Con una inversión de dos millones 498 mil 329 pesos para comprar 31 mil 600 silbatos –entre otras medidas para prevenir el acoso sexual en el transporte público– el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que logró 202.3 millones de viajes seguros en seis sistemas de transporte público.
De acuerdo con el informe de la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos” desde que se lanzaron estas medidas, el 25 de abril, hasta julio de este año se reforzaron o mejoraron acciones para garantizar la seguridad de las mujeres que, cabe decir, ya existían desde años atrás.
En el caso del silbato “Vive Segura”, que tuvo un costo de 70 pesos por pieza, se anunció como una herramienta preventiva y disuasiva para generar ruido a la hora de pitar y así alertar a los policías y a la comunidad en general, de situaciones donde las mujeres estuvieran en riesgo o frente a una amenaza.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, hasta agosto de 2016 se habían comprado 31 mil 600 silbatos de la marca Fox 40 pearl, cada pieza con un valor de 70 pesos aunque se adquirieron tres paquetes y los que se compraron en julio tuvieron un costo de 63 pesos.
La compra de los tres paquetes de silbatos, uno de 9 mil 600 unidades, otro de 7 mil y uno más de 15 mil, se hizo a la empresa Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V, una paraestatal del Gobierno capitalino que ofrece servicios de impresión, holografía y troquelado, es decir de estampado o creación de imágenes.
Del 30 de mayo en que se anunció esta medida y hasta el 5 de agosto, el silbato –de color rosa, con la leyenda impresa “Vive Segura” y con un cordón– fue distribuido a usuarias en los diferentes sistemas de transporte, principalmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCM).
En total se han entregado 39 mil 313 silbatos a diferentes dependencias del Gobierno de la CDMX, de ellos, 25 mil 851 se distribuyeron a usuarias de transporte público.
Las estadísticas del Gobierno capitalino y del Instituto de las Mujeres local, señalan que del total de silbatos entregados en el STC Metro, 95 por ciento los recibieron mujeres y 5 por ciento hombres, en particular 32.3 por ciento de las capitalinas que lo recibieron tenían entre 40 y 54 años de edad.
Además, 57 por ciento de la población que recibió esta herramienta por parte del STC-Metro radica en la Ciudad de México y 38.1 por ciento reside en el Estado de México; mientras que el resto era de otra entidad o no proporcionó la información.
En el informe de resultados que se presentó a 121 días del lanzamiento de la Estrategia, se informó que en abril se presentaron 30 averiguaciones previas por el delito de abuso sexual, en mayo aumentaron a 47, en junio bajaron a 20 y en julio hubo un repunte a 25, según la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Significa que con todo y las estrategias anti-acoso se presentaron menos denuncias aunque de acuerdo con las estadísticas oficiales, en el mismo periodo de enero a julio de 2015 se presentaron 93 averiguaciones previas mientras que de enero a julio de 2016 fueron 176.
16/ AGM/LGL
agosto 2016
Vence plazo para actualizar equipamiento de los laboratorios del IMSS
Laboratoristas del Hospital General de Zona Número 8 denunciaron que el pasado 18 de agosto venció el plazo para la renovación del equipo que utilizan para analizar las muestras, lo que continúa provocando rezagos en la entrega de resultados ya que continúan laborando con el equipo anterior.
Durante una reunión que sostuvieron las y los laboratoristas de diferentes unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para revisar y reunir documentación de las irregularidades que hay en el proceso de subrogación de su área, reportaron ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que había un retroceso tecnológico entre el equipo que les instalaron con la entrada en vigor de la licitación LA 019GYR988-T3-2015 y el que tenían antes.
En la reunión también hablaron de las amonestaciones e interrogatorios a los que han sido expuestas las y los trabajadores que se han manifestado contra la licitación y que dichos interrogatorios son realizados por el área de “Honor y Justicia”.
Como respuesta, el CEN emitió un comunicado donde aseguró que se actualizaría el equipamiento de los laboratorios de segundo nivel de atención en un plazo no mayor de 30 días.
De acuerdo al grupo de laboratoristas de la Clínica 8 ese plazo ya venció el pasado 18 de agosto y no fue cumplido. Explicaron que eso provoca un rezago en su trabajo y con ello también aumentan los tiempos para la entrega de los resultados y diagnósticos.
Por ejemplo, reportaron un retraso en el procesamiento para poder tener resultados de las muestras que analizan a diario, debido a que el equipo que tienen ahora son modelos más viejos que los anteriores y no tienen la misma capacidad y funciones.
Explicaron las descripciones técnicas de cuatro equipos de laboratorio clínico como el de hematología, uroanálisis, química clínica y coagulación (Cimacnoticias cuenta con un archivo de fotografías recientes del equipo técnico que instalaron en el Hospital General de Zona Número 8 y del equipo anterior).
Por ejemplo señalan que el equipo de “coagulación” que tenían antes era un “ACL 7000”, con el que procesaban 8 muestras en 12 minutos, ahora tienen un “Stago STart” con el que analizan 8 muestras en 40 minutos.
Lo anterior se traduce a un total de más de 10 horas invertidas para analizar un promedio de 270 muestras relacionadas a la coagulación que tienen que procesar por día.
Para “uroanálisis” (muestras de orina), tenían el equipo Urisys 2400 y ahora cuentan con un COBAS U-411, cuyo manejo es manual y hace que sea más tardado el procesamiento de 150 pruebas que trabajan diariamente.
También dijeron que antes contaban con el equipo VITROS ECiQ para procesar pruebas de inmunología y ahora no tienen equipamiento, ni reactivos para poder trabajar esas muestras.
El desabasto de reactivos no les permite analizar pruebas como las de VIH, HCV, AgHB, Perfil Tiroideo, Hb-Glicosilada, Factor reumatoide y otras.
16/GVV/LGL
Inmujeres-DF presenta aplicación para dispositivos móviles “Vive Segura CDMX”
Ciudad de México.- El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) dio a conocer una aplicación para dispositivos móviles que utilicen sistema operativo Android, la cual contiene información sobre Derechos Humanos de las mujeres y un directorio de servicios de atención a víctimas de violencia.
Las usuarias de la aplicación, podrán reportar en línea situaciones de acoso o violencia sexual en espacios públicos y transporte público de la capital, además de poder acceder a un Ministerio Público Virtual para formalizar las denuncias.
Con la información recabada se podrán identificar situaciones y zonas de riesgo para niñas y mujeres en la capital mexicana.
Para descargar la aplicación visita www.vivesegura.cdmx.gob.mx
UNAM convoca a concurso “Cuerpo y mentes en movimiento”
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsDF) convocaron a la comunidad universitaria a participar con documentales en el concurso “Cuerpos y mentes en movimiento”.
A través de documentales con duración de 1 a 3 minutos los participantes reflexionarán sobre los estereotipos femeninos y masculinos en el deporte y la violencia de género, y tendrán que proponer acciones concretas para promover un cambio cultural.
Se puede participar individualmente o en grupo y los trabajos tienen que haber sido realizados a través de celulares, cámaras fotográficas o videocámaras domésticas. Fecha límite para concursar el 16 de octubre de 2016. Más información en: http://www.pueg.unam.mx/images/pdf/CONVOCATORIA_cuerpo-final.pdf
Centro Prodh realizará encuentro de personas defensoras de Derechos Humanos en Veracruz
Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y otras organizaciones civiles llevarán a cabo el 9 y 10 de septiembre en la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, el “Tercer Encuentro Regional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Veracruz”.
Durante el evento, personas defensoras de Derechos Humanos (DH), integrantes de colectivos, movimientos, académicas e investigadores compartirán experiencias y debatirán sobre las acciones y promoción de los DH en el estado.
Para inscripciones y más información llamar al teléfono 01 (55) 5546 8217 extensión 102 o 120.
16/GMV/LGL
Parques eólicos devastan a las comunidades, denuncia defensora ante ONU
María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunció ayer, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
Ella es María Isabel tiene 44 años de edad, es médica tradicional, cuidadora, tejedora de trajes típicos, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y defensora comunitaria en el Istmo de Tehuantepec, ubicado a 276 kilómetros del centro de Oaxaca.
La tarde de ayer, vestida con un huipil morado que ella misma tejió, se reunió en la Ciudad de México con personas expertas independientes que representan al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, quienes por primera vez visitan México para observar los abusos que la inversión privada ha cometido contra personas y comunidades.
Ante ellos, María Isabel dijo: “la consulta indígena que se aplicó en Juchitán (para la construcción de un parque eólico), nuestra preocupación es que no se repita en otras comunidades indígenas (…) tememos que pase en nuestros hermanos indígenas la misma situación que pasamos en Juchitán: las agresiones, las amenazas públicas que hicieron delante de la mesa pública, de las autoridades garantes. Eso supera la calidad de justicia que existe en México” aseguró.
Isabel dedica su vida y las ganancias de su trabajo como médica tradicional a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los Derechos Humanos (DH) de pescadores, campesinas y campesinos, médicas tradicionales y todas las personas que han sido afectadas por la llegada de empresas extranjeras de energía eólica al territorio.
En entrevista con Cimacnoticias, declaró que la defensa de su tierra, con todas las agresiones y formas de represión que ha traído, tiene el objetivo de dejar mejores condiciones de vida para las siguientes generaciones.
“Entendí bien que (la implementación de parques eólicos) sí afecta la naturaleza, toda nuestra vida (…) Es momento de no dejarnos, de no dejarnos esclavizar, pisotear, sino de defender nuestros derechos, el territorio. Al defender la madre tierra pues también estamos defendiendo nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló la ahora activista quien también participa en el rescate de la lengua y las costumbres indígenas de su comunidad.
Isabel relató que en 2013 un grupo de pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales –la principal fuente de ingreso para ella y su familia tras la muerte de su padre- le advirtieron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en todo México.
Unida a estos grupos, la mayoría integrados por varones indígenas zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel decidió informar a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo.
Una tarde, las bocinas locales de Juchitán anunciaron una riña entre personas de la comunidad y policías que pretendían desalojar a las y los campesinos para que la empresa Bií Hioxo, del Grupo Gas Natural Fenosa, iniciara la construcción de su parque eólico.
Como pudo, Isabel llegó al lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Encontró a personas heridas y detenidas. Usó las bocinas para pedir ayuda, dispuso que se diera atención médica por igual a uniformados y a personas de su comunidad, y pidió a un grupo de mujeres que resguardara a una mujer policía para que no la lastimaran y, al mismo tiempo, pudieran liberar a sus compañeros detenidos.
Este fue sólo uno de los múltiples episodios de represión, desprestigio y agresiones que ha enfrentado la comunidad de Juchitán, y ella directamente, por evitar que las empresas extranjeras, apoyadas por el gobierno federal, dañen la tierra que da trabajo y comida a las y los comuneros, y que además es su legado familiar.
VIOLACIONES AL DERECHO A LA CONSULTA
La llegada de empresas eólicas a México está documentada desde la gestión presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien permitió su proliferación bajo el argumento de reducir la dependencia de bienes naturales en proceso de agotamiento y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera.
Sin embargo, la expansión de parques eólicos en territorio mexicano continuó bajo el contexto de las reformas estructurales y la reforma energética que impulsó desde su llegada el actual gobierno federal encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Como parte de este modelo, en 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo en México, justamente en Juchitán, la primera consulta indígena para la implementación de otro parque eólico, el de la empresa Energía Eólica del Sur.
A la par que sucedía esta consulta, organizaciones civiles, entre ellas Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) que entonces ya acompañaba en su defensa a las y los comuneros de Juchitán, realizaron una Misión de Observación en la que comprobaron que durante la consulta el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
De acuerdo con los reportes de esta Misión de Observación en esta consulta indígena, que sería “modelo” para el resto de las consultas según anunció entonces la Secretaría de Energía, violó el derecho a una consulta previa porque diversas instancias federales cedieron el permiso al parque antes de concluir el proceso; y a la consulta libre porque se documentaron 33 incidentes de seguridad contra la APPJ.
Además se violó su derecho a una consulta informada porque las convocatorias y toda la información de la consulta se difundió sólo por internet y con un lenguaje técnico; a una consulta de buena fe porque los procedimientos no fueron claros; y a una consulta culturalmente adecuada porque la traducción al zapoteco fue deficiente y no se tomó en cuenta la representación de las autoridades de la comunidad.
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Este resultado llevó a que la APPJ, junto con ProDESC, interpusieran en 2013 y en 2015 tres amparos (557/2013; 457/2015; y 215/2015) ante los juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Oaxaca en Salina Cruz: uno por la falta de consulta y el otorgamiento de permisos para la construcción del parque eólico Bií Hioxo, y los otros dos por las violaciones a la consulta que se cometieron para la construcción del parque de Eólica del Sur, S.A de C.V.
DAÑOS IRREVERSIBLES
La infancia de Isabel, la número siete entre nueve hermanas y hermanos, está plagada de historias y juegos que mezclaba con sus jornadas diarias de trabajo infantil como vendedora, campesina y cuidadora de las hijas e hijos de sus hermanas. También la marcó la actividad del campo y la pesca, donde acompañaba a su papá –contra los prejuicios machistas de su comunidad– porque ninguno de sus hermanos lo ayudaba.
Su adolescencia fue de trabajo duro, incluso en vacaciones, con el fin de pagar sus estudios de secundaria porque no contó con el apoyo familiar. Pese a la doble jornada, Isabel participó también en la iglesia de su comunidad, donde aprendió sobre DH y cultura indígena, y se convirtió en líder juvenil.
Para pagar sus estudios como auxiliar contable, durante su juventud Isabel trabajó también dentro de la iglesia en más de un área administrativa. Ahí, una monja coreana le enseñó a curar con agujas, conocimiento que Isabel mezcló con los saberes tradicionales de su familia sobre hierbas medicinales y se convirtió en médica tradicional.
En estos años de defensa comunal, Isabel consiguió encontrar, entre la violencia y el despojo, aprendizajes de vida, como hablar español y no sólo zapoteco, conocer las leyes y a otras personas en su misma condición.
No obstante, los daños que han causado las empresas eólicas en su comunidad son “irreversibles”, ya que la profundidad del cemento que levanta los aerogeneradores hace imposible que las parcelas puedan volver a cosecharse; y por el ruido y la vibración que producen los parques eólicos las personas tampoco pueden usar esas tierras para asentarse.
“El propósito de los parques es acorralar a la comunidad para obligarlas a un desalojo forzado”, asegura Isabel, quien observó que la llegada de las empresas también significó la división de la comunidad, lo que ha desatado más violencia e inseguridad entre quienes –a usanza oaxaqueña indígena- acostumbraban llamarse hermanas y hermanos aunque no fueran familia.
Mientras, la construcción de parques eólicos continúa. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en México actualmente existen 31 parques eólicos instalados: 21 en la región del Istmo, de los que 12 están en Juchitán.
Al mismo tiempo, la APPJ se mantiene a la espera de que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercero Circuito dicte sentencia por los amparos promovidos en 2015, y –en el caso de la empresa Gas Natural Fenosa- se asigne a un perito traductor para una audiencia, ya que no contar con uno ha trabado el acceso a la justicia para la comunidad.
16/AJSE/LGL
Las mujeres representan 67.8 por ciento de la población migrante que se dirige hacia América del Norte. Y el trabajo del hogar remunerado representa su mayor fuente de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La búsqueda de empleo sigue siendo el principal motivo por el cual las mujeres abandonan su lugar natal y emprenden un viaje a otros países, de acuerdo al informe técnico 2016 sobre “La migración laboral en América Latina y el Caribe” de la OIT, presentado este martes.
El porcentaje de mujeres migrantes en países de América Latina y el Caribe representa un 55.7 por ciento de la población migrante y un 67.8 por ciento en América del Norte.
El director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, José Manuel Salazar, presentó el informe y dijo a Cimacnoticias que el embarazo sigue siendo el principal obstáculo por el cual las mujeres no son contratadas en sus países de origen.
También indicó que aún existen estereotipos de género y desigualdad, de manera que las políticas laborales de los países tendrían que incorporar perspectiva de género como lo recomienda la OIT, para que se atiendan las necesidades de empleo que tienen las mujeres, como salarios equitativos y el cumplimiento de sus derechos antes, durante y después del embarazo.
El informe “La migración laboral en América Latina y el Caribe”, presenta el análisis de 11 rutas o corredores de migración laboral, así como las debilidades y desafíos de las políticas públicas aplicadas en materia laboral y de seguridad social.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con un total de 45 millones de personas, cifra registrada en el 2015. De esa suma, 63 por ciento son mexicanos, un 15.5 por ciento son nacidos países del Caribe (Puerto Rico, República Dominicana y Cuba), 13 por ciento son de Sudamérica y 7.9 por ciento de Centroamérica.
El trabajo del hogar representa la mayor fuente de trabajo para las mujeres migrantes que llegan a Estados Unidos y a los países de América Latina, ya que el 71 por ciento de las trabajadoras del hogar de América del Norte son migrantes latinas.
En cuanto a los países de América Latina y El Caribe, las mujeres migrantes representan 4.4 por ciento de las prestadoras de “servicio doméstico”.
La edad promedio de las mujeres migrantes es de un rango que oscila de 23 años a 42 años de edad y viajan solas.
“No podemos seguir viendo el tema de la migración como un tema de cuestión de seguridad fronterizo, para los países que son destino de la población migrante. La migración es un tema laboral y las recomendaciones a los países son las mismas: cambiar las políticas laborales” dijo el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, José Manuel Salazar.
16/GVV/LGL
El movimiento feminista de todo el mundo se alista para reunirse en un encuentro –a realizarse del 8 al 11 de septiembre en Salvador de Bahía, Brasil– donde se darán a la tarea de mirar y repensar las estrategias que están utilizando para forjar lazos más fuertes y construir la autonomía y la libertad de las mujeres.
Convocadas por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en ingles), jóvenes feministas, pioneras de la igualdad, indígenas, mujeres africanas, latinas, artistas, defensoras de Derechos Humanos, todas, se encontrarán para convocar a la reflexión sobre el feminismo.
Cerca de dos mil participantes celebrarán los logros alcanzados por diversos movimientos sociales en los últimos 20 años y analizarán las lecciones que se pueden replicar en el futuro, de ahí que este año el lema del XIII Foro Internacional de AWID sea “Futuros Feministas: Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia”.
En esta ocasión el foro, que se realiza desde 1983 y que ha tenido distinta periodicidad, dio énfasis en el porvenir pero no será el único tema, también se hablará de cuestiones actuales como la tortura sexual en América Latina, la realidad de las mujeres sirias e iraquíes, el derecho al aborto o la incursión de empresas mineras en territorios indígenas, entre muchos otros.
También se perfila la discusión de temas que en los últimos años han generado el análisis desde la perspectiva de género, por ejemplo, promover y consolidar un internet feminista, democratizar las comunicaciones para que los medios de comunicación sean aliados de la igualdad y hablar de las nuevas relaciones de género, de preferencia y orientación sexual.
Este año el encuentro de mujeres se da en un país que se encuentra en vilo democrático, mientras la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, suspendida de sus funciones temporalmente, enfrenta un juicio político para destituirla de manera definitiva, y donde apenas unos días terminaron los Juegos Olímpicos que atrajeron la mirada internacional.
Este foro estaba previsto para realizarse en mayo pero se cambió de fecha ante el riesgo sanitario del virus del zika y por la compleja situación política en Brasil; aunque ahora se realizará cuando el presidente interino Michel Temer, eliminó el Ministerio de Derechos Humanos, Mujeres y Justicia Racial y el Ministerio de Cultura, entre otros, y cuando algunas embajadas están en huelga.
En medio de este contexto, durante 4 días, feministas de todo el mundo ocuparán la ciudad de Bahía, una ciudad turística, rodeada de playas pero también de raíces culturales y movimientos sociales, para avanzar hacia el reconocimiento de los diversos pensamientos feministas.
En el XII Foro de AWID que se realizó en 2012 en Estambul, Turquía, con el lema “Transformando el Poder Económico para Avanzar los Derechos de las Mujeres y la Justicia” participaron dos mil 239 activistas de 141 países, casi 15 por ciento menores de 30 años y 75 por ciento asistieron por primera vez.
Ahora el panorama político brasileño refleja los desafíos contra los que muchas mujeres están luchando.
16/AGM/LGL
Mujeres que paren en casa: de la violencia obstétrica a la violencia institucional
La Asociación Mexicana de Partería, es la instancia que vela por los derechos de las parteras, así como la generación de estrategias para elevar los estándares de la profesión, fortalecer el modelo de partería para garantizar la seguridad y calidad de la atención.
Todas las mujeres en México tienen la capacidad para decidir con quién atender su embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a sus necesidades y valores culturales. Las mujeres que deciden parir fuera del hospital, son motivadas por razones profundas, muchas han vivido violencia obstétrica, cesáreas innecesarias y separación del bebé o de sus familiares. Cuando buscan a una partera lo hacen porque la atención está centrada en sus necesidades, le dedica tiempo para disipar sus dudas, considera aspectos emocionales, familiares, económicos y nutricionales y se acerca a la mujer desde un entendimiento que el embarazo es una experiencia dentro de la vida de la mujer, no es una serie de procesos e intervenciones.
Cuando la mujer pare en un espacio no hospitalario, lo que procede es que tienen 72 horas para registrar a su recién nacido posterior al nacimiento y para ello, existe una normatividad en el país, elaborada por la instancia rectora en el país: la Secretaría de Salud que tiene aplicación a todo el territorio nacional. A este registro, se le denomina Certificado de Nacimiento, que es un documento obligatorio y gratuito, un derecho del nacido vivo para poder proseguir con la ciudadanía mexicana.
La Dirección General de Información en Salud (DGIS), tiene la obligación de enviar semestralmente a los Servicios Estatales, los formatos del Certificado de Nacimiento. Según esta normatividad, en el caso del parto no hospitalario, las parteras se harán cargo de certificar los nacimientos que atiendan; para ello, las parteras deben estar registradas y tomar los cursos de capacitación programados. La normatividad indica que, por ningún motivo se podrá condicionar su entrega.
En muchos lugares del territorio nacional se aplica la normatividad de acuerdo a lo estipulado; sin embargo, muchas mujeres enfrentan enormes dificultades y obstáculos, debido a que se les niega a las parteras el acceso al mismo. Así que, al decidir no vivir los maltratos y/o innumerables eventos de violencia obstétrica, al decidir parir en casa, el camino que siguen tanto las mujeres recién paridas como las parteras es la violencia institucional de diferente naturaleza. A continuación, narramos las historias que enfrentan tanto las parteras como las mujeres que deciden por otras opciones de atención.
Las parteras se desplazan en reiteradas ocasiones para obtener el certificado de nacimiento y se enfrentan a la problemática de la ausencia del personal, o tienen que pagar dinero de su bolsillo para obtenerlos. Cuando una partera tiene mucha productividad es cuestionada y le niegan el acceso al certificado de nacimiento, argumentando que ya se le dieron “demasiados”. Muchas parteras se ven obligadas a pedir favores a personal de salud en otras instituciones, en estos casos, el nacimiento queda registrado dentro del hospital y atendido por médico.
Para el caso de parteras técnicas, enfermeras obstetras o perinatales que cuentan con cédula profesional, el personal de las jurisdicciones sanitarias, se niega a registrarlas como personal autorizado, por lo tanto, al no poder darse de alta como personal autorizado no pueden acceder al certificado de nacimiento y, las mujeres se quedan sin acceso al registro de sus bebés. Otras deben viajar a un estado colindante donde reciben el certificado sin condicionamientos.
Algunas autoridades de salud, argumentan que su lineamiento estatal es institucionalizar los nacimientos y se prohíben los partos en casa y, que la única forma de obtener certificados es formando una asociación estatal de parteras. En algunas jurisdicciones, el registro depende de que se haga una capacitación a parteras, sin fecha para ello y, existen parteras con más de 6 años esperando aviso para la capacitación.
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Las mujeres que ejercen su derecho de dónde y con quién parir son maltratadas por el personal de salud, viven cuestionamientos, gritos e insultos incluyendo amenazas de quitarles el bebé, hasta que puedan demostrar que no “lo robaron”. En algunos estados obligan a la partera a llevar a la mujer recién parida al centro de salud, para que el médico de fe que ella dio a luz, en otros estados las mujeres una vez paridas, deben ir al hospital, siendo obligadas a revisiones de cavidad uterina y a la realización de un acta de hechos de un ginecólogo y pediatra.
Estas son sólo algunas de las ejemplificaciones documentadas del camino tortuoso que viven las mujeres que no se apegan a vivir un parto institucionalizado y medicalizado y se enfrentan a violencia institucional.
El personal de las instituciones de salud, como lo demuestran los hechos antes narrados, hace una reinterpretación del procedimiento normativo para el acceso a certificados de nacimientos. A pesar de la existencia de “un manual de implementación” donde se exponen los pasos a seguir en todo el territorio nacional, existen políticas no oficiales, que presionan y obligan a que las mujeres que paren fuera del hospital sean castigadas y maltratadas por su decisión, y las parteras que deciden no trabajar en el sistema de salud, también sean castigadas por ello, como diría Foucoult en su obra célebre “vigilar y castigar”.
El modelo de partería incluye parteras –escolarizadas y no escolarizadas – enfermeras y médicos trabajando juntos en red, que ha demostrado mejores resultados clínicos y emocionales para asegurar la salud de la madre y bebé. La partería se ha ampliado, existen escuelas de partería en el país y otros modelos de formación, pero el personal de salud presenta un desconocimiento tanto de la evidencia actual en torno a las funciones y quehacer de la partera, como a la normatividad vigente en el país; la Norma Oficial 007 “para la atención del embarazo parto y puerperio”, integra como recurso humano en salud a las enfermeras obstetras, parteras técnicas y tradicionales capacitadas para la atención del parto de bajo riesgo, y es una libre profesión que no limita su ejercicio al espacio hospitalario, sino principalmente su quehacer en la atención primaria y parto en casa.
Por las razones expuestas, hacemos un llamado al Secretario de Salud y a tomadores de decisión de la Dirección General de Información en Salud, a capacitar en la aplicación de la normatividad vigente en el país, a que tenga un mayor diálogo con el Grupo Impulsor de la Partería en México.
Todas las personas nacidas en territorio nacional tienen derecho a la ciudadanía mexicana sin condicionantes, independientemente de los valores y elecciones tomadas por su madre. Nos sumamos a dialogar con las autoridades para juntos generar un entorno habilitante al ejercicio de la partería, garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y de buscar alternativas basadas en la paz para la atención del parto en el país.
*Cristina Alonso Lord es presidenta de la Asociación Mexicana de Partería (AMP).
**Silvia María Loggia es secretaria técnica de AMP.
***AMP es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
16/CAL/SML/LGL
Cuando la sociedad señala y critica a los políticos y gobernantes por cometer actos de corrupción o por haberse extralimitado en sus funciones, existe la necesidad de visibilizar a la persona, con nombre y apellidos, porque representa las razones del hartazgo social.
Si decimos que fulano tiene cuentas millonarias en algún paraíso fiscal, por ejemplo, estamos señalando a una persona en particular que forma parte del desfalco a las arcas públicas, de tal forma que exhibirlo ante los medios o las redes sociales puede generar una presión tal, que a la larga logre justicia.
Así que, si preguntamos a cualquiera, es probable que la mayoría considere necesario señalar públicamente a este tipo de personas, ya que hacen daño a la sociedad y por lo general no reciben castigo. Pero además, muchas veces olvidamos que detrás de los grandes problemas nacionales existen responsables que pueden ser perfectamente identificables, e incluso estar más cerca de nosotros de lo que podríamos creer.
Ahora que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro terminaron, empezamos a conocer datos interesantes. Si antes y durante las jornadas deportivas alertamos sobre la imperiosa necesidad de prevenir, desalentar, combatir y erradicar el turismo sexual, hoy podemos saber que éste existió, gracias al rastro que dejaron los consumidores en internet.
Hace unos días, Net Idex Eliminalia (empresa española que se dedica a borrar información personal, a solicitud de sus usuarios) publicó un informe que da cuenta numérica de los solicitantes de servicios sexuales en webs de sexo, escorts y bares de alterne durante los Juegos Olímpicos, que solicitaron borrar su rastro digital.
Aunque por el momento no contamos con cifras reales de estos consumidores –sino solamente los que pidieron borrar sus datos-, lo aportado por Eliminalia sí alcanza a darnos dos indicadores importantes.
El primero, que son los mexicanos quienes más solicitaron borrar sus registros, “lo que supone un aumento del 124 por ciento respecto a las peticiones que tuvieron lugar desde México para eliminar el rastro online en el mismo periodo del año pasado”. Nuestros paisanos fueron seguidos por argentinos, brasileños, bolivianos, colombianos, caribeños, chilenos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos y venezolanos, en ese orden.
Es posible, como dice el reporte, que los mexicanos sean quienes solicitaron más servicios sexuales por internet, pero esto también nos habla de un gran interés por ocultar y desaparecer su rastro. Es decir, vivimos en una sociedad hipócrita.
En segundo lugar, Eliminalia informa que las solicitudes de eliminación de interacciones en internet que tienen que ver con contactos sexuales, provienen de deportistas “que paulatinamente fueron descalificados en sus respectivas competiciones, así como de entrenadores, personal técnico adscrito a las delegaciones oficiales, miembros de federaciones deportivas y periodistas acreditados que no desean aparecer mencionados en las redes sociales de comercio sexual”.
Esto nos dice, en primer término, que efectivamente el turismo sexual no es bien visto socialmente y que, aunque aparentemente todo en Río fue sana convivencia, en realidad persistió la percepción de un evento deportivo de orden internacional como gran atractivo para practicar turismo sexual, aunque después sea necesario pedir que se eliminen los datos personales de la red.
Ponemos énfasis en este punto porque la trata y la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son usados para el turismo sexual, no es un fenómeno lejano o difuso, sino la consecuencia real de dos factores principales que nadie ha querido resolver.
Por un lado, la pobreza, desigualdad, discriminación y ausencia de derechos que vulneran a las mujeres y a las niñas, y las entregan a proxenetas y tratantes. Y en segundo lugar, pero no menos importante, la demanda de servicios sexuales que estos mexicanos (sean o no deportistas), argentinos, etcétera, activan, convirtiéndose así en cómplices de un oscuro y violento entramado comercial que no vende camisetas o artesanías, sino cuerpos a los que se puede usar y hacer lo que se desee a cambio de dinero.
Dice Eliminalia en su sitio web que su único objetivo es la defensa al derecho al olvido y el borrado de los contenidos en internet relacionados con empresas y particulares. Apelan al habeas data (recurso para proteger la información nominativa, es decir, la que identifica al individuo) y se dirigen a sus clientes asumiéndose como “los vigilantes de su reputación, suya y de su compañía…”
No dudamos que el derecho al olvido es importante en muchas otras circunstancias, pero cuando hablamos de quienes demandan los servicios de víctimas de trata y explotación sexual, no parece buena idea defender reputaciones, ya que estaríamos hablando de complicidad.
Y les tenemos una mala noticia a los consumidores mexicanos de turismo sexual. Aunque esta práctica se lleve a cabo en el extranjero, pueden ser castigados a su regreso en nuestro país con una pena que va de 2 a 40 años de cárcel.
No olvidemos que sin demanda no hay oferta.
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés)
Twitter: @CATWLACDIR
16/TUZ/LGL
Entre los recursos que aún se contabilizan para “atender” a las víctimas de violencia de género y para la formación y capacitación en género para funcionarios, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) subsiste bajo la amenaza de ser recortado por la Cámara de Diputados, sin que se hable de la urgencia de transparentar e involucrar a la sociedad en la rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos.
En su portal, el Instituto de Desarrollo Social da cuenta que el PAIMEF es para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y en su caso hijas, hijos y personas allegadas; además de sus tres líneas de intervención como son: Institucionalización de la prevención y la atención, Prevención con la población en general, y Atención, a través de servicios de atención sicológica y jurídica.
Son las organizaciones feministas, las feministas, las que han dado la batalla para obtener los recursos para atender y prevenir la violencia, pero el impacto del ejercicio de esos recursos y su revisión del costo-beneficio, el perfil de quienes participan en los proyectos como profesionistas, las organizaciones o prestadores de servicio que realizan trabajo especializado, no ha sido supervisado ni evaluado y hay poca información en las páginas web de las IMEF sobre los concursos, convocatorias y licitaciones o adjudicaciones directas de estos recursos.
El riesgo es que se utilice la crítica que se ha hecho a la forma de ejercer los recursos en algunas entidades – que no en todas -en forma discrecional y sin resultados objetivos y concretos, para reducir los recursos. No. No se deben admitir recortes a los fondos para atender un problema prioritario y urgente para el país como lo es la violencia contra las mujeres.
Pero de la misma forma, es inadmisible que se autoricen los recursos sin que la Auditoría Superior de la Federación y el propio Congreso de la Unión no establezcan nuevas reglas de operación en los que se apueste por el uso eficiente, transparente, responsable y con objetiva y probada perspectiva de género.
Más aún, la sociedad, especialmente las mujeres, tenemos el derecho de exigir que las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas empiecen a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil feministas –de verdad- y no enlisten todas sus acciones y gastos con “organizaciones afines” a partidos políticos, a grupos religiosos o sin perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos para el ejercicio de los recursos.
Si las diputadas y diputados realmente quieren hacer algo positivo, deben eficientar el uso de los recursos con Reglas de Operación que obliguen a las Instancias de las Mujeres a rendir cuentas ante la sociedad civil organizada, especialmente y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Artículo 31, fracción XXII Recibir y evaluar de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación) con organizaciones con trayectoria probada en defensa de los derechos de las mujeres.
No son los recortes, insisto, sino que cada peso –así fuera uno- que se ejerza en la atención de la violencia contra las mujeres no se utilice bajo criterios subjetivos, personales o de prejuicios, sino que se establezcan indicadores de trayectoria sujeta a escrutinio público de las organizaciones de la sociedad civil que ejecuten estos recursos en los proyectos.
¿Por qué insistir en esto? Porque la queja permanente en muchos estados es que se ejercieron esos pesos o muchos pesos, en proyectos que en papel –que todo aguanta- cumplen con el ejercicio, pero no abonan de ninguna forma -y la realidad así lo demuestra- a modificar la violencia que viven las mujeres de algunas entidades.
Al igual que el fondo de Transversalidad, urge que las Reglas de Operación consideren, reconozcan e incorporen el involucramiento de la sociedad civil representada por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres.
Todavía recuerdo haber escuchado en una entidad, que una organización especializada en gerontología brindaba un Seminario de Comunicación y Sexismo, impartido por supuesto por una especialista en gerontología en cuyo currículo no había una sola referencia a esta temática. Y como ese, muchos ejemplos por todo el país.
Si lo que quieren es recortar como advierte su directora, Angélica Luna Parra, no sólo es eso lo que nos debe preocupar; nos preocupa más que se continúe ejerciendo –lo que quede- de la forma como se ha venido haciendo en muchas entidades en las que se las ingenian para resolver formatos y cumplir con auditorías. Pero la realidad sigue intacta con escasos cambios en algunas entidades donde sí se aplican criterios objetivos.
No es cosa menor, se trata de que las diputadas se asomen en ese rubro y apliquen mecanismos de auditoría ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto, que se cumpla con ejecutar los recursos de verdad para y por las mujeres.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
16/AC/LGL
Mañana 31 de agosto se conmemora el “Día internacional del Blog”. Reconoce el trabajo de blogueras y blogueros que con sus publicaciones dan un sentido nuevo a la libertad de expresión, pues al ser sitios gratuitos y personales, no dependen de la disposición de otra persona, más que la de su autora o autor.
Surgido en 2005 de la propia sociedad de la información, el “Día del Blog” es celebrado haciendo nuevas publicaciones en blogs, enlazando a personas blogueras, haciendo recomendaciones para visitar, creando nuevos, vinculándolos a las redes sociales y a otras páginas para las cuales los blogs han sido complemento indispensable en el proceso de dar voz propia a quienes opinan en éstos.
En ese tenor es que en julio de 2007 la productora de RTVE Montserrat Boix, y la congresista española Lourdes Muñoz, tuvieron a bien impartirnos un taller para gestionar blogs, como parte del Seminario sobre medios de comunicación, realizado en la sede de la Agencia de la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala.
Las instructoras insistían en que los blogs dotan de herramientas gratuitas a las mujeres y a todas las personas que no cuentan con recursos económicos para pagar una página web.
Por lo tanto era invaluable la oportunidad de contar en forma gratuita con la posibilidad de desarrollar y publicar nuestras ideas. Se escogió la plataforma de blogspot, aunque las instrucciones son válidas para las demás, como wordpress y otras.
Primero fueron los ensayos desde los cuales pensamos en un blog para reflejar la condición social de las mujeres en el estado de Sonora. Decidimos titularlo Mujer Sonora, pues queríamos dedicarlo a publicar información periodística sobre quiénes son, qué les afecta y qué les sucede a las mujeres en Sonora.
También deseábamos jugar con la palabra sonora, pues nada más importante y vinculado al empoderamiento de las mujeres que el hecho de que su voz suene, se escuche, sea pues, sonora.
El 2 de agosto de 2007 nació el blog Mujer Sonora. Su dirección www.mujersonora.blogspot.com, después fue vinculado al nombre de dominio adquirido www.mujersonora.com para mayor facilidad en su búsqueda.
Al crearlo reflexionábamos sobre la experiencia de participar en el Seminario sobre Medios de Comunicación allá en Guatemala del 24 al 27 de julio de 2007.
Nuestra primera entrada afirmaba que es estimulante en tanto que refrenda los intereses comunes de periodistas que no obstante vivir en diferentes países concordamos en la apreciación de la imagen de las mujeres en los medios, el tratamiento informativo de éstas en los medios, la imagen de las mujeres en la publicidad y en la valiosa oportunidad que la informática y particularmente el internet nos dan a las mujeres para que aún sin ser en la mayoría de los casos las poseedoras del capital, podamos expresarnos a través de ese medio gratuito y empoderarnos como entes emisoras en el proceso de la comunicación.
“Dilucidar el concepto de Derecho a la Comunicación ha sido para mí la ganancia más importante después de la amistad que inicié con la mayoría de mis compañeras. Pugnar como mujeres por nuestro derecho a la comunicación creo que debe ser nuestro objetivo en adelante”.
En los nueve años de vida recién cumplidos, Mujer Sonora se ha convertido en referencia para conocer el contexto y las especificidades que retratan a las mujeres en la entidad. Estadísticas, libros, legislación, opinión, documentos, seguimiento a casos emblemáticos, así como un monitoreo acucioso a la violencia de género y feminicida en Sonora, son sus características.
Fuente para investigaciones académicas, puente para enlazar a las protagonistas con documentalistas en no pocas ocasiones, cuenta con importante banco de videos e imágenes de cobertura periodística, alojados en sitios asociados, también de gestión gratuita.
Su carácter multimedia le ha permitido irradiar con su información a diversos públicos, siendo parte fundamental las redes sociales vinculadas al blog.
A nueve años de vida Mujer Sonora ha cumplido su propósito de ser más que un medio periodístico o de noticias, constituirse en un centro de documentación para quienes requieran información confiable sobre las mujeres en Sonora.
Y como todo blog, Mujer Sonora no tienen fronteras. No sabemos bien a bien por qué habría interés de consultarlo en otros países, particularmente en aquellos en donde el idioma no es el castellano.
Sin embargo, los reportes dicen que si bien México es el país en donde más es consultado, también hay registro de visitas de Alaska, Estados Unidos, España, Francia, Portugal, Rusia, China, India, Malasia, Perú y Chile, por mencionar los más recurrentes.
Los temas que más interesan son estadísticas sobre mujeres en Sonora, el embarazo adolescente, legislación vigente, violencia de género y feminicidio.
Las rutas por las que las personas llegan a nuestro blog son principalmente por el buscador google y por Facebook. Nos encuentran buscando información sobre las mujeres en Sonora, y les recibimos con información de calidad.
A casi una década de vida, vale la pena recordar la invitación que hicimos al principio, que refrendamos por ser totalmente vigente: “Me he propuesto compartir en este espacio noticias, documentos, textos académicos y de análisis sobre la situación social de las mujeres en Sonora.
Espero responder a las preguntas: ¿qué hacen las mujeres? ¿quiénes son las mujeres? y ¿qué les está sucediendo a las mujeres? en este territorio agreste que como en muchos del mundo cobija la contradicción más grande: el impedimento para que las mujeres ejerzan su ciudadanía plena.
Bienvenidas y bienvenidos”.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
16/SNE/LGL