Desde sus propios medios informativos, a las reporteras se les impide acceder a cargos de decisión; tampoco son consideradas en la línea editorial debido a que la dirección está a cargo de hombres, y de cada 100 artículos o columnas publicadas en apenas 24 hay una voz femenina, y de cada 100 artículos o columnas sólo tres fueron escritas por mujeres.
Lo anterior lo expuso Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), durante el foro “Libertad de Expresión y el Derecho Humano a las Mujeres a Comunicar”, celebrado en el Museo José Juárez en esta capital estatal, y donde se presentó la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género.
“Las mujeres que nos dedicamos al periodismo tenemos licenciaturas, incluso posgrado, pero ellos, que no tienen licenciatura concluida o no tienen su título, son los jefes, los dueños de los medios y quienes deciden la línea editorial”, criticó la ganadora del VI Premio de Internacional de Libertad de Prensa 2015, otorgado por la Universidad de Málaga, en España, a propuesta de la Cátedra UNESCO de Comunicación.
Lucía Lagunes puntualizó las difíciles condiciones que viven las periodistas no sólo por ejercer su trabajo, sino por ser mujeres. Guerrero es el tercer estado del país más peligroso para ejercer el periodismo.
La feminista sostuvo que el periodismo en México no se ejerce con visión de género, y puso como ejemplo que de cada 100 notas publicadas en las secciones de política, sólo en 19 la fuente es una mujer, por lo que la mayoría de la información es generada por varones.
En su turno, la coordinadora de la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, Guadalupe Francisco Cabañas, recordó los casos de violencia ocurridos en la entidad, como el reciente asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, reportero en el municipio de Taxco.
La investigadora y coordinadora del área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC, Fabiola González Barrera, remarcó que Guerrero es la tercera entidad más peligrosa para las mujeres periodistas, después de Veracruz y la Ciudad de México.
Enfatizó que la violencia de género es un mecanismo utilizado por el Estado contra las periodistas, y la cual se invisibiliza al considerarse de “menor gravedad”, sin entender los obstáculos estructurales que naturalizan la violencia sumada a la desigualdad, apuntó González Barrera.
Abundó que las agresiones al ejercicio periodístico se justifican como “gajes del oficio”, y colocan a las periodistas en situación de desventaja y las alejan del acceso a la justicia.
La especialista explicó que según el estudio de CIMAC “Violencia e impunidad contra mujeres periodistas en México”, las agresiones registradas en contexto de cobertura e investigación fueron cometidas en su mayoría por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
También agregó que los casos documentados de violencia contra las reporteras ocurrieron durante protestas sociales o movilizaciones.
*Integrante de la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género.
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mayo 2016
“Ella se subió voluntariamente a mi auto”, dijo como excusa el joven detenido por la violación tumultuaria del llamado “caso Porkys”, en Veracruz.
“Se lo buscó por desobediente”, expresó ante un juez el asesino confeso en Oaxaca.
“Para qué se mete a un bar lleno de hombres que están bebiendo si no buscaba que la violaran”: joven en Facebook sobre una violación tumultuaria en la Ciudad de México.
“Ella me provocó al denunciarme por castigarla. Era mi esposa, sabía cuáles eran sus obligaciones”: ex esposo asesino sentenciado en Cancún.
“Las compro en Argentina, Colombia, México. Las viejas así de bellas son las mejores putas, así me hice millonario”: Raúl Martins a dos clientes en su burdel de Cancún.
“Para qué se ponen minifaldas, si caminan en la madrugada saliendo de la maquiladora”: el ex gobernador de Chihuahua Francisco Barrio, luego de las desapariciones convertidas en casos de feminicidio.
“Ojalá te violen maldita feminazi”: anónimo en Twitter a periodista que defiende acciones contra la violencia sexista.
“Ese tema (el feminicidio) no es importante ahora. Lo urgente es la batalla por el petróleo”: Andrés Manuel López Obrador.
“No vamos a discutir tonterías (el feminicidio en el Estado de México); debemos enfocarnos en el crecimiento económico”: Emilio Gamboa en el restaurante del Senado.
“Bueno, no hay mujeres en el Colegio Nacional porque no encontramos muchas que merezcan el reconocimiento”: frase escuchada durante un evento de intelectuales en el Colegio Nacional de México.
“No eran mujeres decentes, eran putas”: diputado panista a un reportero, hablando sobre la contratación de bailarinas exóticas.
“Esta vieja es una puta, a ver si la meten en cintura”: gobernador Roberto Borge dando órdenes al procurador sobre la periodista Norma Madero.
“Pinche vieja, ojalá te violen y te corten en pedacitos por marrullera”: amenaza recibida en mi blog por denunciar el incremento de la pornografía infantil.
“¿Querías rebelarte, pinche vieja? Para que veas quién manda”: soldados a mujer indígena de Chiapas después de violarla.
“Un putero, una lavandería, un putero, una lavandería… así es como voy a mejorar la economía”: video clandestino del entonces candidato presidencial Mauricio Macri durante las elecciones en Argentina.
“Si son putas ¿para qué denuncian que las violaron los agentes?”: jefe regional del Instituto Nacional de Migración sobre víctimas adultas de trata explotadas en un burdel en Playa del Carmen.
Mientras las mujeres que marchan contra el feminicidio reciben insultos y amenazas, los hombres que podrían impulsar el cambio entre los otros hombres guardan silencio o se evidencian.
La opresión y el incremento de la violencia feminicida no es casualidad: el machismo mata, la ideología machista genera impunidad. El silencio masculino sobre la violencia machista es parte del problema: siete mujeres asesinadas a diario por hombres que las conocen.
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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Aumenta Tamaulipas a 50 años pena de prisión por feminicidio
A quien cometa el delito de feminicidio en el estado de Tamaulipas podría alcanzar una pena máxima de 50 años de prisión, luego de que el Congreso local homologó el Código Penal de la entidad con el federal.
En sesión ordinaria, el pleno legislativo amplió las características para acreditar el delito de feminicidio, y para todo aquel servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, estableció prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, así como su destitución e inhabilitación de tres a 10 años para desempeñar otro cargo público.
El dictamen de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo estatal y las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista fue aprobado por unanimidad.
Para quien cometa el delito de feminicidio, que anteriormente se sancionaba con 30 años de prisión, el pleno estableció una pena de 40 a 50 años de cárcel y de 500 a mil días de multa, pérdida de la patria potestad en el caso de que tenga hijos con la víctima y de todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio (herencia).
Con estas modificaciones, el artículo 337 Bis establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; cuando haya antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del agresor contra la víctima, y haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza.
También cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y el cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Medios locales han informado que en lo que va de la administración del gobernador Egidio Torre Cantú, los casos de feminicidio en Tamaulipas han aumentado en diferentes ciudades de la entidad.
Así, diputadas han alertado que la violencia de género en el estado es muy grave, ya que en 2015 la Procuraduría de Justicia local integró más de 600 averiguaciones por homicidios dolosos de mujeres, y ningún caso fue consignado como feminicidio.
“NO SE PUEDE NEGAR LO INNEGABLE”
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, la priista Olga Patricia Sosa Ruíz, quien abanderó la reforma para garantizar justicia con perspectiva de género en materia de feminicidio, dijo que este delito constituye un grave problema de cultura, machismo y educación.
“No se puede negar lo innegable y no debemos voltear la vista hacia otro lado sólo para no ver lo que se encuentra frente a nosotros”, dijo la legisladora al afirmar que en México a diario se generan historias desgarradoras de violencia contra las mujeres.
Con la reforma, dijo Sosa Ruíz, hemos dado un gran paso en la lucha contra este delito que se comete contra muchas mexicanas, y Tamaulipas no tiene por qué esperar a que una resolución de carácter internacional nos obligue a implementar acciones para erradicar el feminicidio.
La también diputada priista María del Rosario Meza García subió a la tribuna para pronunciarse a favor de la reforma, que eleva las penas y tipifica con mayor claridad el feminicidio. Recordó el asesinato de su tía Lourdes por parte de su esposo.
“Hoy alzamos la voz por aquellas mujeres que murieron en el anonimato, por aquellas a las que le llego tarde la justicia, por las de Juárez, por las del Estado de México, de Chiapas, por Lourdes García Gallardo, mi tía asesinada por su esposo con un arma punzocortante. La mató con saña después de vivir durante años en un ambiente hostil de violencia familiar; a ella no le alcanzó la vida para liberarse de esas ataduras”, expresó.
La legisladora destacó la importancia de que los crímenes por razones de género se diferencien de los homicidios comunes, porque son resultado de un maltrato físico reiterado, “representan el odio y la ira hacia la mujer por su condición de mujer”.
OTRAS REFORMAS
En el mismo dictamen, se aprobó el paquete de reformas promovidas por el Ejecutivo estatal. Del Código Civil local se sustituyó el término de violencia intrafamiliar por violencia familiar; se eliminó el plazo de un año como requisito para tramitar el divorcio administrativo, y se prohibió la celebración del matrimonio entre menores de edad, entre otras.
Del Código Penal estatal, además de la homologación de esta norma local con la federal en materia de feminicidio, se sustituyó la denominación de impudicia por abuso sexual; se aprobó el pago de la reparación del daño a víctimas del delito de violencia familiar, y se tipificó el delito de fraude familiar.
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Cada 28 de Mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instaurado en 1987 por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos para recordar a los Estados sus obligaciones en la materia, sin embargo, en México no se garantiza el derecho a un aborto para las víctimas de violación sexual, por el contrario, pretenden restringirlo aún más.
En un intento por negar este derecho a las mexicanas, el Congreso de Aguascalientes interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Norma Oficial Mexicana “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, mejor conocida como NOM-046.
Apenas el 24 de marzo en el DOF se publicó la actualización de la NOM-046, con la que la Secretaría de Salud eliminó el requisito para que la niña o mujer víctima de violación presentara una denuncia penal y/o tuviera la autorización de la autoridad competente para acceder al aborto legal.
Con la modificación, ahora las niñas mayores de 12 años y las mujeres víctimas de violencia sexual podrán solicitar la interrupción del embarazo sólo por escrito, bajo protesta de decir verdad. En el caso de las menores de 12 años, el proceso debe ser autorizado por los padres o tutores.
Los cambios a la NOM-046, impulsados por activistas que defienden y promueven los Derechos Humanos de las mujeres, tienen como fin facilitar a mujeres, niñas y adolescentes el acceso al aborto legal, y agilizar el proceso para evitar que continúe la gestación.
Pero el Congreso de Aguascalientes y legisladoras y legisladores en otras entidades advirtieron una supuesta “falta de claridad” de la Norma, y afirmaron que sólo al estado le compete legislar en materia de aborto.
El reclamo proviene –en su mayoría– de representantes del PAN. En Chihuahua, el diputado Rogelio Loya llamó a PGR y CNDH a interponer recursos contra la NOM-046; en Guanajuato, la diputada Estela Chávez condenó las modificaciones al asegurar que se violenta la soberanía estatal; y en Tabasco, la legisladora Solange Soler pidió al Congreso exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efecto la reforma.
En general, las y los diputados han expuesto que con los cambios se permitirá que cualquier mujer se diga víctima de violación y, sin denuncia de por medio, se realice un aborto.
El 5 de mayo el Congreso de Aguascalientes interpuso la controversia constitucional (juicio que se promueve cuando se suscitan conflictos entre poderes o ámbitos de gobierno) ante la SCJN. El recurso quedó registrado en el expediente 45/2016.
De prosperar la controversia la Corte podría determinar que la Norma no se aplique en Aguascalientes, o bien que se deje sin efecto en todo el país.
REALIDAD
La NOM-046 se creó en 2009 luego del llamado caso Paulina, una niña de 13 años que el 13 de julio de 1999 fue violada sexualmente en Baja California (BC), y a quien las autoridades le negaron el derecho al aborto legal.
En 2002 el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2006 México firmó un acuerdo en el que se comprometió a actualizar la entonces vigente NOM-190-SSA1-1999, sobre atención médica a la violencia familiar. Así surgió la NOM-046.
Pero después de Paulina siguieron casos similares. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi, para 2014 se registraron 9 mil 581 violaciones sexuales, es decir 26.2 agresiones al día. Las estadísticas no precisan cuántos de estos casos terminaron en embarazo y cuántas mujeres accedieron al aborto.
De acuerdo con el informe “Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México”, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la obligatoriedad de una autorización por parte del MP o un juez para acceder al aborto, entorpece el proceso y deriva en negación de derechos.
GIRE indica que de las 32 procuradurías de Justicia en México y la PGR, sólo seis reportaron haber emitido alguna autorización de aborto por violación entre agosto de 2012 y diciembre de 2013: BC (1), Chihuahua (2), DF (2), Oaxaca (4), Puebla (1), y SLP (2); es decir, únicamente 12 autorizaciones en ese periodo.
Es por ello que los cambios a la NOM-046 buscan evitar que las niñas y mujeres sean obligadas a ser madres, una realidad creciente pues entre 2006 y 2014 casi 100 mil menores de 15 años dieron a luz, y entre 2013 y 2014 se registraron 364 partos de niñas de 10 años, según el reporte “Embarazo y maternidad en la adolescencia”, de Save the Children.
Aunque no hay más datos sobre estas niñas-madres, la organización alerta sobre su edad y la posibilidad de que la mayoría de estos casos se deban a violaciones. Se suma que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 del Inegi asienta que 91.1 por ciento de los delitos sexuales no se denuncia.
Save the Children destaca la importancia de que la Norma permita que ahora las adolescentes de 12 años o más puedan acceder a la interrupción del embarazo sin necesidad del permiso de sus padres o tutores.
No es la primera vez que grupos conservadores se resisten a que las víctimas accedan al aborto. El 11 de junio de 2009 el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González, presentó también una controversia constitucional para solicitar la invalidez de la NOM-046.
El mandatario panista demandó al Ejecutivo federal al argumentar que invadía competencias de los estados, pues son los congresos locales los encargados de legislar sobre violencia sexual, y porque –sostuvo– “se regulaba un delito y no un tema de salud”.
Pero en mayo de 2010, la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la NOM-046 al ratificar que las instituciones de salud están obligadas a ofrecer información previa, anticoncepción de emergencia, y la interrupción del embarazo a las víctimas de violación, por lo que se prevé que la nueva andanada conservadora se deseche.
Incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señaló que la Norma acata la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, así como su Recomendación General 24 sobre la salud de las mujeres.
La norma también responde a la Recomendación de 2015 emitida por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en la que se pidió a México armonizar la legislación federal y estatal, a fin de despenalizar y permitir el aborto legal en casos de violación, incesto y peligro para la vida y la salud de las niñas, así como que este derecho no requiera la autorización de un juez o fiscal.
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Mabel Cáceres gana Premio a la Valentía en el Periodismo
Nueva York, EU.- Por su labor periodística durante más de 20 años sobre la explotación de recursos naturales y la corrupción en el gobierno peruano, la periodista Mabel Cáceres Calderón ganó el Premio a la Valentía en el Periodismo, otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés).
Cáceres Calderón estudió periodismo en la Universidad Católica Santa María; es fundadora y editora de la revista independiente El Búho; y fue directora y productora de TV UNAS. Ha enfrentado amenazas de muerte, demandas por difamación y repercusiones financieras debido a su trabajo. Recibirá el premio en octubre próximo.
Feministas brasileñas se solidarizan con Dilma Rousseff
Brasilia, Bra.- Integrantes de grupos feministas y defensoras de Derechos Humanos (DH) brasileñas expresaron en una misiva su solidaridad con Dilma Rousseff, destituida como presidenta por el Senado el pasado 12 de mayo, al considerar el hecho como “un grave retroceso de la democracia en el país”.
Las mujeres repudiaron las distintas formas de violencia política y de género contra Rousseff, ya que ninguna democracia que se respete puede permitir eso, indicaron. Llamaron a la solidaridad internacional por la lucha y resistencia en Brasil por parte de las organizaciones que trabajan por los DH, la democracia y la justicia de género, social, racial, ambiental y política.
Asesoría jurídica gratuita para mujeres en juicios de divorcio
Ciudad de México.- La asociación civil Atención Legal y Psicológica Integral (ALPsI) otorgará a mujeres que han sufrido violencia en el hogar y de escasos recursos, becas para asesoría y representación jurídica en juicios de divorcio.
Algunos de los requisitos para acceder a esos servicios son: juicios de primera vez; que vivan en Iztapalapa en esta ciudad y los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México; y que por último agenden una cita. Los servicios se brindarán de manera gratuita hasta el próximo 30 de junio. Más informes en www.alpsi.org o al teléfono 26037396.
Cerca de 1,500 candidatas compiten en Tamaulipas
Cd. Victoria, Tamps.- En los comicios locales del próximo 5 de junio competirán por un puesto de elección popular mil 440 candidatas, informó María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas.
De ellas, mil 255 contenderán para el cargo de regidoras o síndicas; 122 para alcaldesas, y 63 para diputadas locales por la vía de representación proporcional. (Con información del portal de noticias RedTamaulipas)
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Decenas de agrupaciones del continente integradas en la Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de la sociedad civil, llamaron a los Estados a crear un fondo para atender la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una carta abierta, las organizaciones urgieron a financiar a la CIDH, uno de los principales órganos de protección de los Derechos Humanos (DH) que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el último recurso de defensa de las víctimas del continente ante la falta de justicia en sus respectivas naciones.
Destacaron la importancia de este mecanismo continental que se ha convertido en un referente internacional por su gran labor de protección de mujeres y niñas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad lésbico-gay, y las personas activistas, entre otros colectivos.
Este lunes 23 de mayo, la CIDH anunció que está en una crisis financiera y que el próximo 31 de julio se vencen los contratos del 40 por ciento de su personal y no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los periodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de este año.
Para las víctimas de violaciones a DH en nuestro país la CIDH ha sido el organismo clave para encontrar justicia, tan es así que en los recientes cuatro años, de 2012 a 2015, México ha sido la nación con más peticiones al respecto, al sumar en este periodo 2 mil 440 solicitudes para que se analicen sus casos.
Apenas en 2015 el organismo recibió 2 mil 164 peticiones, de las cuales 849 eran de personas de nacionalidad mexicana que alegaban que el Estado mexicano violó sus DH, y al no encontrar una respuesta buscaron la intervención de la Comisión.
Sin embargo, un caso ante la CIDH puede durar hasta ocho años de trámite, desde que se presenta hasta que se obtiene una respuesta, ya que la demanda sobrepasa la capacidad del personal, y es que tan sólo cuenta con 21 personas para realizar los miles de procedimientos, y las cuales prevé reducir a siete.
EXPEDIENTE MÉXICO
Hasta ahora seis casos mexicanos han sido llevados hasta el último proceso. Una petición se presenta ante la CIDH, pero después de su análisis el caso puede ser remitido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que tiene la facultad de emitir sentencias contra los Estados, y ordenarles indemnización y reparación del daño.
El primer caso en pasar todo el proceso fue del político Jorge Castañeda, a quien se le negó su derecho a ser candidato independiente a la Presidencia de la República en 2006, por lo que el 6 de agosto de 2008 la CoIDH le dio la razón y pidió que hubiera mecanismos judiciales para respetar su derecho a la elegibilidad.
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió la sentencia por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos en 2001. En su fallo, el organismo ordenó garantías de no repetición al pedir que se creara un banco de datos sobre mujeres y niñas desaparecidas, un banco de información genética, y un programa de búsqueda, entre otras medidas.
La segunda sentencia contra el Estado mexicano se dictó el 23 de noviembre de 2009 por la desaparición del líder social Rosendo Radilla Pacheco a manos presuntamente del Ejército en 1974. En este caso se ordenó una reforma al fuero militar para que las violaciones a DH cometidas por soldados se investigaran ante tribunales civiles.
El 30 y 31 de agosto de 2010, la CoIDH emitió dos sentencias por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas violadas sexualmente por militares en 2002. En esta ocasión también se ordenaron reformas en materia de justicia militar y la creación de un centro comunitario de salud, entre otras acciones.
La más reciente condena fue por la detención arbitraria y tortura a Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, campesinos ecologistas de Guerrero que fueron violentados por el Ejército. La Corte también emitió recomendaciones para evitar la repetición de estos casos.
En trámite ante la CIDH están casos emblemáticos de violaciones a DH, como la denuncia de 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México; el presunto asesinato de la defensora Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001; y la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, en Chihuahua en 2009.
También al organismo siguen llegando casos de feminicidio y desaparición de mujeres, como el asesinato de Paloma Angélica Escobar, en la ciudad de Chihuahua en 2002, expediente que está en trámite ante la CIDH.
Igualmente, la Comisión otorga medidas de seguridad a víctimas o activistas en riesgo por denunciar las violaciones a las garantías humanitarias.
Así, las organizaciones nacionales e internacionales aseguraron que este mecanismo tiene un rol no sólo en el ámbito de protección de los DH, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, que alcanza a casi mil millones de habitantes en el continente.
Pese a ello, la CIDH ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones, por lo que las agrupaciones afirmaron que esta crisis es una oportunidad para consolidar el compromiso con los DH en América.
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En 13 años, de 2002 a 2014, en el estado de Veracruz han muerto 84 mujeres por abortos inseguros, decesos que no ocurrirían si las autoridades garantizaran el derecho a la salud para la población femenina, y si no criminalizaran la interrupción del embarazo, dijo Julia Escalante de Haro, coordinadora de política y abogacía de la organización civil Ipas-México.
En una videoconferencia realizada a propósito del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Ipas-México –integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres (una red que aglutina a 10 grupos civiles)– advirtió que el gobierno de Veracruz tiene la obligación de prevenir las muertes maternas y los decesos por aborto.
Escalante de Haro señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y del Sistema Nacional de Información en Salud, 15 por ciento de las mujeres que fallecieron por aborto eran menores de 19 años de edad, y 4.7 por ciento hablaban alguna lengua indígena.
La experta criticó que en enero pasado el gobernador Javier Duarte propusiera una iniciativa para reformar el artículo cuarto de la Constitución local, para “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” –modificación aprobada en primera vuelta el 21 de enero y en espera de ratificación en segunda vuelta en el Congreso estatal–, porque –alertó– criminalizaría a las mujeres por decidir interrumpir sus embarazos.
En vez de aprobar esa iniciativa, observó Julia Escalante, se deberían tomar medidas para prevenir el embarazo no deseado, no planeado o forzado, impulsar programas de educación integral en sexualidad, y garantizar el acceso pleno a la anticoncepción y la planificación familiar.
A decir de la activista, también es necesario asegurar el aborto legal porque hasta las mujeres que usan anticonceptivos y tienen acceso a consejería deben tener esta opción. Recordó que Veracruz fue una de las primeras entidades en reconocer legalmente la violencia obstétrica, por lo que resulta contradictorio que el Congreso pudiera criminalizar a las mujeres.
El pasado 12 de marzo se tenía previsto que la iniciativa de Duarte se ratificara en segunda vuelta, pero obispos católicos informaron que la votación se aplazaría hasta después de las elecciones locales del próximo 5 de junio.
Escalante de Haro apuntó que la simple presentación de esa reforma contraviene las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en 2012 instó al Estado mexicano a homologar sus leyes en materia de embarazo favoreciendo la autonomía de las mujeres.
Este año, abundó la experta, el Estado mexicano deberá rendir un informe a ese Comité sobre el cumplimiento de la CEDAW, por lo que advirtió que deberá explicar la razón de aprobar esta reforma y la falta de políticas públicas, para evitar las muertes por aborto en un contexto donde –para colmo– Veracruz ha reducido en 69 por ciento su gasto en salud.
Recordó que a nivel estatal la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) analiza una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, que fue solicitada por grupos civiles el pasado 5 de abril, ante la negación del derecho a la interrupción del embarazo a las víctimas de violación sexual, y las penas de cárcel que se imponen a las acusadas del delito de aborto.
16/AGM/RMB
Alicia Bárcena, posible candidata a secretaria general de la ONU
La oficialización esta semana de la candidatura de la argentina Susana Malcorra para la Secretaría General de la ONU y el anuncio de la mexicana Alicia Bárcena de aspirar al mismo cargo, colocan a América Latina en la carrera por el puesto.
El pasado lunes, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó la incorporación a la lista de candidaturas de la actual canciller de Argentina y ex jefa de Gabinete del secretario general Ban Ki-moon, quien en diciembre próximo concluye su segundo mandato de cinco años.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) manifestó el mismo día su disposición a competir por el cargo. “Sería para mí un honor, pero no depende de la persona, sino del gobierno y del país y sus prioridades; eso es importante que México lo defina”, acotó entonces Bárcena.
Hasta ahora, la Asamblea no ha oficializado la incorporación de la bióloga y diplomática mexicana a la carrera por el máximo cargo de la organización que aglutina a 193 Estados, lo cual sólo se hace si el gobierno en cuestión presenta la solicitud.
Por tanto, con Malcorra suman 10 las y los aspirantes al puesto: Vesna Pusic (Croacia); Natalia Gherman (Moldavia); Helen Clark (Nueva Zelanda); Irina Bokova (Bulgaria); Igor Luksic (Montenegro); Antonio Guterres (Portugal); Danilo Turk (Eslovenia); Srgjan Kerim (Macedonia), y Vuk Jeremic (Serbia).
Hace pocos días, el presidente de la Asamblea General en su 70 periodo de sesiones, el danés Mogens Lykketoft, adelantó que faltaban al menos dos candidatos por anunciar, aunque descartó entrar en detalles bajo el argumento de que son los gobiernos los encargados de dar la noticia.
Tal vez Malcorra y Bárcena sean las personas a las que se refirió Lykketoft en sus declaraciones a la prensa, o tal vez falte algún otro aspirante por oficializar.
El peruano Javier Pérez de Cuellar encabezó la ONU durante dos periodos, 1982-1986 y 1987-1991, el único latinoamericano en hacerlo en las siete décadas de existencia del ente mundial.
Según una rotación geográfica no reflejada en documento alguno, pero generalmente aceptada, correspondería a Europa Oriental aportar el próximo secretario general, pero ya van tres pretendientes de otras partes del mundo, todos con buenas opciones.
Otro tema que cobra una fuerza sin precedentes es el reclamo de que por primera vez una mujer llegue al cargo, en sintonía con los esfuerzos de la ONU a favor de la equidad de género y el empoderamiento femenino.
En este escenario, no debe perderse de vista que la mitad de aspirantes son mujeres, algunas, como la neozelandesa Clark, la búlgara Bokova y la propia Malcorra, con comentarios de diplomáticos, especialistas y periodistas muy favorables.
PROCESO INÉDITO
El proceso para definir la Secretaría General ha sido muy criticado por la mayoría de las naciones, dado el tradicional y casi exclusivo protagonismo del Consejo de Seguridad, y en particular de las cinco potencias con escaño permanente y derecho a veto (Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido).
Con la resolución 69/321 de 2014, de la Asamblea General, la comunidad internacional sentó las bases para una manera más abierta de elegir el máximo cargo de la organización, aunque nadie duda de que el Consejo mantendrá la última palabra en el tema.
Además de buscar transparencia, el fin es alcanzar una mayor participación en el proceso. En este sentido, en abril pasado se celebraron tres sesiones, calificadas de inéditas, en las cuales los nueve aspirantes confirmados entonces expusieron su visión del puesto a los Estados miembros y a la sociedad civil.
Las y los candidatos señalaron sus prioridades y posturas de cara a grandes preocupaciones de la humanidad, como la paz, el desarrollo inclusivo, y la lucha contra la pobreza y el terrorismo, y respondieron preguntas al respecto.
Para Lykketoft, este proceso público ayudó a conocer a las y los aspirantes y a elegir al mejor de ellos para guiar a la ONU los próximos cinco años, con posibilidades de un segundo mandato.
El o la secretaria general debe tener independencia, autoridad, habilidades políticas y diplomáticas y experiencia en dirección, requisitos que las y los nominados reúnen, subrayó.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea General, en junio próximo volverán a realizarse las consultas públicas, con las y los candidatos incorporados a la lista después de abril. Se espera que en julio el Consejo de Seguridad active su mecanismo para elegir a la o el candidato, quien deberá ser confirmado por la Asamblea para asumir el cargo el 1 de enero de 2017.
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Académicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) que participaron en el “Primer Coloquio de Acosos Universitarios” –que concluyó hoy en esta institución– calificaron de “apresurada e incompleta” la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres”, lanzada por el Gobierno capitalino.
Tal estrategia contempla la entrega de silbatos para que las mujeres alerten cuando sean víctimas de acoso sexual en el transporte o la vía pública.
Consultadas por Cimacnoticias, investigadoras y académicas de la ENAH consideraron que la medida es “apresurada”, y que por sí sola parecería que deja a las mujeres la carga de la denuncia al activar el silbato en caso de ser víctimas de acoso.
Agregaron que la estrategia debería ampliarse y ser parte de una política o programa que responsabilice a los acosadores de sus actos.
“Se ha hecho en otros países y ha funcionado. Pero creo que es una medida apresurada que tiene el sesgo de hacer responsable a la víctima de la agresión. Porque si tienes el silbato te pueden cuestionar por qué no silbaste a tiempo. Creo que las mujeres tenemos demasiadas responsabilidades sobre nuestros hombros, (…) vamos a darles responsabilidades a ellos también. Como única medida no creo que resuelva nada. Tenemos que cambiar la cultura”, dijo la doctora Florencia San Martín.
La investigadora social Paloma Escalante apuntó: “Si se toma como medida es muy graciosa. Pero escuchaba a (la secretaria de Gobierno local) Patricia Mercado explicando que esto es parte de una estrategia más amplia. Habría que conocerla. Pero que haya 15 mil silbatos para una población de 10 o 20 millones para el área metropolitana parece ridículo.
“Dicen que es un plan piloto. Entonces habrá que esperar si funciona. Si la idea es que alguien alrededor que vea que una mujer sea acosada silbe, puede ser una estrategia que estimule la solidaridad. En primera lectura puede parecer que le dan la responsabilidad a las mujeres. Y pues podemos esperar a conocer la estrategia completa y dar el beneficio de la duda”.
En su ponencia “Violencia en las instituciones de nivel superior, experiencias y posibles soluciones”, la doctora Rosalía Carrillo se refirió a la “Estrategia 30-100” como una política más que responsabiliza a las mujeres.
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Los acosos y hostigamientos de índole sexual en el ámbito universitario y en la comunidad requieren de una atención multidisciplinaria, se concluyó en el “Primer Coloquio de Acosos Universitarios”, celebrado hoy en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en esta capital.
Especialistas y personas de la academia señalaron que el acoso en todas sus formas y ámbitos requiere de reformas legislativas para proteger a las víctimas, y de información para saber cómo actuar ante este delito, además de la implementación de protocolos institucionales.
Los días 26 y 27 de mayo se realizó el “Primer Coloquio de Acosos Universitarios”, con la coordinación de diversos programas de investigación y el Comité Estudiantil de la ENAH.
Hubo conferencias y se presentaron investigaciones sobre el acoso y hostigamiento sexual en los ámbitos educativo y comunitario, por parte de académicas de diferentes universidades.
La doctora Florencia Peña Saint Martín habló sobre como el “mobbing” (acoso en el medio laboral) es una violencia que surge a partir de grupos organizados que ven como amenaza a una persona que sea diferente a ellos.
Puso como ejemplo a una persona honesta en un ambiente corrupto, o a alguien propositivo en instituciones muy inerciales, es decir, una víctima de acoso grupal que no todo el tiempo es débil o poco participativa.
Peña Saint Martín explicó que las investigaciones se han enfocado más en el personal docente, pero también hace falta estudiar este tipo de violencia en la comunidad estudiantil y en otros círculos, como las instancias paraestatales o la iniciativa privada.
Dijo que en el caso de una estudiante que decidió denunciar acoso sexual de parte de un profesor, sufrió también violencia grupal, cuando los profesores compañeros del acosador se unieron para de alguna manera expulsar a la alumna que denunció el hecho, por lo que la joven es revictimizada.
Por su lado, la doctora María Alejandra Sánchez dijo que hace falta difundir los Derechos Humanos y la manera de actuar cuando se es víctima de acoso y hostigamiento sexual.
Entre los pasos a seguir –según Sánchez– está reconocer “si estamos viviendo acoso”, lo cual es difícil de enfrentar para las víctimas. Después, llevar una bitácora de los sucesos o acciones a los que se enfrentan y del lugar donde se da el acoso. Discutir la situación con otras personas, y denunciar ante los supervisores o autoridades, además de presentar una queja formal.
Adina Barrera, de la Red No Estás Sola, de la UNAM, expuso que se requieren reformas legales para reforzar la protección a las víctimas, porque a pesar de las convenciones en la materia que ha firmado México y las leyes federales vigentes, se sigue vulnerando y cuestionando a las mujeres que se atreven a denunciar.
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