Ciudad Feminista es un grupo de organizaciones que en los últimos cinco años ha dado seguimiento a la política de igualdad de género en la Ciudad de México e, inició su participación en el proceso Constituyente desde la discusión legislativa que derivó en la reforma política aprobada finalmente por el Congreso de la Unión.
En su momento, junto con diversas organizaciones criticamos la propuesta aprobada por su claro carácter antidemocrático al incluir la designación de 40 escaños que no serían sujetos a la voluntad popular y, por la clara ausencia de espacios para la participación ciudadana y la no inclusión del principio constitucional de paridad, entre otros aspectos.
Sin embargo, decidimos participar porque insistimos en ampliar los pequeños márgenes de movilización ciudadana y apertura democrática que vislumbramos en este proceso crítico en la construcción de ciudadanía plena para las y los capitalinos. Particularmente en la oportunidad de construir una candidatura independiente feminista.
El reto era inconmensurable, juntar 75 mil firmas en un mes para lograr el registro como aspirantes. No obstante, valoramos que se abría una posibilidad cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el lineamiento de que la ciudadanía pudiera otorgar su firma hasta para cinco aspirantes independientes. Después de dos impugnaciones que evidenciaron las fallas de nuestro sistema electoral para que ciudadanas de a pié podamos ejercer nuestro derecho a la elegibilidad, logramos el registro como candidatas independientes. En un hecho histórico somos las primeras candidatas independientes explícitamente feministas aspirando a un cargo de elección popular.
Decidimos participar porque estamos convencidas de que es viable profundizar en la construcción de una ciudad progresista y de libertades, porque queremos aportar el marco interpretativo del mundo que aportan la teoría y el activismo feminista que hemos construído a lo largo de la historia.
Parte fundamental de nuestra propuesta es dar sustento constitucional a la igualdad sustantiva, pasar del logro formal de la igualdad a la igualdad como principio permanente reflejado en la vida cotidiana de las mujeres. Y de aquéllas que continúan enfrentando desigualdades históricas que ninguna mujer debería enfrentar en este siglo.
Decidimos participar porque las necesidades y derechos de las mujeres continúan ausentes de las prioridades en la práctica política y de los presupuestos, a pesar de ser la mayoría de la población en México y, de representar el 52 por ciento del padrón electoral; de contribuir a la economía (43 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas) y; trabajar en promedio 19 horas más que los hombres en labores domésticas y del cuidado que sostienen el lastimado tejido social.
Estamos aquí porque somos ciudadanas responsables frente al destino de nuestro país, por más que se nos regatee ese derecho y porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad fincada en los Derechos Humanos, y por lo tanto, de la igualdad sustantiva de las mujeres.
Porque la Constitución debe ser un patrimonio cultural de la sociedad, no sólo un texto jurídico, por ello la participación de todas las mujeres es fundamental. Todas. Un texto que abarca a todas las personas, debe contar con la participación de la sociedad, y no sólo de los partidos políticos.
Porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad, en hacer una campaña de pedagogía constitucional, que combata la realidad actual de una constitución nacional disfuncional, precaria, inaccesible, incomprensible, porque ello impide la construcción de un verdadero Estado de derecho, en el que todas las personas conozcan -particularmente las mujeres excluidas del poder- y puedan entender los contenidos del pacto social que representa la Constitución, en un proceso deliberativo y plural de participación de las y los ciudadanos que culmine en la apropiación del texto final.
La pedagogía constitucional feminista, humanista, progresista ha de ser ciudadana, salir de la partidocracia, transparente, popular, laica, combatir la desigualdad, la pobreza, recuperar principios sociales eliminados y recuperar nuevos derechos vinculados con la ampliación de libertades ciudades y derechos del cuerpo.
Porque buscamos la construcción de una política económica que privilegie la calidad de vida de las personas frente al poder supraestatal de las empresas, el mercado y el valor económico; y combatir específicamente las desventajas de las mujeres en el mercado laboral, la descalificación, las pocas posibilidades de inserción, el desempleo, los trabajos precarios y riesgosos, la brecha salarial, el acoso sexual y la imposibilidad de armonizar la vida privada y la pública. La lógica de acumulación económica destruye cotidianamente la vida y la salud de miles de mujeres.
Porque es necesario que el sistema de libertades para las personas y de responsabilidades, límites y sanciones a la autoridad, a quienes gobiernan sea transparente, comprensible y real.
La construcción de la igualdad requiere del fortalecimiento de un Estado democrático, transparente, que rinda cuentas, en donde cada uno de los poderes debe reformarse y plantear como su base fundamental los Derechos Humanos, y los haga realidad en cada territorio, con la plena participación de sus habitantes, sin discriminación. La mayoría social representada en las mujeres deberá tener condiciones para participar en igualdad de condiciones en todo proceso de cambio social, político y económico.
La igualdad es uno de los principales Derechos Humanos y aspiraciones sociales del marco vigente de Derechos Humanos, que se ha construido gracias al trabajo histórico de los movimientos sociales, y en especial del movimiento feminista, por el reconocimiento, ampliación y pleno goce de todas las libertades, derechos y garantías que como personas y sociedades requerimos para vivir a plenitud y en armonía con el medio ambiente.
En nuestra campaña hemos convocado a fortalecer la presencia insustituible de las mujeres en este proceso para contar con un marco constitucional, un pacto, que nos incorpore paritariamente, en los hechos, y en el significado. En junio de 2016, justamente 100 años después del Congreso Feminista de Yucatán, seguimos exigiendo ciudadanía plena para las mujeres, y como entonces seguimos construyendo y enriqueciendo los valores democráticos.
*Feministas y candidatas a la Constituyente
16/EC/OC/LGL
mayo 2016
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección en salud, sin importar clase social, género y etnia; sin embargo, en el país siguen prevaleciendo condiciones de pobreza e inequidad social que determinan en gran medida el acceso diferenciado de las mujeres a los servicios de salud.
México no ha podido alcanzar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, y en algunos grupos culturalmente diferenciados se agudiza la problemática, como es el caso de las mujeres indígenas.
Entidades con mayores niveles de marginación social presentan mayores obstáculos para que las mujeres puedan hacer uso de servicios calificados en atención a su salud; y garantizar así, su derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
La educación, edad, lugar de residencia y si se habla alguna lengua indígena, son determinantes sociales que no deberían limitar la capacidad de las mujeres a disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria, libre de prejuicios sobre procrear o no.
Datos retomados de la Encuesta Intercensal 2015 del estado de Guerrero, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2015 se estimaban en la entidad 7.2 millones de indígenas, los cuales representan 6.6 por ciento de la población de cinco y más años de edad.
El 99.1 por ciento de ellos habla alguna de las cuatro principales lenguas indígenas: náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo.
Aunque las guerrerenses presentan menor participación en el mercado laboral, realizan en mayor porcentaje cuidados y actividades no remuneradas, pues de cada 100 personas que dedican tiempo a estas tareas, 66 pertenecen al sexo femenino.
Entre el año 2000 y 2015, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a servicios de salud aumentó poco más de cuatro veces al pasar de 20.3 a 84.6 por ciento, lejos todavía de alcanzar la cobertura universal en salud.
En los recientes 15 años se ha incrementado la utilización de los servicios médicos que proporciona la Secretaría de Salud, que pasó de 48.9 por ciento en 2000 a 68 por ciento en 2015.
El Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación cubre a más de tres cuartas partes de la población afiliada (77.3 por ciento).
La calidad de la atención que se brinda a las indígenas es deficiente: regularmente no hay doctores en las clínicas de salud de las comunidades; el tiempo promedio para recibir consulta en sala de urgencias, según lo reportado por el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (Indicas), para programas en atención a población indígena (primer cuatrimestre de 2016), es de 31.9 horas, mientras que la nacional es de 32.9 horas (programas en atención a población indígena).
Los intérpretes interculturales existentes en el estado son insuficientes para acompañar y asesorar a las indígenas en consultas y urgencias que se presenten; en muchos de los casos a las embarazadas no se les ofrecen las pruebas de VIH y sífilis; en varios de los casos las recetas médicas no son completamente surtidas por el desabasto de medicamentos; no hay gasolina, chofer o ambulancia para el traslado de emergencias obstétricas, a pesar de que existen presupuestos etiquetados para ello.
Los datos sobre estos indicadores y otros en materia de salud sexual y reproductiva son muchos; por ejemplo, las mujeres residentes en zonas rurales y las hablantes de lengua indígena presentan un porcentaje bajo en el uso de métodos anticonceptivos.
Sólo 23.8 por ciento hizo uso de algún método anticonceptivo en su primera relación sexual; mientras que el otro 76.2 por ciento desconocía dónde obtenerlos o cómo usarlos.
La muerte materna, definida como el deceso de una mujer durante la gestación, el parto o en los 42 días siguientes a la terminación del embarazo (puerperio), es una de las principales causas de defunción entre las mujeres en Guerrero.
El 27.9 por ciento de las mujeres fallecidas por causas de muerte materna en Guerrero, en 2014, eran hablantes de lengua indígena, cifra que casi triplicaba la presentada a nivel nacional (9.9 por ciento).
Al cruzar la pertenencia étnica con la mortalidad se comprueba la triple asociación entre etnicidad, pobreza y muerte materna, la cual es necesario visibilizar frente a la población de las comunidades, y sobre todo a las autoridades sanitarias y otros tomadores de decisión como los propios legisladores del Congreso estatal, para poder revertir las cifras.
Cada ejemplo señala cómo estas mujeres están insertas en condiciones de desigualdad social y de acceso diferenciado por cuestiones de género, pobreza y etnia.
Creemos necesario que el sistema de salud estatal incorpore el enfoque de Derechos Humanos e interculturalidad en sus estrategias de trabajo con la población indígena, cuyo derecho a la salud se ve conculcado por sus condiciones de inequidad, que también han sido naturalizadas por la sociedad.
Los gobiernos, en todos los niveles, tienen el compromiso de respetar y garantizar los Derechos Humanos, el derecho a la salud y los derechos reproductivos de todas las mujeres y sacarlos de la sombra para lograr su ejercicio pleno.
*Integrantes de Kinal Antzetik-Distrito Federal.
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
16/PLLH/MSFV/RMB
En Chiapas se vuelve a interpelar al sistema democrático de nuestro país.
En Chiapas se vivieron las elecciones más irregulares (por decir lo menos) de nuestro país en años. Y mire que eso ya es decir en un país en el que la democracia no ha acabado de tener suficientes demócratas ni en los partidos políticos ni en los gobernantes.
Ahí, todo el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad fue destituido (léase bien: destituido), por ilegalidades que abarcaron desde aceptar registros de candidaturas sin la paridad de género a que obliga la Constitución federal y las leyes locales, hasta la alteración del padrón que registró el voto de ciudadanía chiapaneca en el extranjero. Por eso varios actores políticos llamaron a esa elección “un cochinero”.
El asunto terminó con sendas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en los medios fueron calificadas de “manotazos” para poner orden.
Pues el asunto no ha terminado. Y, de hecho, todo indica que se acaba de abrir otra veta de ese cochinero.
En Chiapas muchas comunidades tienen importante presencia indígena y se rigen por sistemas tradicionales, llamados usos y costumbres. Ese sistema en muchos aspectos se puede resumir para las mujeres en algo así como: yo te uso y tú te acostumbras, porque viven en una constante violación a sus Derechos Humanos, incluidos, claro, los políticos. No “tienen permiso” de votar, mucho menos de ser votadas.
Pero a fines de 2014, la primera mujer indígena oaxaqueña que logró ser electa diputada federal, Eufrosina Cruz, en alianza con diputadas de distintos partidos, logró una importantísima reforma al artículo segundo constitucional que en pocas palabras estableció que los usos y costumbres no podrán estar por encima de los Derechos Humanos de las mujeres.
Ya eso plantea una complejidad en Chiapas. Pero para complicarlo más, ahí las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres aceptan la intervención de los partidos, de manera que el asunto se vuelve una especie de huevo revuelto con chilaquiles.
En ese contexto, varias mujeres indígenas fueron postuladas por distintos partidos políticos; muchas a última hora para cumplir con la sentencia que les obligaba a cumplir con la paridad; y en no pocos casos, al parecer negociaron con señores de la comunidad la renuncia de la señora una vez ganada la elección.
Y eso es lo que tiene hoy, de nuevo, a Chiapas en el ojo de un huracán que vulnera el sistema democrático de nuestro país.
Los hechos: en Chenalhó fue electa Rosa Pérez por el PRI. Y la semana pasada fue obligada a renunciar porque la comunidad secuestró al líder del Congreso estatal y a otro diputado local que fueron a negociar. No a negociar la permanencia de Rosa, sino su renuncia.
Y ellos mismos atestiguaron la asunción al poder del síndico municipal.
Preguntas: ¿Por qué fue a negociar el líder del Congreso y no el secretario de Gobernación? ¿Por qué iba a negociar la renuncia y no la permanencia de Rosa? ¿Por qué aceptó la inmediata toma del poder del síndico? ¿No debe ser ratificada por el Congreso la renuncia de una presidenta o presidente municipal? ¿No su mandato como diputado es cumplir y hacer cumplir la ley?
Muchas respuestas tienen que ver con el cochinero que supuso ese proceso electoral y el cochinero que hay en el gobierno de Chiapas donde, me cuentan, el que de verdad manda y realizó innumerables negociaciones al margen de la ley es precisamente el líder del Congreso.
Por eso, me dicen, él fue “a negociar”, y por eso lo retuvo la comunidad, porque lo que le exigían es que cumpliera el acuerdo.
En ese cochinero están inmiscuidos el PRI y el PVEM. Y en medio una comunidad en la que, en efecto, se usa y se acostumbra violentar los derechos de las mujeres.
Rosa Pérez es una víctima de la corrupción y la impunidad, antes que de una cultura misógina. Y hoy todo eso ha puesto en peligro la vida y la integridad de Rosa, de su familia y de las aliadas que la apoyaron hasta el último minuto.
Por eso pregunto: ¿Qué van a hacer las instituciones democráticas de mi país al respecto? ¿Cómo se protegerá a Rosa, familia y aliadas? ¿Cómo se investigará todo el asunto y cómo se sancionará al diputado que negoció la ley y la destitución de Rosa? ¿Cómo se hará valer el Estado de Derecho? ¿Cómo responderá a esta interpelación el sistema democrático de México?
De nuevo lo que suceda en Chiapas mandará un mensaje a toda la ciudadanía. Y la respuesta marcará rumbo este año y, sobre todo en 2018. Así que espero que las instituciones involucradas actúen con absoluta contundencia.
Apreciaría sus comentarios. [email protected].
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
16/CLT/RMB
Ciudad Feminista es un grupo de organizaciones que en los últimos cinco años ha dado seguimiento a la política de igualdad de género en la Ciudad de México e, inició su participación en el proceso Constituyente desde la discusión legislativa que derivó en la reforma política aprobada finalmente por el Congreso de la Unión.
En su momento, junto con diversas organizaciones criticamos la propuesta aprobada por su claro carácter antidemocrático al incluir la designación de 40 escaños que no serían sujetos a la voluntad popular y, por la clara ausencia de espacios para la participación ciudadana y la no inclusión del principio constitucional de paridad, entre otros aspectos.
Sin embargo, decidimos participar porque insistimos en ampliar los pequeños márgenes de movilización ciudadana y apertura democrática que vislumbramos en este proceso crítico en la construcción de ciudadanía plena para las y los capitalinos. Particularmente en la oportunidad de construir una candidatura independiente feminista.
El reto era inconmensurable, juntar 75 mil firmas en un mes para lograr el registro como aspirantes. No obstante, valoramos que se abría una posibilidad cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el lineamiento de que la ciudadanía pudiera otorgar su firma hasta para cinco aspirantes independientes. Después de dos impugnaciones que evidenciaron las fallas de nuestro sistema electoral para que ciudadanas de a pié podamos ejercer nuestro derecho a la elegibilidad, logramos el registro como candidatas independientes. En un hecho histórico somos las primeras candidatas independientes explícitamente feministas aspirando a un cargo de elección popular.
Decidimos participar porque estamos convencidas de que es viable profundizar en la construcción de una ciudad progresista y de libertades, porque queremos aportar el marco interpretativo del mundo que aportan la teoría y el activismo feminista que hemos construído a lo largo de la historia.
Parte fundamental de nuestra propuesta es dar sustento constitucional a la igualdad sustantiva, pasar del logro formal de la igualdad a la igualdad como principio permanente reflejado en la vida cotidiana de las mujeres. Y de aquéllas que continúan enfrentando desigualdades históricas que ninguna mujer debería enfrentar en este siglo.
Decidimos participar porque las necesidades y derechos de las mujeres continúan ausentes de las prioridades en la práctica política y de los presupuestos, a pesar de ser la mayoría de la población en México y, de representar el 52 por ciento del padrón electoral; de contribuir a la economía (43 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas) y; trabajar en promedio 19 horas más que los hombres en labores domésticas y del cuidado que sostienen el lastimado tejido social.
Estamos aquí porque somos ciudadanas responsables frente al destino de nuestro país, por más que se nos regatee ese derecho y porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad fincada en los Derechos Humanos, y por lo tanto, de la igualdad sustantiva de las mujeres.
Porque la Constitución debe ser un patrimonio cultural de la sociedad, no sólo un texto jurídico, por ello la participación de todas las mujeres es fundamental. Todas. Un texto que abarca a todas las personas, debe contar con la participación de la sociedad, y no sólo de los partidos políticos.
Porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad, en hacer una campaña de pedagogía constitucional, que combata la realidad actual de una constitución nacional disfuncional, precaria, inaccesible, incomprensible, porque ello impide la construcción de un verdadero Estado de derecho, en el que todas las personas conozcan -particularmente las mujeres excluidas del poder- y puedan entender los contenidos del pacto social que representa la Constitución, en un proceso deliberativo y plural de participación de las y los ciudadanos que culmine en la apropiación del texto final.
La pedagogía constitucional feminista, humanista, progresista ha de ser ciudadana, salir de la partidocracia, transparente, popular, laica, combatir la desigualdad, la pobreza, recuperar principios sociales eliminados y recuperar nuevos derechos vinculados con la ampliación de libertades ciudades y derechos del cuerpo.
Porque buscamos la construcción de una política económica que privilegie la calidad de vida de las personas frente al poder supraestatal de las empresas, el mercado y el valor económico; y combatir específicamente las desventajas de las mujeres en el mercado laboral, la descalificación, las pocas posibilidades de inserción, el desempleo, los trabajos precarios y riesgosos, la brecha salarial, el acoso sexual y la imposibilidad de armonizar la vida privada y la pública. La lógica de acumulación económica destruye cotidianamente la vida y la salud de miles de mujeres.
Porque es necesario que el sistema de libertades para las personas y de responsabilidades, límites y sanciones a la autoridad, a quienes gobiernan sea transparente, comprensible y real.
La construcción de la igualdad requiere del fortalecimiento de un Estado democrático, transparente, que rinda cuentas, en donde cada uno de los poderes debe reformarse y plantear como su base fundamental los Derechos Humanos, y los haga realidad en cada territorio, con la plena participación de sus habitantes, sin discriminación. La mayoría social representada en las mujeres deberá tener condiciones para participar en igualdad de condiciones en todo proceso de cambio social, político y económico.
La igualdad es uno de los principales Derechos Humanos y aspiraciones sociales del marco vigente de Derechos Humanos, que se ha construido gracias al trabajo histórico de los movimientos sociales, y en especial del movimiento feminista, por el reconocimiento, ampliación y pleno goce de todas las libertades, derechos y garantías que como personas y sociedades requerimos para vivir a plenitud y en armonía con el medio ambiente.
En nuestra campaña hemos convocado a fortalecer la presencia insustituible de las mujeres en este proceso para contar con un marco constitucional, un pacto, que nos incorpore paritariamente, en los hechos, y en el significado. En junio de 2016, justamente 100 años después del Congreso Feminista de Yucatán, seguimos exigiendo ciudadanía plena para las mujeres, y como entonces seguimos construyendo y enriqueciendo los valores democráticos.
*Feministas y candidatas a la Constituyente
16/EC/OC/LGL
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al gobierno mexicano a asegurar la protección de la activista, académica y ex funcionaria mexicana Mariclaire Acosta, quien en días recientes fue difamada en medios de comunicación.
En un comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que si una activista de larga trayectoria es atacada y amenazada de esta manera, las y los defensores de perfil menos visible viven en constante temor.
En días recientes, en medios escritos se publicó que la defensora es parte de una red de corrupción que lucra con las supuestas víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos (DH).
Al respecto, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos y del Fondo Voluntario para la Asistencia Financiera y Técnica para el seguimiento del Examen Periódico Universal, se pronunció a favor de dar seguridad a Mariclaire Acosta.
La presidenta de la Junta, Sra Lin Lim, en nombre de los cinco integrantes de este órgano aseguró que el gobierno de México debe garantizar la protección a la defensora y a todos los defensores, y darles el espacio y las condiciones para trabajar en seguridad, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado.
“El gobierno debe garantizar, en particular, que los defensores y las defensoras de los DH que se enfrentan a amenazas de violencia física, a ataques a su integridad y otros intentos intimidatorios, tienen una protección adecuada”.
Lin Lim dijo que los ataques contra Acosta –quien desde 2013 es una de los cinco especialistas eminentes de DH de la Junta de Síndicos de la ONU– se han producido en el contexto de una campaña más amplia contra las y los defensores en México, desde la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
Por ello, la Junta hizo hincapié en que el gobierno mexicano debe asumir seriamente la responsabilidad de resolver los desafíos de DH y relativos al Estado de Derecho en el país, y de manera urgente tomar medidas para mejorar la situación.
16/AGM/RMB
En México, 16 entidades federativas tipifican el delito de acoso sexual, por lo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a la otra mitad de los Legislativos estatales a incluir este ilícito en sus códigos penales.
Hasta ahora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México tipifican el acoso sexual.
Con miras a detener la violencia contra las mujeres, el miércoles 25 de mayo senadoras y diputadas de diversos partidos presentaron propuestas para exhortar a los congresos locales a tipificar el acoso sexual, actualizar la definición en el Código Penal Federal (CPF), e implementar acciones de prevención.
A propuesta de la senadora del Partido Verde Ecologista de México Jorgina Gaxiola, la Comisión Permanente llamó a las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas incluir este delito.
De acuerdo con la propuesta aprobada por la Permanente, en los 16 estados que definen el acoso sexual las penas van desde los tres meses hasta los cinco años de prisión, además de las sanciones económicas; sin embargo es necesario que el resto el país castigue esta conducta.
La senadora independiente Martha Tagle también presentó un exhorto para que los congresos locales legislen en la materia, y para que la y los gobernadores asuman su compromiso con las mujeres e implementen campañas informativas en los medios de comunicación.
Según Tagle, el Congreso de la Unión no puede ser indiferente a los reclamos de las ciudadanas que se expresaron el pasado 24 de abril en la Movilización Nacional contra las Violencias Machistas, o Primavera Violeta, en la que denunciaron sus experiencias de acoso, por lo que aseguró que estas campañas deben ayudar a identificar y denunciar el delito.
En México el acoso y el hostigamiento sexual están definidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero en el CPF sólo se define el delito de hostigamiento y abuso sexual.
El artículo 13 de la Ley General dice que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
La misma norma define el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
En tanto, el CPF establece en su artículo 259 Bis que al que con fines lascivos hostigue reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción por hasta 40 días de multa.
El mismo artículo señala que si el hostigador fuese servidor público y utiliza los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo; y menciona que el hostigamiento sexual sólo es punible cuando se cause un perjuicio o daño, y sólo se procederá contra el hostigado a petición de parte ofendida.
De acuerdo con el artículo 260 del CPF, comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito se le impondrán penas de seis a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa.
REFORMAS PENALES
La diputada federal del Partido Acción Nacional María Eloísa Talavera presentó una iniciativa para modificar el artículo 259 Bis y adiciona un artículo 259 Ter al CPF al considerar que hay imperfecciones que se pueden subsanar.
A decir de la legisladora, la actual redacción del término hostigamiento lleva la exigencia de que el asedio se haga “reiteradamente”, lo cual resulta confuso y es fuente de incertidumbre al dejar un amplio margen a la interpretación del juzgador.
Así construida la definición del delito exige que se dé un perjuicio o daño, por ello Talavera propuso quitar la exigencia de que el asedio se haga “reiteradamente” y plasmar la posibilidad de que esta conducta pueda darse “independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.
Además a fin de evitar la impunidad, la panista propuso aumentar la pena de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Asimismo, aseguró que una vez reformada la ley federal habrá más posibilidades de que las entidades legislen en el mismo sentido.
María Eloísa Talavera también planteó incluir un artículo 259 Ter para establecer que comete acoso sexual quien asedie, atosigue o incordie sexualmente a persona de cualquier sexo o coaccione favores sexuales para sí o para un tercero, o realice una conducta de naturaleza o connotación sexual indeseable para quien la recibe, delito que se castigaría con uno a cinco años de prisión y de 50 a 250 días de multa.
En este caso, también cometería acoso sexual quien realice comentarios lascivos de carácter sexual o insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos que resulten insoportables, intimidatorios, hostiles, humillantes u ofensivos; tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, o masturbación en lugares públicos o de acceso público o vehículos de transporte público.
Como agravante a este delito, la ley diría que cuando el acoso sexual se cometa contra una persona menor de 18 años o con alguna discapacidad, o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de 100 a 400 días de multa.
PREVENCIÓN
Sobre el tema, las diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Yulma Rocha Aguilar y Xitlalic Ceja García presentaron un punto de acuerdo, que exhorta a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) a implementar los mecanismos necesarios para erradicar el acoso sexual y el hostigamiento sexual en las escuelas de educación superior.
Tomando como referencia a la UNAM, 49.3 por ciento de las alumnas (aproximadamente 34 mil 642) dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, según una encuesta del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) en 2009.
De las entrevistadas que reportaron hostigamiento, 27.1 por ciento dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”; 22.1 por ciento señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; y 0.2 por ciento sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.
Las legisladoras señalaron en su documento que la falta de denuncia radica en el temor a que la autoridad académica sea omisa en su atención o a ser blanco de juicios y críticas de la propia comunidad universitaria, y a que se tiende a proteger a la institución o al agresor por encima de las víctimas.
En México, afirmaron, existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y sólo cuatro de ellas tienen un protocolo para la atención del hostigamiento y abuso sexual, por lo que pidieron a la Segob y a la SEP impulsar los mecanismos necesarios para erradicar la violencia de género, con especial atención en el acoso y hostigamiento sexual.
En la misma línea, senadores de PRI pidieron al Gobierno de la Ciudad de México implementar una estrategia integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el sistema de transporte público.
Esa bancada afirmó que el principal medio de desplazamiento de las personas en la zona metropolitana del Valle de México es el transporte público, ya que 44 por ciento de los 21.6 millones de viajes se realizan en microbuses o colectivos, según el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015.
En el transporte, el acoso y el hostigamiento sexual restringen el derecho de las mujeres a trasladarse libremente y sin temor por la ciudad y como consecuencia, aseguraron las y los legisladores, ellas deben modificar su vestimenta para evitar algún tipo de violencia o abandonar sus estudios o el trabajo, como consecuencia de la violencia de la que fueron objeto.
16/AGM/RMB
“Las veces que quiten las cruces rosas, las volveremos a colocar”
Madres de víctimas de feminicidio y activistas por los derechos de las mujeres llenaron con cruces rosas las calles de Chimalhuacán, uno de los 11 municipios del Estado de México donde se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) por asesinatos y desapariciones de mujeres, pero cuyo gobierno local impide que se visibilice este flagelo en la demarcación.
La víspera, desde muy temprano, decenas de mujeres se dieron cita en Chimalhuacán, en el Edomex (primera entidad del país donde se declaró la AVG, en julio de 2015), para marchar y exigir a la alcaldesa, la priista Rosalba Pineda Ramírez, que respete los símbolos rosas que se están colocando en distintos puntos de la localidad para honrar la memoria de las víctimas de feminicidio.
Las activistas y madres de víctimas, que marcharon desde el Palacio Municipal hasta el Bordo de Xochiaca (canal de aguas negras y basurero colindante con el municipio de Nezahualcóyotl) colocaron decenas de cruces rosas afuera de la sede del gobierno local, cuyas puertas estuvieron cerradas por ser domingo.
En 2014, las activistas ya habían instalado cruces rosas afuera de ese Palacio Municipal, para llamar la atención a las autoridades sobre el asesinato y desaparición de mujeres; sin embargo, personal de Chimalhuacán retiró y destruyó las cruces.
Según el Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario conformado para atender la solicitud de AVG en la entidad, Chimalhuacán ocupa el quinto lugar de entre los 11 municipios del Edomex donde más se cometen asesinatos dolosos de mujeres, ya que de 2005 a 2010 se registró un total de 42 casos de feminicidio tan sólo en esa localidad.
Las mujeres –de acuerdo con el reporte– estaban siendo arrojadas a lugares donde transitan automóviles, sin vigilancia y sin alumbrado público.
RECONSTRUCCIÓN
Este domingo, las mujeres también colocaron cruces en las calles La Barranca y Benito Juárez, donde, según la prensa local, se siguen encontrando cadáveres de mujeres.
En el Bordo de Xochiaca –cuyas aguas fueron por años el destino de los cuerpos de mujeres asesinadas–, las activistas reconstruyeron y pusieron nuevamente las cruces rosas de unos tres metros de alto que el pasado 29 de abril fueron desenterradas por personal municipal para realizar supuestas obras públicas.
Ese personal dañó las cruces, mismas que tuvieron que ser resguardadas por las mujeres que habitan las casas cercanas al Bordo, quienes además avisaron que el pasado fin de semana fueron hostigadas por personas no identificadas para que entregaran los símbolos.
Chimalhuacán, uno de los 11 municipios en los que se decretó la AVG como medida urgente para erradicar el asesinato y desaparición de mujeres, tiene la obligación –según la ley– de implementar acciones de difusión, accesible para la población, sobre la existencia de este problema.
Ante la falta de difusión y la prevaleciente violencia feminicida en el Edomex, el 25 de noviembre de 2015 y el pasado 6 de marzo las activistas decidieron instalar las cruces rosas, que semanas después fueron derribadas por las autoridades.
Al respecto, la defensora Irinea Buendía recordó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Mariana Lima, su hija asesinada en Chimalhuacán pero que la autoridad judicial juzgó como suicidio, ordena la capacitación en perspectiva de género de todo el personal de las instancias municipales, pues son ellas a quienes recurren en primera instancia las víctimas de violencia.
También señaló que las medidas urgentes que contempla la AVG deben ser acatadas y ejecutadas por los gobiernos municipales, no sólo por el gobernador Eruviel Ávila.
Buendía exigió a la presidenta municipal que respete los símbolos que las madres de víctimas de feminicidio –entre ellas Norma Andrade, cuya hija fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua– colocan para “honrar la memoria” de sus hijas y visibilizar la violencia en la entidad. Advirtió que las veces que quiten las cruces serán las mismas que las mujeres regresarán a ponerlas.
Por su parte, el gobierno municipal y la edil no se han pronunciado ante el llamado de las activistas, ni han respondido a esta agencia sobre si realmente están llevando a cabo alguna obra pública que requiera la destrucción de los símbolos del feminicidio.
16/AJSE/RMB
Difícil acceso a la justicia para periodista Claudia Julieta Duque
Claudia Julieta Duque es una comunicadora colombiana que forma parte de una larga lista de periodistas amenazados por el ejercicio de su profesión.
Su historia no dista de muchas otras, en las que las agresiones, seguimientos ilegales y actos de intimidación a su integridad y a la de su familia, se convierten en una cobarde estrategia de gente con el fin de detener investigaciones y denuncias que califican de “inoportunas”, sobre todo cuando el mismo Estado resulta involucrado.
Pues bien, el “pecado” de Claudia Julieta Duque fue encontrar evidencias que presuntamente demuestran que agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) participaron en el asesinato en 1999, del abogado, pedagogo, humorista, filósofo, periodista colombiano, Jaime Hernando Garzón Forero.
Como consecuencia, se convirtió en blanco de difamaciones y amenazas hacia su integridad y la de su hija, que en ese tiempo era menor de edad. Hacia 2001, Duque fue secuestrada y hostigada al punto de llevarla al exilio.
Regresaba y se iba frecuentemente del país sudamericano. Sobre todo, cuando supo que el esquema de seguridad que le otorgaron para su protección pasaba informes de inteligencia en su contra.
En 2008, la Corte Constitucional en una sentencia ordenó al DAS a desclasificar la información que el organismo tenía sobre la periodista en sus archivos.
Como acto de “misericordia”, en 2011 la justicia colombiana la declaró como víctima de tortura psicológica, perpetrada por agentes del DAS. Además, Duque denunció en 2012 al ex presidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe Vélez, y al ex director general del DAS Jorge Noguera, por los delitos de injuria y calumnia.
Distintos organismos internacionales defensores de Derechos Humanos, como los eurodiputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, le han demandado al gobierno colombiano que se castigue a los autores materiales e intelectuales que protagonizaron uno de los actos más vergonzosos a manos del DAS, organismo de inteligencia que velaba por la seguridad de la ciudadanía, y que resultó deslegitimado hasta su disolución.
Reclaman la captura del ex director de inteligencia, Giancarlo Auque De Silvestri, aún prófugo; e insisten en el compromiso que tiene la cancillería para emitir un pronunciamiento de respaldo a la lucha por la justicia de la periodista. Sin embargo, aún no se ha dado, y eso que debió realizarse antes del 15 de septiembre de 2015.
Aunque a principios de este año la Fiscalía General de la Nación citó a declarar a cuatro ex agentes del DAS por tortura psicológica, Claudia Julieta Duque asegura que comienza una –muy difícil– fase en su caso, debido a que algunos vinculados, según ella, mantienen fuertes relaciones de poder que los blindan del accionar de la justicia.
El caso de esta periodista ha servido como referente para exponer la verdadera situación del periodismo colombiano, uno de los oficios más peligrosos de ejercer, y se espera que casos como éste jamás vuelvan a ocurrir, especialmente en un país que se ufana de ser democrático, pero que olvida que sin prensa libre la democracia sería sólo una falacia.
16/RED/RMB
Después de seis días retenida por la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la periodista española y corresponsal del diario El Mundo en el país sudamericano, Salud Hernández-Mora, fue liberada el pasado viernes, informaron medios internacionales.
El pasado sábado 21 de mayo, Hernández-Mora desapareció en la zona de Catatumbo, al noreste del departamento (estado) de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, donde se encontraba desde semanas antes para realizar reportajes sobre la erradicación de los cultivos de coca.
Al darse la noticia de su desaparición, el reportero Diego D’Pablos y el camarógrafo Carlos Melo, de la cadena colombiana RCN, acudieron al otro día a la zona para cubrir el hecho, pero también fueron interceptados y secuestrados por integrantes del ELN.
En un comunicado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) indicó que la liberación de Salud Hernández-Mora, Diego D’Pablos y Carlos Melo, el viernes 27 de mayo en la zona de Ocaña, misma región donde desaparecieron la y los periodistas, se dio por intermediación de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia católica.
Tras su liberación, Hernández-Mora declaró al diario colombiano El Tiempo, del cual es columnista: “Desde el primer momento estuve retenida contra mi voluntad. Siempre les dije (a los guerrilleros) que, sin importar cómo ellos lo consideraban, yo estaba secuestrada”.
Detalló que los miembros del ELN la obligaron a caminar varias horas durante las noches de su cautiverio, para cambiar de ubicación y evitar ser localizados por el Ejército colombiano.
La periodista dijo también al diario español El Mundo que su secuestro fue un “gravísimo error del ELN”, por las actuales conversaciones de paz con el gobierno de Bogotá.
Malén Aznárez, presidenta de RSF, expresó: “Con la liberación de Hernández-Mora y los otros dos periodistas, se puso fin a una semana de incertidumbre y angustia que esperamos no vuelva a repetirse en un futuro”. Pidió a los grupos armados en Colombia que “renuncien al secuestro de periodistas, pues ellos sólo cumplen con su trabajo de informar”.
De acuerdo con la “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016”, de RSF, Colombia está en el lugar 134 de entre 180 países.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa demandó al gobierno colombiano brindar protección y atención inmediata a las y los periodistas. La Flip informó que ya solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que se les garantice su integridad, por lo que está a la espera de la respuesta de la CIDH.
16/GMV/RMB
Tipifican delito de fraude familiar a favor de mujeres e infancia
El Congreso del estado de Tamaulipas tipificó el delito de fraude familiar, y estableció una pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta por 300 días de salario contra quienes incurran en esta práctica para sustraerse del reparto equitativo de bienes en un divorcio.
Según el dictamen aprobado, el artículo 421 Bis del Código Penal local estipula que comete el delito de fraude familiar quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo estatal fue aprobada con el voto unánime de las distintas fuerzas políticas y busca proteger el patrimonio familiar, tomando en consideración los datos del Instituto Nacional de Geografía e Historia (Inegi), los cuales revelan que del año 2000 a 2013 se duplicaron los divorcios en México.
“Cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o separación, los bienes materiales pueden resultar un problema insoslayable cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como a las hijas e hijos”, dijo la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, la diputada por el PRI Aída Zulema Flores Peña, al dar lectura al dictamen.
El pleno legislativo determinó tipificar el delito de fraude familiar, para velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros.
“La principal consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial es la afectación que sufren niñas y niños por el abandono emocional del padre, pero que se torna más difícil cuando se vulnera su derecho a la alimentación y coloca a las madres de familia en desventaja, al quedarse sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos”, insistió la legisladora.
La Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que en México, tres de cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y 67.6 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de argucias que los deudores alimentarios implementan para evadir su responsabilidad.
Entre esos engaños, la diputada Flores Peña destacó que los deudores alimentarios dolosamente manifiestan que su salario es inferior al que realmente perciben, solicitan a su patrón y a las empresas donde trabajan que informen que sus ingresos son menores, y se colocan intencionalmente en estado de insolvencia, lo que vulnera los derechos de la infancia y de las mujeres.
16/RMRQ/RMB