Cuando un diputado o diputada sale a expresar una opinión con respecto a un tema, lo hace a sabiendas que no es su opinión personal lo que nos interesa, sino la que tiene a partir de la conciencia de que representa a una población diversa y plural en el Distrito por el cual fue electo o electa, y en el que habrá seguramente mujeres, hombres, de todas las edades, de todas las orientaciones sexuales, de distintos tonos de piel y posición económica derivado de su ingreso.
Y es a esa pluralidad o particularidad de la comunidad votante –única y exclusiva– a quien debe responder.
Es decir, nunca jamás nos ha interesado su opinión personal, si le gusta o no el apio, o si le parece buena o mala idea que las personas decidan casarse con otra de su mismo sexo, si deseen o no adoptar o si quieran o no tener hijos. Las representa, no es su juzgador o juzgadora, los ciudadanos no están bajo el escrutinio. En cambio los representantes democráticos sí.
La democracia que prevalece en México es la representativa, aún falta mucho para que la ciudadanía tome conciencia de la dimensión de ejercer la democracia directa mediante la organización y la participación política.
En tanto conviene tener claro quién es el que debe rendir cuentas y quién sí puede y debe ser “evaluado” y no “juzgado” por sus actos o gustos personales.
Y todo esto se les olvida cuando están ahí, creen que deben representar al jerarca de su Iglesia, precisamente en un Estado laico que no terminan de entender.
En Campeche, como seguramente ocurrió en otros estados, hubo intervención de personajes públicos opinando en torno al matrimonio para todas las personas, más allá de la postura de los Derechos Humanos, la jurisprudencia –creemos que ni siquiera han leído la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, o del sentido común, lo hicieron desde sus perspectivas individuales y creencias particulares.
Independientemente que sus argumentos de fe, como prefiero llamar a las creencias basadas en la práctica de un credo religioso, son desde su propia lógica cristiana de “amor al prójimo”, ser violentas y de exponerse desde un discurso de odio y discriminación, no es esa opinión la que nos interesa ni la que los medios de comunicación tendrían que difundir.
La responsabilidad de las comisiones de Igualdad de Género, de Derechos Humanos y de las Juventudes deben venir con el paquete de la información, la capacitación y el aprendizaje de las y los diputados que las ocupen en materia humanitaria, a fin de entender que éstos ni se consultan, ni se otorgan, sino que forman parte del paquete con el que nace cualquier ser humano y que los Estados están obligados a reconocer, proteger y promover progresivamente, nunca hacia atrás.
Lo que es tan difícil de entender para las personas que ocupan esos cargos es que no es ocioso ni vamos a cuestionar sus dogmas de fe, esos pueden seguir teniéndolos y viviendo con ellos, pero la razón de vivir en un Estado laico es para que se garantice que ellas puedan seguir teniendo esos dogmas y que no un Estado con una afinidad religiosa sea impuesto mañana por algún personaje que se vincule con una práctica y quiera imponerla a todo el país.
Imaginemos que el “gobernador o gobernadora” de un estado es practicante de una fe hinduista o de cualquier otro lugar, lo cual es su derecho, pero lo que no puede –gracias al Estado laico– es imponer esa fe, no puede ser impuesta desde su posición de gobernante al resto de la población.
Eso es lo que permite que en un mismo territorio concilien, coincidan y converjan distintas posturas desde distintos dogmas religiosos o la ausencia de éstos.
Imaginemos un gobernante ateo que impone su visión. Eso se vivió en la época cristera y ya conocemos el resultado de la historia.
De ahí que México tendría que tener la experiencia y conocimiento acerca de lo que ocurre cuando permitimos que sean los fundamentalismos los que gobiernen, y se pierda el respeto a la diversidad y a la libertad que cada persona tiene amparada en el Estado laico.
Ni para perseguir a las personas católicas, ni para perseguir o hacer declaraciones públicas que inciten al odio contra una población a razón de su vida privada que a nadie le debería importar ni afectar.
Cuando se desarrolló un proceso electoral en el que personas bajo partidos o en forma independiente salieron a buscar el voto ciudadano tras exponer sus ideas respecto a ciertos temas, que permitirán a la ciudadanía tener una “idea” sobre sus decisiones, y con base en ello decidieron otorgarle la confianza de ser quien les represente en el mecanismo de la democracia representativa. No se representan a sí mismas.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
15/AC/RMB
junio 2015
El pasado domingo se conmemoró el Día del Orgullo LGTB en muchos lugares de España.
Este año además está resultando especial por varios motivos, como son la reciente desaparición de Pedro Zerolo o la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizando de facto el matrimonio igualitario en todos los estados de la Unión Americana.
Pero además está el factor de la visibilización de la bandera multicolor en los balcones de muchos ayuntamientos que han querido de este modo romper con los gobiernos que les precedieron y mostrar una nueva manera de entender el mensaje que la ciudadanía les ha dado a través de las urnas.
El mensaje de la Igualdad de Derechos y Oportunidades que se está exigiendo por parte de toda las personas independientemente de su sexo y/u orientación sexual.
Estoy muy contenta por ver esas muestras públicas de reconocimiento al trabajo de miles de personas activistas por el reconocimiento total de derechos y la ausencia de discriminaciones consecuencia de la orientación sexual de cada persona.
De verdad que viendo la evolución de los últimos años, este año está siendo especialmente visible e incluso festivo y ha inundado de banderas multicolor incluso los perfiles de las redes sociales.
Pero esta alegría compartida en las manifestaciones de las grandes y pequeñas ciudades contrasta con la situación particular de cada persona que cada día y en su cotidianeidad puede sufrir situaciones inhumanas por su orientación sexual o por su forma de manifestar su propia sexualidad.
Y con esto quiero decir que dentro del colectivo LGTB las visibilidades y aceptaciones de todas las corrientes internas son diferentes.
Es evidente que siguen sin ser tratadas de igual manera las situaciones de los hombres homosexuales que las de las mujeres lesbianas. O las personas transexuales que las transgenéricas. Así como tampoco es lo mismo ser homosexual mujer en uno de los más de 20 países donde sólo está penada la masculina.
Los avances son innegables. Pero lo siguen siendo en las zonas más ricas del mundo. Aquellas en las que a pesar de habernos empobrecido con esta estafa llamada crisis, y de que en el caso español se nos haya llamado la atención por parte de la ONU por el retroceso en Derechos Humanos, seguimos gozando de cierta libertad para amar a quien deseemos hacerlo.
Amar a una persona del mismo sexo en Irán nada tiene que ver con amar en Portugal, por ejemplo. En el primer caso la pena es de muerte, mientras que en el segundo la pareja se puede casar. Y esto es sólo un ejemplo.
En nuestro espacio simbólico en demasiadas ocasiones aparecen los estereotipos de burla o rechazo a las personas transexuales y hacia las transgenéricas y las asociamos, por ejemplo, al mundo de la prostitución. ¿Por qué? ¿Acaso sus capacidades para trabajar, relacionarse o amar son diferentes a las heteronormativas impuestas por el patriarcado? Yo creo que no lo son.
En todo caso lo que es diferente y por eso se les estigmatiza es que aman a personas diferentes a las asignadas por el patriarcado, y por eso el sistema las señala y las estigmatiza de mil maneras sutiles o brutales. Y esta estigmatización es sistemática.
Dentro de la organización social, el patriarcado ha impuesto sus normas con el objetivo de la reproducción de la especie desde la perspectiva siempre masculina.
Por eso amar a personas del mismo sexo que, a priori, no puedan reproducirse, o haber nacido en un cuerpo equivocado o sentir que puedes amar tanto a mujeres como a hombres y por tanto ser ambivalente, está claramente señalado como indeseable por un sistema opresor como el patriarcado.
De la misma manera que nos oprime a las mujeres cuando cuestionamos el mandato de la maternidad, que es incuestionable para el sistema.
Estoy feliz de comprobar cómo poco a poco se van normalizando las diversidades, y sus reivindicaciones a mantener sus diferencias van siendo aceptadas por la sociedad que, aún con sus reticencias, va dejando paso a lo que siempre debería de haber sido normal: amar a quien desees en igualdad de condiciones.
Estoy feliz de comprobar cómo la bandera multicolor ondea en espacios cerrados a cal y canto durante siglos. Estoy feliz de comprobar cómo el avance hacia la igualdad en todos los sentidos es imparable.
Pero me sigue preocupando la visión etnocéntrica de nuestro discurso de personas blancas, con cierta comodidad en nuestras vidas y con rastros colonialistas en nuestras formas de entender a personas de otros lugares del mundo, a quienes llegamos a cuestionar sus formas de luchar e incluso sus propias luchas por ser, quizás en forma y fondo, diferentes a las nuestras.
Y como hemos aprendido corrección en las formas, podemos hacerlo desde lo simbólico y eso me preocupa.
Y para ello, quizás haya que parar y reflexionar sobre conductas y discursos públicos y privados para arrancar de cuajo los estereotipos que todavía habitan en nuestro corazón y nuestro cerebro y hacer un ejercicio de generosidad más amplio para entender que, quizás, el origen de las luchas de muchas personas que aman de forma diversa y todas ellas válidas es el mismo: el puñetero patriarcado que pretende encorsetarnos en su heteronormatividad. Y eso afecta a toda la estructura social, política e incluso económica.
Y al mismo tiempo y dentro de ese ejercicio de generosidad hayamos de reconocer humildemente que nuestro etnocentrismo nos impide levantar un poco la mirada y asumir y compartir discursos de personas lejanas que, a su ritmo y con sus voces, van haciendo también su camino. Porque imponer luchas y formas de luchar nunca dieron buenos resultados.
No olvidarnos de las miles o millones de personas que todavía pueden pagar con su vida el enamorarse de otra persona de su mismo sexo, o de otra religión o clase diferente.
Al final, el amor es un sentimiento que no entiende ni de sexos, razas, colores, nacionalidades o religiones. Y por ello el derecho a amar debería ser un derecho universal de todas las personas. Y por supuesto a amar en igualdad plena.
[email protected]
* Corresponsal, España. Periodista de Ontiyent.
15/TMC/RMB
Cuando el Estado no es capaz de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, estamos hablando de un daño mayúsculo que es difícil comprender o imaginar para quienes no lo han padecido.
Uno podría suponer que determinado delito se investiga para después perseguir a los responsables y finalmente sentenciarlos, pero el asunto es más complicado que eso.
En México, el trayecto hacia la justicia implica más bien un viacrucis para las víctimas (en caso de que éstas hayan sobrevivido) y para sus familias.
Fue gracias a la batalla que por décadas emprendimos las organizaciones civiles que hoy existe una legislación específica (como la Ley General de Víctimas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas), que intenta reparar el daño infligido, aunque sabemos que nada es suficiente si se trata de recuperar una vida: las víctimas después del hecho traumático nunca vuelven a ser iguales, y los esfuerzos se deben encaminar a la construcción de un nuevo proyecto de vida.
No obstante, y con todos los avances logrados hasta el momento, es evidente que la situación actual de descomposición en las instituciones –marcada por la corrupción principalmente, pero también por la impunidad– hace que el acceso a la justicia represente la segunda fase de agravios que todavía debe sufrir la víctima, esta vez a manos de la propia autoridad.
Para el caso de los delitos relativos a la trata de personas, uno de los efectos colaterales de este proceso tiene que ver con la violación de la garantía de reserva de identidad (consagrada en la Constitución) por parte del Poder Judicial, que lejos de aplicar el principio pro-persona a favor de las víctimas, lo hace a favor de los acusados.
Esta transgresión a la ley se da también por parte de grupos civiles que difunden testimonios, imágenes y rostros de las víctimas con el propósito de obtener provecho, o solicitando donativos económicos para cubrir la atención a las víctimas que el Estado mexicano está obligado a proporcionar.
En el primer caso, tenemos el ejemplo de Dolores –entre muchos otros–, una joven indígena procedente del centro de México. Hace algunos años daba un paseo con sus padres cuando un hombre y su madre le ofrecieron trabajo como empleada de una tortillería en un municipio de Tlaxcala. Con la necesidad económica encima y sin elementos para discernir si se trataba de una propuesta legal, aceptó.
Fue engañada, violada, trasladada por distintas vías a Estados Unidos y obligada a prostituirse. Todo esto fue posible gracias a las actividades concertadas de una red profesional de tratantes tlaxcaltecas y sus familias (incluyendo mujeres), con varias víctimas en su haber.
Luego de un operativo realizado por la autoridad estadounidense, Dolores fue rescatada e inició el procedimiento legal para denunciar y exigir justicia, en el que CATWLAC interviene hasta la fecha como su representante victimal en México (la red de tratantes escapó hacia nuestro país).
Se trata de un asunto muy grave en el que se dice hay implicación de alguno de los cárteles que operan en el norte de México.
Aun cuando el artículo 20 de nuestra Constitución en su apartado “C”, fracciones 5 y 6, establece claramente como derechos de la víctima u ofendido el resguardo de su identidad y otros datos personales (cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa), resulta que la autoridad judicial exhibió los datos de las y los ofendidos (en este caso, los familiares), incluyendo nombre y domicilio, exponiéndolos a riesgos muy graves.
¿Estamos hablando de jueces federales de procesos penales que desconocen la norma jurídica? De ser así, ¿por qué están ocupando esos cargos personas incompetentes que afectan gravemente la seguridad de las víctimas y sus familias?
De lo contrario, podría tratarse de un acto deliberado. ¿Cómo saberlo? Aquí lo que está en juego son los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito en contraposición al derecho al debido proceso, alegando los jueces que los procesados tienen el derecho de saber quién los acusa, rompiendo el equilibrio entre los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos, y los de los victimarios.
El segundo caso es cuando una organización civil es la que transgrede esta garantía con el fin de usar a la víctima y lucrar con su imagen.
Hace apenas unas semanas, en la Ciudad de México se supo de una joven mujer que denunció a una familia por haberla mantenido por varios años en condiciones de esclavitud, trabajando en una tintorería sin pago alguno, bajo maltrato físico y sexual.
En cuestión de horas, y sin que la autoridad reparara en ello –ojalá que haya sido así, aunque lo dudo–, esta joven fue exhibida a lo largo y ancho de los medios de comunicación, violando flagrantemente su garantía de no revictimización, así como su derecho a la protección y resguardo de su identidad.
¿Quién es más responsable, la autoridad o la organización que siempre lucra con la imagen y testimonios de las víctimas y además tiene el monopolio de las mismas ante la PGJDF?
En principio, la autoridad evadió el cumplimiento de los artículos y fracciones mencionados, además de los artículos 3 (fracciones 1 y 8), 36, 91 (fracción 5), y 118 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que elevan a delito la divulgación de datos confidenciales de las víctimas.
En segundo lugar, la organización que supuestamente defiende a la joven (y en general a todas las víctimas que atiende), la revictimiza y lucra con su imagen, llevándola de un noticiario a un “talk show”, pero además, haciendo apología del chantaje emocional para pedir dinero con el supuesto fin de pagar la atención médica, cirugía plástica o viajes para la víctima, cuando en realidad todos estos gastos deben ser cubiertos por el Estado.
La ley indica que deben ser gratuitos hasta la total recuperación de la víctima (incluyendo intervenciones quirúrgicas, reconstructivas, prótesis, etcétera).
Yo me pregunto y le pregunto al procurador del Distrito Federal si esto no es también una forma de trata de las víctimas.
Como podemos ver, en este país falta mucho por hacer. Sin duda debemos empezar por exigir al Poder Judicial un amplio conocimiento de las leyes vigentes, y a las organizaciones civiles un alto sentido de ética. De lo contrario, las víctimas y sus familias permanecerán presas de un círculo vicioso de agravios muy difícil de romper.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
15/TUZ/RMB
“Gratuidad” gasta para todo, menos para empleadas del hogar
Lanzado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) como una acción para brindar servicios médicos a las trabajadoras del hogar, el programa social conocido como “Gratuidad” apenas ha afiliado –desde 2013– al 10 por ciento de las 200 mil mujeres que se dedican a esta labor en la capital del país, además de que presenta un sobreejercicio presupuestal por más de mil 56 millones de pesos (mdp), y otras irregularidades financieras.
Para conocer el número trabajadoras del hogar beneficiarias del Programa de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral (nombre oficial del programa “Gratuidad”), Cimacnoticias realizó diversas solicitudes de información a las secretarías de Salud del DF (Ss-DF) y la de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).
Y todo apareció… menos el supuesto beneficio que debe otorgar a las empleadas del hogar, quienes desde hace más de cuatro años aguardan a que el Ejecutivo federal se decida a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza derechos, prestaciones y seguridad social para estas trabajadoras.
ESPEJISMO
En un evento público en marzo de 2014, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacó con bombo y platillo que el programa “Gratuidad” inició en 2013 “para beneficio de quienes realizan trabajo de aseo”, en alusión a las trabajadoras del hogar.
El acto oficial fue para conmemorar la trayectoria de la activista Marcelina Bautista Bautista, coordinadora general del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH).
Así, la Ss-DF inició una campaña de difusión en el transporte público para afiliar a más trabajadoras del hogar. Ese gasto representó un total de 57 millones 905 mil 536 pesos, de acuerdo con lo reportado en la cuenta pública 2014.
De acuerdo con sus objetivos, el programa “Gratuidad” tiene como metas lograr 82 mil 500 afiliaciones, 5 millones 344 mil 870 consultas generales, 168 mil 675 egresos hospitalarios, 10 mil 722 pláticas en las unidades médicas, realizar 796 mil estudios de rayos X, y 10 millones 272 mil 230 estudios de laboratorio por año.
DANZA DE CIFRAS
La Ss-DF brindó a esta agencia la cuenta pública del presupuesto ejercido por este programa durante 2014, y ahí se detectó que el gasto total fue de 10 mil 33 millones 609 mil 817 pesos, cuando lo aprobado para ese año fue de 8 mil 977 millones 234 mil 54 pesos.
Es decir que “Gratuidad” tuvo un sobreejercicio por mil 56 millones 375 mil 763 pesos.
En contraste, el padrón actual de personas beneficiarias del programa –entregado vía transparencia– tiene registradas sólo a 2 mil 249 empleadas del hogar de las más de 200 mil que laboran en el DF, según respondió la STyFE en otra solicitud de información.
De acuerdo con la cuenta pública 2014, en esta capital residen 3 millones 900 mil personas –sin detallar sexo– que carecen de seguridad social. En el reporte oficial se presume que 89 por ciento de ellas está incorporada a “Gratuidad”, es decir, 3 millones 471 mil personas.
La cuenta pública no desglosa cuánto se gastó para el cumplimiento de los objetivos de atención médica, pero se observa una serie de erogaciones en otros rubros que no están vinculados con el programa, y cuyos montos mensuales son muy diferentes entre sí.
Como botón de muestra, resulta que 80 por ciento del total de los recursos destinados para el programa “Gratuidad” se fueron en el pago de nómina y prestaciones, es decir un total de 8 mil 181 millones 186 mil 238 pesos.
Los sueldos base para el personal permanente representaron en enero de 2014 un monto por 189 millones 20 mil 235 pesos, pero para octubre, noviembre y diciembre de ese año la cifra ascendió a más de 226 mdp.
En contraste, para medicinas y productos farmacéuticos se erogaron tan sólo 408 millones 808 mil 331 pesos en todo 2014.
Gran parte del total de recursos del programa se ejerció en viajes, congresos, becas y otros rubros no vinculados con los objetivos del programa, como incrementar el número de afiliaciones, de consultas y de ingresos hospitalarios, en especial de las trabajadoras del hogar.
Fue así que se registró un presupuesto ejercido de 821 mil 770 pesos para pasajes aéreos nacionales, pasajes aéreos internacionales y pasajes terrestres internacionales.
A lo anterior se suman 8 millones 545 mil 564 pesos para viáticos en el país, otros servicios de traslado y hospedaje, y convenciones y congresos. Sin embargo, en un monitoreo realizado por esta agencia a la página web de la Ss-DF, no se encontró alguna actividad pública vinculada con el programa “Gratuidad”.
Asimismo, la cuenta pública reporta un ejercicio de 3 millones 683 mil 839 pesos para pasajes terrestres al interior del DF.
Otros rubros que se ejercieron durante 2014 desvinculados con el programa son becas de licenciatura, “mezcla asfáltica”, “artículos deportivos” (para los que se gastaron más de 3 mil pesos), y otras ayudas sociales a “otras personas”.
CONFUSIÓN GUBERNAMENTAL
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Plácido Enrique León García, director de Atención Médica de la Ss-DF y uno de los principales encargados del programa “Gratuidad”, justificó que el bajo registro de trabajadoras del hogar se debe a una “deficiente sistematización de los datos”, ya que la categoría “trabajadoras del hogar” del padrón de beneficiarias no suma a las “amas de casa”.
Al hacerle ver al funcionario que las empleadas del hogar mantienen una relación laboral y las amas de casa no, León García respondió que entonces las trabajadoras del hogar remuneradas están registradas bajo la actividad económica de algún familiar o en otra categoría, pero que en total deben sumar “más de 900 mil” y no las 2 mil 249 empleadas registradas en el padrón.
Respecto a las variaciones en las erogaciones por concepto de nómina, el funcionario dijo que podría explicarse por la contratación de personal en hospitales, pero reconoció que no podría sustentarlo.
Sobre los viajes al extranjero y a otros estados de la República, León García señaló que para la ejecución del programa –que brinda atención únicamente en las unidades de salud del DF– no se requiere ningún traslado a otra parte del país, por lo que –reconoció– no podría explicar tales erogaciones.
REZAGOS
La evaluación interna del programa “Gratuidad” correspondiente al periodo 2013 –que se puede consultar en la página del GDF– determinó “debilidades” y “amenazas” en su ejecución que supuestamente debían superarse en 2014.
Se detectó poca participación de directivos de las unidades médicas para evaluaciones eficaces de la atención en hospitales, carencia de recursos humanos y equipo de cómputo para el registro de afiliados del programa, y falta de supervisión en las unidades médicas.
También se identificó una sobredemanda de atención médica en algunos servicios especiales, la referencia inadecuada de usuarios hacia las unidades hospitalarias, la gran rotación del personal médico, recursos presupuestales insuficientes, abasto irregular de medicamento, y la falta de un sistema de información.
Al respecto, el director de Atención Médica de la Ss-DF, Plácido Enrique León García, declaró que para atender estas situaciones se ordenó al área de Trabajo Social que registrara las afiliaciones a este programa, y se extendió el tiempo de servicio hasta las seis de la tarde.
Además, detalló que para atender la insuficiencia de recursos, la Ss-DF firmó este 2015 un convenio con otras instituciones de salud para el abaratamiento de los medicamentos.
El funcionario observó que el mayor reto del programa “Gratuidad” es ampliar su difusión, ya que con esta acción gubernamental se está logrando una detección más oportuna de enfermedades crónicas en el DF.
Al respecto, la cuenta pública del 2014 mostró que en el rubro de difusión por radio, TV y otros medios se gastaron 57 millones 905 mil 536 pesos, de los que adeudan (sin detallar a quién) 52 mil 416 pesos que se ejercieron en mayo de ese año. La comunicación telefónica con León García se cortó cuando fue cuestionado al respecto.
En una segunda llamada, personal de Comunicación Social de la Ss-DF dijo a esta agencia que “la entrevista se tornó delicada”, y que León García “desconoce” el manejo de estas finanzas.
Si bien la oficina de Comunicación Social se comprometió a brindar una entrevista con quien debiera rendir cuentas sobre el tema, al cierre de esta edición no se volvió a comunicar con Cimacnoticias.
15/AJSE/RMB
Beatriz Mojica Morgan compitió por la gubernatura de su natal Guerrero, una de las entidades más violentas de nuestro país, con un Partido de la Revolución Democrática (PRD) dividido entre lo local y lo nacional, y con grandes resistencias internas a su candidatura por el sólo hecho de ser mujer.
Y es que para quedarse con la candidatura tuvo que ganar en 10 ocasiones el mismo número de encuestas.
En entrevista exclusiva con Cimacnoticias, Mojica asegura que en una elección limpia ella hubiera ganado “sin problema”, pero en cambio enfrentó la desigualdad y la violencia, la mano del narco metida en la compra de votos y la “cargada” del gobierno federal para hacer de los programas sociales el bastión económico para la compra de conciencias.
Pese a todos los augurios y con los análisis en contra de su partido, Beatriz Mojica quedó en segundo lugar de la elección y en consecuencia perdió la gubernatura del estado, que durante dos sexenios mantuvo el PRD.
De acuerdo con sus datos, el pasado 7 de junio Mojica obtuvo medio millón de votos (aunque los resultados oficiales le reconocen 396 mil 924 sufragios).
Beatriz Mojica Morgan es una mujer de larga trayectoria política, que aun cuando repite que “quien nada debe nada teme”, hoy es custodiada ante los mensajes amenazantes e intimidatorios que fueron colocados fuera de su domicilio en Chilpancingo, la capital del estado, lo cual llevó a la dirigencia nacional del PRD a solicitarle protección tras denunciar una supuesta intromisión del crimen organizado en la compra de votos, y el rebase en el tope de gastos de campaña por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pese a que la instancia electoral estatal ya otorgó el triunfo al priista Héctor Astudillo Flores, Mojica da la pelea ante las autoridades bajo tres premisas: una, la defensa de las 500 mil personas que votaron por ella; dos, porque está convencida de que hay elementos suficientes para la anulación de la elección, y tres, porque es su derecho.
Acompañada de la dirigencia nacional del PRD, la ex candidata denunció el pasado 18 de junio ante la Procuraduría General de la República (PGR) la supuesta intromisión del narco a favor de Astudillo Flores, hoy gobernador electo de Guerrero.
En su casa en Chilpancingo, Beatriz Mojica Morgan hace un balance de lo que fue la campaña, el proceso electoral y lo que viene.
BATALLA JURÍDICA
–Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿En qué momento te encuentras?
–Beatriz Mojica Morgan (BMM): Estamos en un proceso jurídico; se ha interpuesto un recurso legal por el rebase extraordinario al tope de campaña y la intervención del crimen organizado.
“Justo los acontecimientos que ocurrieron en Guerrero hace unos meses (la desaparición de los 43 normalistas en Iguala) obligaban a todos los actores políticos a hacer una campaña muy transparente, muy cercana con la población, y comprometida con cambios de fondo en nuestro estado, y que nunca más los delincuentes estuvieran por encima de las instituciones”.
–LLH: ¿Tienes pruebas de la intervención del crimen organizado?
–BMM: Hay las denuncias correspondientes de los topes de campaña. Hablamos de más de 500 millones de pesos que fueron gastados en esta campaña directamente por parte de los programas sociales del PRI, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), totalmente documentados de cómo fueron gastados esos recursos para fines electorales y en su momento se pusieron esas denuncias.
“Me parece que las mujeres siempre estamos acostumbradas a que nuestros dichos los sostenemos con pruebas, no nos lanzamos a decir las cosas si no las tenemos, y las hemos presentado ya a los tribunales correspondientes”.
–LLH: ¿Tienes confianza en la justicia?
–BMM: Pues la justicia en Guerrero y en este país es lo más ineficaz que existe, pero es con lo que contamos. Cuando nosotros hablamos de que sólo tres de cada 100 casos se resuelven, estamos hablando de un sistema ineficaz de justicia en nuestro país.
“Pero cuando decidimos competir decidimos hacerlo en los términos legales, y quiero ser muy responsable de acudir a las instancias jurídicas necesarias porque decidí competir por la vía pacífica, que son las urnas”.
–LLH: ¿Qué llamado le haces a la autoridad?
–BMM: Que revisen el caso, las circunstancias en que se dieron y que en torno a eso se tomen las determinaciones. Me parece que este país tiene que hacer una revisión muy profunda de sus instancias electorales y judiciales, porque no han estado a la altura de las expectativas que se formaron en Guerrero y en el país en general.
–LLH: ¿Cómo es está vinculación entre el crimen organizado y la compra de votos?
–BMM: Bueno, eso hay que preguntárselo al PRI; lo que era muy evidente en las casillas es lo que hemos puesto a disposición. ¿Cómo? Pues las negociaciones que hacen; no es lo mismo una compra de votos en la que la gente acude a una compra de votos con amenazas.
–LLH: Estabas convencida de que ibas a ganar…
–BMM: Totalmente sí, convencida de que íbamos a ganar. De hecho ganamos. En una elección sin estos factores, sin problema, ganamos.
DEFENSA DEL VOTO
–LLH: ¿Cuánto tiempo va a llevar este juicio?
–BMM: La autoridad tendrá que decir. He sido muy descalificada porque inicié este juicio, y lo he venido diciendo porque es un derecho que tenemos, y como candidata tengo el derecho a defender los 500 mil votos que fueron para mí, por este proyecto. No puedo quedarme cruzada de brazos y decir que no pasó nada en esta elección.
“Ese tema de que las mujeres calladitas se ven más bonitas, pues no, no puede ser posible en un estado en el que justamente son los cacicazgos, la violencia y todo lo que lleva atrás lo que nos tiene como nos tiene.
“El tribunal se tardará lo que se tenga que tardar; en octubre próximo es el cambio de gobierno; ésa es la fecha límite.
“No es mi carrera la que estoy defendiendo, son los votos de la gente que confió en este proyecto. Asumimos la responsabilidad de hacer la defensa jurídica con los elementos que tenemos que son muchos, serán los tribunales los que determinen.
“Me han querido etiquetar por el hecho de acudir ante la ley; dicen que estamos incitando a la violencia, y yo les he dicho que es absurdo; estoy estrictamente siguiendo el orden jurídico, no tiene por qué espantarse nadie.
“Uno de los graves problemas en este país es que si a alguien le roban no quiere ir a denunciar, y eso propicia más robo y más delincuencia.
“La delincuencia es la misma, la delincuencia común o la delincuencia electoral, y lo mínimo que tenemos que hacer como ciudadanos es denunciarla. Y los tribunales dirán. Y yo acataré lo que digan los tribunales”.
–LLH: Ante la presencia del narco como actor en las elecciones, ¿qué hay que aprender? ¿Cómo frenarlo?
–BMM: Me parece que este país tiene que replantearse las maneras de hacer las cosas si queremos de verdad salir de estas circunstancias.
“Tenemos que tener controles muy específicos en torno a la delincuencia organizada si de verdad hay interés en eso, por parte de las autoridades.
“Para los pueblos, las pequeñas comunidades y municipios es muy difícil enfrentar el tema de la delincuencia cuando tienes un arma frente a ti.
“Tiene que ser desde el gobierno, desde la transparencia, el combate a la corrupción, a la impunidad, nuestro problema fundamental está en el combate a la impunidad en la procuración de justicia; ése es el problema de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, de cualquier estado, del país. Es el problema del país la procuración de justicia: las autoridades coludidas de alguna manera (con el crimen).
“Cuando no hay transparencia, cuando la corrupción y la violencia se vuelven normales necesitamos replanteárnoslo; transitar hacia otro tipo de visión y de desarrollo de mediano y largo plazo, que va más allá de una campaña electoral o un personaje político, este país quiere ser un país viable.
“No es con más armas, tiene que ser con justicia, con combate a la impunidad, a la corrupción, con transparencia y con inversión a nuestros jóvenes”.
–LLH: El futuro de Guerrero…
–BMM: No hay que perder de vista a Guerrero porque vienen cosas graves derivado de estas negociaciones y pactos que hicieron por parte del PRI.
“De hecho en los últimos días después de la elección se ha exacerbado la violencia, porque cuando se hacen pactos oscuros se empodera a los criminales y los criminales no tienen límites. Si desde el estado en lugar de ponerles límites les abres las puertas, pues lo que puedes esperar siempre es más violencia.
“Se ha exacerbado la violencia en estos días porque están empoderados, porque saben que no hay nadie que los detenga. En ese sentido, esperaríamos que el gobierno federal haga lo propio, que le demuestre al pueblo de Guerrero y al país que de verdad está en otra intención.
“No veo esa otra intención, pero dicen que la esperanza es lo último que muere y por tanto tenemos que seguir luchando.
“No hemos reconocido a este gobierno ni podemos reconocerlo por las circunstancias en las que sucedieron las cosas”.
–LLH: ¿Qué sigue para ti?
–BMM: En cuanto termine el juicio electoral nos plantearemos la ruta; a mí me gusta construir una cosa a la vez, paso a paso, así construimos una candidatura que para muchos parecía imposible; así logramos ser candidata en un estado donde parecía que todo estaba ya determinado, así logramos construir una candidatura sólida, venir desde abajo y mantenernos en la competencia. Una cosa es segura: yo me dedico a la política, seguiré en la política.
–LLH: ¿Por qué decidiste ser candidata?
–BMM: Porque soy guerrerense y aquí vivo. Decidí competir el día que fui vetada como gobernadora interina; decidí competir y decidí hacerlo porque el único argumento para ser vetada es que era mujer, y que un estado como éste no podría ser gobernado por una mujer, ninguna razón más que ser mujer.
“Las mujeres tenemos que luchar el doble, eso me queda hoy más claro que nunca. Siempre tenemos que luchar el doble para conseguir los espacios en todo, siempre tenemos que estar probando que podemos.
“Al final del día eso me llevó a tomar la decisión de competir, visto en retrospectiva creo que fue la mejor decisión. Nosotras decidimos competir hasta sus últimas consecuencias”.
“LAS MUJERES SOMOS NUESTRAS MEJORES ALIADAS”
–LLH: Con un ambiente político tan violento como el de Guerrero, ¿qué te significó ser candidata?
–BMM: Yo decidí, hace meses, asumir el reto de ser candidata en Guerrero y muchos me decían que si no era una locura ser candidata en Guerrero; me parece que el pueblo estaba listo para que una mujer lo gobernara.
“Lo que no esperábamos, nadie, es que no iba a ser el movimiento social sino el crimen organizado y la cantidad de recursos los que intervinieran en esta elección.
“No creí que se atrevieran en la circunstancia que estaba Guerrero.
Parece que no tiene ciencia pero, claro que la tiene, he sido la candidata que más ha sido sometida a estudios de opinión y fortalezas; más de 10 encuestas se hicieron en la izquierda para que yo pudiese ser candidata y todas las encuestas eran muy contundentes: Guerrero estaba listo para una mujer.
“Por eso decidimos competir, lo hicimos en plena conciencia de que no era un escenario fácil, que por el contrario era un escenario complicado pero que había todas las posibilidades de triunfo”.
–LLH: ¿Qué lecciones políticas dejas para otras mujeres?
–BMM: Eso lo tendrán que valorar ellas. Yo aprendí en este proceso muchas cosas de las mujeres. Aprendí, por ejemplo, que las mujeres no somos las peores enemigas de las mujeres, que eso es una falsedad, que las mujeres somos nuestras mejores aliadas.
“Para mí eso ha sido un aprendizaje muy grande; encontrar mujeres en los lugares más apartados del estado que me decían: ‘échele ganas, adelante, ahora que usted está compitiendo yo me siento más fuerte’.
“El que muchas mujeres se pudiesen ver reflejadas en un concepto de fortaleza en donde sí podemos las mujeres.
“Hicimos una campaña (‘Las mujeres sí pueden’); no importa lo que hagamos, en cualquier ámbito, tenemos que creérnoslo. Yo misma me lo tuve que creer que sí podía y sí pude.
“Las mujeres podemos hacer mejor las cosas desde luego, tenemos que aprender que el ámbito de la negociación es diferente, entre el lenguaje de los hombres y las mujeres.
“Por ejemplo, que las mujeres no alzamos la voz tanto, ni ponemos una cerveza de por medio para negociar; le apostamos a la honestidad. A vernos a los ojos, le apostamos a nuestra palabra, es un tema diferente, de cómo se dan las negociaciones en la política en las mujeres y los hombres.
“Y tenemos que aprender a ser más duras; me parece que este mismo fenómeno de más mujeres en la política va a cambiar mucho las cosas y las formas de cómo hacerlas”.
–LLH: Para las mujeres que llegan al Congreso, en este contexto, ¿cuál es su responsabilidad?
–BMM: Las mujeres podemos hacer la diferencia en el Congreso, que cumplan lo que prometieron, que se pongan a trabajar. Guerrero necesita del apoyo de todos, de la guía de quienes tienen espacios de poder hoy. También necesitará una oposición fuerte que no deje pasar las cosas así nada más.
“Porque en un gobierno que hizo tratos, al nivel que los hizo, las cosas se pueden poner muy feas en el estado y la oposición tiene que ser responsable en ese sentido”.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
15/LLH/RMB
“Estoy convencida de que sólo el pueblo va a cuidar al pueblo”, dice con voz cálida Nestora Salgado García, mujer migrante, ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, en el estado de Guerrero, y ahora presa por realizar labores de seguridad en su localidad.
El 21 de agosto de 2013 comenzó la ofensiva policiaca y militar contra la PC de Olinalá; ese día el gobierno estatal y federal desplegó un operativo con el que detuvo a más de 40 policías comunitarios, entre ellos a Nestora, quien en un primer momento fue acusada de crimen organizado y de la privación ilegal de la libertad de tres adolescentes.
La mujer, de ahora 43 años de edad, fue detenida por el Ejército, entregada a la Marina, llevada a Chilpancingo –capital del estado–, después al puerto de Acapulco y al día siguiente trasladada en avión al penal de máxima seguridad de Tepic, estado de Nayarit, donde permaneció hasta el pasado 29 de mayo.
Luego –tras la presión internacional y ciudadana–, fue reubicada en el Centro de Readaptación Social Tepepan, al sur de esta capital, a fin de que fuera atendida por su deteriorado estado de salud, tras haber iniciado una huelga de hambre que duró 31 días en protesta por su encarcelamiento.
Para ella la verdadera razón por la que está en prisión –dice en entrevista con Cimacnoticias desde el penal– es ser policía comunitaria, y pese a ello asegura que en una entidad convulsa, marcada por la corrupción, el abuso de poder y el crimen organizado, como es Guerrero, la única opción es la autoorganización de la gente.
Serena, jovial, de buen humor, sentada en un banquito junto a su cama, en una amplia habitación color crema en el Hospital General Torre Médica Tepepan, conversa con esta agencia, a quien narra que desde el 27 de octubre de 2012, cuando aceptó formar parte de la PC, “buscó justicia y no la fama”.
VIVIR ENTRE LA VIOLENCIA
A Nestora le tocó nacer y crecer en un estado de miseria y apabullantes conflictos sociales. Antes de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, el 12 de diciembre de 2011 Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, también estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, murieron a manos de la policía.
Las ejecuciones son el sello de la región. El 28 de junio de 1995 la Policía Judicial emboscó a un grupo de campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. El saldo fue de 17 personas asesinadas y 23 lesionadas.
Otro caso emblemático ocurrió el 7 de junio de 1998, en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, donde 10 indígenas y un estudiante fueron ejecutados mientras dormían en la escuela primaria Caritino Maldonado.
El 19 de octubre de 2013, Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), fue asesinada tras anunciar la formación de la Policía Comunitaria en Atoyac. Misma suerte tuvieron Ana Lilia Gatica y su compañero, Luis Olivares, dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, ejecutados el 10 de noviembre de 2013.
–Anayeli García Martínez (AGM): Guerrero no es un estado fácil. ¿Al convertirte en policía comunitaria ya sabías de los casos Aguas Blancas, El Charco y los de defensoras asesinadas?
–Nestora Salgado García (NSG): Sabía muy poco; había oído hablar de Aguas Blancas, de las matanzas, de Rocío Mesino; de hecho fui una de las que decía “tenemos que luchar”… si el pueblo hubiera reaccionado –se lamenta–, el pueblo se ha dormido, lástima. Lo de los 43 es el colmo”.
“NUNCA QUISE LLAMAR LA ATENCIÓN”
Nestora es una conversadora nata: a sus visitantes les habla con naturalidad, no les pide que se presenten, sólo saluda e inicia la conversación; además con su buen humor no pierde la oportunidad para dar indicaciones a la enfermera o al custodio que a ratos entran a su habitación para dar alguna información sobre sus visitas.
Sus ojos son vivaces, tiene unas tenues manchas en la cara, pero a pesar de haber pasado 31 días en huelga de hambre –los últimos cinco días sin siquiera beber agua– luce con energía; de lo único que se duele –comenta– es de lo que pasa en su pueblo y en el país.
“Lucio Cabañas, Emiliano Zapata son historia, lo que hoy pasa lo estamos viviendo, lo vemos con nuestros ojos”, subraya la mujer mientras hace un recorrido por las injusticias que vio en Olinalá, la tierra que dejó a los 19 años para buscar un mejor futuro en Estados Unidos, donde años después consiguió la ciudadanía norteamericana.
“Cuando yo inicié (como policía comunitaria) nunca lo hice por llamar la atención, pero esta situación la estamos viviendo todos y los que van a quedar son los que más queremos, nuestros hijos”, reclama.
Nestora permanece sentada en un banquito y cuenta que mientras fue comandanta de la PC escuchó todo tipo de delitos, desde el robo de aparatos del hospital de la localidad, casos de mujeres que murieron porque no se les dio atención médica, maestros que abusaban sexualmente de niñas de primaria, y casos de violación a niños.
“A veces ya no quiero tocar esos temas porque más coraje me tienen (quienes están en mi contra)”, aclara y prefiere omitir detalles de cada caso, además de que el tiempo para la entrevista es de menos de una hora, pues hay una fila de personas que también esperan hablar con ella.
Nestora teme que cualquier declaración ante los medios pueda ser un arma en su contra.
EL PUEBLO CUIDA DEL PUEBLO
–AGM: ¿Qué son para ti las policías comunitarias? ¿Por qué decidiste formar parte de ellas?
–NSG: Me convencí del sistema de reeducación. Estoy cierta de que el pueblo va a cuidar del pueblo, como una depuración; creo que este sistema es una alternativa, funciona porque la misma gente se conoce.
“De hecho el sistema es casi igual al de los juicios orales, confiamos en la conciliación, en las pláticas, en el pago. Si me chocaste el carro, me pagas; si me ocasionaste una lesión entonces cúrame. Con la reeducación se busca una mejoría, a las personas se les dan herramientas para cambiar”.
Justo las jóvenes que acusan a Nestora de secuestro, en realidad ingresaron a un proceso de reeducación a la llamada Casa de Justicia de El Paraíso, en la costa guerrerense, con la anuencia de sus madres, quienes aceptaron que a las adolescentes se les dieran pláticas e hicieran trabajo comunitario, como labores de jardinería, limpieza y cocina.
La ex comandanta dice que la detención de más 40 comunitarios es un mensaje muy fuerte para la PC, porque estos policías tienen el poder de hacer mucho por su comunidad. “Yo digo, es como un padre que le da el ejemplo a un hijo, el pueblo da ejemplo de vida”.
Por eso, primero como presidenta del Consejo de Seguridad de Olinalá y luego como comandanta, Nestora siempre hizo reuniones, habló con su gente, promovió valores, y como estratega o una especie de predicadora, iba a los pueblos aledaños: San Luis Acatlán, Huamuxtitlán, Tixtla y otros más.
“No nada más es limpiar tu pueblo, (también) es limpiar los caminos”, rememora con una frase que gira a metáfora.
ESTADO MACHISTA
Desde el pasado 29 de mayo, cuando Nestora llegó al penal de Tepepan, en su habitación recibe la visita de sus tres hijas y sus seis hermanos.
Da entrevistas a medios nacionales e internacionales; lee libros de una pila acumulada en una mesa; también tiene revistas y cuadernos en los que escribe y dibuja. A veces ve el televisor, aunque advierte con un gesto que no le gusta tanto porque “sólo hay telenovelas”.
Nestora es carismática y su historia atrae a todo tipo de personalidades. Entre sus visitas figuran el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, quien le prometió abogar por una Ley de Amnistía ante el Congreso estatal para que ella y otros policías presos alcancen su libertad.
El pasado 4 de junio la ex comandanta recibió a un grupo de intelectuales, entre ellas la antropóloga feminista Marta Lamas y a la escritora, periodista y ganadora del Premio Cervantes 2013, Elena Poniatowska.
“No las conocía; es lo que Dios me ha regalado. Son personas que se hacen oír, eso me da gusto”, comenta sobre estas mujeres de las que poco o nada sabía.
Nestora echa un vistazo a los nueve libros que ya ha leído en casi un mes (tiempo que lleva recluida en Tepepan), la mayoría novelas. En agosto próximo cumplirá dos años en prisión sin sentencia.
–AGM: ¿Por qué el aparato de justicia y de gobierno están contra Nestora?
–NSG: Siento que es discriminación, por ser mujer, porque vivimos en un estado machista. Que una mujer alce la voz eso no se acepta, soy madre, y eso no. Creo que jalé un hilo muy fuerte y hubo alguien que se molestó.
La activista afirma que su trabajo al frente de un grupo de indígenas fue incómodo porque destapó una realidad que se oculta –la corrupción del gobierno–, y como consecuencia vinieron su detención, encarcelamiento, y el que no sea una “presa regular”, es decir una interna con el mismo trato que a las demás.
“Hay una mano poderosa moviendo todo esto. Estoy peleando contra el poder”, sentencia con un aire de decepción en el rostro.
“NO SOY GUERRILLERA”
Entre los principales detractores de la ex comandanta están los presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, respectivamente, quienes la acusan de “narco-guerrillera”.
–AGM: Se dice que la PC es en realidad una guerrilla. ¿Qué les respondes?
–NSG: Eso es una falsedad. Para que pertenezcas a una guerrilla atrás hay armas, grupos. Nunca me he reunido con alguien de la guerrilla, al menos no que yo sepa. Mi policía es gente del pueblo, los policías comunitarios tenían armas con apenas dos tiros, eso no es una guerrilla.
Nestora habla de leyes, artículos… afirma que su encarcelamiento es una “violación muy grave”. Y es que en Guerrero existe la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, que faculta a las comunidades de la entidad a organizarse y tener sus propios mecanismos de seguridad.
“Ya son dos años (de encierro); ya se notificó a las víctimas y no se presentan. No se me hace justo que se pongan en ese plan. No se me hace justo el hecho de no haber declarado jamás (ante las supuestas víctimas); nunca pensé que el gobierno me diera la espalda”.
Nestora recuerda que ella buscó la organización de la gente porque es madre, esposa y hermana. Comenta que cuando veía toda junta a su familia en la mesa se decía: “Vale la pena luchar por ellos. No soy retadora de la justicia, pero sí quiero luchar por nuestros derechos”.
–AGM: Con todo en contra pareces estar en calma…
–NSG: El hecho de ser inocente me da la paz; tengo deseos de justicia; me causa mucha frustración esto, pero coraje no tengo, a lo mejor vine a aprender. El hecho de venir aquí es tener las palabras exactas para decir a los jóvenes que no, no a las drogas, no al secuestro, porque la cárcel es así.
JUSTICIA SÓLO PARA LOS RICOS
–AGM: Antes tenías una buena relación con el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ¿no es cierto?
–NSG: Yo siempre lo tomaba en cuenta, y nos ayudó, nos dio dinero para patrullas, radios y uniformes. Yo nunca acepté dinero para algo más. Dije: “Mi policía se va a mantener de lo que dé la gente”. Ingenuamente tenía respeto por la justicia. Hice las denuncias al gobernador, creí que todo eso le interesaba al gobierno.
Nestora sabe que su proceso todavía es largo y reprocha que el gobierno de Estados Unidos no haga más por apoyar a una ciudadana norteamericana.
“Si quisiera pelear por mí ya lo hubiera hecho”, critica la ex comandanta, pero a la vez aclara que confía en su pueblo, en quienes la apoyan y creen en su inocencia. “Confío en todos ustedes”.
–AGM: ¿Has pensado en la libertad? ¿Qué harás en el futuro?
–NSG: No tengo una visión más allá de lo que haré; tengo que estar bien, eso me ha costado mucho; mentalmente es mucha tensión, tengo problemas con la columna, inflamación en el hígado, problema con el páncreas; las consecuencias de la huelga de hambre son mareos, cansancio; 31 días de huelga no fueron fáciles.
–AGM: Olinalá es una comunidad indígena, pero se dice que está tomada por el narcotráfico. ¿Cómo recuerdas Olinalá? ¿Qué nos puedes decir de tu tierra?
–NSG: Tenía una idea bonita, un pueblo pacífico, pero dio un cambio total. Hay gente tan linda, que lastima que se nos haya mezclado esa gente (los narcotraficantes); parece que la justicia sólo es para los ricos.
En días pasados la defensa legal de Nestora encabezada por Leonel y Sandino Rivero, informó que funcionarios de la Fiscalía de Guerrero aseguraron que además de las tres acusaciones que la ex comandanta enfrenta por secuestro, se suman tres más: una por secuestro, otra por robo y privación ilegal de la libertad, y una más por homicidio.
15/AGM/RMB
México cumple sólo 30 por ciento de peticiones por Ayotzinapa
El Estado mexicano sigue impidiendo que personal del 27 Batallón de Infantería sea entrevistado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que envío la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México, para investigar la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, perpetrada hace nueve meses.
En conferencia de prensa hoy en esta ciudad, el GIEI informó que las autoridades mexicanas sólo han dado cumplimiento a 30 por ciento de las diligencias que se le han requerido, para esclarecer la agresión y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
De un total de 100 solicitudes, 24 por ciento han sido respondidas parcialmente y más de 40 por ciento siguen pendientes a pesar de que el GIEI ya lleva cuatro meses de investigación, y en agosto próximo deberá presentar su informe final.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, recordó que entre las peticiones sin resolver está la de entrevistar a miembros del 27 Batallón de Infantería; sin embargo, ayer las autoridades federales respondieron por escrito que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”.
El gobierno mexicano también reiteró que “el GIEI está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”; es decir, que la comunicación con los militares no sea directa, sino por medio de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al respecto, el Grupo se dijo preocupado por el retraso en esta decisión que –a nueve meses de la desaparición forzada– “limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos, y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”.
Las y los especialistas explicaron que las solicitudes de mayor rezago son las que competen a las autoridades estatales y de justicia. No obstante, en días próximos presentarán más solicitudes importantes para la investigación, adelantaron.
COMPROMISOS
Las y los expertos también señalaron que la Policía Federal tomó más testimonios de las y los familiares de los normalistas, para establecer nuevos planes de búsqueda.
De eso resultó el compromiso por parte de la autoridad federal de presentar a las familias nuevas hipótesis y responder a cualquier cuestionamiento en este ámbito.
El GIEI agregó que la titular de la PGR, Arely Gómez, también sumó el acuerdo de reunirse con las familias para reparar la comunicación; no obstante, no se detalló la fecha de este encuentro.
La PGR también se comprometió con el GIEI a solicitar la acumulación de los procesos abiertos del caso y permitir la intervención de las y los expertos, para establecer los criterios de valoración y tipificación de los delitos que obran en seis causas abiertas de 15 procesos por el llamado caso Ayotzinapa, consignados ante tribunales de los estados de Tamaulipas, Morelos y Guerrero.
Las y los expertos destacaron que se desarrolló un mecanismo para que la PGR tome nuevos testimonios de los normalistas que fueron víctimas y testigos de los hechos, quienes han mostrado disposición para participar.
NUEVOS HALLAZGOS
En su cuarto informe, las cinco personas expertas que integran el GIEI revelaron que pese a las informaciones difundidas se descubrió que los normalistas no habían planeado con anticipación llegar a la Central de Autobuses de Iguala, en el centro de esa ciudad, sino que iban con la única pretensión de ir a “botear” para conseguir dinero y transporte para venir al DF a la marcha por el 2 de octubre.
El GIEI precisó que contrario a lo que se difundió en medios de comunicación, las lesiones que se hallaron en el cuerpo del normalista asesinado Julio César Mondragón fueron ocasionadas por tortura, y no por daños de la fauna nociva del entorno.
También informó que durante el mes de mayo visitaron en compañía de expertos en criminalística de campo y parametría establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de seguridad, y los sitios donde ocurrieron los ataques contra los normalistas, en Iguala, a fin de contribuir a la valoración de las diferentes pruebas y evidencias recogidas hasta ahora.
Y se visitaron los Centros Federales de Readaptación Social para la toma de testimonios de personas inculpadas que se encuentran recluidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Con esta visita también se documentó la presunta tortura de 40 personas detenidas implicadas en el caso.
Como resultado de las gestiones del GIEI al gobierno federal, en días pasados se instaló una unidad móvil de salida en la entrada de la Normal Rural de Ayotzinapa, a fin de garantizar una atención médica a las y los familiares de los normalistas con problemas de salud.
En este punto, el GIEI informó que la Secretaría de Gobernación envió un documento inicial con información sobre los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa, el cual está siendo evaluado por las y los expertos.
Y detalló que está a la espera de conocer el proyecto de ley en materia de desaparición forzada, para dar su opinión respecto a los criterios que debieran ser incluidos.
Las y los expertos se negaron a brindar una interpretación en el retraso de algunas diligencias, y señalaron que han sido insistentes en que las autoridades federales cumplan sus compromisos de apoyar en la investigación.
Detallaron que han avanzado en el análisis de los expedientes penales, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas, y en la elaboración de su informe final.
Si bien el mandato de las y los expertos concluye en agosto próximo, señalaron que existe la posibilidad de extender la investigación un periodo más.
15/AJSE/RMB
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será la primera fuerza política en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y con ello abre la posibilidad de posicionar su agenda, la cual se enfoca en ampliar derechos sociales, combate a la corrupción y algunos temas relacionados con los derechos de las mujeres.
En la próxima Legislatura capitalina las mujeres ocuparán el 40.9 por ciento de las curules, ya que habrá 27 mujeres (15 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional), y 39 hombres (25 de mayoría y 14 plurinominales).
Morena será la primera fuerza política en la ALDF al contar con 22 diputaciones de las 66 que conforman este órgano. Nueve de las curules de esta agrupación serán para mujeres, según los resultados del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Por Morena estarán Ana Juana Ángeles Valencia, Beatriz Rojas Martínez, Minerva Citlalli Hernández Mora, Ana María Rodríguez Ruiz, Flor Ivone Morales Miranda, María Eugenia Lozano Torres, Juana María Juárez López, Olivia Gómez Garibay, y Cointa Lagunes Cruz.
Ellas y sus compañeros de bancada deberán trabajar conforme la plataforma política que Morena registró ante el IEDF, y la cual señala que toda política pública impulsada por el partido deberá tener en cuenta la equidad de género y el respeto a los Derechos Humanos, pero al mismo tiempo generar una cultura política de “sólida raíz moral”.
En torno a los derechos femeninos, el partido fundado por el ex candidato presidencial y ex jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, señala que mantendrá y ampliará los derechos ganados desde 1997 para las mujeres, como la despenalización del aborto.
En su plataforma, Morena aseguró que incluirá a 50 por ciento de mujeres en los cargos de las estructuras de las jefaturas delegacionales (obtuvo cinco demarcaciones tras la elección del pasado 7 de junio), siempre que sean personas con “compromiso, honradez y capacidad”.
Asimismo el documento estipula que se reforzarán las Unidades de Atención de Violencia hacia la Mujer, se garantizará seguridad social para trabajadoras del hogar, y se legalizará el “sexoservicio” (aunque en otra parte de la plataforma se afirma que será sometido a consulta), además de que se sancionará el lenocinio y la trata de personas.
Entre los compromisos de Morena, se plantea la continuidad de los programas sociales, la austeridad, y realizar cuando menos un plebiscito y un referéndum anual para que la ciudadanía decida temas de interés general como la muerte asistida, la legalización de la mariguana y las corridas de toros, entre otros asuntos.
Además las y los legisladores buscarán derogar normas que criminalicen o restrinjan la protesta social, eliminar la práctica de detenciones arbitrarias, impulsar una política que aborde la trata de personas, garantizar al 100 por ciento el acceso a educación media superior, y ampliar la oferta cultural de la capital del país.
Como primera fuerza en la ALDF, Morena tendrá más posibilidades de promover acuerdos o hacer alianzas para concretar los compromisos plasmados en su plataforma electoral.
15/AGM/RMB
Beatriz Mojica Morgan compitió por la gubernatura de su natal Guerrero, una de las entidades más violentas de nuestro país, con un Partido de la Revolución Democrática (PRD) dividido entre lo local y lo nacional, y con grandes resistencias internas a su candidatura por el sólo hecho de ser mujer.
Y es que para quedarse con la candidatura tuvo que ganar en 10 ocasiones el mismo número de encuestas.
En entrevista exclusiva con Cimacnoticias, Mojica asegura que en una elección limpia ella hubiera ganado “sin problema”, pero en cambio enfrentó la desigualdad y la violencia, la mano del narco metida en la compra de votos y la “cargada” del gobierno federal para hacer de los programas sociales el bastión económico para la compra de conciencias.
Pese a todos los augurios y con los análisis en contra de su partido, Beatriz Mojica quedó en segundo lugar de la elección y en consecuencia perdió la gubernatura del estado, que durante dos sexenios mantuvo el PRD.
De acuerdo con sus datos, el pasado 7 de junio Mojica obtuvo medio millón de votos (aunque los resultados oficiales le reconocen 396 mil 924 sufragios).
Beatriz Mojica Morgan es una mujer de larga trayectoria política, que aun cuando repite que “quien nada debe nada teme”, hoy es custodiada ante los mensajes amenazantes e intimidatorios que fueron colocados fuera de su domicilio en Chilpancingo, la capital del estado, lo cual llevó a la dirigencia nacional del PRD a solicitarle protección tras denunciar una supuesta intromisión del crimen organizado en la compra de votos, y el rebase en el tope de gastos de campaña por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pese a que la instancia electoral estatal ya otorgó el triunfo al priista Héctor Astudillo Flores, Mojica da la pelea ante las autoridades bajo tres premisas: una, la defensa de las 500 mil personas que votaron por ella; dos, porque está convencida de que hay elementos suficientes para la anulación de la elección, y tres, porque es su derecho.
Acompañada de la dirigencia nacional del PRD, la ex candidata denunció el pasado 18 de junio ante la Procuraduría General de la República (PGR) la supuesta intromisión del narco a favor de Astudillo Flores, hoy gobernador electo de Guerrero.
En su casa en Chilpancingo, Beatriz Mojica Morgan hace un balance de lo que fue la campaña, el proceso electoral y lo que viene.
BATALLA JURÍDICA
–Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿En qué momento te encuentras?
–Beatriz Mojica Morgan (BMM): Estamos en un proceso jurídico; se ha interpuesto un recurso legal por el rebase extraordinario al tope de campaña y la intervención del crimen organizado.
“Justo los acontecimientos que ocurrieron en Guerrero hace unos meses (la desaparición de los 43 normalistas en Iguala) obligaban a todos los actores políticos a hacer una campaña muy transparente, muy cercana con la población, y comprometida con cambios de fondo en nuestro estado, y que nunca más los delincuentes estuvieran por encima de las instituciones”.
–LLH: ¿Tienes pruebas de la intervención del crimen organizado?
–BMM: Hay las denuncias correspondientes de los topes de campaña. Hablamos de más de 500 millones de pesos que fueron gastados en esta campaña directamente por parte de los programas sociales del PRI, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), totalmente documentados de cómo fueron gastados esos recursos para fines electorales y en su momento se pusieron esas denuncias.
“Me parece que las mujeres siempre estamos acostumbradas a que nuestros dichos los sostenemos con pruebas, no nos lanzamos a decir las cosas si no las tenemos, y las hemos presentado ya a los tribunales correspondientes”.
–LLH: ¿Tienes confianza en la justicia?
–BMM: Pues la justicia en Guerrero y en este país es lo más ineficaz que existe, pero es con lo que contamos. Cuando nosotros hablamos de que sólo tres de cada 100 casos se resuelven, estamos hablando de un sistema ineficaz de justicia en nuestro país.
“Pero cuando decidimos competir decidimos hacerlo en los términos legales, y quiero ser muy responsable de acudir a las instancias jurídicas necesarias porque decidí competir por la vía pacífica, que son las urnas”.
–LLH: ¿Qué llamado le haces a la autoridad?
–BMM: Que revisen el caso, las circunstancias en que se dieron y que en torno a eso se tomen las determinaciones. Me parece que este país tiene que hacer una revisión muy profunda de sus instancias electorales y judiciales, porque no han estado a la altura de las expectativas que se formaron en Guerrero y en el país en general.
–LLH: ¿Cómo es está vinculación entre el crimen organizado y la compra de votos?
–BMM: Bueno, eso hay que preguntárselo al PRI; lo que era muy evidente en las casillas es lo que hemos puesto a disposición. ¿Cómo? Pues las negociaciones que hacen; no es lo mismo una compra de votos en la que la gente acude a una compra de votos con amenazas.
–LLH: Estabas convencida de que ibas a ganar…
–BMM: Totalmente sí, convencida de que íbamos a ganar. De hecho ganamos. En una elección sin estos factores, sin problema, ganamos.
DEFENSA DEL VOTO
–LLH: ¿Cuánto tiempo va a llevar este juicio?
–BMM: La autoridad tendrá que decir. He sido muy descalificada porque inicié este juicio, y lo he venido diciendo porque es un derecho que tenemos, y como candidata tengo el derecho a defender los 500 mil votos que fueron para mí, por este proyecto. No puedo quedarme cruzada de brazos y decir que no pasó nada en esta elección.
“Ese tema de que las mujeres calladitas se ven más bonitas, pues no, no puede ser posible en un estado en el que justamente son los cacicazgos, la violencia y todo lo que lleva atrás lo que nos tiene como nos tiene.
“El tribunal se tardará lo que se tenga que tardar; en octubre próximo es el cambio de gobierno; ésa es la fecha límite.
“No es mi carrera la que estoy defendiendo, son los votos de la gente que confió en este proyecto. Asumimos la responsabilidad de hacer la defensa jurídica con los elementos que tenemos que son muchos, serán los tribunales los que determinen.
“Me han querido etiquetar por el hecho de acudir ante la ley; dicen que estamos incitando a la violencia, y yo les he dicho que es absurdo; estoy estrictamente siguiendo el orden jurídico, no tiene por qué espantarse nadie.
“Uno de los graves problemas en este país es que si a alguien le roban no quiere ir a denunciar, y eso propicia más robo y más delincuencia.
“La delincuencia es la misma, la delincuencia común o la delincuencia electoral, y lo mínimo que tenemos que hacer como ciudadanos es denunciarla. Y los tribunales dirán. Y yo acataré lo que digan los tribunales”.
–LLH: Ante la presencia del narco como actor en las elecciones, ¿qué hay que aprender? ¿Cómo frenarlo?
–BMM: Me parece que este país tiene que replantearse las maneras de hacer las cosas si queremos de verdad salir de estas circunstancias.
“Tenemos que tener controles muy específicos en torno a la delincuencia organizada si de verdad hay interés en eso, por parte de las autoridades.
“Para los pueblos, las pequeñas comunidades y municipios es muy difícil enfrentar el tema de la delincuencia cuando tienes un arma frente a ti.
“Tiene que ser desde el gobierno, desde la transparencia, el combate a la corrupción, a la impunidad, nuestro problema fundamental está en el combate a la impunidad en la procuración de justicia; ése es el problema de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, de cualquier estado, del país. Es el problema del país la procuración de justicia: las autoridades coludidas de alguna manera (con el crimen).
“Cuando no hay transparencia, cuando la corrupción y la violencia se vuelven normales necesitamos replanteárnoslo; transitar hacia otro tipo de visión y de desarrollo de mediano y largo plazo, que va más allá de una campaña electoral o un personaje político, este país quiere ser un país viable.
“No es con más armas, tiene que ser con justicia, con combate a la impunidad, a la corrupción, con transparencia y con inversión a nuestros jóvenes”.
–LLH: El futuro de Guerrero…
–BMM: No hay que perder de vista a Guerrero porque vienen cosas graves derivado de estas negociaciones y pactos que hicieron por parte del PRI.
“De hecho en los últimos días después de la elección se ha exacerbado la violencia, porque cuando se hacen pactos oscuros se empodera a los criminales y los criminales no tienen límites. Si desde el estado en lugar de ponerles límites les abres las puertas, pues lo que puedes esperar siempre es más violencia.
“Se ha exacerbado la violencia en estos días porque están empoderados, porque saben que no hay nadie que los detenga. En ese sentido, esperaríamos que el gobierno federal haga lo propio, que le demuestre al pueblo de Guerrero y al país que de verdad está en otra intención.
“No veo esa otra intención, pero dicen que la esperanza es lo último que muere y por tanto tenemos que seguir luchando.
“No hemos reconocido a este gobierno ni podemos reconocerlo por las circunstancias en las que sucedieron las cosas”.
–LLH: ¿Qué sigue para ti?
–BMM: En cuanto termine el juicio electoral nos plantearemos la ruta; a mí me gusta construir una cosa a la vez, paso a paso, así construimos una candidatura que para muchos parecía imposible; así logramos ser candidata en un estado donde parecía que todo estaba ya determinado, así logramos construir una candidatura sólida, venir desde abajo y mantenernos en la competencia. Una cosa es segura: yo me dedico a la política, seguiré en la política.
–LLH: ¿Por qué decidiste ser candidata?
–BMM: Porque soy guerrerense y aquí vivo. Decidí competir el día que fui vetada como gobernadora interina; decidí competir y decidí hacerlo porque el único argumento para ser vetada es que era mujer, y que un estado como éste no podría ser gobernado por una mujer, ninguna razón más que ser mujer.
“Las mujeres tenemos que luchar el doble, eso me queda hoy más claro que nunca. Siempre tenemos que luchar el doble para conseguir los espacios en todo, siempre tenemos que estar probando que podemos.
“Al final del día eso me llevó a tomar la decisión de competir, visto en retrospectiva creo que fue la mejor decisión. Nosotras decidimos competir hasta sus últimas consecuencias”.
“LAS MUJERES SOMOS NUESTRAS MEJORES ALIADAS”
–LLH: Con un ambiente político tan violento como el de Guerrero, ¿qué te significó ser candidata?
–BMM: Yo decidí, hace meses, asumir el reto de ser candidata en Guerrero y muchos me decían que si no era una locura ser candidata en Guerrero; me parece que el pueblo estaba listo para que una mujer lo gobernara.
“Lo que no esperábamos, nadie, es que no iba a ser el movimiento social sino el crimen organizado y la cantidad de recursos los que intervinieran en esta elección.
“No creí que se atrevieran en la circunstancia que estaba Guerrero.
Parece que no tiene ciencia pero, claro que la tiene, he sido la candidata que más ha sido sometida a estudios de opinión y fortalezas; más de 10 encuestas se hicieron en la izquierda para que yo pudiese ser candidata y todas las encuestas eran muy contundentes: Guerrero estaba listo para una mujer.
“Por eso decidimos competir, lo hicimos en plena conciencia de que no era un escenario fácil, que por el contrario era un escenario complicado pero que había todas las posibilidades de triunfo”.
–LLH: ¿Qué lecciones políticas dejas para otras mujeres?
–BMM: Eso lo tendrán que valorar ellas. Yo aprendí en este proceso muchas cosas de las mujeres. Aprendí, por ejemplo, que las mujeres no somos las peores enemigas de las mujeres, que eso es una falsedad, que las mujeres somos nuestras mejores aliadas.
“Para mí eso ha sido un aprendizaje muy grande; encontrar mujeres en los lugares más apartados del estado que me decían: ‘échele ganas, adelante, ahora que usted está compitiendo yo me siento más fuerte’.
“El que muchas mujeres se pudiesen ver reflejadas en un concepto de fortaleza en donde sí podemos las mujeres.
“Hicimos una campaña (‘Las mujeres sí pueden’); no importa lo que hagamos, en cualquier ámbito, tenemos que creérnoslo. Yo misma me lo tuve que creer que sí podía y sí pude.
“Las mujeres podemos hacer mejor las cosas desde luego, tenemos que aprender que el ámbito de la negociación es diferente, entre el lenguaje de los hombres y las mujeres.
“Por ejemplo, que las mujeres no alzamos la voz tanto, ni ponemos una cerveza de por medio para negociar; le apostamos a la honestidad. A vernos a los ojos, le apostamos a nuestra palabra, es un tema diferente, de cómo se dan las negociaciones en la política en las mujeres y los hombres.
“Y tenemos que aprender a ser más duras; me parece que este mismo fenómeno de más mujeres en la política va a cambiar mucho las cosas y las formas de cómo hacerlas”.
–LLH: Para las mujeres que llegan al Congreso, en este contexto, ¿cuál es su responsabilidad?
–BMM: Las mujeres podemos hacer la diferencia en el Congreso, que cumplan lo que prometieron, que se pongan a trabajar. Guerrero necesita del apoyo de todos, de la guía de quienes tienen espacios de poder hoy. También necesitará una oposición fuerte que no deje pasar las cosas así nada más.
“Porque en un gobierno que hizo tratos, al nivel que los hizo, las cosas se pueden poner muy feas en el estado y la oposición tiene que ser responsable en ese sentido”.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
15/LLH/RMB
“Gratuidad” gasta para todo, menos para empleadas del hogar
Lanzado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) como una acción para brindar servicios médicos a las trabajadoras del hogar, el programa social conocido como “Gratuidad” apenas ha afiliado –desde 2013– al 10 por ciento de las 200 mil mujeres que se dedican a esta labor en la capital del país, además de que presenta un sobreejercicio presupuestal por más de mil 56 millones de pesos (mdp), y otras irregularidades financieras.
Para conocer el número trabajadoras del hogar beneficiarias del Programa de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral (nombre oficial del programa “Gratuidad”), Cimacnoticias realizó diversas solicitudes de información a las secretarías de Salud del DF (Ss-DF) y la de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).
Y todo apareció… menos el supuesto beneficio que debe otorgar a las empleadas del hogar, quienes desde hace más de cuatro años aguardan a que el Ejecutivo federal se decida a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza derechos, prestaciones y seguridad social para estas trabajadoras.
ESPEJISMO
En un evento público en marzo de 2014, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacó con bombo y platillo que el programa “Gratuidad” inició en 2013 “para beneficio de quienes realizan trabajo de aseo”, en alusión a las trabajadoras del hogar.
El acto oficial fue para conmemorar la trayectoria de la activista Marcelina Bautista Bautista, coordinadora general del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH).
Así, la Ss-DF inició una campaña de difusión en el transporte público para afiliar a más trabajadoras del hogar. Ese gasto representó un total de 57 millones 905 mil 536 pesos, de acuerdo con lo reportado en la cuenta pública 2014.
De acuerdo con sus objetivos, el programa “Gratuidad” tiene como metas lograr 82 mil 500 afiliaciones, 5 millones 344 mil 870 consultas generales, 168 mil 675 egresos hospitalarios, 10 mil 722 pláticas en las unidades médicas, realizar 796 mil estudios de rayos X, y 10 millones 272 mil 230 estudios de laboratorio por año.
DANZA DE CIFRAS
La Ss-DF brindó a esta agencia la cuenta pública del presupuesto ejercido por este programa durante 2014, y ahí se detectó que el gasto total fue de 10 mil 33 millones 609 mil 817 pesos, cuando lo aprobado para ese año fue de 8 mil 977 millones 234 mil 54 pesos. Es decir que “Gratuidad” tuvo un sobreejercicio por mil 56 millones 375 mil 763 pesos.
En contraste, el padrón actual de personas beneficiarias del programa –entregado vía transparencia– tiene registradas sólo a 2 mil 249 empleadas del hogar de las más de 200 mil que laboran en el DF, según respondió la STyFE en otra solicitud de información.
De acuerdo con la cuenta pública 2014, en esta capital residen 3 millones 900 mil personas –sin detallar sexo– que carecen de seguridad social. En el reporte oficial se presume que 89 por ciento de ellas está incorporada a “Gratuidad”, es decir, 3 millones 471 mil personas.
La cuenta pública no desglosa cuánto se gastó para el cumplimiento de los objetivos de atención médica, pero se observa una serie de erogaciones en otros rubros que no están vinculados con el programa, y cuyos montos mensuales son muy diferentes entre sí.
Como botón de muestra, resulta que 80 por ciento del total de los recursos destinados para el programa “Gratuidad” se fueron en el pago de nómina y prestaciones, es decir un total de 8 mil 181 millones 186 mil 238 pesos.
Los sueldos base para el personal permanente representaron en enero de 2014 un monto por 189 millones 20 mil 235 pesos, pero para octubre, noviembre y diciembre de ese año la cifra ascendió a más de 226 mdp.
En contraste, para medicinas y productos farmacéuticos se erogaron tan sólo 408 millones 808 mil 331 pesos en todo 2014.
Gran parte del total de recursos del programa se ejerció en viajes, congresos, becas y otros rubros no vinculados con los objetivos del programa, como incrementar el número de afiliaciones, de consultas y de ingresos hospitalarios, en especial de las trabajadoras del hogar.
Fue así que se registró un presupuesto ejercido de 821 mil 770 pesos para pasajes aéreos nacionales, pasajes aéreos internacionales y pasajes terrestres internacionales.
A lo anterior se suman 8 millones 545 mil 564 pesos para viáticos en el país, otros servicios de traslado y hospedaje, y convenciones y congresos. Sin embargo, en un monitoreo realizado por esta agencia a la página web de la Ss-DF, no se encontró alguna actividad pública vinculada con el programa “Gratuidad”.
Asimismo, la cuenta pública reporta un ejercicio de 3 millones 683 mil 839 pesos para pasajes terrestres al interior del DF.
Otros rubros que se ejercieron durante 2014 desvinculados con el programa son becas de licenciatura, “mezcla asfáltica”, “artículos deportivos” (para los que se gastaron más de 3 mil pesos), y otras ayudas sociales a “otras personas”.
CONFUSIÓN GUBERNAMENTAL
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Plácido Enrique León García, director de Atención Médica de la Ss-DF y uno de los principales encargados del programa “Gratuidad”, justificó que el bajo registro de trabajadoras del hogar se debe a una “deficiente sistematización de los datos”, ya que la categoría “trabajadoras del hogar” del padrón de beneficiarias no suma a las “amas de casa”.
Al hacerle ver al funcionario que las empleadas del hogar mantienen una relación laboral y las amas de casa no, León García respondió que entonces las trabajadoras del hogar remuneradas están registradas bajo la actividad económica de algún familiar o en otra categoría, pero que en total deben sumar “más de 900 mil” y no las 2 mil 249 empleadas registradas en el padrón.
Respecto a las variaciones en las erogaciones por concepto de nómina, el funcionario dijo que podría explicarse por la contratación de personal en hospitales, pero reconoció que no podría sustentarlo.
Sobre los viajes al extranjero y a otros estados de la República, León García señaló que para la ejecución del programa –que brinda atención únicamente en las unidades de salud del DF– no se requiere ningún traslado a otra parte del país, por lo que –reconoció– no podría explicar tales erogaciones.
REZAGOS
La evaluación interna del programa “Gratuidad” correspondiente al periodo 2013 –que se puede consultar en la página del GDF– determinó “debilidades” y “amenazas” en su ejecución que supuestamente debían superarse en 2014.
Se detectó poca participación de directivos de las unidades médicas para evaluaciones eficaces de la atención en hospitales, carencia de recursos humanos y equipo de cómputo para el registro de afiliados del programa, y falta de supervisión en las unidades médicas.
También se identificó una sobredemanda de atención médica en algunos servicios especiales, la referencia inadecuada de usuarios hacia las unidades hospitalarias, la gran rotación del personal médico, recursos presupuestales insuficientes, abasto irregular de medicamento, y la falta de un sistema de información.
Al respecto, el director de Atención Médica de la Ss-DF, Plácido Enrique León García, declaró que para atender estas situaciones se ordenó al área de Trabajo Social que registrara las afiliaciones a este programa, y se extendió el tiempo de servicio hasta las seis de la tarde.
Además, detalló que para atender la insuficiencia de recursos, la Ss-DF firmó este 2015 un convenio con otras instituciones de salud para el abaratamiento de los medicamentos.
El funcionario observó que el mayor reto del programa “Gratuidad” es ampliar su difusión, ya que con esta acción gubernamental se está logrando una detección más oportuna de enfermedades crónicas en el DF.
Al respecto, la cuenta pública del 2014 mostró que en el rubro de difusión por radio, TV y otros medios se gastaron 57 millones 905 mil 536 pesos, de los que adeudan (sin detallar a quién) 52 mil 416 pesos que se ejercieron en mayo de ese año. La comunicación telefónica con León García se cortó cuando fue cuestionado al respecto.
En una segunda llamada, personal de Comunicación Social de la Ss-DF dijo a esta agencia que “la entrevista se tornó delicada”, y que León García “desconoce” el manejo de estas finanzas.
Si bien la oficina de Comunicación Social se comprometió a brindar una entrevista con quien debiera rendir cuentas sobre el tema, al cierre de esta edición no se volvió a comunicar con Cimacnoticias.
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