundir públicamente las acusaciones de Valenzuela sin que la víctima pueda defenderse.
Sandra Luz Hernández fue asesinada el pasado 12 de mayo en Culiacán, capital del estado, tras dos años de buscar a su hijo. El crimen ocurrió luego de que la activista se reunió con autoridades de la PGJS para conocer los avances en la búsqueda de Edgar Guadalupe, quien fue secuestrado violentamente en su domicilio por un grupo armado en 2012.
BUSCAN CRIMINALIZAR A SANDRA
“Si Sandra hubiera sabido que su hijo estaba involucrado en actos criminales, ella misma hubiera propiciado que se detuviera y procesara con tal de verlo”, aclaró el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa.
Según relató Leonel Aguirre, Sandra Hernández siempre “habló fuerte a las autoridades” al convertirse en defensora de DH y hasta en investigadora de la desaparición de su hijo.
Abundó que el mismo año de la desaparición de Edgar, la mujer se integró al Comité Madres que buscan a sus Hijos, donde asumió liderazgo y acompañó la búsqueda y exigencia de otras mamás. Sandra aportó la mayoría de las pruebas que integraron el expediente de su hijo en la PGJS, señaló Aguirre Mesa.
Durante todo este tiempo, en más de una ocasión la mujer increpó a las autoridades de Sinaloa e incluso a Enrique Peña Nieto cuando viajó al estado para inaugurar el puente Mazatlán-Durango, detalló el activista.
Además, agregó, en todo acto público donde estuvieran el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, o el procurador de justicia local, Marco Antonio Higuera Gómez, “ahí estaba la voz de Sandra”.
De acuerdo con Leonel Aguirre, unos siete meses antes de su asesinato, Sandra inició junto con sus compañeras y compañeros un plantón afuera de la PGJS para exigir una audiencia con el gobernador.
De la protesta resultó un “compromiso” de las autoridades para crear un grupo de trabajo entre la Federación y el estado para investigar la desaparición de Edgar, pero nunca se cumplió.
Luego, cada mes Sandra y otras madres de personas desaparecidas se reunían con el gobernador y el procurador estatal para conocer avances sobre el paradero de sus hijos, pero ante la “lentitud y omisión” de las autoridades, Hernández les exigía “que se pusieran a trabajar”.
14/AJSE/RMB
Ante la inoperancia en la que el gobierno federal mantiene a la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de emergencia creado en 2007 para proteger la vida y seguridad de las mujeres en un territorio determinado–, grupos civiles de todo el país reiteraron su exigencia de que sean atendidas todas las solicitudes de AVG a nivel nacional.
En conferencia de prensa, feministas y activistas insistieron en la urgencia de que las autoridades pongan en práctica la Alerta y reconozcan que su aplicación es un tema de seguridad nacional, ya que mientras el mecanismo se encuentra en una “espiral de burocracia” las mexicanas han llegado a un punto crítico de violencia feminicida.
Por ello cuestionaron la actuación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), que además de que se negó en todas las ocasiones a activar la AVG, no dio seguimiento a los llamados de la ciudadanía para que se emprendieran acciones contra la violencia, flagelo que en los últimos 25 años cobró la vida de 34 mil 176 mujeres, presuntamente por homicidio doloso.
Yuriria Ramírez, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sostuvo que aunque el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue modificado en noviembre pasado para hacer efectiva la AVG, la realidad es que el procedimiento aún dilata su activación y durante la investigación se excluyen a las peticionarias.
“Es un reglamento que otra vez define un procedimiento que no protege a las mujeres”, criticó la activista.
Advirtió además la insistencia gubernamental de rechazar la problemática y no emprender acciones contundentes a favor de las mujeres en el Estado de México, donde fue presentada una solicitud en 2010 y luego de tres años de litigio legal aún no se logra la activación de la AVG, pese a que sólo de enero de 2011 a junio de 2012 fueron asesinadas más de 600 mujeres y desaparecieron otras 955 mujeres y niñas.
Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, recordó que en el estado de Guanajuato se han presentado dos solicitudes de AVG por violencia feminicida, ante las cuales el gobierno local respondió con una serie de acciones que no tienen ninguna repercusión real en la vida y seguridad de las mujeres.
La ineficacia de estas acciones se demuestra, a decir de Cruz, con el incremento de los casos de feminicidio en la entidad y con un aumento de la brutalidad con la que se cometen, ya que anteriormente se registraban homicidios en cinco municipios de la entidad, pero ahora el problema está presente en 23 localidades. A lo que se suma que las mujeres sufren diversas formas de violencia, tortura y maltrato previo y posterior al asesinato.
Aunque reconoció que a partir del nuevo reglamento se avanzó en la realización de una investigación, señaló que aún no se puede decir que el procedimiento es el adecuado, pues se desconoce en qué sentido van a venir las recomendaciones del llamado Grupo de Trabajo y si el gobierno las va a implementar de manera adecuada.
En ese sentido y para continuar poniendo a prueba el nuevo procedimiento de declaratoria de AVG, Juliana Quintanilla, directora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dijo que hoy se presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) una solicitud de activación del mecanismo para la entidad.
Invitó a compañeras de otras entidades a presentar más solicitudes o en su caso decretar alertas ciudadanas, como lo han hecho organizaciones civiles de Chiapas y recientemente del Edomex.
Reprochó que el Inmujeres se limite a atender las solicitudes y no a darles seguimiento, pues de acuerdo con la activista, independientemente de que sea admitida o avalada la petición se debería hacer una investigación de los hechos que denuncian las organizaciones.
A la solicitud que fue presentada para el estado de Morelos, se suma la demanda de activación de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, que denunció que en las últimas tres administraciones estatales se registraron mil cuatro casos de feminicidio.
En la actual gestión de Gabino Cué, según las cifras de la organización, el problema se incrementó ya que han sido asesinadas 292 mujeres. Tan sólo de enero a mayo de 2014 se registraron 39 casos, lo que representa un incremento de 216.6 por ciento con los datos recopilados al mismo periodo de 2013 cuando hubo 18 casos.
14/AZM/RMB
El pasado 13 de mayo, la periodista Marta Durán de Huerta, colaboradora de la revista Proceso y corresponsal de Radio Nederland, recibió una llamada telefónica en la que un sujeto la amenazó de muerte, pero a dos semanas del hecho no ha recibido apoyo de las autoridades.
En declaraciones a esta agencia, la también docente de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y de la Universidad del Claustro de Sor Juana explicó que al día siguiente de recibir la amenaza, acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para informar el hecho.
Si bien este organismo público forma parte del Mecanismo de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, que de inmediato debe activar sus protocolos de actuación, Durán de Huerta denunció que no se le ha informado nada al respecto.
Aunque mencionó que es necesario que se realice una investigación ministerial, la reportera dijo que la amenaza podría estar relacionada con sus actividades periodísticas, ya que durante su trayectoria ha dado cobertura a casos de feminicidio, denuncias de corrupción, abuso de poder, narcotráfico y temas sociales.
Asimismo en días recientes dio seguimiento a los asesinatos de mujeres en el Estado de México y el apoyo a Arsene van Nierop, la madre de Hester Susanne Van Nierop –una joven holandesa asesinada en Ciudad Juárez en 1998–, quien a principios de este mes presentó el libro “Un grito de socorro desde Juárez”.
El pasado 14 de mayo Durán de Huerta presentó una queja ante el organismo presidido por Perla Gómez, pero aún no tiene claridad si su caso fue enviado al Mecanismo de Protección del DF, por lo que dijo que hoy presentará una denuncia ante la Procuraduría de Justicia capitalina.
La periodista presentará como pruebas el número telefónico desde el que se hizo la llamada y la grabación, a fin de que se pueda localizar al agresor.
En opinión de la comunicadora, aunque hay buena voluntad de algunos funcionarios, entre las dependencias no hay comunicación eficaz y no hay claridad de qué casos se quedan en el Mecanismo local y cuáles pasan al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas federal.
Sobre las amenazas, en un comunicado la organización Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades mexicanas que den a Marta Durán medidas de protección. Por separado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que ayer 26 de mayo inició una investigación por lo ocurrido.
Las Redes Nacional de Periodistas e Internacional de Periodistas con Visión de Género, y Comunicación e Información de la Mujer exigieron a las autoridades indagar los hechos y tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de la periodista.
14/AGM/RMB
Miles de mujeres rurales de Chile que trabajan como jornaleras en la agricultura para la exportación, son foco de pobreza y desigualdad y de la desprotección laboral, pese a que su labor genera ganancias multimillonarias a la industria local.
En 2013 las exportaciones agropecuarias de Chile totalizaron 11 mil 580 millones de dólares, pero la remuneración mensual de la mayoría de las jornaleras no superó los 380 dólares, equivalente al salario mínimo en este país sudamericano de 17.6 millones de habitantes.
Chile está catalogado por consultoras internacionales como uno de los 25 países con mayor crecimiento a nivel mundial y el segundo que más lo ha hecho en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que integra desde 2010 como el único país latinoamericano además de México.
Es también el país con mayores grados de formalidad laboral en América Latina (AL) y el Caribe, según la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, aún persisten aquí trabajos por día o por temporada, precarios y carentes de derechos sociales básicos.
“En Chile hay una gran cantidad de trabajadores, y de trabajadoras en particular, que se vinculan a espacios del mundo laboral que son precarizados porque tienen malos sueldos, carecen de estabilidad laboral o no tienen condiciones legales en las cuales amparar su trabajo, porque son tercerizados, subcontratados, etcétera”, dijo a IPS/Cimacnoticias la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual.
Pero si a esa precariedad se le suma el ser mujer, residente en barrios precarios urbanos o en las áreas rurales, la realidad se vuelve aún peor, consideró la ministra.
“No es lo mismo ser mujer pobre, ser mujer mapuche, aymara, quechua; ser mujer rural, ser profesional o no serlo”, añadió Pascual.
MIGRACIÓN Y POBREZA
El trabajo de las y los jornaleros chilenos se volvió un fenómeno masivo en la década de los 80, de la mano del auge de las plantaciones de fruta para la exportación.
“Entonces, se abrieron las puertas para el trabajo de mujeres asalariadas, que en principio fueron mujeres pobres, campesinas”, explicó Alicia Muñoz, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).
“Pronto comenzaron a emigrar las mujeres de las ciudades hacia el campo, mujeres pobladoras que se transformaron en una mano de obra calificada y en líderes del trabajo asalariado del campo”, señaló a IPS/Cimacnoticias.
Actualmente, entre 400 mil y 500 mil chilenas y chilenos trabajan en la cosecha de frutas en cada temporada, que se extiende de septiembre a marzo. La mitad son mujeres y 70 por ciento de ellas trabajan sin contrato, según un estudio del Sernam.
Los productos agropecuarios son el segundo rubro de exportación de Chile, detrás del cobre.
En este país, los trabajos temporales los proveen principalmente empresas contratistas en la minería, la construcción y la pesca, donde también existen contratos por día. Pero estudios y especialistas coinciden en que son las jornaleras de la fruta las más vulnerables por la informalidad del trabajo y la ausencia total de beneficios sociales.
La directora de Anamuri sostuvo que la cifra de trabajadores temporales para las zafras es superior a la oficial y que superaría las 700 mil personas, con alta presencia femenina, especialmente en el rubro frutícola.
“El trabajo de las mujeres es hoy en día la fruta. Ya no encontramos a las mujeres de las hortalizas, la huerta”, señaló. Los sueldos de las y los jornaleros para las cosechas prácticamente no subieron en dos décadas, pues los incrementos los absorbieron los “contratistas” intermediarios.
“Los salarios se estancaron hace muchos años, mientras que el costo de la vida crece muy rápido”, alertó Muñoz. Entonces, para reunir el dinero suficiente para sobrevivir los meses sin trabajo, hasta la siguiente cosecha, las mujeres deben “desdoblarse, haciendo dos turnos (unas 16 horas diarias), para ganar 800 o mil dólares”, precisó la dirigente campesina.
TRABAJADORAS “DESECHABLES”
Como consecuencia, detalló, “tenemos trabajadoras desechables, que producto del cansancio y los pesticidas, a los 40 o 50 años están enfermas y sin poder trabajar”.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la condición de jornalera oscila entre la regularidad, de formas y ciclos, y la irregularidad, por lo inestable en la duración de la relación laboral. También varía entre la inclusión y la exclusión laboral.
En Chile el empleo como jornalera o jornalero no se elige, sino que se encuentra como única opción, añade la FAO, cuya sede regional está en Santiago.
“Terminan pobres y desgastadas por las enfermedades que las aquejan. La mayoría de las trabajadoras asalariadas son jefas de hogar, por lo que deben encontrar otro trabajo para solventar los meses que están alejadas de las cosechas”, explicó Muñoz.
El representante regional de la FAO para AL, Raúl Benítez, afirmó a IPS/Cimacnoticias que, cuando se analizan los patrones de la inseguridad alimentaria, “uno cae en la cuenta de que las mujeres sufren de manera diferenciada este problema, más marcada”.
Por esa razón, añadió, “venimos trabajando activamente con las distintas agrupaciones de mujeres y de la sociedad civil en estos temas”.
Durante la campaña electoral que la devolvió a la Presidencia en marzo pasado, Michelle Bachelet prometió que impulsaría la mejora de un controversial proyecto de un estatuto del trabajador temporal que, según las agrupaciones, busca institucionalizar la precarización laboral en el sector.
El proyecto surgió durante el primer mandato de Bachelet (2006-2010) y fue modificado por su sucesor, Sebastián Piñera (2010-2014). Establecía, entre otros aspectos, la opción de llegar a un acuerdo entre el empleador y el trabajador, sin la necesidad de tener un sindicato, y no garantizaba por contrato los derechos sociales.
“Ese estatuto lo rechazamos durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet porque no iba en la dirección en que nosotras lo habíamos planteado. En los últimos cuatro años la cosa se puso mucho más fea, porque cambió el origen y pasó a ser más una necesidad empresarial que de trabajadoras y trabajadores”, recordó Muñoz.
“Afortunadamente fuimos escuchadas por parlamentarios y políticos, y se fue quedando el estatuto en el camino”, añadió.
Ahora, las organizaciones se alistan para participar en una nueva mesa de negociación convocada por el gobierno para resolver el problema de quienes trabajan por temporadas.
“Efectivamente, nos llamaron y nos vamos a sentar en la mesa para discutir el tema de forma integral, para que se deje atrás los intereses empresariales y se pongan por fin sobre la mesa las necesidades de las y los trabajadores de Chile”, aseveró la directora de Anamuri.
Estas mujeres, trabajadoras, madres y, en muchos casos, único sostén de su hogar, pueden trabajar por dos o tres meses durante la temporada del verano austral, una labor que en el caso de los hombres ejercen casi exclusivamente los estudiantes, y por periodos más largos, de cuatro a ocho meses.
También existe la llamada “jornalera falsa”, que trabaja 10 u 11 meses para un mismo empleador, pero con uno o sucesivos contratos por obra o faena, lo que la deja fuera de cualquier indemnización al momento del cese de sus labores.
*Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS
14/MJ/RMB
Académicas, docentes e investigadoras no están exentas de ser víctimas de acoso y hostigamiento sexual; aunque hay avances, aún no se desarrollan programas, protocolos o unidades especializadas para prevenir estas agresiones y en su caso acceder a la justicia.
Recientemente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) informó la expulsión de la institución del doctor Enrique González Ruiz, al encontrarlo responsable de hostigamiento y acoso sexual contra sus compañeras y colaboradoras María del Carmen Rodríguez Sánchez y Clemencia Correa González.
A raíz de lo difundido por la universidad y lo denunciado por las víctimas, Cimacnoticias investigó sobre las herramientas con las que cuentan, además de la UACM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para prevenir y castigar el hostigamiento y acoso sexual al interior de estas instituciones de educación superior.
La indagación evidenció, por un lado, que este tipo de violencia no es ajena de cometerse contra las académicas. Por otro, que las universidades carecen de un sistema integral para investigar las agresiones sin exponer a las víctimas, así como para sancionar, atender y reparar el daño.
También se detectó que lo anterior ocurre porque se tiende a pensar que en estas instituciones, debido al nivel académico e intelectual de su población, este tipo de violencia no sucede. A lo que se suma que las formas en las que se manifiesta el acoso y el hostigamiento son tan comunes que “parecen normales”.
Lo anterior lo afirman las doctoras en Derecho e integrantes del Grupo de Investigación Antígona, Noelia Igareda González y Encarna Bodelón González, quienes afirman que se “tiende a pensar que el mayor nivel educacional es una herramienta suficiente de prevención y actuación” frente a una eventual agresión.
De ello también dan cuenta las investigadoras Ana Buquet Corleto, Jennifer Ann Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno en el libro “Intrusas en la Universidad”, que se desprende del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM, del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).
La investigación da cuenta que las universitarias viven un ambiente hostil y enmarcado por una tradición patriarcal que reproduce los estereotipos y roles de género.
ESPEJISMO DE EQUIDAD
Mediante encuestas y datos, las investigadoras encontraron que dentro de la población académica las manifestaciones de violencia se dan mediante comentarios sexistas, “micro inequidades” (acciones sutiles con las que las académicas son discriminadas), gestos, bromas e insinuaciones que “crean un clima frío (hostil) para muchas” de ellas.
De acuerdo con el estudio, el tipo de violencia sexual que más padecen las profesoras e investigadoras son las “miradas morbosas y gestos que molesten”, seguidos por “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”, y “bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual y amorosa”.
Mientras el 6.3 por ciento de las docentes con nombramiento de “técnica académica” reportó haber sido víctima de “roces o contacto físico no deseado”, lo mismo ocurrió con el 4.2 por ciento de las profesoras de asignatura. En tanto, 2.5 por ciento de investigadoras reportó este tipo de agresión.
En un foro reciente, Ana Buquet, directora del PUEG, sostuvo que uno de los principales obstáculos para avanzar en la materia es que las autoridades universitarias no reconocen al acoso sexual y al hostigamiento “como un problema de carácter universal e histórico, y como parte de las manifestaciones del sistema de relaciones de género en el que vivimos en México”, y por tanto niegan que se dé en sus instalaciones.
La también maestra en Psicología dijo que es necesario crear una instancia única que se ocupe de atender la violencia de género y brinde apoyo legal, psicológico, médico y académico a las víctimas, pues “un espacio de esta naturaleza podría evitar que las personas se enfrenten a la falta de políticas y programas especiales dentro de las instituciones que las hacen transitar de una instancia a otra, reiterando la experiencia sufrida”.
Por su parte el IPN, aunque cuenta con la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género –desde la cual se realizan investigaciones y se fomentan campañas y acciones contra la violencia– y el programa “Denuncia Segura”, tampoco ha logrado erradicar el hostigamiento y el acoso sexual.
SENSIBILIZAR AL PERSONAL
En entrevista, Martha Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad, explicó que se pudo identificar que en contra de las académicas se registran agresiones como el robo de investigaciones, pero poco se ha avanzado en identificar el acoso u hostigamiento sexual, ya que incluso para las propias víctimas este tipo de violencia es sumamente complicado de identificar.
Ante ello –señaló– un paso fundamental y en el que las diversas universidades deben trabajar es en la sensibilización del personal académico, que les permita identificar y prevenir este tipo de actos, pues aunque se cuente con una formación académica y universitaria generalmente suelen percibirse como “normales”, o que pasan en la vida diaria.
Sin aclarar –debido a la confidencialidad de los casos– quiénes eran las víctimas y los agresores y qué cargo académico tienen, Tronco Rosas informó que ante el sistema de “Denuncia Segura” se han presentado 231 quejas; de ellas, 158 corresponde a personal laboral y 73 son escolares.
Del total de denuncias, 18 son de índole sexual y cuatro de ellas derivaron en la separación del cargo del agresor.
Como lo exponen los datos de las denuncias presentadas y las investigaciones realizadas por la UNAM, los actos de acoso u hostigamiento ocurren dentro de estos espacios donde las víctimas no tienen la plena confianza de denunciar, tal y como le ocurrió a María del Carmen Rodríguez Sánchez y Clemencia Correa González.
FALLA INSTITUCIONAL
Mientras la UACM sostiene que Enrique González Ruiz fue despedido “mediante una decisión fundada y motivada con pleno respeto a los Derechos Humanos” de las personas involucradas –tras un proceso de 11 meses desahogado ante la recién creada Instancia Universitaria para indagar casos de acoso y hostigamiento sexual–, las académicas dijeron que durante su denuncia fueron revictimizadas, y sufrieron ataques y calumnias por parte de sus compañeros, que “no consideran los Derechos Humanos de las mujeres como una prioridad”.
En un comunicado, advirtieron que se trata de un problema de derechos y no de política, por lo que demandaron una solución institucional, y ante el clima de agresiones en su contra solicitaron medidas de protección para continuar con su trabajo.
Aunque en diciembre pasado, a raíz de la denuncia de las investigadoras y tras atender otras nueve quejas de este tipo (cinco interpuestas por alumnas y cuatro por trabajadoras) la UACM creó la Instancia Universitaria, las académicas exigen la implementación de una política integral de prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.
También demandan que se difundan los mecanismos universitarios y legales para denunciar todas las formas de violencia de género al interior de la UACM.
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