Patricia Mercado Castro, secretaria de Trabajo Social y Fomento al Empleo del Distrito Federal, se comprometió a apoyar a las “despachadoras” de la estación de gasolina “Súper Servicio Coapa” que fueron despedidas por exigir mejoras laborales.
Pese a las múltiples manifestaciones y denuncias públicas, las despachadoras de “Súper Servicio Coapa”, ubicada en la delegación Tlalpan, no fueron restituidas en sus puestos de trabajo, por lo que la víspera sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).
“Estrella”, una de las mujeres que el pasado 19 de marzo fue despedida injustificadamente por Edgardo Espinosa Martínez, apoderado legal de la empresa, dijo a Cimacnoticias que ayer a las 10 de la mañana, 11 de las personas afectadas por el abuso laboral (todas mujeres) acudieron a la STyFE.
Patricia Mercado las recibió en persona y les dijo que pondrá “toda la atención” para apoyar su caso, según contó la “despachadora” que, junto con sus compañeras, interpusieron quejas en esta secretaría desde noviembre de 2014.
Ante los cuestionamientos de las trabajadoras por la demora de la dependencia para interponer sanciones contra la empresa, la funcionaria explicó que “todo lleva un proceso”, pero aseguró que se está trabajando en la materia.
Según la trabajadora, Mercado Castro mostró “voluntad” por solucionar el problema, ya que detalló en la reunión que en días pasados envió a Eduardo Cohen Caravier, dueño de la empresa, una multa de 90 mil pesos por no presentar los documentos que comprueben el cumplimiento del total de las condiciones laborales que establece la Ley Federal de Trabajo.
Si bien el empresario no ha pagado la multa, se está preparando otra sanción para el empleador –según dijo Mercado–; además, la dependencia está por enviar una carta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que inicie inspecciones en la estación, como lo está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Mercado también se comprometió a solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del DF que no intervenga en el conflicto laboral, como lo hizo en días pasados al reprimir protestas de las trabajadoras.
Y aseguró que sostendrá “puentes de comunicación” con Patria Juan, quinta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF, para solicitar que se pronuncie en apoyo de las y los trabajadores de la gasolinería.
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
Debido a que las despachadoras perdieron su única fuente de ingreso, desde el día del despido mantienen un plantón afuera de la estación de servicio en la que informan a las y los clientes sobre su situación, y venden aguas de sabor para sostener su resistencia.
En el contexto de estas acciones, las “despachadoras” dijeron que convocarán para mañana a una “jornada de solidaridad” para que otras trabajadoras y trabajadores de estaciones de gasolina del DF se sumen a su protesta y los apoyen económica y moralmente.
A la par, la Unión Grupal de las Américas y la Unión Nacional de los Trabajadores en México enviaron en apoyo a las y los “despachadores” despedidos una carta a Ricardo y Eduardo Cohen Caravier, dueños de la empresa, a fin de solicitar su pronta reintegración al trabajo, que castigue el hostigamiento sexual que padecen las trabajadoras, y cese la represión contra el personal.
15/AJSE/RMB
marzo 2015
El gobierno del Estado de México –entidad en la que se registra la desaparición de dos mujeres al día, de acuerdo con grupos civiles– no da muestras reales de querer garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades de la entidad cometieron irregularidades al investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en 2010 en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, por lo que ordenó reabrir el caso como un probable feminicidio y no como un supuesto “suicidio” (Cimacnoticias, 25 de marzo de 2015).
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), tras la resolución con carácter de urgente del máximo órgano judicial del país, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en primer lugar debía asegurar que el judicial mexiquense Julio César Hernández Ballinas –señalado como responsable del asesinato de Mariana– no busque eludir a la justicia.
Además la PGJEM debía brindar seguridad a Irinea Buendía (madre de Mariana) y su familia, garantizar que la nueva investigación la realizara personal altamente capacitado en Derechos Humanos y perspectiva de género, y asegurar que altos mandos respondieran ante el caso calificado por la SCJN como “importante y trascendente”, pero nada de ello ha ocurrido.
En entrevista con Cimacnoticias, Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Género y Derecho Humanos y abogado del caso, señaló que la falta de compromiso por parte de la PGJEM sigue siendo una constante.
Informó que hasta el momento no hay un acercamiento oficial de la Procuraduría con la familia de Mariana Lima, con el argumento de que la dependencia no ha sido notificada formalmente de la resolución de la Corte.
A decir del abogado, la notificación es un “mero formalismo que la PGJEM está usando para ganar tiempo”, pues ya se cuentan con los elementos suficientes para iniciar nuevamente la investigación, y para este momento ya se debió haber garantizado que Ballinas sería considerado como probable responsable y que no escape de la justicia.
En una reunión informal que el OCNF mantuvo con personal de la PGJEM se informó que Ballinas no ha sido suspendido como agente judicial, y se argumentó “que lo van a tener contratado para tenerlo vigilado”.
Rodolfo Domínguez agregó que actualmente el caso se encuentra en la Fiscalía de Asuntos Especiales –que depende directamente de la PGJEM–, pero externó su preocupación de que se decida regresar el expediente a la Fiscalía de Feminicidio, que fue la que determinó el no ejercicio de la acción penal contra Ballinas, al considerar que el caso no cumplía con las características de este delito.
El defensor subrayó que debido a las negligencias cometidas hay mucho material probatorio que se perdió, pero hay elementos que son rescatables en el expediente, por lo que se debe garantizar que la investigación mandatada por la SCJN la realice personal altamente capacitado.
“Por experiencia en otros casos sabemos que ese personal no existe y ante este mandato judicial, la Procuraduría tiene la obligación de contratar al personal capacitado que se requiere”, observó el abogado.
Domínguez lamentó que las autoridades mexiquenses encargadas de procurar y administrar justicia no estén dimensionando la importancia de la resolución de la SCJN, pues no sólo mandata que se realice de nuevo la investigación, sino que también les ordena a realizar una revaloración al interior de la PGJEM.
“Lo que la sentencia está diciendo no es poca cosa, pues analizaron el expediente y su respuesta también señala que hay un actuar deliberado y doloso para obstruir el acceso a la justicia a las víctimas de violencia feminicida, lo que se traduce en corrupción, impunidad y violencia institucional”, puntualizó.
15/AZM/RMB
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) exhortó a las y los candidatos que contienden en estas elecciones en esta capital, a mantener una conducta que garantice la inclusión y evitar mensajes discriminatorios y de odio durante las campañas.
A propósito de estas elecciones, en las que se elegirán 66 diputaciones (40 de mayoría relativa y 26 de representación proporcional) para la Asamblea Legislativa del DF, y 16 jefes delegaciones, el Copred llamó a no incurrir en los actos discriminatorios señalados en el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.
Asimismo recordó a las y los aspirantes que el Copred podrá actuar por oficio o por querella en caso de identificar alguna conducta que menoscabe la dignidad de las personas, y podrá solicitar la intervención de las autoridades judiciales, ya que en la Ciudad de México el Código Penal sanciona la discriminación con cárcel.
El organismo también convocó al Instituto Electoral del Distrito Federal para que garantice que el próximo 7 de junio –día de las votaciones– se permita que las personas travesti, transgénero y transexuales que aún no hayan realizado el cambio de identidad en sus documentos oficiales puedan ejercer su derecho al voto.
De acuerdo con la ley en la materia, en la capital del país queda prohibida cualquier forma de discriminación, es decir, negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos de las personas, grupos o comunidades, estén o no en situación de discriminación.
El Copred señaló que, como lo marca la ley, en este proceso electoral será considerada como discriminación la homofobia, lesbofobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
En este sentido invitó a las y los abanderados a mantener un lenguaje incluyente y con equidad de género, por lo que los convocó a que en sus discursos y campañas utilicen términos correctos como trabajadoras del hogar en lugar de “sirvientas” o “muchachas”.
Otros ejemplos que citó el organismo fue utilizar el término personas con discapacidad, en lugar de personas con capacidades diferentes; personas adultas mayores en lugar de personas de la tercera edad; personas indígenas en lugar de “inditos”; lengua indígena en lugar de dialecto; religiones en lugar de sectas; e identidades juveniles en lugar de “tribus urbanas”.
El Copred también llamó a eliminar el lenguaje o los discursos sexistas u homofóbicos que pongan a la población lésbico-gay y a las mujeres en situación de vulnerabilidad, así como evitar comentarios o mensajes de odio, antisemitas, racistas, misóginos o de intolerancia en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo las redes sociales.
A fin de garantizar el trato igualitario y la inclusión social, el organismo envió a todos los partidos políticos un oficio solicitándoles que durante el proceso electoral mantengan una conducta incluyente de trato igualitario y sin discriminación.
15/AGM/RMB
Más de 1.3 millones de mujeres trabajan sin recibir paga: Inegi
En un año, sólo 23 mil 597 mujeres en México se incorporaron al mercado laboral y poco más del 7 por ciento del total de las trabajadoras siguen laborando sin ninguna remuneración, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, para febrero de 2015 las mujeres conformaban el 42.62 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, lo que es apenas .31 por ciento más que el año pasado.
De ellas, 95.67 por ciento están ocupadas, lo que equivale sólo a 23 mil 597 personas más que en 2014, cuando había 18 millones 791 mil 666 trabajadoras, sin que se especifiquen las condiciones laborales con las que cuentan.
Así con el incremento en lo que va de este año, la cifra de mujeres trabajadoras ascendió a 18 millones 815 mil 263.
Según el Inegi, las características de la población femenina ocupada en México son que 36.43 por ciento tiene estudios de nivel medio y superior; la mitad se ocupa en el sector servicio, y sólo 2.16 por ciento son empleadoras, lo que equivale a menos de la mitad que los varones en esta posición.
Aparte de la tasa de ocupación, Inegi también mide el porcentaje de mujeres que se emplean como subordinadas, que trabajan por cuenta propia y las que laboran sin remuneración.
La mitad de las mujeres ocupadas (68.22 por ciento) son trabajadoras subordinadas o remuneradas, pero no todas ellas cuentan con seguridad social o condiciones de trabajo legales; y 22 por ciento son trabajadoras por cuenta propia, quienes pueden ser profesionistas o mujeres a quienes el patrón no quiso reconocerles la relación laboral.
Además, en México 7.29 por ciento de las mujeres ocupadas son trabajadoras no remuneradas, cifra que en 10 años sólo ha logrado reducirse 3 puntos porcentuales. Es decir, actualmente hay un millón 371 mil 632 mujeres que no reciben paga alguna por su labor.
Tal cifra representa el doble de los varones que no reciben remuneración, toda vez que 3.88 por ciento del total de la PEA ocupada masculina están en la misma situación, según las cifras de Inegi hasta febrero de este año.
En 10 años, la PEA femenina tuvo un aumento de un millón 128 mil mujeres; no obstante, no todas ellas han podido ingresar a un empleo, por lo que en el mes de febrero la tasa de desocupación femenina se redujo sólo 0.05 por ciento respecto al trimestre anterior (octubre-noviembre-diciembre).
De las mujeres que tienen deseos de trabajar pero no tienen un empleo (desempleadas), 85 por ciento tiene experiencia y 45 por ciento estudiaron hasta el nivel medio y superior.
A esto se suma que el Inegi informó en abril de 2014 que al menos 5 millones 438 mil 861 mujeres estaban ocupadas en el sector informal, y para este 2015 no ofreció datos absolutos ni relativos al respecto.
Con las reformas de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, el Ejecutivo federal aseguró en su momento que las mujeres y las y los jóvenes no tendrían obstáculos para ingresar al mercado laboral.
No obstante, los propios datos oficiales revelan que las mexicanas están ingresando a cuenta gotas al mercado de trabajo y no todas cuentan con condiciones óptimas de ocupación.
15/AJSE/RMB
Llaman a Peña Nieto a rectificar actitud “intolerante” en DH
La política exterior mexicana dio un severo retroceso en materia de Derechos Humanos (DH) al descalificar los informes del relator especial de la ONU sobre Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité CED), que dan cuenta de la lacerante realidad que enfrentan muchas mexicanas.
Organizaciones civiles mexicanas e internacionales, como Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), enviaron una carta a Enrique Peña Nieto para expresarle su rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en torno a los informes recientemente publicados.
Lo anterior, luego de que el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, calificó el informe del relator sobre Tortura como “no profesional y poco ético”.
Tal postura fue avalada por el canciller, José Antonio Meade, quien –sin sustentar sus afirmaciones– rechazó que la tortura sea generalizada en México, y fijó la postura del Estado mexicano de no querer “trabajar más con el relator de Tortura (de la ONU)”.
El pasado 9 de marzo se publicó el informe del relator especial sobre la Tortura, y en él se confirma que en México las mujeres que son detenidas pueden ser víctimas de “desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos y violación sexual reiterada y por varias personas”.
Situación que se agrava debido a que la mayoría de los casos no son investigados ni sancionados, o bien son calificados como conductas de menor gravedad, además de que las mexicanas son revictimizadas al someterlas a exámenes médicos para comprobar el ilícito.
Por otro lado, las observaciones finales del Comité CED (presentadas en febrero pasado) dicen que las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género.
En su documento, el Comité detalló que las mujeres que son familiares de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias por sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos.
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre otras organizaciones, evidenciaron que la postura de la SRE no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que México es parte, “sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro país”.
Por lo que reprocharon al titular del Ejecutivo federal que la falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de DH “representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de Derecho.
“Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los DH”.
Finalmente llamaron a la congruencia en la política exterior mexicana en materia de DH y solicitaron al Ejecutivo rectificar las respuestas del Estado mexicano a las observaciones finales del Comité CED y del relator especial de la ONU, así como atender a la brevedad las recomendaciones presentadas en ambos informes.
15/AZM/RMB
La obligación para los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres en sus candidaturas no basta si sus propuestas no son discutidas con seriedad, advirtió Maira Melisa Guerra Pulido, encargada del despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE).
En declaraciones a Cimacnoticias, la funcionaria aseguró que ahora que la paridad de género es un principio constitucional y está regulada en las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, es importante que las mujeres que van a contender en las urnas el próximo 7 de junio tengan condiciones de igualdad en la competencia.
Una herramienta para medir estas condiciones es el “Monitoreo de Programas de Radio y Televisión que Difunden Noticias”, que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por encargo del INE, y el cual, por primera vez, incluyó la variable de género para saber qué tanto aparecen las precandidatas y las candidatas en las noticias y programas de espectáculos o revista que se difunden en medios electrónicos.
Guerra Pulido aseguró que el resultado de este monitoreo, que analizó las precampañas –que se llevaron a cabo del 10 de enero al 18 de febrero–, arrojó datos que ya se sospechaban: “Que los medios de comunicación no están atendiendo de igual manera las propuestas de mujeres y de hombres; seguimos teniendo un reporte mayor de lo que hacen y proponen los hombres en la política”.
Y es que de las tres mil 31 “piezas” (trabajos informativos) de monitoreo en radio y TV, se detectaron 47 para precandidatas y 528 para precandidatos; asimismo se registraron dos horas con 57 minutos y 10 segundos para precandidatas y 19 horas con 16 segundos para precandidatos, lo que indica que los varones que aspiraban a una candidatura aparecieron más veces en pantalla y en radio.
Maira Melisa Guerra Pulido explicó que el actual monitoreo aún es incipiente en la perspectiva de género, porque sólo se limita revisar el número de veces que aparecen las mujeres y no hace ningún análisis de cómo se presentan, pero señaló que esto se debe a que este observatorio surgió con el único interés de revisar que en tiempos electorales los medios electrónicos cumplieran con la ley.
Asimismo dijo que la revisión que se hace de los spots de campaña que se transmiten a través de los tiempos oficiales no pretende prejuzgar el contenido, sino vigilar que se cumplan con los tiempos legales en materia electoral.
En este sentido agregó que hubiera sido deseable que en el monitoreo del INE se revisará si se hacían comentarios sexistas o misóginos, por ejemplo ver si “solamente se hablaba de la altura de la falda de la candidata o del contenido de las propuestas de la candidata”, pero como eso no está todavía hay temas en los que se debe ir avanzando, observó.
Aun así, en 2014 el INE –al comenzar el proceso electoral en octubre– aprobó recomendaciones a los noticiarios para que en la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos y de los candidatos independientes se evitara la discriminación por género, la censura y el uso de estereotipos que afectaran la dignidad de las mujeres.
La funcionaria destacó que quienes ahora son candidatas o candidatos tienen una responsabilidad importante de hacer una campaña con propuestas, pero aclaró que la ciudadanía tiene la tarea de exigir que las y los aspirantes a un cargo de elección presenten sus planes o propuestas de trabajo.
Guerra Pulido destacó que para ello el INE mantiene una campaña en la que invita a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y llama a tomar en cuenta las propuestas de mujeres y hombres.
Destacó que la ciudadanía puede verificar lo que los partidos hacen y los espacios con que cuentan las mujeres en campañas, y las aspirantes a su vez pueden exigir mayores espacios.
Las campañas electorales inician el próximo domingo 5 de abril y culminan el 3 de junio, cuatro días antes de los comicios del próximo 7 de junio.
15/AGM/RMB
La Alianza de Organización Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín –que representa a cientos de jornaleras y jornaleros del estado de Baja California (BC) inconformes con su situación laboral– inició una jornada informativa por la entidad, para comunicar a la población las pésimas condiciones en las que trabajan y desmentir que hayan puesto fin a su paro de labores.
Ayer, cientos de jornaleras –la gran mayoría indígenas migrantes– del Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, cumplieron 336 horas sin laborar en los campos agrícolas de la región, hasta que el gobierno federal y el estado de BC les garanticen condiciones dignas de trabajo, según informó esta agencia en días pasados (Cimacnoticias, 20 de marzo de 2015).
Aunque ya firmaron acuerdos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) y otras instituciones federales, para obligar a las empresas a garantizarles licencia de maternidad, permiso por paternidad, y medidas para castigar el acoso sexual en contra de las jornaleras, entre otras exigencias, las y los trabajadores aún no consiguen un aumento salarial.
Fidel Sánchez Gabriel, vocero del movimiento, explicó en breve entrevista con Cimacnoticias que los pasados miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo las y los jornaleros sostuvieron mesas de negociación con el Consejo Agrícola de la región.
Sin embargo, contrario a lo que publicaron diversos medios de comunicación locales y nacionales, aún no concretan acuerdos porque el Consejo ofrece a las y los jornaleros un aumento salarial de sólo 15 por ciento.
“Si en algunos lugares pagan sólo 100 pesos, con ese aumento a unos les pagarían 115 pesos nada más”, explicó Sánchez Gabriel, quien agregó que este monto no alcanza para el gasto diario de algunas familias de más de cinco integrantes que encabezan las jornaleras, quienes incluso perciben menor paga que sus pares varones.
Para activar de nuevo las labores agrícolas en la región, los integrantes de la Alianza proponen un aumento salarial de mínimo 200 pesos diarios y un incremento de 20 pesos en el pago de la caja de fresas, moras y otros productos que cosechan.
El vocero agregó que el rumor de que el paro de labores había concluido se debió a que algunas personas del movimiento fueron presionadas por funcionarios del estado –sin precisar nombres–, para que regresaran a trabajar, pero aún así el movimiento sigue siendo muy amplio, detalló Fidel Sánchez.
A fin de informar sobre la situación de las y los jornaleros y solicitar el apoyo de la población de la entidad, el movimiento inició desde el sábado pasado una jornada informativa por todo BC.
Tres autobuses y 10 automóviles transportaron a 500 personas jornaleras –más de 200 mujeres– que dieron conferencias de prensa para los medios de comunicación locales, e informaron a la población de los municipios de Ensenada, Rosarito, Tijuana, y Tecate a fin de que apoyen el movimiento.
Anoche, la Alianza llegó a Mexicali –capital de BC– para definir las acciones con miras a conseguir el aumento salarial, y el cumplimiento efectivo de los acuerdos conseguidos hasta ahora.
15/AJSE/RMB
A casi un año de ataques a Palestina, mujeres no ven mejoría
El asedio que Israel, con la ayuda de Egipto, impone sobre Gaza, agravó la situación de las mujeres de este territorio palestino, y el ataque militar israelí contra la franja costera en julio y agosto de 2014 no hizo más que exacerbar el problema.
Una resolución aprobada por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW, por sus siglas en inglés) el pasado 20 de marzo atribuye la culpa de “la grave situación de las mujeres palestinas” a la actual ocupación del territorio palestino por parte de Israel.
La CSW adoptó la resolución, que fue auspiciada por Palestina y Sudáfrica, por 27 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones. Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que los miembros de la Unión Europea se abstuvieron.
“El sufrimiento de las mujeres se duplicó en la Franja de Gaza, en particular debido a las consecuencias de la última ofensiva de Israel, ya que están soportando condiciones de vida difíciles y complicadas”, denunció el Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH) en un comunicado publicado el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
“Durante los 50 días de la ofensiva israelí, las mujeres fueron expuestas a riesgos de muerte o lesiones a causa de un uso excesivo de la fuerza letal por Israel, así como la violación flagrante… de los principios de distinción y proporcionalidad en virtud del derecho internacional humanitario consuetudinario”, señaló el CPDH.
A causa del conflicto armado murieron 293 mujeres, 18 por ciento de las víctimas civiles, y 2 mil 114 fueron lesionadas, muchas de ellas con discapacidades permanentes.
Sin embargo, factores culturales, religiosos y jurídicos propios también tienen que ver con que la vida sea insostenible para la población femenina de Gaza.
El mundo de Islam Iliwa, una mujer de 40 años de edad oriunda de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, se vino abajo tras una noche de bombardeos en 2014.
La madre divorciada, con tres hijos de 10 a 16 años, perdió casi todo cuando un ataque aéreo israelí destruyó su casa y, con ella, el negocio que le había llevado años instalar.
Iliwa vivía en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando se divorció, un paso que complica mucho la reintegración de las mujeres a la conservadora sociedad árabe. Aunque el divorcio fue traumático, Iliwa estaba decidida a salir adelante y regresó a Gaza en 2011, con el dinero ahorrado de su trabajo en Dubai.
La ley islámica estipula que, de acuerdo con las respectivas edades de las y los hijos, el padre obtendría su custodia automática. Pero Iliwa le pagó a su ex marido para que le entregara la custodia y, a la vez, ella renunció al derecho de manutención de sus hijos.
“Le dije que iba a sobrevivir sin él y que haría una buena vida para mí y para mis hijos”, relató Iliwa a IPS/Cimacnoticias. “Al volver a Gaza, invertí mis ahorros de toda la vida, por 20 mil dólares (305 mil 600 pesos mexicanos), en una pequeña empresa de venta de productos de limpieza”, explicó.
“En un buen mes antes de la guerra logré ganar unos 2 mil 400 dólares (cerca de 36 mil 700 pesos mexicanos) y el negocio estaba creciendo. Sin embargo, mi casa y la pequeña fábrica que construí fueron destruidas durante el bombardeo israelí. Mi hijo Muhammad también resultó herido”, recordó Iliwa, llorando.
Ella y sus tres hijos se vieron obligados a huir a un refugio de la Organización de Naciones Unidas, junto con cientos de miles de desesperados habitantes de Gaza. Tras el cese el fuego, cuando pudieron salir del refugio, Iliwa y sus hijos eran indigentes y sin hogar.
Sin embargo, la valiente mujer logró alquilar una nueva casa y lentamente reconstruir su negocio con la ayuda de la organización humanitaria Oxfam, aunque ahora gana una fracción de lo que hacía antes.
MÁS AGRESIONES
El sufrimiento colectivo de las mujeres palestinas trasciende la muerte y las lesiones, con el desplazamiento forzoso y la supervivencia en refugios superpoblados con instalaciones inadecuadas, como la insuficiencia de agua potable y de alimentos, la falta de privacidad y de higiene.
El incremento de la violencia de género agravó la situación, ya que las mujeres tienen pocas vías para recurrir al apoyo social o jurídico, y muchos palestinos creen que este tipo de cosas es un asunto privado entre cónyuges.
Bajo el régimen jurídico palestino, los pocos hombres que son arrestados por “crímenes de honor” reciben condenas breves y las mujeres golpeadas por sus maridos tienen que ser hospitalizadas durante al menos 10 días antes de que la policía considere intervenir.
De acuerdo con la documentación del CPDH, 16 mujeres fueron asesinadas en 2014 en diferentes contextos relacionados con la violencia de género.
Un comunicado de ONU-Mujeres en Palestina señaló la “profunda preocupación” de la agencia ante los asesinatos, y destacó que el “preocupante aumento en la tasa de feminicidio demostró una sensación generalizada de impunidad en los crímenes de mujeres”.
Una encuesta realizada en 2012 por la Oficina Central de Estadísticas palestina señaló que 37 por ciento de las mujeres fueron objeto de alguna forma de violencia a manos de sus maridos, siendo la tasa más alta en Gaza, con 58.1 por ciento, y la más baja en Ramallah, con 14.1 por ciento.
El Centro Palestino por la Democracia y la Resolución de Conflictos explicó que las difíciles circunstancias económicas, la pobreza y el desempleo, fueron las razones detrás del aumento de la violencia doméstica.
“Estos factores se reflejan negativamente en el estado psicológico de los hombres. Se estresan y enojan más, ya que no pueden mantener a sus familias económicamente, viven en condiciones de hacinamiento y no tienen privacidad”, explicó la organización en diálogo con IPS/Cimacnoticias.
“También ha habido un cambio en los roles de género, por el cual las mujeres aceptan empleos de baja remuneración que los hombres consideran por debajo de su situación como jefes de familia, o mujeres solteras o viudas que se ven obligadas a asumir el papel de sostén de la familia”, añadió.
15/MF/RMB
La ausencia de protocolos efectivos para el trabajo con víctimas y victimarios de violencia sexual en Cuba preocupa a especialistas, que aún perciben dificultades entre las instituciones encargadas de dar respuesta a este tipo de delitos.
Panelistas de la reunión científica bimestral de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) reconocieron que el abuso sexual es aún un tema poco visible en el país caribeño, donde faltan investigaciones al respecto y no existen estrategias para dar seguimiento a las víctimas y a sus agresores.
“Es un tema silenciado, del que sólo escuchamos en consultas y espacios limitados”, declaró Beatriz Torres, presidenta de la Socumes.
La socióloga Raiza Diago Rodríguez, del Centro de Investigaciones Socio-operativas del Ministerio del Interior (Minint), advirtió la necesidad de diseñar mecanismos que involucren a la familia, profesionales de la salud e instituciones en la prevención de este tipo de maltratos.
A su juicio, en los ámbitos familiar, comunitario e institucional persisten prácticas que naturalizan este tipo de violencia, casi siempre ejercida contra mujeres o menores de edad y con severas consecuencias psicológicas y sociales.
En su criterio, a nivel social abunda el desconocimiento sobre los victimarios, el ciclo de la violencia, sus alcances y daños. Por tanto, es insuficiente la percepción de riesgo de ser víctima de abuso sexual, y se tiende a negar la problemática o alejarse de ella, añadió la experta.
Diago Rodríguez consideró que es incompleta la preparación de quienes interactúan y acompañan a autores y víctimas en el proceso de afrontamiento y tratamiento a la violencia sexual, entre ellos docentes, cuerpos policiales, juristas y profesionales de la salud.
Asimismo, notó la ausencia de programas efectivos orientados a la reincorporación del agresor a su medio, luego de haber cumplido la sentencia penal, en un contexto en el cual los problemas de vivienda provocan que, muchas veces, estas personas vuelvan a convivir con sus víctimas o en entornos cercanos a ellas.
El dilema ético al que se enfrentan profesionales de la salud mental que reciben en su consulta a personas con posibilidades de convertirse en agresores sexuales fue un tema traído al debate por la psiquiatra forense Teresita del Carmen García.
El Código Penal cubano establece en su artículo 162 que “el médico que al asistir a una persona o reconocer un cadáver nota u observa signos de lesiones por violencia o indicios de intoxicación, de envenenamiento o de haberse cometido cualquier delito y no dé cuenta de inmediato a las autoridades”, puede ser sancionado de tres meses a un año de prisión.
Sin embargo, profesionales de la medicina se encuentran ante el conflicto de proteger la intimidad de sus pacientes cuando estos les revelan intenciones agresivas.
Por otra parte, el propósito de realizar un hecho violento no implica que este se ejecute, y toca a sus terapeutas evaluar los riesgos antes de acudir a la advertencia pública.
Ante este tipo de casos, la psiquiatra propuso ofrecer alternativas terapéuticas a los posibles agresores como vía de protección a las personas objeto de sus fantasías o deseos. “Tenemos pocas ofertas de tratamiento para personas con comportamientos agresivos”, consideró.
La falta de terapias especializadas para personas sentenciadas por delitos de abuso sexual, incluso en los penales, fue una de las limitantes también señaladas por García.
“Una vez que se les concede la libertad condicional, no cuentan con un seguimiento especializado, que debía llevarse a cabo mediante grupos de psicoterapia cognitivo-conductual”, abundó la experta.
Complejos de abordar son los casos de menores de edad que cometen actos de abuso sexual u otros hechos que la ley tipifica como delitos.
En Cuba, todos los menores de 16 años carecen de responsabilidad penal, por lo que son tratados también como víctimas e integrados a procesos de exploración y atención donde se preserve su integridad psicológica.
Datos preliminares de una investigación en curso de la psicóloga Dahimy Suárez Manet, una de las especialistas del Centro de Protección de niñas, niños y adolescentes del Minint, donde se atienden estos casos, aseguran que son varones los adolescentes que con más frecuencia abusan sexualmente de otros, producto de la división machista de la sociedad.
De los 63 jóvenes entre 12 y 15 años de edad estudiados por la experta, solo tres eran mujeres. Ellas fueron, sin embargo, el 55 por ciento de las víctimas de este tipo de agresiones. Pese a que son comportamientos minoritarios, preocupa que se produzcan en edades tempranas hechos lascivos y de sometimiento, consideró Suárez.
“Más de la mitad de los agresores presentan desajustes conductuales, profesan irrespeto por la integridad física ajena y falta de empatía”, refirió la investigadora.
Manuel Vázquez Seijido, jefe del departamento jurídico del Centro Nacional de Educación Sexual, expuso las posibilidades del Código Penal cubano para sentenciar este tipo de delitos que pueden ser juzgados como violación, pederastia con violencia, abuso lascivo, ultraje sexual, estupro, entre otros.
Sin embargo, muchos de estos actos se describen con insuficiencia o ambigüedad en su redacción, lo que dificulta el trabajo de los legistas.
Para el profesional del derecho, una norma jurídica específica para tratar la violencia en Cuba resulta imprescindible en el actual contexto nacional.
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La brutalidad con la que el Estado mexicano combatió a los movimientos armados socialistas que se gestaron durante los años 60 y 70 no sólo laceró la vida de aquellas mujeres que se unieron a la guerrilla, también dejó una cicatriz en la vida de sus hijas e hijos.
Algunas de las idealistas que se unieron a los grupos subversivos, pese a saber que arriesgaban su vida, ejercían su maternidad pues vivían convencidas de que con su lucha le darían a su descendencia un mundo mejor.
Sin importar si de ellas dependían otras personas, las fuerzas militares y judiciales las detuvieron, torturaron, desaparecieron e incluso asesinaron.
Estas agresiones también fueron cometidas contra su prole, tal y como se relata en el libro de reciente publicación “Guerrilleras”.
UN MUNDO DONDE VALIERA LA PENA VIVIR
Minerva Armendáriz Ponce, integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), aprendió de su hermano, Carlos David, a soñar despierta: creció con los cuentos que él le contaba en donde estaban sus deseos “de construir un mundo donde valiera la pena vivir: sin guerras, sin ricos y pobres, sin fronteras (…), en donde el mundo y sus riquezas naturales pertenecieran a todos por igual”, se lee en un testimonio del libro.
Carlos David perdió la vida en la Sierra de Chihuahua mientras peleaba porque los cuentos se volvieran realidad; en ese momento Minerva aprendió que para lograr un mundo mejor había que arriesgar la vida.
Tras esa pérdida, Minerva se apoderó de los libros de su hermano; cuando los terminó de leer decidió seguir sus pasos y unirse a la guerrilla para “demostrar a los asesinos que no habían logrado su objetivo de matar a los luchadores, porque los ideales no se matan”.
En octubre de 1973 Minerva fue detenida y llevada a una cárcel clandestina en la Ciudad de México. Ella no sabía que estaba embarazada.
Durante su cautiverio fue sometida a torturas constantes; pasó muchos días con los ojos vendados y con las manos atadas a la espalda. La peor de las agresiones fue escuchar los gritos de sus compañeros sin poder hacer nada por ayudarlos.
Su hijo –Carlos David, al igual que su hermano asesinado– nació en junio de 1974. Cinco años después de su nacimiento, él y su madre volvieron a Chihuahua y comenzaron una vida más tranquila, alejados del miedo de ser agredidos.
“Al entrar a la adolescencia, el dolor que había invernado en su memoria desde antes de nacer hizo acto de presencia para no abandonarlo jamás”, cuenta su madre, Minerva.
A los 23 años de edad, Carlos David presenció una nueva brutalidad del Estado: mientras viajaba con su padre por la Sierra de Chihuahua fue interceptado por un grupo de personas que le pidieron auxiliar a un taxista a quien la policía quería despojar de su vehículo injustamente.
“Por oponerse a la acción de la justicia”, Carlos David y su padre fueron golpeados y esposados. Al día siguiente, el joven decidió quitarse la vida al comprender que no encajaba en este mundo en donde “nada detiene a los salvajes”.
Minerva ha escrito tres libros contando la historia de las y los compañeros guerrilleros, pero también la de los hijos de la guerrilla, jóvenes de una generación distinta que vieron aplastados sus sueños por un Estado represor.
“Nosotras no olvidamos, y recordamos, no sólo para recrearnos en nuestro dolor, sino para tener siempre presente la fuente que nos inspira a rebelarnos”, escribe la ex guerrillera.
SIN PERDER LA ESPERANZA
Hortensia García Zavala, ex integrante de los Comandos Armados del Pueblo, enfrentó una historia similar a la de Minerva.
Entre el 6 y 9 de junio de 1978 fue detenida junto con su esposo por la Brigada Blanca en la colonia Maravillas en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Su familia temió que los militares se hubieran llevado también a su hijo Ramón, de apenas siete meses de nacido.
Afortunadamente Hortensia lo había encargado poco antes de ser detenida. La gran brecha que separa la historia de esta guerrillera de la de Minerva es que ella no tuvo la oportunidad de contar su experiencia de viva voz.
Su hermana Reyna García Zavala luchó por 25 años para encontrarla con vida, pero fue hasta 2008 que al revisar los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (la policía política en los años 70) se encontraron las fotografías del asesinato de Hortensia y su esposo.
“Mataron mi esperanza de encontrarla viva, pero no mataron mi determinación de seguir luchando porque estos crímenes se aclaren y los responsables sean castigados, y estos hechos no se repitan nunca más”, escribió Reyna García.
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