En un país como México es posible mencionar cientos de casos judiciales que se han trasladado a los medios, y escándalos mediáticos que se han llevado a los juzgados.
Existe una línea difusa entre ambas esferas, principalmente provocada por un creciente número de “comunicadores” o “periodistas” que se dan el lujo de opinar sobre prácticamente cualquier tema por el sólo hecho de tener acceso a un micrófono, salir a cuadro o contar con un espacio en la prensa, sin que esto signifique necesariamente que respeten a su público por su desempeño ético, o por cumplir con el derecho de réplica que a cualquiera nos otorga la ley.
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene a la fecha una serie de ingredientes que bien podrían convertirse en película policiaca, de lo inverosímil que resulta el desempeño de sus protagonistas, no obstante la gravedad que implica el hecho de que el presidente de un partido político tenga tras de sí, no sólo decenas de averiguaciones previas sin avance, sino más de una imputación directa, presentada ante las autoridades, sobre una presunta red de prostitución al amparo de recursos públicos, y con jóvenes mujeres en estado de necesidad como víctimas que, a la fecha, no han tenido un mínimo espacio como sujetas del derecho al acceso a la justicia mexicana.
Es así que, mientras la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a través de su titular, Rodolfo Ríos Garza, se ha empeñado –sistemáticamente y de muy diversas formas– en negar el acceso a la justicia para las víctimas de Gutiérrez de la Torre, y la PGR sigue sin resolver si atraerá el caso –ya que existen los elementos que configuran el delito de delincuencia organizada–, otros más listos tratan de ganar terreno en los medios de comunicación.
¿Qué diría usted si una persona como Gutiérrez de la Torre de pronto aparece ante Ciro Gómez Leyva –quien, según sus propias palabras, le “rogó” para obtener la entrevista– no sólo negando los hechos o afirmando que no existen imputaciones directas en su contra (lo cual es falso), sino haciendo apología del drama con la excusa de que intentó suicidarse un par de ocasiones, o que padece cáncer de próstata ocasionado por el estrés, o que se encuentra en tratamiento psiquiátrico?
¿Por qué apelar a la emocionalidad discursiva, en vez de defender su supuesta inocencia ante los tribunales?
¿Qué diría usted si este mismo personaje –acusado de delitos tan graves como reclutar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de publicidad ilícita o engañosa, utilizando las instalaciones y recursos de un partido político para después pedirles favores sexuales– haya sido mágicamente exculpado por su propio partido, sin mediar siquiera un intento de investigación, luego de que diversas voces que dentro del mismo PRI han exigido su salida, y que dos presidentas de la Comisión de Justicia Partidaria hayan renunciado porque éticamente no pudieron cumplir con el lineamiento o instrucción que les impuso la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional?
En este país es por todos sabido que cuando delitos de esa magnitud no son investigados o están en la impunidad intencional por parte de las autoridades responsables, existe más de un cómplice a quien o quienes no les conviene que se siga investigando, justamente porque más de un político o autoridad podrían verse involucrados.
Y ya que son justamente los titulares de la PGJDF y de la PGR quienes están al frente de esta responsabilidad, ¿es o no válido dudar o suponer que, dada la negligencia e irresponsabilidad con que han tratado el caso, son ellos quienes se encuentran involucrados, o al menos, hoy son ya cómplices por omisión por no haber actuado con la debida diligencia? ¿Qué otra cosa deberíamos pensar?
En medio del protagonismo, autocensura y servilismo de Ciro Gómez Leyva; de la autovictimización de Gutiérrez de la Torre; de la complacencia del PRI, de la satanización al equipo de Carmen Aristegui por haber presentado el reportaje que develó el tema (no obstante que por ese trabajo ganó el Premio PEN Internacional, junto con Elena Poniatowska), existen al menos tres víctimas y dos averiguaciones previas de quienes sí fueron perjudicadas, quienes tienen derechos amparados por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales, y a quienes nadie quiere ver en medio de un terrible marasmo de corrupción que les ha negado la justicia.
¿Por cuánto tiempo más? Mientras, la CATWLAC ganó la revisión del amparo contra la PGR y se le ordena al Juzgado de Distrito reponer el procedimiento, lo que sólo es una batalla jurídica ganada, mas no la guerra.
Hoy la palabra la tiene la procuradora general de la República, Arely Gómez, para demostrarnos que será una institución cercana a las víctimas y no sólo un discurso de más y más simulación.
Yo confío que así será.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
15/TUZ/RMB
marzo 2015
La discriminación, el clasismo y el racismo son parte de una anti-cultura que prevalece en México, y que a veces se hace manifiesta en representaciones absurdas enmarcadas por el contexto grotesco en el que se desarrollan, y que forman parte de la realidad social de este país.
El mismo lugar donde unos jóvenes presumen que reciben la mejor educación y que eso los hace “sentirse especiales”, la misma nación donde son asesinadas mujeres, la misma geografía donde obreros luchan por ganar unos pesos más para salir de la situación de esclavitud moderna en la que viven.
El video del Instituto Cumbres da para mucho en el análisis de la violencia simbólica que se vive en el territorio del Estado mexicano, una síntesis de las enormes desigualdades sociales que prevalen por la acumulación extraordinaria de riqueza en unas cuantas manos.
No es nuevo que hay varios mexicanos en las listas de millonarios del mundo. También es el país donde los obreros han tenido que salir a gritar que viven una esclavitud casi de condiciones feudales, en San Quintín, Baja California.
El video del Instituto Cumbres, una escuela privada de corte religioso ligada a los Legionarios de Cristo, el cual generó una serie de opiniones en contra por la evidente misoginia que presentaba.
Sin embargo, es necesario reflexionar en otros aspectos que el video y todo lo que lo rodea, como el nivel económico de quienes lo protagonizan y al momento al que se refiere.
Me atrevo a afirmar que el video refleja esa construcción cultural respecto a las clases sociales, a las mujeres y a la disponibilidad de los recursos y la percepción que de esto se tiene en el sistema educativo, en el gobierno, y finalmente en la sociedad de este país.
Los jóvenes “productores” y actores sólo reflejan lo que la sociedad mexicana tiene, una enfermedad de clasismo agudo y ellos lo tienen tan naturalizado que creyeron que hacían bien en ponerlo en un video de graduación.
En torno al video surgió una intensa polémica por la forma como exponen a las mujeres, debate en el que se centró gran parte del cuestionamiento, sin embargo creo que se dejan pasar otros aspectos que son parte y que agravan lo que sintetizan y representan, un absurdo, pero que es a la vez realidad en la sociedad mexicana.
Nadie les cuestiona que vivan, aprendan y actúen así. Les cuestionan que lo hayan puesto en video. Es decir, hay una aceptación tácita a la superioridad económica de una clase social y de toda la permisividad que hay en torno a ese único privilegio: el dinero, que da por supuesto poder para hacer.
Reflejan una realidad de construcción social de cómo en México se ve a la riqueza en facultad de decidir sobre las personas, sobre las mujeres, sobre los recursos y ahí están utilizando un animal exótico para darle el toque grotesco que las riquezas excesivas suelen adquirir.
Reflejan el antipensamiento de esas escuelitas burguesas que se sostienen por la desigualdad social y que naturalizan la opresión de las clases sociales y, por supuesto, de las mujeres.
Ahí en el video aparecen dos hombres morenos como “mayordomos” porque son los que sirven, y las mujeres aparecen sexualizadas, cosificadas, ofreciéndose para ser bendecidas con la oportunidad del junior rico que la saque de la pobreza. Una representación Cumbres de cualquier guión de Televisa.
Está lleno de momentos en los que las mujeres sólo aparecen para servir, para estar dispuestas, para ofrecerse al mejor postor y por supuesto si ésta es la percepción que tiene ese grupo de muchachos sobre las mujeres, es entendible por qué en nuestro país el feminicidio no es prioridad.
El problema de fondo, en mi opinión, es que el video sólo refleja la realidad absurda de este país de discriminación, misoginia y racismo, elementos claves en toda la filmación, que agudizan y profundizan, nos recuerdan que ellos están ahí arriba, y los demás todos los que no son ellos, están abajo para ser aprobados o validados a partir de sus criterios.
Un video generacional no es sólo eso, no es un acto inocente, es el mensaje del poder a través de la representación que esos jóvenes hacen de sus vidas dentro de la sociedad mexicana.
El jaguar, los mayordomos, las mujeres son eso: accesorios, objetos de decoración en un video en el que ellos, los hombres blancos y ricos, tienen el poder.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
15/AC/RMB
Reportaje – Gobierno debe explicar dónde está el Convenio 189 de la OIT
Sin el apoyo del Estado mexicano que continúa sin ratificar el Convenio 189 de la OIT, trabajadoras del hogar avanzan a pasos lentos para el respeto de sus derechos laborales
De cara al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se conmemora el 30 de marzo, personas que emplean a trabajadoras del hogar, enviarán una carta al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para que le pida a la Cancillería mande ya al senado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para su ratificación.
Dicho Convenio establece que las trabajadoras del hogar deben tener por ley los mismos derechos laborales que todos los demás trabajadores, por lo que de ratificarse se deberá reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que ellas puedan exigir un salario mínimo, jornadas máximas de ocho horas, pago de tiempos extras, vacaciones con goce de sueldo y aguinaldo, entre otras garantías.
Algunas de las y los empleadores, según relató una de ellas a Cimacnoticias, buscaron entre enero y marzo de este año a legisladores y funcionarios para promover la ratificación del Convenio 189, pero el proceso continúa estancado desde hace dos años en la Cancillería quien debe enviarlo al senado para su ratificación.
A principios de este año inició el proyecto “Hogar Justo Hogar” que busca integrar a un grupo de empleadores para ofrecer empleos dignos a las trabajadoras del hogar y formar espacios de discusión sobre los derechos de estas trabajadoras e impulsar reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Seguro Social y otras legislaciones.
La ratificación del Convenio 189 garantizará un trabajo digno y en mejores condiciones para las 2.3 millones de personas en México, 95 por ciento de ellas mujeres, que se emplean en las labores del hogar.
En entrevista con Cimacnoticias, la antropóloga y especialista en género de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Mary Goldsmith quien sigue de cerca la ratificación del Convenio, señaló que en 2014 un grupo de trabajadoras del hogar, académicas y activistas, envió una misiva a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que explicara las acciones que lleva a cabo para acelerar la ratificación del convenio internacional.
La respuesta que obtuvieron, dijo, fue por parte de la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lia Limón García, quien por escrito, aseveró "por instrucciones del secretario (de Gobernación) hemos dado un continuo seguimiento e impulso a las acciones necesarias para que el Estado mexicano lleve a cabo la ratificación de dicho instrumento a través de las instancias correspondientes".
Sin embargo Goldsmith criticó la ambigüedad del documento puesto que no establece ninguna fecha ni acción concreta por parte del gobierno para la ratificación.
La académica pidió que este 30 de marzo, las autoridades se dejen de discursos vacíos y que mejor expliquen dónde está el Convenio y cuándo se enviará al Senado.
En tanto, la directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) Marcelina Bautista Bautista, dijo que la ratificación es urgente porque se trata de derechos laborales para millones de mexicanas.
Es nuestro derecho a la libre asociación, a jornadas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, información clara sobre las condiciones de empleo, cobertura básica de seguridad social y el respeto a todos los derechos laborales, agregó.
"Nosotras no queremos que nos regalen televisiones (como hizo el domingo pasado el alcalde priista de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, a propósito de la efeméride), queremos que hagan las reformas necesarias para que se ratifique el Convenio 189 de la OIT", afirmó Bautista.
La también coordinadora regional para América Latina de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, lleva más de 15 años impulsando acciones para que distintos sectores de la sociedad, en especial las personas que las emplean, sean conscientes de la discriminación que ellas enfrentan en sus espacios de trabajo y les garanticen todos los derechos reconocidos en la Ley.
Con este fin, CACEH inició en 2012 la campaña permanente “Por un trabajo digno ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras” y en 2013 presentó la campaña regional “Ellas cumplen con sus tareas ahora te toca a ti”.
También ha impulsado otras campañas internacionales de colocación laboral y promoción y defensa de los DH a través de diferentes actividades en medios de comunicación y espacios de incidencia para asegurar a las trabajadoras del hogar relaciones laborales estables, armónicas y legales.
Como resultado, Bautista aseguró que cada día más empleadoras y empleadores llaman a CACEH para informarse sobre los derechos laborales que deben garantizar e incluso acuden a la organización para firmar contratos de trabajo legales y asesorarse sobre cómo distribuir justamente los horarios de descanso.
No obstante, cuando quieren brindar algún tipo de protección médica a las trabajadoras se enfrentan a obstáculos y trabas en la Ley del Seguro Social, lo que las obliga a desistir de su propósito o buscar alternativas menos óptimas.
Marcelina Bautista observó que aún no existen cifras que contabilicen el número de empleadoras que (sin la obligación de una ley) están dando garantías laborales a su personal para asegurarles un trabajo digno.
Marcela Azuela Gómez, ex directora de Educación y Comunicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) e impulsora de “Hogar Justo Hogar”, relató que luego de haber iniciado el proyecto muchas personas pidieron sumarse o solicitaron información sobre cómo realizar un contrato de trabajo.
“La mayoría de las empleadoras nos contacta para pedir asesoría sobre casos particulares, por ejemplo de relaciones laborales de más de 30 años que –a raíz de las campañas por la no discriminación- empezarán a modificarse”, explicó Azuela quien coincidió con Bautista en que otorgar el seguro médico es la principal traba que enfrentan las y los empleadores, por lo que prefieren pagar una póliza de seguro particular o financian los medicamentos de sus trabajadoras.
Pese a estos avances, 25 de cada 100 personas justifica dar de comer alimentos sobrantes a las empleadas del hogar, se les exige laborar en promedio hasta 31.5 horas a la semana y la mayoría de las trabajadoras que exigen sus derechos laborales siguen siendo despedidas, de acuerdo con Conapred.
15/AJSE/LGL
En medio de proceso electoral Ss anuncia “Ciudad Salud de la Mujer”
Sin precisar datos sobre el número de personas que se busca beneficiar, los lugares a los que se pretende llegar y la metodología utilizada para crear las acciones, la Secretaría de Salud (Ss) anunció una nueva estrategia nacional para acercar a las mexicanas servicios médicos de calidad.
Hoy, en conferencia de prensa, Antonio Chemor Ruiz, director general de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) presentó el Proyecto “Ciudad Salud de la Mujer” que dijo, ya cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de pesos, aunque no se han definido las entidades en que operará y el número de mujeres que beneficiará.
De acuerdo con la información presentada, el proyecto fue diseñado por la secretaria de salud, Mercedes Juan López y Gabriel J. O’Shea Cuevas, comisionado nacional de protección social en salud, y tiene como finalidad coadyuvar a disminuir la mortalidad materno infantil e incrementar la detección oportuna de Enfermedades No Transmisibles (ENT), especialmente enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer.
Mediante “Ciudad Salud” –según lo expuesto por el funcionario– se pretenden construir cuatro complejos médicos integrales en cuatro estados del país “considerando el perfil epidemiológico de cada entidad”, sin embargo la única entidad que se tiene contemplada hasta el momento es Durango, aunque tampoco precisó el lugar preciso donde se ubicará el complejo médico, ni cuándo iniciará la construcción.
Chemor Ruíz enlistó el equipo de alta tecnología con el que contarán las cuatro unidades pero no supo precisar las otras localidades en las que arrancará el proyecto ni tampoco dijo qué criterios fueron tomados en cuenta para seleccionar a Durango como la primera entidad beneficiada.
“Estamos tomando todas las precauciones necesarias para no fallar en el modelo, estamos haciendo ese análisis de cuáles serán esas entidades, no queremos equivocarnos y queremos ser precisos en las epidemiologías de cada estado”, dijo el funcionario ante los cuestionamientos constantes de la prensa.
Agregó que uno de los criterios a considerar –aunque no el único – para seleccionar a las entidades es la incidencia de Muerte Materna (MM), toda vez que el proyecto se suma a las acciones que la Ss emprende para erradicar este problema de salud pública, en el que reconoció, no se han alcanzado los compromisos asumidos internacionalmente.
Cabe recordar que México se comprometió en el año 2000 mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a reducir para 2015 la razón de muerte materna (RMM) a 22 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, lo cual no ha ocurrido.
Según datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud –dependiente de la Dirección General de Epidemiologia (DGE) de la Ss–, durante 2014 ocurrieron 835 defunciones maternas, con lo que la RMM se ubicó en 39.0 decesos por 100 mil nacimientos estimados. Para la primera semana de marzo de 2015 el número de muertes era de 138.
Estado de México (Edomex), Veracruz, Chipas, Distrito Federal y Jalisco, son las entidades que la DGE identifica con mayor número de defunciones.
Aunque Durango mostró un incremento al comparar la RMM que registró en 2014 con el promedio de los siete años previos, no se ubica en las entidades históricamente rezagadas en el combate a la MM.
El funcionario enfatizó a la prensa que la puesta en marcha del proyecto no debe relacionarse con el proceso electoral en el que se renovarán la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y ayuntamientos en 17 estados y agregó “la salud de las mujeres y la erradicación de la MM es una ‘situación que urge’ y no podría esperar a que se terminen los temas electorales, hay que hacerlo y hacerlo pronto”.
Aunque se desconoce en donde serán construidas, se sabe que cada una de las “Ciudades Salud” costará 84.53 millones de pesos, es decir, se tiene previsto gastar 338.12 millones de pesos para la construcción de las cuatro unidades, que según el funcionario comenzarían a operar en el segundo semestre del año.
Afirmó que el dinero provendrá del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, programa mediante el cual se transfieren recursos federales a las entidades para operar el Seguro Popular.
Es de mencionar que el Fideicomiso del Seguro Popular se divide en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y el FPP en donde se encuentra la Subcuenta de Infraestructura Física, mediante la que se destinan recursos para cubrir las necesidad de infraestructura para la atención primera y especialidades básicas de servicios de salud.
Chemor Ruiz agregó que la entidad en la que se construya Ciudad Salud deberá asegurar la plantilla y operación de la unidad y destinar aproximadamente 58 millones de pesos anuales para dar continuidad al proyecto.
Es de mencionar que organizaciones civiles dedicadas a pugnar por la transparencia y la rendición de cuentas, como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, han denunciado que no se cuenta con información clara, precisa y transparente de cuál es el destino de los recursos asignados al Seguro Popular.
15/AZM/LGL
La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses exigió al Tribunal Electoral del estado de Guerrero (TEE) que garantice la participación femenina en los próximos comicios y determine que los partidos políticos deben dar a las mujeres la mitad de sus candidaturas para ayuntamientos.
La coordinadora de la Red, Muriel Salinas, explicó en entrevista con Cimacnoticias que saben que esta impugnación provocó fuertes reacciones en los partidos políticos que ya tenían definidas sus candidaturas.
Sin embargo, pese a ello y a la situación de violencia que prevalece en la entidad que ya cobró la vida de la precandidata del PRD a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, y a la amenaza de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero de boicotear las elecciones del próximo 7 de junio, las mujeres exigieron su derecho a participar en las elecciones.
El recurso se interpuso porque las militantes y activistas consideran que la participación femenina debe consolidarse, por lo que el pasado 16 de marzo tres mujeres de la Red, integrada por militantes de diversos partidos, académicas, periodistas y ciudadanas, interpusieron un juicio electoral ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), para impugnar el acuerdo aprobado por las y los consejeros, al considerar que no estaba apegado al principio de paridad.
El 12 de marzo el IEPC aprobó el acuerdo (052/SE/12-03-2015) donde se indican los criterios para el cumplimiento de los principios de paridad de género y alternancia que los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes deberán cumplir en el registro de candidatos a diputados y miembros de ayuntamientos.
De acuerdo con Salinas, estaba previsto que hoy el TEE resolviera la impugnación, sin embargo explicó que por la mañana estuvieron en la sede del Tribunal y fueron informadas que el caso aún estaba en análisis y podría resolverse mañana o hasta la próxima semana.
Cabe decir que en el caso de Guerrero las agrupaciones políticas tienen del 15 al 21 de abril para registrar a sus abanderados a ayuntamientos, asimismo la activista alertó que hay partidos políticos que han propuesto que la paridad en alcaldías aplique hasta las elecciones de 2018 a fin de no hacer cambios en sus postulaciones.
Salinas destacó que en la actualidad la paridad en ayuntamientos sólo aplica en la lista de síndicos y regidores, por ello la Red exige al órgano electoral que se pronuncie a favor de la paridad horizontal, es decir, en la obligación de dar a las mujeres la mitad de las candidaturas para presidencias municipales.
De prosperar la impugnación de las mujeres, cada instituto político deberá hacer las modificaciones necesarias para cumplir este principio de igualdad y registrar a 40 (o 41) mujeres para contender por una presidencia municipal, ya que el estado está dividido en 81 municipios.
15/AGM/LGL
Pretextos del gobierno federal para ratificar Convenio 189
Defensoras de los derechos de las trabajadoras del hogar denunciaron que al no ratificar el Convenio189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -sobre empleo decente para este grupo- Enrique Peña Nieto, Ejecutivo Federal, desprotege de manera voluntaria, a más de 2 millones de personas que realizan esta actividad y que padecen diversos abusos laborales.
Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH) y Marcela Azuela Gómez, impulsora del proyecto “Hogar Justo Hogar” (una agrupación de personas que ofrece empleo digno a las trabajadoras del hogar), anunciaron la mañana de hoy que enviaron una carta al gobierno federal para exigir la ratificación del Convenio 189.
Previo al Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, que se conmemora hoy, las activistas dirigieron la misiva al titular del Ejecutivo, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña; y al abogado de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes.
En el documento enfatizan la importancia de que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT –firmado por México en 2011- para que sea una obligación federal regular las horas de trabajo, días de descanso, espacios de trabajo seguros, trato digno y contratos de trabajo para todas las personas trabajadoras del hogar, principalmente mujeres, que no cuentan con ninguna prestación ni protección laboral.
La carta enviada al Ejecutivo dice que el Convenio 189 de la OIT entró en vigor en 2013, y aunque la Segob prometió enviar el documento para su estudio y ratificación al Senado de la República, no cumplió.
“Esto quiere decir que de manera voluntaria, el Ejecutivo Federal ha dejado en estado de indefensión legal a más de dos millones de mexicanos, mujeres en su mayoría, que se dedican al trabajo remunerado del hogar”, agregaron las defensoras de los derechos laborales.
Además, la actual administración “no puede darse el lujo” de seguir cometiendo errores en materia de Derechos Humanos (DH), advirtieron por escrito las expertas.
Las activistas calificaron como “pretexto” que el gobierno federal se niegue a ratificar el Convenio por los supuestos costos que generaría asegurar prestaciones sociales para las millones de personas mexicanas que se dedican al trabajo del hogar.
Sin embargo, señalaron, lo que el gobierno federal ignora es que podría obtener beneficios al incorporar a las trabajadoras a la Seguridad Social toda vez que se generarían más ingresos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deberán pagar los nuevos contribuyentes.
Marcelina Bautista Bautista, principal impulsora de este Convenio, criticó que otros países hayan avanzado más que México para la ratificación de este Convenio, aún cuando es urgente porque las trabajadoras del hogar en este país “están muy lejos de tener un empleo decente”.
De acuerdo con la activista –indígena oaxaqueña que durante 20 años fue trabajadora del hogar- ellas se enfrentan día a día con actitudes discriminatorias por parte de sus empleadoras, quienes en muchos casos se niegan a pagarles un sueldo justo y las acusan de presuntos robos para evitar pagarles una liquidación.
De acuerdo con Bautista, que reunió datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las trabajadoras del hogar representan el 10 por ciento de las mujeres ocupadas en México, las cuales reciben de uno a dos salarios mínimos, no cuentan con contratos de trabajo ni seguridad social y, en el futuro, no gozarán de una jubilación.
La directora de CACEH criticó que los programas sociales que impulsó el gobierno del Distrito Federal (DF) para que las trabajadoras del hogar cuenten con seguro popular y apoyos para la vivienda son de corte asistencialista que duran sólo sexenalmente y que son de difícil acceso para las trabajadoras, toda vez que al menos en su organización ninguna de ellas logró beneficiarse con estos programas.
Por su parte, Marcela Azuela informó que aunque muchas personas quieren asegurar a sus trabajadoras no existen condiciones legales para hacerlo, por lo que es urgente reformar el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo –sobre horarios de descanso y alimentación de estas trabajadoras- y que la Ley del Seguro Social convierta en una obligación asegurar a las empleadas del hogar.
15/AJSE/LGL
Programa Especial de Migración sin claridad en recursos y resultados
El primer informe de resultados del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 carece de datos desagregados por sexo y no indica el número exacto de niñas, adolescentes y mujeres adultas beneficiadas por este programa, además de omitir cuántos recursos se destinaron para su ejecución.
El 30 de abril del 2014, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la entrada en vigor del PEM -que considera acciones para atender los efectos negativos de la migración entre la población femenina- que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).
El PEM es hasta ahora el único programa migratorio que se desarrolla en conjunto con 80 organizaciones civiles que defienden los derechos de la población migrante y el gobierno federal y que cuenta con un enfoque transversal de Derechos Humanos (DH) y de género, detallados en cinco objetivos, 26 estrategias y 195 líneas específicas de acción para atender la migración en tránsito y vulnerable, según informaron en su oportunidad, las organizaciones civiles.
A casi un año de su entrada en vigor, la Unidad de Política Migratoria (UPM) de Segob, publicó los resultados del primer periodo de trabajo, los cuales están disponibles en su página electrónica.
El informe destaca diversos “logros” como los “importantes avances en cuanto a sensibilización, profesionalización y certificación de los servidores públicos que tienen contacto con personas migrantes”.
También –dice el documento- “se generó información específica y diferenciada de gran utilidad en la vida de los migrantes (…) y por último conviene destacar las acciones para prevenir y reducir los delitos y la violencia ejercida contra las mujeres”.
No obstante , ninguno de los apartados del informe señala con datos desagregados por sexo el número de personas atendidas por cada servicio destinado para la población migrante; y en los programas diseñados para la población en general, el informe omite el porcentaje de personas migrantes beneficiadas.
Por ejemplo, dice que “a través de las Ventanillas de Salud se otorgaron 3 millones 216 mil 737 servicios de consejería, detección oportuna y referencia a servicios de salud”, pero termina el párrafo sin detallar el número de mujeres migrantes atendidas.
Lo mismo sucede con los mecanismos para la atención de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, los servicios para solicitantes de refugio y el número de beneficiarias para la detección y prevención del VIH-Sida.
El informe destaca en el primer objetivo -enfocado a “fortalecer una cultura de legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración”- los programas dirigidos para la población y los que fueron diseñados para funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
Señala como un logro el portal electrónico Mujer Migrante, en el cual se desarrollaron 30 contenidos y servicios digitales que –según dice el documento- atienden las necesidades y demandas de las mujeres migrantes y sus familias
También indica que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en colaboración con otras instituciones federales, ofreció 136 talleres en 15 entidades del país para 5 mil 276 personas -varones y mujeres, migrantes de México y de Centroamérica- trabajadoras del campo.
El resto de los objetivos –enfocados al desarrollo regional, seguridad fronteriza y seguridad humana, reintegración de las personas migrantes y acceso a la justicia y la seguridad- no desglosa ningún servicio que haya sido exclusivo para las mujeres.
Lo que el informe destaca como “logros” contradice algunas exigencias de las organizaciones civiles, como impedir la detención de la población migrante en tránsito irregular a fin de respetar sus DH, como ocurre con las acciones de la estrategia 3.5 del PEM donde informa que se generaron más estaciones migratorias –centros de detención para migrantes- en las entidades de Oaxaca y Tabasco.
En materia de reunificación familiar, por ejemplo, mientras los últimos datos actuales de la Cancillería mexicana señalan que de 2010 a 2012 se registraron 9 mil 780 solicitudes de apoyo consular para la custodia de niñas y niños nacidos en Estados Unidos, la Segob señaló que en 2014 sólo se atendieron 60 solicitudes de reunificación familiar.
Cabe destacar que las organizaciones civiles que impulsaron este programa siguen a la espera de que se elabore un anexo presupuestario que transparente su ejecución y gastos toda vez que se ignora el monto destinado ya que no tuvo recurso asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
15/AJSE/LGL
Radio Educación rendirá un homenaje a las dos más grandes figuras de la literatura mexicana: Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz, a través de la serie radiofónica “Ella, la peor del mundo. . . Él, Octavio Paz”.
A lo largo de 20 capítulos, Radio Educación-emisora de la Secretaría de Educación Pública- desmenuzará “Sor Juana Inés o las trampas de la Fe”, ensayo mediante el cual el Premio Nobel de Literatura 1990, escribió una biografía de la poetisa, alejada de las ideas comunes que la dibujaban como persona infeliz, y en la que queda palpable su fascinación por la escritora novohispana.
Esta serie documental –que comienza a transmitirse el 31 de marzo, día en que se conmemora el 101 aniversario de Paz– retoma la vida de la llamada décima musa y la entrecruza con referentes actuales.
La biografía de la mujer que fue obligada por los pensadores conservadores de su época a alejarse de las letras, es rescatada por las voces de Gabriela Betancourt, Ignacio Casas, Bertha Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez.
Durante la presentación de la serie –realizada hoy en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México– su productora, Laura Elena Padrón, dijo que además de celebrar al premio Nobel de México, el objetivo de los capítulos es acercar a la musa a la época actual y lograr que radioescuchas se apropien de sus poesías y de su trabajo.
Señaló que en el contexto actual mexicano (en el que no se ha alcanzado la igualdad de género) es muy pertinente retomar la historia de Juana Inés y de la religiosa en la que se convirtió posteriormente.
“Fue una mujer adelantada a su tiempo, con una elección sexual puesta en entredicho, que transformó la literatura mexicana dentro de un mundo predominantemente de varones, esa historia es perfectamente ubicable en la vida cotidiana y no sólo en la época novohispana”, dijo.
Armando Gonzales Torres, poeta y ensayista mexicano señaló que estos materiales permiten identificar los vínculos estéticos que existen entre las dos grandes figuras que ha creado la literatura mexicana toda vez que para Octavio Paz la figura de Sor Juana representa una inspiración para su obra y al mismo tiempo es parte de una proyección, pues existen diversas coincidencias en su historia de vida que le permitieron identificarse con ella.
El primer capítulo de la serie se transmitirá mañana a las 19 horas, a través la estación 1060 de Amplitud Modulada (AM), los siguientes capítulos de “Ella, la peor del mundo. . . Él, Octavio Paz”, podrán escucharse a partir del 13 de abril de lunes a viernes a las 22:30 horas.
Todos los capítulos serán colocados en el portal de contenidos de Radio Educación: www.e-radio.edu.mx para su descarga gratuita.
15/AZM/LGL
La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los partidos políticos locales están obligados a garantizar la paridad de género en las candidaturas a ayuntamientos (presidencias municipales, regidurías y sindicaturas).
Al corregir el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) sobre el registro de candidaturas, el pasado 26 de marzo la Sala Regional determinó que los partidos deben garantizar la paridad de manera vertical y horizontal, o transversal, es decir, garantizar la integración equilibrada de mujeres y hombres para los cargos de presidencia municipal, regiduría y sindicatura.
Al respecto la investigadora en estudios de género y poder político, Blanca Olivia Peña Molina, destacó que con esta resolución cada partido político deberá postular a tres mujeres y dos hombres (o viceversa) como candidatos a presidencias municipales.
Este caso inició desde el pasado 16 de marzo cuando el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo (CG-0018-MARZ0-2015) por el cual expidió el reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular, en el cual no consideró establecer la obligación de postular a 50 por ciento de mujeres en cargos para ayuntamientos.
Este reglamento causó polémica porque si bien en su momento la consejera presidenta del Instituto, Rebeca Barrera, se pronunció a favor de la participación de las mujeres y puso el tema sobre la mesa para que se votara la paridad, no hubo consenso para integrar este principio en el acuerdo.
Al respecto, Peña Molina, también integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), aseguró que la actuación de los consejeros que se opusieron a la paridad fue “vergonzosa” y agregó que el principal obstáculo para los derechos políticos de las mujeres son los partidos políticos.
No obstante, en este caso, una vez aprobado el acuerdo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se convirtió en el defensor de las candidaturas femeninas.
Morena consideró que con el acuerdo de la autoridad se violaron las leyes electorales, toda vez que en este no se plasmó la obligación expresa de postular a las militantes como candidatas a las presidencias municipales, así que el 19 de marzo presentó ante el IEEBCS un juicio de revisión constitucional electoral, a favor de las mujeres.
El 25 de marzo, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, con Jurisdicción en Baja California Sur, dictó la sentencia SG-JRC-43/2015 con la cual se revocó el acuerdo a fin de promover la participación femenina en las próximas elecciones y cumplir con los principios constitucionales, de las leyes locales y federales en la materia.
Con esta resolución la Sala Regional hizo una interpretación del artículo 96 de la ley estatal electoral –que establece la paridad en las planillas para ayuntamientos–, revocó el acuerdo del IEEBCS sobre registro de candidaturas y ordenó que se hiciera uno nuevo que incluyera el alcance horizontal o transversal del principio de paridad de género en postulación para ayuntamientos.
Lo anterior significa que los partidos políticos están obligados a registrar a 50 por ciento de mujeres para contender por presidencias municipales, sin embargo la entidad se divide en cinco municipios: La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto; por tanto la autoridad concluyó que se debe exigir el registro de tres candidaturas femeninas y dos masculinas, o viceversa.
Sobre el perfil de las abanderadas, la también integrante de la Red Mujeres en Plural destacó que mientras las mujeres que militan en los partidos no exijan a sus líderes y a las instancias femeniles partidistas, que haya criterios claros para la selección de precandidaturas, las instancias y la sociedad civil podrán hacer muy poco al respecto.
El próximo 7 de junio habrá elecciones en la entidad para elegir gobernador, 21 diputados (16 de mayoría relativa y cinco de representación proporcional), cinco presidencias municipales e integrantes de ayuntamientos.
Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes, tienen como plazo para registrar sus solicitudes de registro de candidaturas el 1 de abril, por lo que esta resolución generó molestias entre los partidos quienes ya tenían a sus candidatos, según reportaron medios locales.
Por otra parte Peña Molina aseguró que en estos comicios el foco de atención está sobre las candidaturas en cargos edilicios, porque ahí es donde se están presentando las impugnaciones por parte de los partidos políticos y de las mujeres, y eso, señaló, es resultado de la omisión en la reforma político- electoral la cual no reguló la paridad en ayuntamientos.
15/AGM/LGL
Académicos criticaron que la iniciativa de Ley General de Aguas (cuya aprobación se encuentra detenida en la Cámara de Diputados) haya sido creada para favorecer a la iniciativa privada y no para resolver los problemas de escasez, calidad y falta de acceso al recurso que enfrenta gran parte de la población indígena mexicana.
Como parte de la conmemoración del Día mundial del Agua (22 de marzo), El Colegio de México (Colmex) organizó el Foro “Discutamos la ley dentro de un marco de gobernanza” para escuchar las voces de expertos y académicos sobre la forma en que debe ser garantizado el Derecho Humano (DH) al agua -elevado a rango constitucional en 2012- dentro de la legislación mexicana.
Quienes acudieron a la convocatoria del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales (CEDUA) del Colmex coincidieron en que la iniciativa elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca la privatización lejos del bienestar de la población.
El doctor Raúl Hernández Garciadiego, director de la iniciativa Agua para Siempre, expuso las prácticas prehispánicas llevadas a cabo por comunidades que no cuentan con fuentes de agua cercanas para bastecerse del recurso, y lamentó que estas metodologías no fueron incluidas dentro de la iniciativa.
Hernández, quien cuenta con 30 años de experiencia en la gestión de agua en comunidades indígenas, recordó que la mitad del territorio mexicano está constituido por zonas desérticas en donde escasea el agua, lo que orilla a las mujeres a recorrer largas distancias para conseguirla, genera desnutrición en las y los menores de edad (pues el agua es vital para la generación de alimentos) y provoca enfermedades.
Compartió su experiencia en la mixteca popoloca -región en donde se unen los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero-, “si esta región fuera un estado sería la región más pobre del país y la pobreza en la región es causada por la falta de agua”, dijo el también doctor en ciencias sociales.
Dentro del territorio son las mujeres quienes se encargan de acarrear el líquido para el uso familiar, “apenas pueden llevar 50 litros y estos son repartidos entre todos los integrantes de la familia”, es de recordar que estas familias tienen en promedio, cinco hijas o hijos.
Agregó que es común que las y los niños enfermen por la escasez de agua y la falta de higiene, cuando las mujeres llevan a sus descendientes a los servicios médicos “los doctores las regañan porque están sucios y les dicen que se enferman por culpa de ellas”.
Como parte de esta realidad, siete de cada diez campesinos pierde sus cosechas por la irregularidad de las lluvias, con lo que también se quedan sin trabajo y alimentos y se ven obligados a migrar.
En ese sentido, el especialista señaló que existen muchas tecnologías indígenas que captan agua de lluvia, la almacenan y protegen la fragilidad de los suelos, las cuales deberían rescatarse para evitar que se utilicen técnicas más agresivas como los trasvases (obras hidráulicas que buscan incrementar la disponibilidad de agua en una población desviando la cuenca de un río vecino) que únicamente generarán contaminación de las cuencas de agua.
“Nuestro gobierno no tiene ni interés, ni tiempo, ni tecnología para ayudar a esos pueblos” señaló el especialista quien también reprochó el hecho de que los pueblos indígenas quedaran fuera de los organismos que decidirán como se gestionará el agua y el hecho de que la iniciativa no sea integral, pues no incluye la protección de suelos y otros recursos naturales que juegan un papel importante en materia de agua.
Por su parte el doctor José Luis Lezama, director del seminario interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable, consideró que la iniciativa de Conagua no está diseñada desde un enfoque ambiental.
A decir del especialista el punto de partida de esta ley debe ser el reconocimiento que el agua es el sustento de la vida en el planeta y un recurso natural no renovable.
“Antes de plantear que el agua es un recurso de la nación y antes de pensar cómo nos la vamos a repartir, debemos considerar cómo la vamos a obtener y la vamos a garantizar en un futuro, porque la naturaleza no es un recurso eterno” dijo Lezama, quien consideró que la iniciativa no busca el interés comunitario sino satisfacer el interés económico de algunos.
15/AZN/LGL