Por comprobarse violencia política contra mujeres indígenas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF y modificó la del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para dejar sin efectos la destitución de mujeres integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
Por unanimidad, el máximo tribunal electoral del país, dejó sin efectos la Asamblea Comunitaria realizada el 28 de abril y demás actas vinculadas a la destitución de las integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec.
Al resolver el SUP-REC-170/2016, la Sala Superior señaló que en la Asamblea Comunitaria en la cual se destituyó a Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, se dejó de garantizar su derecho de audiencia pues no fueron informadas del tema a tratar, ni consta en autos que en esa reunión se les hubiera permitido expresar, en un ámbito de libertad, lo que a su interés conviniera para su defensa, ni aportar las pruebas respecto a las imputaciones en las que se sustanciaba la pretensión de removerlas.
“Además, de que dicha destitución se desarrolló en un contexto de violencia en el que evidentemente cualquier persona no puede defenderse libremente de alguna acusación en su contra, y esto, a la vez, se tradujo en un acto de violencia política contra las integrantes de la agencia municipal, lo cual no puede ser subsanado por actividades posteriores”, establece la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.
Y es que desde el pasado 10 de abril el edil de San Juan Cotzocón, Eleazar Poblado Celis, junto con otros hombres identificados como caciques, terratenientes y ganaderos, ubicaron como “enemiga política” a Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, y emprendieron acciones ilegales de represión y destitución.
En un primer momento le negó la entrega de recursos del ramo 28 y 33, posteriormente el munícipe le exigía que explicara el destino de los recursos que recibía para ejecutar obras.
El 28 de abril, Castellanos Zaragoza, y su cabildo convocaron a una Asamblea para informar sobre el destino de los recursos, con dinero en efectivo y la lista detallada de las acciones.
En instantes, la Asamblea se convirtió en un escenario de violencia verbal contra ellas e incluso llegaron a la violencia física.
Castellanos Zaragoza y otras mujeres de su cabildo abandonaron el lugar y de inmediato el secretario municipal de la alcaldía, Víctor Iván Manuel Alonso, respaldado por Michael Mendoza, Ramiro Ortela, María del Carmen Vásquez, Odilia Baranda, Lucía Vicente, entre muchas personas más, tomaron la agencia municipal y clausuraron el inmueble.
Mientras Castellanos Zaragoza, viajaba a la capital de Oaxaca a buscar apoyo y defensa legal, en San Felipe Zihualtepec, el alcalde de San Juan Cotzocón, junto con los caciques nombraron a otra agenta municipal: Cecilia Victoriano Santiago, sobrina de Aurelio Santiago, quien se dice defensor de derechos indígenas de esa comunidad.
Para el 6 de mayo se interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) sobre la violencia política electoral que enfrentó por ser mujer y la misoginia que vivió. El 31 de mayo el fallo fue a su favor.
No obstante, el edil de San Juan Cotzocón, recurrió a la Sala Regional Xalapa del TEPJF en donde no le notificaron, los magistrados no escucharon la versión de Castellanos Zaragoza, y el fallo fue en su contra.
Fue a través de la intervención del Instituto de la Mujer Oaxaca (IMO) y el observatorio electoral del Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca (IEEPCO) como se interpuso el recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF.
Este miércoles, al comprobarse violencia política contra las indígenas, Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF y les devolvió el cargo de Agenta municipal de San Felipe Zihualtepec.
16/JG/LGL
agosto 2016
Ante crisis de DH en medio ambiente Grupo de Trabajo visita México
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, realizará una visita a nuestro país, a partir del 29 de agosto y hasta el 7 de septiembre, para revisar los casos de comunidades indígenas afectadas por empresas mineras en Durango, Sonora y Oaxaca.
Mediante un comunicado la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C (Prodesc) informó que la gira de trabajo de 10 días que realizará el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, será una oportunidad para documentar los casos de empresas de la industria extractiva, que afectan los Derechos Humanos (DH) de comunidades agrarias e indígenas.
Uno de los casos que expondrán, por ser paradigmático en el tema de la defensa de la tierra y los bienes naturales, es el Ejido de la Sierrita de Galeana, en donde la empresa Excellon de México S.A. de CV, filial de la Canadiense Excellon Resources Inc, no ha cumplido con cláusulas de carácter económicas, sociales y medioambientales que se establecieron en el contrato de ocupación temporal firmado en el año 2008, por la empresa con las y los ejidatarios.
Otro caso de la industria extractiva, es de los Comités de Cuenca Río Sonora, en donde el derrame de 40 millones de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre (Grupo México), provocó en las habitantes de las comunidades vecinas al Río Sonora, cáncer Cérvico uterino y otras afectaciones en la salud, debido a la radiación.
“Haremos especial énfasis en las omisiones de las autoridades responsables, la impunidad con la que la empresa ha afectado nuestros derechos y modos de vida, la falta de remediación integral y garantías de no repetición, así como los distintos obstáculos que hemos enfrentado para acceder a la justicia en este proceso” indica Prodesc en el boletín de prensa.
Los casos de las comunidades de Oaxaca tratan sobre el amparo interpuesto por la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) en contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa, y las violaciones al proceso que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca en el año 2014.
Mientras la comunidad Agraria de Unión Hidalgo Oaxaca, expondrán el caso sobre la demanda de nulidad de contratos que interpusieron en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A de CV ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil, cuando las tierras de Juchitán son tierras agrarias.
Las asociaciones que firman el comunicado y que expondrán todos esos casos ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los DH y las empresas transnacionales y otras empresas son: Comisariado Ejidal del Ejido La Sierrita de Galena, Comités de Cuenca Río Sonora, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo.
16/GVV/LGL
Pese a reducción de Muerte Materna, México no alcanzó meta de la OMS
El Estado mexicano no ha cumplido con brindar aborto seguro y atención médica especializada para las mujeres antes, durante y después del parto, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, (OMS) con el fin de reducir la muerte materna, afirmó la jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), Norma Velázquez Ramírez.
En su conferencia “Impacto de la anticoncepción como una estrategia para disminuir la muerte materna”, realizada ayer en el Instituto Nacional de Perinatología (Inper), la médica gineco-obstetra explicó que, a pesar de que se registró una reducción en la mortalidad materna (MM) en México desde 1990 al 2014, el objetivo de reducir el índice a un 22.3 por ciento, como lo establece la OMS, no se logró.
Tanto la atención especializada como la interrupción legal del embarazo (ILE) son dos de las estrategias recomendadas por la OMS en las que aún falta trabajar. Y como ejemplo citó que durante el primer semestre del 2016, el Observatorio de Muerte Materna en México ha registrado 447 fallecimientos de mujeres por esa causa, de las cuales 79 son del Estado de México, 40 de Chiapas y 22 de Oaxaca.
Norma Velázquez Ramírez, explicó que esos estados aun no cuentan con unidades médicas suficientes para brindar servicios médicos a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales.
En cuanto el acceso al aborto seguro, dijo que las dificultades que enfrentan son: el desconocimiento por parte de personal médico y de las mujeres sobre el derecho a la ILE por la causal de peligro de la vida de la madre, cuando presentan enfermedades crónicas como lupus, cáncer o cardiopatías.
Explicó que la estrategia para reducir la muerte materna que más se ha trabajado en México es la intensificación de la administración de métodos anticonceptivos.
La gráfica del índice de mortalidad materna en México desde 1990 al 2015, en donde la cifra en el año inicial era de 88.7 por ciento, once años después, en el año 2001 registró 68.9 por ciento de mujeres que fallecieron, ya sea por la omisión o un tratamiento mal aplicado durante el embarazo (causas directas de la muerte materna) o también por enfermedades previas no atendidas, por parte del personal de salud (causas indirectas).
Durante el período que comprende desde el año 2002 al 2014, los índices de muerte materna fueron desde un 50 por ciento hasta el 38.9 por ciento.
16/GVV/GGQ
Nuevo Modelo Educativo, sin propuesta de educación sexual con perspectiva de género
El nuevo Modelo Educativo que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ciclo escolar 2018-2019 no contempla en su propuesta curricular una educación sexual integral, laica y con apego a los Derechos Humanos, denunciaron diversas asociaciones civiles que trabajan el tema de educación sexual.
La integrante de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, Esther Corona Vargas, pionera académica en el tema en México y Latinoamérica, afirmó que la propuesta curricular del nuevo Modelo Educativo, para el ciclo escolar 2018-2019, no contempla en sus ejes una educación en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género y diversidad sexual.
LOS FOROS
En conferencia de prensa, diversas asociaciones civiles que trabajan el tema de educación sexual denunciaron que en los foros de consulta sobre el nuevo Modelo Educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria, que propone la SEP, sólo han sido invitadas asociaciones civiles conservadoras, por lo que estos temas están en riesgo de desaparecer.
En entrevista con Cimacnoticias, Esther Corona Vargas dijo que la educación sexual y educación en general debe ser laica y por eso solicitan que sean invitadas a trabajar en los foros aquellas asociaciones civiles que trabajen la educación sexual bajo una perspectiva de género y con respeto a las diversidades.
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Explicó la especialista que la educación sexual con perspectiva de género se ha incluido de diferentes formas en los libros de texto gratuitos de la SEP desde los años setentas y que cada vez se puede hacer un abordaje más profundo sobre el tema, para cumplir con los estándares internacionales.
En la actualidad, el tema de educación sexual en los libros del nivel preescolar se aborda con ilustraciones de las partes del cuerpo y la mención a los derechos de las niñas y niños.
En los libros de cuarto, quinto y sexto año de Primaria se informa sobre los aparatos sexuales reproductivos. En los de sexto año de Primaria y en los de Secundaria se incluye información sobre anticoncepción.
El tema de Género se contempla en la materia de Educación Cívica y Ética, que se imparte hasta segundo y tercero de Secundaria.
Corona Vargas dijo que la propuesta curricular del sistema educativo en México debe apegarse a las “Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad”, recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En dichas técnicas se recomienda ofrecer una educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica, en respeto al Estado laico, y en el marco de los Derechos Humanos.
De acuerdo con la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC), la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess) y la Red Nacional Democracia y Sexualidad (Demysex) ofrecer una educación sexual integral a las niñas y adolescentes en México ayudaría a reducir los índices de embarazos en menores de 16 años.
También podría disminuir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia ejercida en contra de niñas y mujeres, así como de personas que optan por una sexualidad diversa.
Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) cada año se presentan 400 mil recién nacidos de madres de entre 15 y 19 años, así como 9 mil 933 de niñas de entre 10 y 14 años. La transmisión por VIH y Sida en la población de 12 a 29 años representa 42 por ciento de los casos acumulados hasta el 2012, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).
Por esta razón, las agrupaciones piden que en la elaboración del nuevo modelo educativo participen expertos en la materia, que se incorpore la educación integral de la sexualidad desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior y que se mantenga una posición firme y clara en el respeto al Estado laico, la evidencia científica y el apego a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
16/GVV/GG
Peruanas accederán a Anticoncepción de Emergencia, tras 7 años de prohibición
Después de siete años, el gobierno peruano reiniciará la distribución de la llamada píldora del día siguiente o de anticoncepción de emergencia (PAE), tras un fallo judicial que ordena el reparto gratuito de este medicamento.
La ministra de Salud, Patricia García, se abstuvo de celebrar el triunfo logrado con la medida cautelar emitida por el Primer Juzgado Constitucional de Lima, en medio de reacciones conservadoras decididas a dar la pelea contra el reparto de la píldora.
Esos sectores conservadores se han manifestado contra el fallo que deja sin efecto una sentencia del Tribunal Constitucional que en 2009 prohibió al sistema estatal de salud repartir el anticonceptivo oral de emergencia, usado para evitar embarazos no deseados.
Consultada por los medios, Patricia García dijo que cumplirá el fallo que dispone el reparto porque ha quedado científicamente descartado que le píldora sea abortiva, posibilidad que había motivado que el Tribunal Constitucional la prohíba, bajo presión de sectores religiosos conservadores que lograron revertir la decisión de 2006 de la misma corte que ordenaba distribuirla.
También dijo que la distribución comenzará dentro de un plazo de 30 días establecido por el fallo judicial, avalado por el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, quien este martes declaró que “lo que dice el juez se respeta”.
La declaración desarmó reclamos de grupos conservadores que llamaron al tribunal a hacer prevalecer su fallo de 2009 y consolidó la posición de quienes consideran que el nuevo dictamen corrige la inequidad entre las peruanas que pueden comprar la pastilla y las que no lo pueden hacer.
La prohibición solo regía para el sistema estatal de salud, pero no para quienes tenían dinero para comprar el Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), como se le conoce en ese país, en las farmacias privadas.
Esos negocios anualmente venden tres millones de unidades, mucho más que las ventas de casi todos los países suramericanos, en los que el Estado distribuye la píldora.
Sobre la insistencia de sectores religiosos conservadores que alegan que la píldora es abortiva, la ministra García señaló que un dictamen de la Oficina Panamericana de la Salud determina que el AOE impide la ovulación, sin la cual no hay concepción y por lo tanto no es abortiva.
Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal Católica, monseñor Salvador Piñeiro, insistió en lo contrario y dijo que el asunto entra ahora en una etapa de presiones a favor y en contra del AOE y está por verse cuales se impondrán en un próximo fallo.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski comentó jocosamente que la ministra García consultará el cumplimiento del fallo con el conservador cardenal Juan Luis Cipriani, broma que ha comenzado a generarle críticas de los grupos conservadores.
16/RED/GG
Carmen Zamora peligra si juez acepta amparo y excarcelan al agresor
Carmen Zamora, sobreviviente de violencia feminicida, podría estar nuevamente en peligro si, como le informaron ayer por teléfono, es liberado su agresor, Claudio Baruch Alarcón Muñoz, procesado en el penal de Chiconautla y quien interpuso un amparo indirecto.
Así lo advirtió en un comunicado la Fundación Carmen Zamora, donde señala que si la autoridad judicial acepta el recurso promovido por el agresor, bajo el número 506/2016, la vida de Carmen se pondría nuevamente en riesgo.
Por eso, señala el comunicado, hacemos responsable de la seguridad de Carmen y de su familia al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, así como al Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Naucalpan, como la autoridad competente para otorgar el amparo que solicitó Alarcón Muñoz.
También responsabilizan al agresor, a su familia y allegados de lo que pueda pasar a Carmen y a su familia.
NUEVE AÑOS DE DENUNCIAS
Apenas en noviembre pasado, Carmen Zamora logró que las instituciones judiciales actuaran contra su agresor y lo encarcelaran, tras de un largo camino de denuncias que iniciaron en 2007.
Las primeras denuncias contra Alarcón Muñoz las presentó Carmen en ese año de 2007, pero fueron desoídas por las autoridades. Durante 16 años de vida en común, Carmen vivió violencia reiterada, pero al denunciar, los servidores públicos la culparon de sus propias agresiones.
Cuatro años más tarde, en 2011, Alarcón Muñoz la atacó a golpes e intentó violarla. Sus denuncias fueron nuevamente desestimadas en el Ministerio Publico. Las agresiones continuaron el año siguiente y hasta en 2015, aunque ya no vivían juntos, continuó amenazándola por teléfono y agrediéndola en la calle.
En noviembre de 2015, finalmente el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec-Chiconautla, en el Estado de México, inició un juicio penal contra Claudio Baruch Alarcón Muñoz. Acusado de ataque sexual y de intento de feminicidio, fue recluido en esa prisión, de la que ahora podría salir si le otorgan el amparo.
La Fundación advirtió que no se permitirá ningún tipo de violencia contra Carmen, sean atentados físicos, hostigamientos o amenazas, porque ella “como la mayoría de las mujeres que se atreven a denunciar se ha tenido que enfrentar a la ineficacia y desinterés de diversas autoridades del Estado de México quienes han cometido violencia institucional, revictimizándola y culpándola en múltiples ocasiones”.
“No quiero engrosar las estadísticas de los feminicidios en el Estado de México”, afirma Carmen, “estoy consciente del contexto de violencia que se vive en el lugar en el que radico, uno de los once municipios impregnados de impunidad frente a la violencia contra las mujeres”.
16/CAR/GG
Piden respeto a Derechos Humanos de alcaldesa Felicitas Muñiz, sujeta a juicio político
Habitantes del municipio de Mártir de Cuilapan arribaron al Congreso del estado de Guerrero para solicitar que el juicio político al que fue sujeta la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez se resuelva en apego a un marco constitucional de Derechos Humanos.
Ayer por la tarde ciudadanos, hombres y mujeres de las 17 poblaciones de ese municipio, con cabecera en Apango, entre las que se encuentra Analco, Ahuxotitlan, San Marcos, Zotoltitlan y San Juan Totolcintla exigieron que el juicio solicitado en mayo pasado por la oposición sea con respeto al Estado de derecho.
La alcaldesa, militante de Movimiento Ciudadano, fue demandada por ocho ediles que la acusan de mal manejo de recursos y por lo cual piden su destitución. Sin embargo simpatizantes aseguran que ella es víctima de violencia política y que su destitución será para colocar a un hombre en su lugar.
Luego de que el 7 de agosto un grupo de personas prendieron fuego a la camioneta de la alcaldesa, pobladores acudieron al Congreso local para exigir que se aplique el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres que elaboraron las autoridades electorales para atender este tipo de casos.
En la manifestación, los pobladores también pidieron la intervención del Gobierno del estado para que ponga atención en el conflicto que ha generado actos de violencia dentro de las comunidades como bloqueo y cierre de carreteras.
Anahí Nava Muñiz, representante del contingente de apoyo a la presidenta municipal, responsabilizó al síndico municipal, Benito Sánchez Ayala de encabezar actos vandálicos, es decir, saqueos, y amenazas a los trabajadores del ayuntamiento.
Explicó que son acciones que suceden desde hace tres meses y que últimamente se han recrudecido. Nava Muñiz, reiteró que el ex alcalde Crisóforo Nava Barrios –quien estuvo preso por el delito despojo– así como la regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edelmira del Moral Miranda, son responsables de lo anterior, mencionado así como de suspensión de obras públicas y de abuso de poder.
Unos quinientos pobladores que portaban cartulinas con consignas de apoyo a Felícitas Muñiz Gómez estuvieron a las afueras del Palacio Legislativo para luego reunirse en una mesa de trabajo con la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso, Flor Añorve Ocampo, la diputada, Angélica Alcaraz Sosa, y el diputado, Ricardo Mejía Berdeja.
En la reunión los pobladores comprometieron al Poder Legislativo a revisar todas pruebas y que se analicen con forme a derecho para que se pueda aplicar la ley.
16/SA/GGQ
Trabajemos para que Constitución de CDMX garantice una “ciudad feminista”
El colectivo Las Constituyentes invitó a las capitalinas que están a favor de la interrupción legal del embarazo, el Estado laico, el derecho a una vida libre de violencia y de la diversidad sexual a presionar para que la Asamblea Constituyente incluya estos temas en la próxima Constitución Política de la Ciudad de México.
Frente a la próxima instalación de la Asamblea, el 15 de septiembre, las activistas dijeron que es necesario contar con un proyecto de “ciudad feminista” por lo que académicas, activistas, sindicalistas, estudiantes y vecinas de las diferentes delegaciones se reunirán este 27 y 28 de agosto en Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc, para trabajar en una serie de propuestas.
De acuerdo con este grupo, las mujeres en la Ciudad de México han exigido y han logrado el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales como la interrupción legal del embarazo, el derecho a la vivienda, al reconocimiento del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos y el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre muchos otros.
En este contexto y considerando que la Constitución de la Ciudad de México desencadenará la modificación de leyes, instituciones, programas y políticas, dijeron que es primordial garantizar que se plasmen los derechos de las mujeres y de toda la población.
ARTICULADAS POR NUESTROS DERECHOS
Las mujeres aseguraron que los procesos de Constituyentes Feministas en otros países de América Latina lograron incidir en las respectivas Cartas Magnas y en las leyes secundarias aprobadas, así que van a aprovechar esta oportunidad para ganar nuevos derechos y lograr que quede garantizado el pleno ejercicio de los que ya existen.
En el encuentro de este fin de semana, las mujeres definirán los contenidos sustantivos y progresistas que se deben incorporar a la nueva Constitución y buscarán la articulación organizativa del movimiento feminista en la capital para elaborar un modelo de ciudad innovador para las mujeres.
De acuerdo con el decreto de la reforma política para la Ciudad de México, la Carta Magna local será elaborada por el Jefe de Gobierno y después aprobada por una Asamblea Constituyente, que se compondrá de 100 diputadas y diputados, de los cuales 60 fueron electos y 40 designados.
Cabe recordar que este martes el Instituto Nacional Electoral (INE), asignó a 60 diputados por el principio de representación proporcional que fueron electos en junio pasado para integrar la Asamblea Constituyente, de los cuales 30 son mujeres y 30 hombres.
Hasta ahora sólo falta que el Senado, la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno, presenten su lista de diputados constituyentes para que se complete la integración de 100 legisladores que aprobarán la Constitución Política de la Ciudad de México.
Al respecto, tanto mujeres capitalinas integrantes de Las Constituyentes como 15 diputadas electas han asegurado que tener más mujeres en la discusión de esta nueva ley suprema será una nueva forma de hacer política, pero además garantizará que haya más representantes que defiendan los derechos de las capitalinas.
16/AGM/GGQ
Tres niñas, 2 de entre 6 y 9 años, una de ellas probable víctima de trata o pornografía infantil, y una bebé recién nacida, forman parte de los cuerpos rescatados por equipos periciales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dentro de las fosas clandestinas creadas por del gobierno de Graco Ramírez, en Tetelcingo, municipio de Cuautla.
Nashieli Ramírez es presidenta de la organización Ririki Intervención Social, y Roberto Villanueva coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
MADRE Y TÍA, EN BUSCA DE OLIVER
El hallazgo de las fosas se originó cuando la señora María Concepción Hernández y su hermana Amalia, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, reclamaron a la Fiscalía estatal el cadáver del joven, quien fue asesinado tras un secuestro en mayo de 2014. El cadáver fue encontrado en una barranca cinco días después e identificado por su familia.
El Servicio Médico Forense pidió a la familia que el cuerpo se quedara para seguir las investigaciones y luego lo entregarían para que lo sepultaran. Sin embargo, tras reiteradas peticiones, el 5 de diciembre de ese año, les dijeron que el cuerpo de Oliver –de oficio comerciante y a quien secuestraron siete hombres cuando recogía a sus hijos en la escuela– no estaba en el forense y que lo habían llevado a una fosa común. Pidieron la exhumación.
El lugar donde enterraron a Oliver el 28 de marzo de 2014 tenía más de cien cuerpos, pero carecía de registro oficial, estaba ubicado en un terreno particular, pero era operado por la Fiscalía General del estado como cementerio clandestino.
Las señoras Concepción y Amalia Hernández encontraron apoyo en el poeta y activista Javier Sicilia, cuyo hijo fue muerto por la delincuencia en 2011 y, junto con la madre de una joven desaparecida, buscaron la ayuda de la UAEM para la exhumación.
Sin embargo, las autoridades judiciales del estado difícilmente aceptaron la participación de esa institución y llegaron incluso a demandar penalmente, el 16 de mayo pasado, a la madre de Oliver, a Sicilia y al rector de la UAEM, cuando iban a anunciar, junto a la fosa, que la Procuraduría General de la República había determinado que dicha universidad participaría en el rescate y análisis forense de los cuerpos. La acusación fue por sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultrajes a la autoridad.
Pese a la oposición del gobierno morelense, un juez de control determinó que la Universidad, a través de su programa de Atención a Víctimas, sí participaría en la exhumación, porque las autoridades judiciales estaban obligadas a respetar los derechos de las víctimas.
El 9 de diciembre de 2014 fue exhumado Oliver, para lo cual fue necesario extraer otros 17 cuerpos, que fueron nuevamente reintegrados a la fosa. Y a partir del 23 de mayo pasado fue exhumado el resto de cuerpos, 37 por ciento correspondiente a mujeres, entre ellas las tres niñas.
LAS NIÑAS
Los datos de la Fiscalía General del estado respecto a las niñas, señalan en el informe Nashieli Ramírez y Roberto Villanueva, es incipiente, omite todo lo que puede ayudar a su identificación, porque no indica señas particulares ni objetos asociados que se encontraron en las fosas y “omite también informar los delitos y/o violaciones a Derechos Humanos que se persiguen a raíz de estos hechos”. Solo informa brevemente el contexto en el cual los cuerpos fueron encontrados y yerra en algunos datos.
Lo más grave, dicen es que se minimiza la gravedad de la situación, obstruye las investigaciones e impide, sobre todo, “que las niñas tiradas como basura en las fosas clandestinas de Tetelcingo regresen con sus familiares y estos puedan darles un sepultura acorde a sus tradiciones, valores o creencias”.
SIETE AÑOS, TENIS CON ESTRELLITAS
En la mañana del 2 de junio pasado, el equipo forense de la UAEM regresó a la luz el cuerpo de una niña que tendría 7 años de edad, aproximadamente. Estaba en la fosa “B” en posición horizontal, “envuelta en plástico transparente y plástico negro con tablas de triplay en la parte posterior”. El equipo cortó el plástico y lavó el cuerpo.
Junto a ella, mal embalada, estaba la ropa que vestía cuando fue hallada muerta: un suéter negro de manga y cuellos de tortuga, con vivos grises en las mangas. Su blusa, calada en la parte superior, de marca La Belle, pantalón azul de mezclilla marca Dereon, tenis tipo converse de color azul, vivos verdes, blancos y amarillos en forma de estrellitas e instrumentos musicales, pantaleta marca Ormez.
La niña, a quien le designaron la carpeta de investigación SC01/14214/2012, fue encontrada “alrededor de las 13:30 horas, el miércoles 26 de diciembre de 2012, en un terreno baldío en la colonia Ejidos de Acapatzingo, municipio de Jiutepec”.
LA NIÑA DE UÑAS PINTADAS
A las 11 del día del 2 de junio de este año, el cuerpo de una niña de entre 8 a 10 años de edad fue hallado envuelto en plástico transparente y negro, en forma horizontal por el equipo forense de la UAEM. Fue designado con el número 38, de la Fosa “B”. Una botella de PET junto a ella contenía los datos de la carpeta de investigación y el número de expediente del Forense, por lo que pudieron obtenerse más datos.
Estaba en completo estado de putrefacción, con fractura de cráneo y macizo facial. Observaron también que “tenía las uñas pintadas con esmalte permanente color rosa, poco común en una niña de esa edad pues normalmente utilizan barnices compuestos de agua y colorantes”.
La niña “fue privada de la vida al ser arrojada desde un puente de aproximadamente 20 metros de altura, ubicado a un costado de la carretera México-Acapulco”, pero esto la Fiscalía no lo menciona, como tampoco que fue encontrada completamente desnuda. Según la Fiscalía, fue hallada en el río Apatlaco, a la altura del poblado de Alpuyeca, en Xochitepec, Morelos.
Según Nashieli Ramírez y Roberto Villanueva, “por las condiciones en las que fue encontrada y por forma en la que tenía pintadas las uñas, la FGE debió investigar el caso como una posible víctima de trata y/o feminicidio, además de obtener su perfil genético” y subirlo inmediatamente a las bases de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR y la Policía Federal.
RECIÉN NACIDA
En la carpeta SC01/13256/2012 quedaron escritos los datos del cuerpo 53 de la Fosa “B” de Tetelcingo. Era una bebé, hallada en la tarde del 2 de junio en forma vertical, envuelta en plástico transparente y plástico negro, con su etiqueta azul legible, pero con el documento que le pusieron dentro de una botella de PET destruido. Tenía el cráneo totalmente fragmentado y el cuerpo desarticulado, debido a la presión del peso de la tierra más el peso de los cuerpos.
Había sido encontrada la mañana del primero de diciembre de 2012, desnuda, en un contenedor de basura de la unidad habitacional Alta Vista, municipio de Cuernavaca. “La niña fue tratada como basura al momento de nacer por quienes le quitaron la vida y posteriormente el 28 de marzo de 2014 fue nuevamente tratada como basura por la PGJEM, a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado”, señala el informe.
LAS OMISIONES
Ante los casos de estas tres niñas inhumadas clandestinamente en un fosa de Tetelcingo, Nashieli Ramírez señala que el Estado estaba obligado a iniciar un procedimiento de oficio por estos asesinatos, divulgarlo en todos los medios y no esperar que un familiar reporte las desapariciones.
Omitió “enviar fichas de datos de identificación a escuelas y divulgarla por todo tipo de medios”, omitió también “dar aviso al DIF de Morelos y a la Procuraduría de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos”.
“En el caso de la bebé recién nacida, la búsqueda debió haber iniciado por la madre, pidiendo información a centros de salud, tanto públicas como privadas e incluso de enfoque comunitario, con parteras, por ejemplo”.
Para Ramírez, este tipo de casos siguen manteniendo una postura adulto-céntrica y considerando a las niñas como un objeto”, porque si nadie reclama el cuerpo, el Estado responsabiliza a los agresores, se lava las manos y no garantiza interés superior de la niña contemplado en el marco legal. Contrario a ello, “terminan tiradas en un basurero de la Fiscalía del Estado”.
16/GGQ
Estrategia 30-100: millones de viajes seguros y uso de silbato antiacoso
A 121 días de que inició la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos”, el Gobierno de la Ciudad de México y su Instituto de las Mujeres capitalino (InmujeresCDMX) aseguran que se lograron 200 millones de viajes seguros, se reforzó la seguridad en el sistema de transporte y se entregaron 39 mil 313 silbatos para que las mujeres alerten de una posible agresión.
Estos resultados de la estrategia, anunciada el pasado 25 de abril, fueron dados a conocer este día por la titular del InmujeresCDMX, Teresa Incháustegui Romero, y por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en una ceremonia en donde se explicó qué se ha hecho, pero sin referencia a su posible efecto en la incidencia de acoso sexual.
Ante funcionarias de la administración pública local, de jóvenes beneficiarias del Programa Prepa Sí, y de personal de ONU Mujeres en México, tanto el Jefe de Gobierno como la titular de Inmujeres hicieron un balance de la estrategia que, como se recordará, fue presentada al día siguiente de que cientos de mujeres tomaron las calles para protestar por los casos de abuso sexual callejero, entre estos el de la periodista Andrea Noel, agredida sexualmente en la capital del país el 8 de marzo pasado.
Anunciaron también la segunda etapa, que incluye la aplicación “Vive Segura” para teléfonos móviles y la conformación de la Comisión Interinstitucional del Programa CDMX “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”.
EL BALANCE
Al referirse a la entrega de silbatos para alertar sobre abusos, una de las acciones que ha generado más críticas, el Jefe de Gobierno informó que se han entregado 39 mil silbatos y están por distribuir 100 mil más. Aseguró que la medida “nos hizo muy famosos en todo el mundo” y que, tras la efervescencia, “se empezó a ver que sí lo estaban aceptando las mujeres”.
En ello coincidió Incháustegui, quien agregó que sí tiene efecto disuasivo en el metro, donde la forma más generalizada de violencia sexual consiste en el tocamiento o manoseo en las partes pélvicas, glúteos, senos y piernas de las mujeres.
Mancera también aseguró que los policías que se desplegaron para la seguridad de las usuarias del transporte no se van a retirar de sus tareas. Y habló también del refugio para mujeres, que anunció como novedoso, pero que reconoció que empezó a implementar cuando era procurador de la ciudad y que ya está en operación.
SIGUIENTE ETAPA
Sobre la siguiente etapa de la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos”, el Jefe de Gobierno mencionó la aplicación para teléfono móvil “Vive Segura”, para hacer un llamado de emergencia al 066, que está a cargo del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad y donde se reportarán lugares inseguros, sitios sin alumbrado, senderos peligrosos o donde hay mayor incidencia de acosos.
Asimismo se dio a conocer la conformación de la Comisión Interinstitucional del Programa CDMX “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, conformada por InmujeresCDMX, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ONU Mujeres, e integrantes de la sociedad civil.
16/CRA/AGM/GGQ