En el contexto de las detenciones arbitrarias de jóvenes estudiantes (entre ellas tres mujeres) que marcharon el 20 de noviembre en la capital del país en apoyo a Ayotzinapa, organizaciones civiles exigieron al gobierno federal y capitalino que garantice el libre ejercicio del derecho a la protesta y llamaron a la sociedad a continuar manifestándose.
En rueda de prensa el día de hoy, organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Amnistía Internacional (AI) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, presentaron una campaña para redes sociales con los hashtag #ProtestaLibre y #LibertadYa”.
Con la campaña se pretende evitar que en las próximas manifestaciones (como las que se prevén para este 1 de diciembre, por los dos años que Enrique Peña Nieto lleva al frente del Ejecutivo) elementos policiacos repriman con violencia y detenciones arbitrarias, como sucedió el pasado 20 de noviembre.
Cabe recordar que como resultado de estas acciones, 3 mujeres estudiantes fueron detenidas con violencia, presentadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y luego llevadas al penal federal número 4 (de máxima seguridad) en Tepic, Nayarit, donde permanecen recluidas.
Mónica Oehler, responsable de estrategias jurídicas de Amnistía Internacional, acusó que estos hechos buscan inhibir la protesta social y se suman a las violaciones constantes a Derechos Humanos que se cometen en México.
Agregó que deberá investigarse la tortura, los malos tratos y las violaciones al debido proceso que denunciaron las 11 personas detenidas el 20 de noviembre, las cuales ya fueron documentadas por las y los defensores.
El padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos del Fray Victoria, señaló que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México, al igual que la Comisión de Derechos Humanos (tanto nacional como local), y las instituciones capitalinas, actúen de manera autónoma al poder federal y se despliegue un operativo respetuoso de los DH que realmente resguarde a la sociedad manifestante y no la criminalice.
Criticó que estas detenciones demuestran un desvío de poder en la aplicación del derecho penal, ya que las autoridades “fingen que siguen más o menos todos los pasos de un procedimiento del sistema de justicia, pero no para hacer justicia sino para distorsionarla en función de intereses económicos y políticos”.
“Queremos que haya órganos de procuración de administración de justicia derechos, no distorsionados”, llamó el activista.
Las organizaciones civiles recordaron que dos días antes de la marcha del 20 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal dio un discurso (a modo de advertencia) en el que informó sobre una supuesta intención (sin especificar el sujeto) de desestabilizar al país y en él enfatizó el derecho a utilizar la fuerza pública para inhibir la supuesta “amenaza”.
Cinco días antes de estas detenciones, Jacqueline Santana (estudiante de economía que participó pacíficamente en las movilizaciones sociales #YoSoy132 y en asambleas universitarias), fue detenida afuera de su casa (al igual que Bryan Reyes Rodríguez, quien fue uno de los detenidos en la manifestación del 1 de diciembre en 2012) por policías federales de inteligencia encubiertos.
Ambos fueron sometidos dentro de dos autos y acusados frente al Ministerio Público del presunto robo de 500 pesos a una mujer policía, delito por el que Jacqueline Santana se encuentra detenida en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.
El abogado del caso, Sergio Soto, informó que será hasta el lunes cuando el juzgado federal al que se turnó este asunto reciba el expediente y evalúe nuevamente las pruebas desahogadas por ambas partes, la denunciante y la acusada.
14/AJSE/LGL
noviembre 2014
La caravana de madres y familiares que recorre México en busca de sus migrantes desaparecidos pidió a la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, analizar la problemática migratoria desde una visión integral porque en el futuro ellos tendrán el poder de hacer cambios.
Después de recorrer Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, la caravana llegó a la Ciudad de México donde realizaron diversas actividades; mientras una comitiva pudo ingresar al reclusorio norte, otra ofreció una conferencia de prensa para después participar en un foro organizado en la Universidad Iberoamericana.
En el encuentro en el que participaron menos de 30 estudiantes, las 43 personas, entre familiares y activistas que integran la caravana, se presentaron para explicar que recorren el país en busca de sus migrantes y pedir a la comunidad iberoamericana que esté atenta a causas sociales como esta.
Martha Sánchez Soler, fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, aplaudió que una institución estudiantil como la Ibero- cuya comunidad estudiantil tiene otros privilegios- organizara un foro porque significa que sus estudiantes toman la bandera de la migración, y demuestra su solidaridad con las personas más desprotegidas.
Destacó que seguramente en un futuro el estudiantado de esta Universidad estará “en una situación de poder”, en instituciones o empresas, por ello les pidió que no olviden que participaron en la lucha social, que no dejen atrás estos ideales, porque a veces simplemente “se cambian de bando”.
Al entrar al edificio, ubicado en Santa Fe, las mujeres, algunas indígenas guatemaltecas vestidas con trajes típicos, sacaron sus mantas y gritaron consignas ante la mirada de algunos estudiantes que pasaban por los pasillos.
En un auditorio que no se llenó, el activista italiano Nino Quaresima, representante de la caravana italiana que se realiza en Lampedusa en solidaridad con las mujeres centroamericanas, explicó que los problemas de la migración se van haciendo globales pero los derechos aún no lo son.
Al igual Sánchez Soler, Quaresima dijo a las y los estudiantes, que ellos van a tener el reto de ser parte de la clase dirigente del país y por eso deben tener una visión amplia de la migración y no analizarla como un asunto geográfico porque eso no permite comprender este fenómeno social.
Señaló que es necesario que se comprendan las conexiones entre las políticas migratorias de diferentes países, conozcan quiénes son los actores, cómo participa el crimen organizado y entender que hay un marco normativo que criminaliza la migración y deja a la delincuencia la puerta abierta “para hacer sus negocios”.
Edita Maldonado, hondureña y unas de las fundadoras de estas caravanas, relató ante el alumnado cómo surgió la idea de ir a buscar a las personas migrantes, y atendió la oferta de la universidad para grabar en su estudio un par de canciones que hablan de esta lucha de las mujeres.
14/AGM/LGL
En un caso más de violencia del Estado mexicano contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, el Centro Las Libres documentó violaciones a los Derechos Humanos cometidos contra una joven de 23 años que en enero de 2013 abortó, fue detenida arbitrariamente y se le acusó por este delito.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora de Las Libres, Verónica Cruz, contó que en enero de 2013 una joven veracruzana –de quien omitió su nombre por razones de seguridad y para evitar su estigmatización– interrumpió su embarazo no deseado con medicamentos
Abundó que la joven desconocía la etapa de su embarazo y que carecía de la información suficiente para interrumpir la gestación sin ningún riesgo.
Esa noche, según el relato de Cruz, ella injirió los medicamentos, pero luego en la madrugada, asustada por los dolores, salió a caminar fuera de su casa, pero se regresó para descansar.
Aproximadamente a las 6 de la mañana, elementos de la Marina y de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) llegaron a casa de la joven y la detuvieron sin orden de aprehensión, además de que la extorsionaron. “No sabemos si alguien la denunció o la vio, pues la policía llegó diciendo que por rastros de sangre dio con ella”, contó la activista.
Al momento de su detención, ella seguía con sangrado, pero no se le brindó atención médica, y al contrario, al llegar a la agencia del Ministerio Público (MP) fue exhibida ante los medios de comunicación como responsable de un delito.
“Ella cuenta que eso es lo que más le ha causado dolor por la estigmatización y señalamiento que se hizo de su persona, al señalarla como una ‘mala mujer’”, abundó Cruz. Fue después de esto que finalmente fue enviada a un hospital del estado.
El MP consideró que los hechos podrían encuadrarse en el delito de “homicidio”, por lo que correspondía la persecución de oficio y, además, por encontrarse los hechos en “flagrancia” cuando la AVI intervino transcurridas “algunas horas después de que se suscitaron los hechos”, según consta en el expediente del caso, cuya copia tiene esta agencia.
IRREGULARIDADES
Tras dos días en el hospital y custodiada por policías, la joven fue liberada, pero posteriormente fue notificada de un juicio en su contra por el delito de aborto.
Cabe recordar que el Código Penal del estado de Veracruz, en su artículo 149, define que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas”. Pero en 2009 el Congreso local modificó el código para eliminar la sanción de seis meses a cuatro años de prisión y la multa de hasta de 75 días de salario para el delito de aborto, hasta ese entonces vigentes.
En ese año el Congreso estatal aprobó reformas a los artículos primero y cuarto de la Constitución local para “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, y al artículo 150 del Código Penal veracruzano para establecer una sanción de “atención psicológica” y 9 mil pesos de multa a las mujeres que interrumpieran por primera vez un embarazo.
Aunque, tiempo después, el gobernador de la entidad en ese entonces, Fidel Herrera, envió al Congreso otra propuesta que buscaba dar marcha atrás a las sanciones penales y económicas para las mujeres que abortaran, propuesta que fue discutida el 3 de diciembre de 2009.
En esa ocasión las y los legisladores rechazaron la propuesta quedando en el sentido de que “se sancionaría a la mujer que aborte o consienta se le provoque el aborto, con atención médica y educativa integral, mientras que a quien la ayude, es decir el médico, enfermera, comadrona o partera, recibiría de seis meses a dos años de cárcel y multa económica”.
DEFENSA
Después de que la joven veracruzana fuera llamada a juicio, la organización local Equifonía, el Centro las Libres y la Clínica de interés jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), intervinieron para obtener un amparo ante la justicia local y federal.
La Jueza Tercera de Distrito en el estado de Veracruz determinó que no se acreditó uno de los cuerpos del delito, pues no era posible comprobar la relación entre la ingesta de pastillas y el aborto.
No obstante, la joven también se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al impugnar los artículos 149 y 150 del Código Penal estatal que penalizan el aborto con terapia psicológica y educativa.
Por ello, el 22 de octubre pasado la Primera Sala de la SCJN resolvió la “reasunción de competencia 33/2013”, relacionada con el amparo en revisión.
Verónica Cruz explicó que la veracruzana fue discriminada y estigmatizada por abortar, además de que se atentó contra sus derechos sexuales y reproductivos, y principalmente contra su “libertad de pensamiento” al intentar someterla a una terapia psicológica.
“Para nosotras (las organizaciones), la terapia es incluso peor que la cárcel, pues el argumento por el cual las mujeres son enviadas a esta reeducación es que son seres inferiores que no tienen capacidad de decisión y el tratamiento prácticamente consiste en meterles a la cabeza que nuestra misión en la vida es ser madres y vivir en familia”. Explicó que tal discriminación contra las mujeres a través de esta sanción será analizada en la Corte.
Esta es la primera vez que la SCJN analizará la constitucionalidad del delito de aborto, y su resolución podría tener un impacto no sólo en Veracruz, sino en todo el país.
De acuerdo con el proyecto de ponencia elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la discusión permitirá determinar, si existe claridad en el tipo penal de aborto.
La Suprema Corte también revisará si la pena impuesta en Veracruz (terapia psicológica) implica una violación a diversos DH de las mujeres, como el derecho a la igualdad y no discriminación, la libertad de conciencia y pensamiento y la vida privada.
14/AZM/RMB
La violencia contra las mujeres, además de ser una violación a los Derechos Humanos (DH), afecta todas las áreas de la vida de la población femenina, dijo ONU-Mujeres.
Como parte del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres –25 de noviembre–, el organismo internacional llamó a las naciones a la acción para “poner fin a la lacra mundial de la violencia contra las mujeres”.
Además de las acciones que llamó a realizar para poner un alto a la violencia, ONU-Mujeres recordó que durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, numerosos Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
Con ambos mecanismos se reconoció que la violencia “es uno de los principales mecanismos sociales que niegan a las mujeres la igualdad, y que tiene costos sociales, sanitarios y económicos elevados”.
Si bien ONU-Mujeres celebró los avances, advirtió que siguen existiendo lagunas en las leyes, en la implementación de la protección legal y los servicios esenciales. “Contamos con el impulso inicial, pero este impulso debe acelerarse rápidamente”, apuntó.
En ese sentido, destacó que a 20 años de la Conferencia, es indispensable señalar que la violencia “no es únicamente una esfera de preocupación de pleno derecho, sino también una cuestión transversal interrelacionada con cada una de las otras esferas de especial preocupación (definidas en Beijing)”.
Cabe recordar que como marco definitorio para el cambio, la Plataforma de Acción formuló amplios compromisos en 12 áreas de especial preocupación.
ONU-Mujeres alertó que la pobreza puede aumentar la violencia, ya que determinados grupos de mujeres y niñas se enfrentan a múltiples formas de discriminación y, como resultado, también sufren un mayor riesgo de violencia.
Diversos estudios –apuntó– reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. Por otro lado, aquellas que viven violencia doméstica o por parte de un compañero sentimental tienen menos opciones de escapar de relaciones violentas, debido a su falta de ingresos y recursos.
En materia de educación y capacitación, la violencia de género puede ocurrir mientras ellas se desplazan a la escuela o en las propias instituciones educativas. Según un informe del secretario general de la ONU, en Estados Unidos, 83 por ciento de las niñas de secundaria y preparatoria (de 12 a 16 años de edad) ha experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas públicas.
En materia de salud, ONU-Mujeres sostuvo que la violencia contra las mujeres y niñas perjudica su salud, incluida su salud sexual, reproductiva y mental y que las consecuencias de la violencia para la salud de las niñas pueden persistir durante generaciones.
Y es que, por lo general, las niñas casadas no pueden negociar efectivamente un sexo seguro, lo que las hace vulnerables a las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH, además del embarazo precoz.
ONU-Mujeres observó también que la violencia también repercute en las familias y las sociedades, y tiene un costo económico muy alto.
A menudo, las mujeres sufren violencia, o amenazas de violencia, cuando ejercen sus derechos políticos o cuando participan de forma activa en la política (según lo señalado en la Plataforma de Acción de Beijing).
Diversos estudios –dijo ONU-Mujeres– demuestran que las mujeres que votan tienen cuatro veces más posibilidades, en comparación con los hombres, de sufrir intimidaciones durante comicios que se celebran en Estados “frágiles o en situación de transición tras un conflicto”.
El mecanismo de Naciones Unidas concluyó que la violencia de género “va más allá de los golpes y es una lacra que debe ser eliminada”.
14/AZM/RMB
Desdén de titular de PGR para atender a familias de normalistas
El origen humilde, campesino e indígena es una de las condiciones que comparten la mayoría de las 43 madres de los estudiantes normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Natalia de la Cruz, madre de Emiliano Alen de la Cruz (uno de los estudiantes que hoy cumplen 62 días desaparecidos), tiene la ropa desgastada, los huaraches rasgados, habla un español entrecortado y tiene las yemas de sus dedos rojas y lisas por cortar durante toda su vida las espigas del maíz.
Esta mujer, ama de casa y campesina de 54 años, está convencida de ir a cualquier entidad de la República para encontrar a su hijo, que en agosto pasado ingresó a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, porque quería apoyar con conocimiento y dinero a su familia de cinco integrantes, de los que dos son menores de edad.
“Que el gobierno me lo ponga (a su hijo) donde lo voy a encontrar; a todos los chamacos, a los 43, que yo voy por ellos”, asegura Natalia. “Yo doy la vida por él”, suelta la sentencia ya bien reflexionada.
“Si me dice (el gobierno federal) que mi hijo está en el norte… yo no sé leer, pero voy al norte”, refuerza mientras sostiene entre sus manos el retrato doblado de su hijo y unos papeles.
Luego señala angustiada: “¿Cómo voy a saber qué dice este papel que me dan (refiriéndose a los documentos que recibió en una de las reuniones que diario sostienen las familias) si no sé leer?”.
De acuerdo con Natalia, el analfabetismo y la pobreza de sus padres era (“es”, rectifica) la principal motivación de “Emi” (como ella llama a su hijo) para estudiar. “Mamá, quiero ir a la escuela porque nosotros somos pobres, no tenemos ‘refri’”, le dijo su hijo meses antes cuando decidió estudiar en la Normal.
“Emi” tiene 23 años y también es campesino. “Mi hijo no fuma ni toma, ni tiene vicios. Mi hijo es un joven, no sé por qué se lo llevaron si él no es culpable”, y asegura que antes de ingresar a la Normal iba de su trabajo (en el campo) a su casa.
A Emiliano lo bautizaron en la Normal como el “Pilas” porque es tranquilo e inteligente. “No da relajo; él es de los pocos que llevan orden, es sereno y razona mejor las cosas. Le gusta tener todo ordenado, en su lugar”, detalló en un discurso la escritora Elena Poniatowska (que entrevistó a otros normalistas) en un mitin en el Zócalo capitalino, al cumplirse un mes de la desaparición de los estudiantes.
Natalia –que en una semana de trabajo (cada día seis horas en el campo y siete horas vendiendo productos del campo) saca 500 pesos– recuerda que su hijo (el mayor de tres) fue por primera vez a clases con 200 pesos en la bolsa para todo el mes.
“No le di yo mucho porque no tengo, pero yo quería que estudiara porque ni su papá ni yo pudimos”, agrega. Le ponía cada semana “sus centavos” (20 pesos) a su teléfono celular para que les llamara.
Entonces suelta otro reclamo para el gobierno federal: “Que nos pusiera un trabajo para las amas de casa del campo, casi no hay nada, más que acarrear tierra y cuidar borregos. Yo quiero un trabajo con una quincena”.
LA PESADILLA
Natalia relata que el 27 de septiembre, un día después de que los jóvenes fueron agredidos y desaparecidos por policías municipales de Iguala y por el grupo criminal “Guerreros Unidos”, se acostó a las 8 de la noche. “Nosotros somos campesinos, nos dormimos a las 8 porque no tenemos ni tele, no tenemos nada”, explica.
Recibió la visita del comisario de su localidad, en Ometepec, que le dijo que dos estudiantes de la Normal habían sido asesinados.
“Aquí estamos, no nos hemos ido”, dice Natalia para explicar que ella (pese a las horas de traslados y la falta de recursos) actuó inmediatamente, en contraste con las dos semanas que la Procuraduría General de la República (PGR) dejó pasar antes de tomar el caso.
Natalia relata que viene a las marchas al Distrito Federal, que fue a Acapulco a la toma del aeropuerto y que irá a cualquier lugar donde “el gobierno decida” devolverle a su hijo.
La mayor parte del tiempo lo pasa en la Normal junto con las otras madres. “Quiero (a) mi hijo. Ya tengo cuántos meses aquí. Ya abandoné mi casa por estar aquí día y noche”, reclama. “Dejé los animalitos que tengo. Una campesina tiene aves y puercos y ya no los voy a ver. Ahorita de la hoja que viene el zacate no lo corté para la mazorca”, lamenta.
“Mi esposo y yo somos solos. Sólo papá y mamá estamos viendo por mi hijo, junto con los padres de familia que andamos aquí”, dice para advertir que todos los esfuerzos los están haciendo las familias.
Natalia critica que pese a ir a marchas y estar en todas las reuniones con Jesús Murillo Karam (titular de la PGR), no hay resultados.
Al relatar la reunión que las familias tuvieron con la PGR el pasado 7 de noviembre, cuando se informó que los restos de los estudiantes habrían sido calcinados en un basurero local y arrojados a un río, Natalia reclama que “no se prestó mucho (Murillo Karam); queríamos hablar unos papás con él, pero se salió, que ya se iba, que no tenía mucho tiempo”.
La justicia para Natalia es “que aparezcan estos muchachos. Nosotros no tenemos que ver. Él manda en toda la República (Enrique Peña Nieto). ¿Por qué no dice: ‘hay que entregarlos porque ellos son unos jovencitos que querían estudiar que no llevaban armas’?”.
Natalia no sabe qué le da fortaleza para seguir. “Ya es mucho tiempo, ya que se acabe todo esto, esta pesadilla. Yo ya quiero a mi hijo; que los padres de familia que están aquí ya nos vayamos”.
Cuando se le pregunta en quién confía más en este momento, responde: “Las madres se acompañan, se dan ánimos. Decimos ‘vamos a salir adelante por los chamacos que sí están vivos’. En mi pensamiento, en mi sentir, yo sé, siento que no están muertos”.
14/AJSE/RMB
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Niñas y adolescentes integran 21 por ciento de víctimas de trata
El 49 por ciento de las víctimas de trata de personas en el mundo de 2010 a 2012 son mujeres adultas y el 21 por ciento son niñas y adolescentes, informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con su “Informe Mundial sobre Trata de Personas 2014”, pese al aumento de medidas internacionales y en cada país para combatir la trata, este delito sigue afectando a todas las regiones del mundo, y las mujeres (adultas, niñas y adolescentes) siguen siendo la población más vulnerada, sobre todo en lo referente a la explotación sexual.
De 2010 a 2012 se detectó que casi la mitad de la población víctima de trata de personas son mujeres adultas, y que dos de cada tres víctimas son niñas y adolescentes.
Si bien el porcentaje de las adultas que son víctimas de trata registró en 2011 una disminución de 25 por ciento en comparación con 2004, el número de niñas que son víctimas de este delito aumentó 11 puntos porcentuales, pasando del 10 por ciento en 2004 al 21 por ciento en 2011.
Según el informe de la ONU, las mujeres constituyen la gran mayoría de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual (principal motivo de este ilícito), mientras que para el trabajo forzoso ellas comprenden un tercio del grupo afectado (a excepción de Asia, donde la mayoría de las víctimas son mujeres explotadas en la industria textil).
Los índices de impunidad tampoco han reflejado cambios positivos, dijo la ONU, ya que sólo cuatro de cada 10 países reportaron tener 10 o más sentencias al año por trata, y el 15 por ciento de las naciones no tiene sentencias.
De acuerdo con el documento, 78 por ciento de los tratantes sentenciados son hombres, mientras que la participación femenina (del 22 por ciento) ha aumentado en los últimos 10 años.
A decir de la ONU, el bajo índice de sentencias en los países refleja las dificultades de los sistemas de justicia penal para responder apropiadamente al flagelo de la trata.
Actualmente, se tienen detectados al menos 510 flujos (trayectos que atraviesan países de origen y de destino) de tráfico de personas. Las víctimas son de 152 nacionalidades que son explotadas en 124 países.
Según detalla el informe, en el flujo trasnacional las víctimas suelen ser originarias de países pobres (Asia Oriental y África) que son llevadas a los países ricos de Medio Oriente, Europa Occidental y América del Norte.
La ONU advirtió que estas cifras representan únicamente “la parte visible de este fenómeno”, pero se estima que las estadísticas reales podrían ser mucho más altas.
14/AJSE/RMB
Los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los abortos espontáneos son más frecuentes en las mujeres que informan haber sido víctimas de violencia, reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como parte de la conmemoración por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la OMS instó a los servicios de salud sexual y reproductiva a “dar una respuesta más contundente” a la violencia que se comete contra las mujeres en el continente americano.
Recordó que la violencia de género sigue siendo un “grave problema de salud pública” en el hemisferio, pues una de cada tres mujeres experimenta durante su vida violencia física o sexual por parte de su pareja.
A lo que se suma que el 20 por ciento de las mujeres informan haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran niñas, y muchas de ellas, entre los 15 y 19 años de edad, dicen que su primera experiencia sexual fue un acto que no buscaron o que les fue impuesto.
El organismo internacional sostuvo que la violencia contra las mujeres “guarda una relación con los problemas de la salud reproductiva”, pues no sólo provoca lesiones o incluso la muerte, sino que además “tiene una repercusión poco conocida en la salud reproductiva”.
Explicó que la violencia se traduce en más complicaciones durante el embarazo, así como embarazos no deseados, abortos espontáneos e ITS, incluido el VIH.
En algunos países –abundó la OMS–, los niveles de embarazo no deseado son dos a tres veces mayores en las mujeres que informan haber sufrido violencia a manos de su pareja, que en aquellas que no lo hacen.
Los abortos espontáneos son dos veces más frecuentes en las mujeres que informan haber sido víctimas de violencia, en tanto que el riesgo de parto prematuro es 1.6 veces superior.
De acuerdo con la OMS, existen estudios que han constatado que la violencia es una causa importante de muerte materna (MM). Por ejemplo, la violencia infligida por la pareja fue la causa principal de MM –responsable de 20 por ciento de esas defunciones– en tres ciudades de Estados Unidos entre 1993 y 1998.
A su vez, se comprobó que las hemorragias fueron tres veces más comunes en las embarazadas víctimas de actos de violencia en una provincia de Canadá en 2003.
Entre 3 y 44 por ciento de las embarazadas en América Latina y el Caribe informan haber sufrido actos de violencia por parte de su pareja durante el embarazo, dijo la OMS.
Por ello, recordó a las naciones que el rol del sector de la salud incluye la recolección de datos sobre la prevalencia de violencia, que se puedan utilizar como insumo para elaborar políticas públicas, y al mismo tiempo capacitar al personal para que preste una atención integral.
“Las y los trabajadores de la salud deberían derivar a las sobrevivientes a los servicios jurídicos y de apoyo social. Las estrategias de salud pública deberían incluir actividades dirigidas a cambiar las normas sociales y los comportamientos vinculados con la violencia”, observó la OMS.
Acotó que en el caso de las mujeres víctimas de agresión sexual, los servicios sanitarios deberían evaluar la necesidad de profilaxis contra el VIH o las ITS, poner a su disposición anticonceptivos de emergencia, ofrecer abortos sin riesgo de conformidad con las leyes nacionales, y proporcionar apoyo de salud mental.
14/AZM/RMB
Documentan vejaciones a jóvenes detenidas en marcha por los 43
Las tres estudiantes detenidas arbitrariamente en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, por haber participado en la manifestación del 20 noviembre por la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, enfrentan obstáculos para comunicarse con sus familias, y con las y los abogados que las defienden.
Luego de la embestida violenta (según dijeron testigos) del pasado 20 de noviembre, cuando granaderos arremetieron contra las y los manifestantes –para obligarlos a desalojar el Zócalo capitalino al término de la protesta por Ayotzinapa–, 11 personas (entre ellas tres mujeres) fueron presentadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, y después consignadas a un penal de máxima seguridad en Tepic, acusadas de los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
Las tres jóvenes detenidas son Tania Ivonne Damián Rojas, Hilary Analí González Olguín y Liliana Garduño Ortega, estudiantes sin antecedentes penales ni de “actividad subversiva”, como supuestamente declararon cinco policías en su contra (principal prueba por la que ellas fueron enviadas al reclusorio).
El penal federal número 4 –único en todo el país para mujeres– está en Nayarit, mientras que en Xalapa, capital del estado de Veracruz, se ubica el Juzgado 17 de Distrito, donde actualmente se decide la situación jurídica de las 11 personas detenidas. Al penal de Villa Aldama, en Veracruz, fueron consignados los ocho varones.
Alejandro Jiménez Padilla, uno de los abogados que lleva los casos de los 11 detenidos, dijo vía telefónica desde Xalapa que la distancia es el principal obstáculo para que el equipo de Derechos Humanos (integrado por varias organizaciones civiles) esté en comunicación con las jóvenes presas y con su defensor de oficio, y para que sus familias (quienes sólo pudieron viajar a Tepic el pasado fin semana) puedan ir a visitarlas.
Jiménez Padilla, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, explicó que una de ellas (Liliana Garduño) es madre y desde su detención no ha podido ver a su hijo.
El litigante apuntó que de ser declaradas culpables por alguno de los delitos que se les imputan, las jóvenes ingresarían a la sección del penal donde están las personas acusadas de secuestro, homicidio, trata de personas y narcotráfico.
Además, abundó, para las familias sería muy complicado visitarlas porque viven en el Distrito Federal y no pueden descuidar sus empleos.
“ARBITRARIEDAD DEL EJECUTIVO”
El abogado exigió al Ejecutivo federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, que no cometa estas arbitrariedades, ya que (según las pruebas entregadas a la defensoría de oficio de las jóvenes) ellas sí participaron en la marcha del 20 de noviembre, pero no agredieron a los policías que las acusan.
El grupo defensor de DH presentó a la defensoría de las detenidas documentos que demuestran que son estudiantes y que no tienen antecedentes penales, así como testimonios, videos y fotografías que comprueban la forma violenta en la que fueron aprehendidas.
Juan de Dios Hernández Monge, abogado del Instituto Mexiquense de Derechos Humanos (otra de las organizaciones del grupo defensor), dijo que la detención de las jóvenes fue “arbitraria” porque no fueron arrestadas en flagrancia, y porque no se presentaron las pruebas suficientes (fotos o videos) que demuestren los supuestos ilícitos en los que habrían incurrido.
Por el contrario, las estudiantes fueron detenidas por la declaración de cinco policías que aseguran que entre las y los detenidos se llamaban “compas”, y supuestamente formaban parte de un “colectivo subversivo”.
De acuerdo con Hernández Monge, una vez que fueron llevadas a la SEIDO, las y los jóvenes detenidos no tuvieron acceso a un abogado particular, no se les leyeron sus derechos ni se les informó sobre quién sería su defensor. Además –abundó el abogado– padecieron tortura psicológica y abuso de autoridad.
Por ejemplo, en el caso de Hilary Analí González Olguín, estudiante de noveno semestre de Ciencia Política en la UNAM, se documentó que fue brutalmente golpeada por los policías, y por ello tiene las costillas lastimadas, golpes en la cara, y un derrame en el ojo. Asimismo, a 24 horas de su detención no se le había permitido ver a su abogado.
Mientras, Tania Ivonne Damián Rojas, estudiante de tercer semestre de Sociología en la UNAM, fue detenida en calles aledañas al Centro Histórico, subida a un camión y llevada a la SEIDO.
Ella contó a sus familiares que la golpearon durante la detención y que estuvo incomunicada durante 25 horas. Igualmente, la obligaron a rendir una declaración que había sido preparada por una licenciada que ella no conocía, bajo amenaza de que de no hacerlo le serían imputados otros delitos. Tiene un golpe en el ojo derecho y varios hematomas en los brazos.
Liliana Garduño Ortega, estudiante de preparatoria abierta, estaba tomando fotos en las inmediaciones del Zócalo cuando fue derribada por las personas que huían de la policía al inicio de la represión. Al caer al suelo, los agentes la patearon varias veces en la cabeza.
ACTIVIDAD ESTUDIANTIL
Los abogados coincidieron en que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (a la que pertenecen dos de las jóvenes detenidas) ha sido crucial para probar la inocencia de los estudiantes, demostrar la arbitrariedad de su detención, y exigir su liberación inmediata.
En la facultad, las y los estudiantes de las diferentes carreras están juntando firmas para que José Narro Robles, rector de la UNAM, se pronuncie a favor de las jóvenes y exija su libertad inmediata. También reunieron cartas y documentos que comprueban que Hilary está realizando su tesis sobre movimientos sociales.
Compañeras cercanas a Tania Damián Rojas –que no quisieron dar sus nombres por temor a represalias– informaron a Cimacnoticias que la joven es una persona tranquila, y que no tiene actividad política permanente con algún colectivo en la facultad. Todas coincidieron en que fue “bastante sorpresivo” que la llevaran presa.
A decir de estudiantes de Ciencia Política, Hilary es una persona muy comprometida con la comunidad estudiantil. “Es reservada, tímida y muy tranquila”, agregaron.
Carlos, un estudiante que conoció a ambas jóvenes durante las asambleas en las que se decidió el paro de 72 horas en la UNAM, en apoyo a Ayotzinapa, explicó que si bien las dos estudiantes participaban en las movilizaciones ninguna sostenía discursos “incendiarios” ni dieron indicios de alguna militancia.
14/AJSE/RMB
Con siete años de retraso, la Procuraduría General de la República (PGR) creará el Banco Nacional de Información Genética de Mujeres y Niñas Desaparecidas, mandatado en la legislación mexicana desde 2007 y recomendado por organismos internacionales en reiteradas ocasiones.
La semana pasada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la PGR dio a conocer la firma de 11 convenios con diferentes entidades federativas, para crear la base de datos e intercambiar información sobre mujeres y niñas desaparecidas en el país.
Para el intercambio de información genética se signaron acuerdos con las procuradurías de Justicia de Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, así como con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Llama la atención que el Estado de México no se sumó al acuerdo. Según cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), a diario desaparecen dos mujeres mexiquenses en la entidad, y prácticamente en todos los casos las víctimas son menores de edad.
De acuerdo con lo publicado en el DOF, con el Banco Nacional de Información Genética se busca “fortalecer la investigación de los delitos a través del conocimiento científico”, y se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), promulgada en 2007.
En la LGAMVLV se asientan las competencias y obligaciones de diversas dependencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Así, corresponde a la PGR –entre otras tareas– “crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; y la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada”.
La legislación mexicana no es el único instrumento que ordena a las dependencias del Estado a crear una base de datos.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) encontró al Estado mexicano responsable de violar los Derechos Humanos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, cuyos cuerpos fueron encontrados en el paraje conocido como Campo Algodonero, y le ordenó una serie de acciones.
En el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia, México debía crear o actualizar una base de datos con la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, en prácticamente los mismos términos de la LGAMVLV.
FLAGELO AL ALZA
Organizaciones civiles y expertas han denunciado que la desaparición de mujeres y niñas en la mayoría de los casos está relacionada con la trata de personas con fines de explotación sexual, y muchas de las desapariciones terminan en feminicidio. Además han advertido la carencia de cifras reales sobre este delito.
En meses recientes, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, informó que la cifra oficial de este sexenio sobre personas desaparecidas llegó a 22 mil 322 personas no localizadas.
De ese total, 12 mil 532 corresponden al sexenio anterior (2006-2012), y 9 mil 790 a la administración actual de Enrique Peña Nieto. Las cifras no están desagregadas por sexo en cada entidad.
Según una investigación reciente publicada en el Semanario Zeta de Tijuana, Baja California, desaparecen en promedio en ese estado 10 mujeres al mes, y tan sólo en 2013 se tuvo el reporte de 702 personas no localizadas.
En tanto, en el informe ciudadano “¡Justicia ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012”, se asentaron 49 desapariciones de mujeres en esos años en la entidad.
En Puebla, la Procuraduría estatal ha informado de la desaparición de 215 mujeres de enero a junio de 2014, de las cuales 112 seguían sin ser localizadas en octubre. En Tabasco, entre 2007 y 2011 desaparecieron 178 mujeres, de acuerdo con datos oficiales.
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), ha señalado que en los últimos cinco años hubo un “incremento drástico” en las desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes, de quienes aproximadamente 60 por ciento son menores de edad.
Agrega que las desapariciones de menores de edad ocurren para llevar a las víctimas a las redes de trata de personas, trasladarlas a otro estado, donde finalmente son asesinadas, y al no tener un registro de las víctimas no son identificadas.
CATWLAC recuerda que en junio de 2012, la PGR reveló que los restos de más de 25 mil personas asesinadas y ejecutadas entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 fueron enviados a fosas comunes por no haber sido identificados por las autoridades, ni reclamadas por algún familiar.
Norma Andrade, fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo a Cimacnoticias que la problemática de desaparición, feminicidio y no identificación se agrava en estados fronterizos, como Chihuahua.
Explicó que han conocido casos de mujeres cuyos restos fueron encontrados en Ciudad Juárez, pero que no lograron ser identificados. “No sabemos que les pasó, si las llevan a ser explotadas sexualmente, y cuando ya ‘están muy vistas’ las asesinan”, indicó.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que mediante el trabajo documental y de acercamiento a las víctimas se ha logrado identificar que las desapariciones, principalmente las que ocurren en el Edomex, siguen un patrón de redes de trata.
“Son mujeres cada vez más jóvenes, incluso de nueve años de edad, por lo que lo único que se puede pensar es que son ‘levantadas’ para ser vendidas. Nos hemos enterado de que una niña mexicana tiene un valor de miles de euros”, alertó.
La activista señaló que es indispensable crear un cuerpo especializado en búsqueda de mujeres que conozca el contexto de violencia, y que se eliminen las 72 horas de requisito para iniciar la búsqueda de una joven.
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Marcia continúa lucha de Emeteria para encontrar a migrantes
Marcia Martínez celebró su cumpleaños 45 buscando migrantes desaparecidos y continuando el legado de su madre, Emeteria Martínez, una de las fundadoras de las caravanas de madres centroamericanas, quien invirtió más de dos décadas de su vida en esta causa y murió en 2013.
Este 25 de noviembre, día de su cumpleaños, no hubo fiesta pero sí algarabía porque Marcia recibió uno de los mejores regalos: atestiguar el reencuentro entre el hondureño Yanel y su madre, Maria Delmi, que se volvieron a ver tras 15 años de no saber uno del otro.
Desde 2011, esta hondureña se avocó a la búsqueda de migrantes desaparecidos y aunque en su movimiento no hay mujeres con estandartes, ella acompaña a las madres centroamericanas en cada caminata. Así lo hizo ayer en un recorrido silencioso de unos cinco kilómetros desde esta capital jalisciense a la Basílica del municipio conurbado de Zapopan.
La inspiración para sumarse a la búsqueda fue Emeteria. “Mi madre, que en gloria esté, fue una persona luchadora que anduvo 13 años en el comité luchando por encontrar a mi hermana y también a los demás desaparecidos que hay en nuestro país. Gracias a Dios tuvo buenos resultados porque encontró a mi hermana en 2010”, rememora.
Dos décadas le costó a Emeteria Martínez, hondureña del departamento (estado) de Yoro, encontrar a su hija Ana Marlén Ortiz, quien salió de su país con rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, en el camino se quedó a vivir en México. Fue hasta 2010 que nuevamente se tocaron las manos.
Frente a la iglesia, algunas madres de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua hablaron de su resistencia y denuncia. Allí estuvo Marcia, quien hoy integra el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro).
Por 15 años y tres meses, esta mujer trabajó en una maquila de ropa pero en noviembre de 2010, después del reencuentro entre su madre y su hermana, ella quedó desempleada y aprovechó para ayudar a Emeteria, de entonces 75 años de edad, que en ese momento era una convencida de seguir trabajando en defensa de las personas migrantes.
En 2011 Marcia participó en su primera caravana, en un recorrido que comenzó en El Ceibo, en la frontera de México con Guatemala. Ella y Ana Marlén se reencontraron. “A raíz de esto me uní al comité y seguí en esta lucha. Vi que valía la pena (porque) nunca me imaginé los lugares donde se metía mi madre con tal de encontrar a su hija”, destaca.
A Marcia le sorprendió que Emeteria entrara a los albergues, caminara por las vías del tren y recorriera las rutas más peligrosas como la del estado de Tamaulipas (fronterizo con EU). “Fue una señora que nunca se quejó, nunca dijo no, siempre dijo sí, siempre estuvo presente”, narra.
Madre de tres hijos, Marcia replica las palabras de su madre. En cualquier lugar que puede habla del fenómeno migratorio y de los riesgos de llegar a México. Para ella, que ya encontró a su hermana, es importante seguir trabajando por estos casos.
La satisfacción es saber que documentar historias, guardar expedientes, hacer trámites migratorios o de repatriación es ayudar a las familias de los más de 600 hondureños desaparecidos de los que tienen conocimiento. En 15 años, el Cofamipro ha encontrado a 230 de sus compatriotas gracias a las caravanas y el trabajo diario.
Esta tarde, Marcia y las demás mujeres centroamericanas estarán en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, para después ir al Distrito Federal, donde realizarán diversas actividades de difusión de su lucha para encontrar a sus hijas e hijos migrantes.
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