Yo entiendo al señor presidente. Entiendo bien cuando dice que parece que las malas noticias son las comunes y se dejan de lado las buenas noticias. El problema es que no tenemos la misma idea de lo que serían las buenas noticias.
El señor Enrique Peña Nieto está convencido de que el problema no es de fondo, sino de forma. Buen aprendiz de Jesús Reyes Heroles, quien dijo que: “en la política la forma es fondo”, nuestro presidente supone que el problema es de percepción: No es que no haya buenas noticias, es que no las vemos.
El pasado martes 16, en un discurso pronunciado en Hidalgo, dijo: “A veces nos quedamos muy marcados con las malas noticias, que parece fueran comunes o fueran las que a veces más se destacaran, y se olvidan y se dejan de lado las buenas noticias que mucho cuentan, que impactan positivamente en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Hay que rescatarlas, porque hay muy buenas noticias”.
Y para que nos quede claro, el mensaje de su Cuarto Informe de Gobierno es: “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”.
En verdad, no es que yo quiera llevarle la contraria; es que, insisto, no nos estamos entendiendo.
Una buena noticia sería que, ¡por fin!, hubiera consecuencias por los actos de corrupción del presidente. Y lo mismo me refiero a la Casa Blanca, que al plagio de sendos fragmentos de la tesis de licenciatura.
Buena noticia sería que tengamos certezas de lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, y los responsables estén encarcelados.
Buena noticia sería que haya consecuencias para quienes son responsables de los crímenes de Tanhuanato.
Buena noticia sería que supiéramos quiénes son los responsables de los asesinatos en Nochixtlán y estuvieran siendo procesados legalmente.
Buenas noticias serían que no hubiera un enclave de Trata en Tlaxcala o en Hidalgo; que se atendiera con eficiencia y eficacia la desaparición de cada mujer; que los casos de feminicidio no fueran tema de discusión conceptual y sí tema de prioridad nacional.
Buenas noticias serían que viéramos al gobierno bien plantado defendiendo el Estado laico y la ley, sin recular a las presiones de grupos religiosos, hoy por el matrimonio igualitario, ayer por los anticonceptivos, y ayer y hoy por el derecho a decidir e incluso, ¡de nuevo!, por el derecho al divorcio.
Buena noticia sería que hubiera consecuencias por todas las irregularidades e ilegalidades cometidas por el titular de la Comisión Nacional del Deporte, que llevó a su novia a pasear a Brasil con dinero público, y aceptó regalos indebidos de quien diseñó los trajes deportivos de la delegación mexicana.
Buena noticia sería, que se anunciaran recortes salariales a la élite gubernamental en lugar de aumentar la gasolina y la luz comercial e industrial.
Buena noticia sería, en fin, que se pusiera un alto a la corrupción e impunidad que tiene al borde del abismo a nuestra nación.
Pero en lugar de eso tenemos verdades oficiales que, por si hiciera falta aclarar, nadie cree. Tenemos mea culpas mediocres. Tenemos muchas excusas, muchas simulaciones, muchas omisiones.
Tiene razón Armando Ríos Piter (Excélsior, 29 de agosto), la forma ya no es fondo; hoy “la forma ya no puede con el fondo”.
Así que, señor presidente, no dudo que tenga buenas noticias. Es sólo que no tenemos la misma percepción y urgencia de las buenas noticias que necesitamos.
Usted disculpará si le echamos a perder el festejo. Pero no tenemos buenas noticias para festejar.
Apreciaría sus comentarios: [email protected]
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
16/CLT/LGL
agosto 2016
De las siete ternas que hoy propuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la elección de siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dos son integradas exclusivamente por mujeres.
Hoy las y los ministros de la Suprema Corte, distribuyeron los nombres de las 21 candidaturas seleccionadas en siete termas, de las cuales dos fueron integradas únicamente por mujeres, por lo que se prevé que dos de las seis aspirantes al cargo logren ser magistradas electorales.
La primera terna de mujeres está integrada por la magistrada de Circuito, Claudia Mavel Curiel López; la presidenta del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del TEPJF, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y quien fuera la primera magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del mismo organismo, Mónica Aralí Soto Fregoso.
La segunda se conforma por la ex secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF, Berenice García Huante; la titular de la Defensoría Electoral Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, Janine Madeline Otálora Malassis y la magistrada de Circuito, María del Pilar Parra Parra.
A propósito de este proceso, diversas redes de mujeres, feministas, académicas y políticas, llamaron a la Suprema Corte a considerar el principio de paridad de género (igualdad) en la integración de las siete ternas de candidatos a magistrados.
Con estos llamados y cartas enviadas a ministras y ministros, las promotoras de la participación de las mujeres en cargos ejecutivos exigían que hubiera más mujeres en el proceso de selección porque con ello habría más posibilidades de aumentar el número de magistradas electorales en la Sala Superior.
El 8 de agosto la Red Mujeres en Plural, integrada por mujeres de diversas filiaciones partidarias, exhortó al alto tribunal a no caer en el falso dilema de “cuotas o capacidad” toda vez que en la lista había mujeres de probada experiencia, capacidad y compromiso con los derechos político-electorales.
Días después, el 23 de agosto, otras agrupaciones como el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Equis Justicia para las Mujeres hicieron un nuevo exhorto.
En esta ocasión las agrupaciones pidieron que la Suprema Corte conformara dos ternas sólo con candidatas, de manera que se garantizara que al menos dos integrantes de la Sala Superior del máximo órgano de impartición de justicia electoral del país fueran mujeres.
Las candidaturas para ocupar las magistraturas se dieron a conocer el 5 de agosto de 2016. La primera lista era de 126 personas, entre ellas 20 mujeres, que reunieron los requisitos de la convocatoria. Después el grupo se redujo a 42 finalistas, donde quedaron 10 mujeres.
Finalmente la semana pasada comparecieron las y los candidatos ante los ministros de la SCJN y sólo 21 pasaron a la etapa final. Una vez que se dio a conocer la integración de la ternas, el Senado deberá elegir a siete magistrados electorales que iniciarán funciones el próximo 4 de noviembre.
Con la designación de la Cámara, se incrementará el número de magistradas en la Sala Superior toda vez que en la actual integración, de los siete magistrados que están a unos días de dejar el cargo, sólo una es mujer: la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.
El resto de las ternas quedaron de la siguiente forma: la primera integrada por Carlos Emilio Arenas Batiz, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y José Luis Vargas Valdés; otra conformada por Felipe de la Mata Pizaña, Rodolfo Terrazas Salgado y Marco Antonio Zavala Arredondo.
Otra terna con Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohórquez; la siguiente con Indalfer Infante González, Eugenio Reyes Contreras y Ángel Zarazura Martínez, y la última con Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, Reyes Rodríguez Mondragón y Jorge Sánchez Morales.
16/AGM/LGL
ONG entregan informe sobre violaciones a DH a Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas
Ciudad de México.- Al iniciar hoy su visita oficial en México, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recibirá un informe elaborado por más de 100 organizaciones civiles y movimientos de todo el territorio nacional donde documentan más de 60 casos de violaciones a Derechos Humanos.
Durante la visita del Grupo de la ONU que concluirá el 7 de septiembre, integrantes de la sociedad civil le informarán sobre los impactos negativos de las empresas vinculadas con los sectores de la minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, hidrocarburos, maquilas, entre otros.
Además de indicarles sobre el peligro que corren las y los defensores de los DH, la tierra y el territorio al enfrentarse a proyectos que favorecen a las empresas. Finalmente, las organizaciones civiles exhortaron a las empresas en el país y a las autoridades mexicanas a que reciban las recomendaciones del Grupo de la ONU con seriedad y voluntad para aplicarlas.
Iniciará Jornada de Movilización artístico cultural para pedir justicia por caso Berta Cáceres
Intibucá, Hon.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) realizará del 1 al 3 de septiembre en la ciudad de La Esperanza, del departamento de Intibucá (al oeste del país), la jornada de Movilización Artístico, Cultural y Espiritual “Justicia Para Berta YA”.
La actividad es para continuar con la exigencia de una comisión independiente de investigación sobre el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres al cumplirse seis meses del hecho.
Durante el evento se proyectarán documentales sobre la lucha de Berta Cáceres; una marcha y el foro “El impacto de la represas en las comunidades lencas”. Más información en:
https://copinh.org/article/convocatoria-a-la-jornada-justicia-para-berta-ya-6/
Centro Prodh postulado para Premio de Derechos Humanos
Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que defiende y promueve el respeto de los Derechos Humanos en México, es uno de los 10 candidatos para ser acreedores del “Premio Tulipán de Derechos Humanos”, edición 2016 que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda.
La fecha límite para participar en la votación es el 7 de septiembre. Para votar ir a: http://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting
El premio se entregará el próximo 10 de diciembre, en la Haya, Holanda, en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.
16/GMV/LGL
Pobreza, discriminación social y violencia, orillan a migrar
Más de 500 mil personas cruzan a Estados Unidos anualmente mediante una ruta “plagada de riesgos”, entre ellos múltiples violaciones a los Derechos Humanos y la muerte; aun así, no existen medidas de refugio para esta población vulnerable, indicó un comunicado emitido por la organización Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS, por sus siglas en ingles).
La pobreza, la discriminación social, y el incremento de la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, también conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica, son las causas principales del desplazamiento masivo de personas en esta zona.
Cuando son detenidos, las y los migrantes sufren “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en México así como en Estados Unidos, lo que PCS y otras organizaciones internacionales han reconocido y calificado como una crisis de los Derechos Humanos.
“Hoy por hoy existe a nivel regional una ausencia de mecanismos efectivos de refugio que sean capaces de responder al creciente desplazamiento forzado que se está viviendo”, comunicó PCS, previo a la reunión que sostendrá con la organización canadiense Inter Pares y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad y varios miembros de la Misión Internacional en Ginebra, desde el 29 de agosto al 2 de septiembre.
En dicha reunión, abordarán el tema ante varios organismos internacionales de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Durante esta visita, el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de los Trabajadores Migratorios revisará la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en Honduras, cuya población migrante viaja hacia México y Estados Unidos en las condiciones más vulnerables, de acuerdo al Informe Alternativo Ante el Comité Para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
En este informe, varias organizaciones hondureñas—entre las cuales se encuentran la Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR); Asociación Feminista Trans (AFeT); Asociación FIAN Honduras; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; y otras- critican la legislación migratoria de su país por “abiertas violaciones a los Derechos que la Constitución consagra como elementales para cualquier persona”.
Asimismo señalan la carencia de enfoques de protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables como el enfoque de género, y limitar la funcionalidad del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, cuya función principal es ayudar a los y las hondureñas en necesidad con “su repatriación voluntaria a Honduras y la de aquellos menores, discapacitados, adultos mayores o personas incapaces, cuya repatriación sea solicitada por los consulados hondureños”.
También presentaron la falta de recursos o medidas de auxilio para rescatar a personas hondureñas desaparecidas, detenidas o deportadas, así como los resultados de su investigación sobre las causas profundas de la migración irregular—mayormente incitada por la desigualdad y la falta de oportunidad—y las medidas que se pueden tomar para prevenirla.
16/CAR/LGL
Presentan Protocolo para atender casos de violencia de género en la UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México se unió a la campaña HeForShe y presentó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, el cual contemplará la mediación para atender casos de acoso y hostigamiento dentro de la máxima Casa de Estudios.
Este lunes la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró presentó el Protocolo durante un evento realizado en el edificio de Rectoría, en donde estuvieron presentes académicos y la representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMujeres), Ana Güezmez García. Ahí la abogada de este recinto universitario dijo que una de las medidas para atender “ciertos casos” de violencia, será la “mediación”.
La directora del programa Universitario de Estudios de Género, Ana Buquet Corleto, explicó a Cimacnoticias que la mediación no será aplicada en caso de violación, pero sí en “acoso” y “hostigamiento” que se encuentren en una etapa inicial.
Reconoció que el uso de la “mediación” en casos de violencia ha sido muy “discutido”, pero indicó que sí puede ser una vía de solución.
De acuerdo al Protocolo -el cual es una herramienta que permitirá homologar, transparentar y dar certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género- las víctimas podrán presentar sus quejas dentro de 12 meses posteriores al acto y cuando sean menores de edad no tendrán tiempo límite.
Las quejas podrán ser interpuestas por las víctimas y por terceras personas que tengan conocimiento de los actos de violencia. Cuando la víctima sea menor de edad se deberá dar aviso a su padre, madre o tutor.
El protocolo se realizó como una acción del Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la UNAM, firmado por el rector, Enrique Graue Wiechers.
En ese acuerdo señalan que “la violencia de género es contraria a la legislación universitaria, por lo que se tendrá cero tolerancia ante este tipo de actos y se les sancionará conforme a la normatividad existente”.
Las etapas para realizar una denuncia, así como el seguimiento que se dará se encuentran explicadas en el sitio oficial de la unidad de Igualdad de Género de la UNAM, el cual ya entró en vigor y donde podrán denunciar tanto estudiantes como trabajadoras de la institución educativa.
La directora del programa Universitario de Estudios de Género, Ana Buquet Corleto, señaló en su discurso de apertura del evento,
que la desigualdad entre mujeres y hombres se refleja en la UNAM con la plantilla de investigadores titulares “C” (de tiempo completo) en donde apenas un 28 por ciento de las plazas son de mujeres, mientras que en investigación científica la presencia de las mujeres se reduce a un 20 por ciento.
Al adherirse a la campaña HeForShe, movimiento a favor de la igualdad de género, impulsada por el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon en septiembre de 2014, a fin de generar conciencia respecto a que hombres y niños son agentes importantes para lograr la igualdad de género y de derechos de mujeres y niñas, la UNAM se compromete a combatir la desigualdad de género.
Con esta acción también se suma a la lista de las universidades más importantes que apoyan la campaña como la Universidad de Leicester y la universidad de Oxford del Reino Unido.
Con la adhesión a la plataforma de ONU MUJERES, la Universidad también se compromete a que, en dos años, verificará el grado de avance o implementación de cada uno de los 27 compromisos en la materia.
Otros objetivos en los que la Universidad Nacional trabaja al sumarse a la estrategia internacional HeForShe son: promover el reconocimiento de los estudios de género por los sistemas nacionales de evaluación, y fomentar que la educación en derechos humanos e igualdad de género estén incluidos en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.
También, evaluar la situación de género en todas las entidades universitarias; impulsar que más mujeres ocupen puestos directivos y desarrollar desde el bachillerato acciones para incrementar el interés de las alumnas por ingresar a licenciaturas en las que ellas tienen poca representatividad.
A nivel internacional se han sumado a esta plataforma instituciones como la Universidad de Leicester, de Reino Unido y la Universidad de Oxford. En México participan, además de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República y la Universidad Iberoamericana, entre otras.
16/GVV/LGL
Erradicar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres de la capital, así como garantizar la laicidad del Estado para que los grupos religiosos no interpongan visiones religiosas que vayan en detrimento de los derechos ganados como la Interrupción Legal del Embarazo, son algunas de las peticiones para que queden plasmadas en la nueva Constitución.
Este fin de semana se llevó a cabo el Parlamento Metropolitano del Valle de México en la Asamblea Legislativa, donde organizaciones civiles como CulturaDH, hicieron un llamado para garantizar estos derechos y la inclusión de otros como un sistema de seguridad
económico que cumpla con tres elementos cruciales: un incremento de paga, un sistema de protección social universal, y un censo único de beneficiarios.
En su ponencia “Derechos Humanos e igualdad sustantiva en la nueva Constitución de la Ciudad de México, la presidenta de CulturaDH, Rosy Laura Castellanos, expresó que el objetivo de estos elementos es “lograr una redistribución más justa de los bienes y los servicios y lograr una condición igualitaria que sirva para cumplir con el precepto de justicia social”.
“El avance en el grado de urbanización de la ciudad ha dejado en desventaja a los habitantes de las zonas indígenas que todavía subsisten, en donde la desigualdad históricamente sigue afectando en mayor grado a las mujeres, lo que imposibilita su desarrollo y su acceso a los avances económicos de las metrópolis”, abundó.
Con esto, Castellanos llamó a que las y los constituyentes tomen el concepto de los Derechos Humanos como un factor fundamental durante la redacción de la nueva carta magna.
“Las democracias actuales presentan avances pero aún hay retos pendientes por cumplir, como garantizar una mayor presencia de mujeres indígenas en cargos públicos y de representación social y sobre todo en la toma de decisiones políticas”, dijo.
En respuesta, la presidenta de Incide Social A.C, e integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, Clara Jusidman, señaló que los Derechos Humanos deben ser base fundamental de la carta magna local y abundó que también deberán integrarse nuevos derechos de la vida en las ciudades como el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, así como el acceso a la alimentación, a la vivienda, al agua, al saneamiento, al desarrollo sostenible, a la libertad de expresión, a la tecnología y la ciencia, y al cuidado del medio ambiente.
Jusidman acentuó también la importancia de redactar leyes que se ocupen con la protección de animales, los derechos de trabajadores informales, y medidas que aseguren la transparencia de gobernantes y funcionarios públicos.
16/CAR/LGL
Piden incluir violencia política en Ley de Acceso de Tamaulipas
La diputada local por el partido Nueva Alianza en Tamaulipas, Erika Crespo Castillo, presentó ante la diputación permanente, una iniciativa para incluir el concepto de violencia política en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres de Tamaulipas.
La propuesta legislativa es para adicionar el inciso H y las fracciones I a la IX del artículo 3 de la citada ley y establecer que: “La violencia política, es toda acción u omisión basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.
La legisladora destacó la necesidad de legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones para desarrollarse en el ámbito político-electoral.
Al exponer el objeto de la iniciativa, la también Presidenta de las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del Congreso del estado, dijo que en Tamaulipas y en México, todavía tenemos un largo camino por recorrer para desterrar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.
“En el espacio de la política mexicana, no existe todavía la igualdad sustantiva ni se ha erradicado la discriminación hacia las mujeres en cargos de poder: aún son cuestionadas en función de su papel de madres y amas de casa; asimismo, su influencia en políticas públicas favorables a ellas es insuficiente”, insistió.
La iniciativa, que recepcionó la diputación permanente para su análisis, plantea los distintos actos que serán considerados violencia política.
Entre estos, cuando impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública y eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres.
También, cuando impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada; restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida e impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.
De igual manera, se considera violencia política cuando discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto, divulguen o revelen información personal y privada de las mujeres candidatas electas, designadas, o en el ejercicio de funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan; y cualquier otro acto que limite o restrinja la participación política de las mujeres.
Al presentar la iniciativa con el apoyo del Grupo Parlamentario del partido Nueva Alianza, la diputada Erika Crespo dijo que la violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.
Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.
La legisladora local dijo que ante la falta de un marco legal especifico en materia de violencia política en México, recientemente diversas instituciones, elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y este concepto se construyó a partir de las leyes y convenciones internacionales.
En Latinoamérica, hasta el momento, únicamente Bolivia cuenta con una ley específica en la materia, mientras que en Costa Rica, Ecuador, México y Perú, se han presentado iniciativas.
Por lo que se refiere a los estados de la república mexicana, señaló que las leyes en materia de la violencia contra las mujeres de Campeche, Jalisco y Coahuila ya cuentan con una definición de la violencia política. Por su parte, el estado de Oaxaca, además de incluirla en su ley de violencia, aprobó tipificarla.
16/RMRQ/LGL
Chamarra verde limón, el teléfono celular entre los senos y Nicolasa, mi bicicleta. El camino a la cafetería de mi amiga consiste en transitar 5 cuadras, sobre la misma calle en la que vivo, una calle pequeña con poco tránsito. Salgo de la casa y a la segunda cuadra escucho el claxon de un Chevrolet negro.
Estoy ocupando un carril, como me corresponde ante el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. El hombre del coche negro continúa pitando y decide acercar su coche, lo suficiente para tocar mi bicicleta. Me detengo y le digo que yo también soy un vehículo mientras grita. En cuestión de minutos ya tengo la llanta derecha de su auto sobre mi pie izquierdo. El miedo me paraliza por algunos segundos y puedo ver su sonrisa mórbida ante mi reacción.
Nunca en la vida me sentí tan vulnerable. Atino a sacar el celular de entre mis senos y, cuando cae en cuenta de que estoy por grabarlo, se va unos 100 metros en reversa, cobarde, irresponsable. Intento seguirlo y consigo a penas interceptarlo en una esquina mientras miro cómo, con toda la impunidad que en este país se le permite a esos ejemplares de mexicano, se larga.
Esto me sucedió hace unas semanas, una tarde cualquiera en la que sólo iba a transitar 5 cuadras en mi bicicleta. Después de una crisis de llanto, de llamar a las feministas que amo y llorar y recibir apoyo de ellas y de las personas que tengo cerca, acudí al ministerio público que me correspondía a levantar una denuncia que, como era de esperarse, no podía proceder porque mi pierna no estaba rota (real).
Poco tiempo después de mi incidente vi el video de los automovilistas prepotentes y violentos agrediendo ciclistas como el que subió Ari Santillán y gracias al cual se comenzó a visibilizar el problema de las y los ciclistas en el tránsito de la CDMX.
Desde entonces no dejo de pensar en el síntoma fálico del automovilista chilango (el de a ver quién tiene más grande la lámina), así como en el papel de la esposa que, mientras graba al ciclista agredido, se hace cómplice de su macho, asesino en potencia y por supuesto de la siempre omisa, o en mejores casos inepta policía citadina.
Sin ánimos de concluir algo le he dado vueltas a la situación y encuentro este síndrome de meterla sin permiso: la lámina, el cuerpo, las ideas. Síntoma de machos violadores, feminicidas, incapaces de coexistir con quien no entre en la norma de la gandallez citadina que tanto les ha privilegiado. Incluso se puede ver en casos específicos de ciclistas que andan por la banqueta rebasando peatones, o de peatones que caminan en diagonal, con mucho enojo porque hay que rebasar a quien no tenga prisa.
Mi observación desde luego no es original, y honestamente no puedo teorizar acerca de las conductas patológicas de la idiosincrasia chilanga a la hora de transitar los espacios públicos. Aunque estoy segura de que esto que nos pasa es muy claro y comienza desde el inicio de nuestra formación ciudadana.
Somos seres ubicados en bancas de madera que tienen horarios específicos para su recreación, el único tiempo en el día donde es posible caminar, reír o buscar un lugar escondido de la prefectura para abrazarse o darse un beso. Seres que tienen 15 minutos al día en los call centers para orinar y cagar aunque el cuerpo aún no lo desee. Seres que deben comer en horarios específicos o frente a la computadora para ser bien productivos y poder creerse el cuento de que su tiempo vale más que el de los demás.
Esta sensación ficticia de importancia dota al ejemplar de mexicano gandalla de esa prepotencia nivel orco que podemos ver en las señoras adineradas grabando al ciclista recién agredido por su esposo, en la sonrisa del hombre del Chevrolet negro. Por otra parte, es importante notar que si bien muchas mujeres son cómplices de su machito gandalla, por lo general son los hombres quienes agreden físicamente a ciclistas.
Es simple, si vas en coche piensas que tu tiempo vale más que el de los demás, ese tiempo que pasas sentado en el tráfico de reforma, circuito o cualquier callecita pequeña como la que yo transito para ir a la cafetería. Si vas a trabajar en algo que consideras importante, aunque esto implique solamente hacer rico a quien te explota, piensas que tu tiempo vale más que el de los demás.
Si interseccionamos esta prepotencia con la cultura misógina y clasista de la ciudad ¿qué obtenemos? Fácil, un despliegue de despotismo por parte del mirreynato que atropella, avienta bicis sobre las avenidas, amenaza, golpea a los polis y esconde ecobicis en su casa porque es México wei, y México es un desfile de cuerpos reprimidos que no soportan las corporalidades que asumen su propia vulnerabilidad y con ello se liberan de a poquito.
Por otra parte me pregunto qué tristezas esconderán los cuerpos privilegiados ¿qué detrás de las joyitas en la mano de la señora que defiende a su machirulo? ¿qué pequeñez de humanidad detrás de la musculatura hinchada y atrofiada del lord audi? ¿qué detrás de la corporalidad de hombre manejando un Chevrolet negro? ¿por qué tanta inseguridad, tanta necesidad de ejercer violencia sobre los cuerpos que se leen vulnerables?
Si el hombre del Chevrolet negro no se hubiera escapado cobardemente de mí cuando lo grababa, después de atropellarme, sabría que las mujeres, las ciclistas y en general, las corporalidades vulneradas no somos débiles.
Y todo esto me trae a un punto sencillo, sencillamente jodido. La vulnerabilidad es la única que nos puede sacar del lío asqueroso en el que nos han medido los ejercicios de poder patriarcales. Hay que defender nuestro derecho a ser vulnerables, hay que decir de todas las formas que la vulnerabilidad es una posibilidad de creación de mundos nuevos, y no un pretexto para asesinarnos y con ello, hincharse los músculos y la lámina que tanto han podrido la vida en la ciudad.
*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes.
16/CHJ/LGL
No tienen hijos pero intentan decirnos cómo educarles y guiarles. Piden justicia y predican por los justos según sus escrituras, pero cuando uno de los suyos viola a una niña, niño o mujer, las redes de su organización están preparadas para orquestar el ocultamiento, perpetuar la impunidad, para proteger criminales y dejarles cometer los mismos delitos una y otra vez en diferentes iglesias. No saben nada de pedagogía, sin embargo basados en preceptos del oscurantismo pretenden vetar la educación sexual de niños y niñas. Esa educación integral que busca ayudar a formar a seres humanos más íntegros y amorosos respecto a su sexualidad y sus relaciones eróticas.
La Iglesia, o más bien las iglesias, porque son lo mismo el Cardenal Norberto Rivera cuyo enriquecimiento inexplicable parece intocable por la ley, que el jerarca de la iglesia Ortodoxa de Antioquía Antonio Chedraoui, millonario amigo de pederastas, violadores y asesinos, de gobernadores corruptos y delirantes. Chedraoui cuyas celebérrimas fiestas de cumpleaños reúnen a los más dudosos personajes como Kamel Nacif Borge, Mario Marín, Carlos Salinas de Gortari.
Los líderes religiosos con mayor influencia en nuestros congresos legislativos, representan el retroceso, lo peor de la política religiosa que insiste, contra todo pronóstico de postmodernidad, llevar las decisiones públicas al ámbito de la imposición machista que se opone sistemáticamente a los Derechos Humanos, a las libertades cívicas, a la democracia.
Porque no estamos hablando de que la influencia de estos líderes políticos al incidir en las políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo en Veracruz, es simplemente un elemento de la democracia plural, no, su participación y la posterior celebración con el ignominioso gobernador Javier Duarte son parte de una connivencia extralegal, su incidencia en los congresos (acompañados por Beatriz Paredes hace un par de años para dar el mismo albazo en Quintana Roo y otros estados), es un acto político que traiciona los principios democráticos; es cabildeo oscurantista, decisiones hechas tras el oído de la sociedad, intercambio de favores, de poderes económicos, un ejercicio de poder patriarcal que impone el retroceso de las garantías constitucionales de la mitad de la población.
Estos son machos. Machos en tanto miembros elementales del sexo masculino, en tanto elementos dominantes de un grupo social, machos alfa en su ideología, que pretende imponer la mirada de lo masculino tradicional a fuerza de corrupción, ocultamiento, presiones políticas y tráfico de influencias.
No perdamos el tiempo, los obispos, cardenales o jerarcas de las diversas iglesias que insisten en imponer a las mujeres, a las niñas y niños su visión retrógrada del mundo, no tienen nada que hacer legislando. Sus templos están allí para que sus seguidores les escuchen y tomen decisiones sobre su vida, su moral, principios y valores basados en su construcción ideológica y en su propia mitología, pero nuestros templos cívicos laicos, los palacios legislativos, están aquí ante todo para que las leyes se conviertan en garantías que protegen los derechos de toda la población.
El problema para el feminismo, para los derechos de las mujeres y niñas, y para los hombres no tradicionales, no son la religión o la fe que cobijan a millones y les ayudan a ser mejores personas. En realidad quienes van por todo para destruir los avances en la igualdad son los jerarcas políticos, los patriarcas intérpretes de la mitología religiosa, los machos alfa del poder que persisten en hacerle creer a una parte de la población que el mejor de los mundos es ese en que los hombres mandan y las mujeres obedecen, en que ellos son proveedores y eso implica que sean adorados y tratados como una casta superior.
La mitología y las leyendas que estos jerarcas persisten en imponer en nuestras políticas públicas nada tienen que ver con la fe, ni siquiera con la religión, sino con la implementación y fortalecimiento de un pensamiento machista en que la diversidad sexual, la igualdad, la nueva masculinidad y la paz social no tienen cabida. La sufragista Rebeca West dijo “El feminismo es la idea radical de que las mujeres también son personas”; parece que los jerarcas se oponen a esa idea libertaria.
Ellos quieren a los rebaños divididos, angustiados, encerrados en el closet, amedrentados por la fantasía de un castigo divino de un Dios cruel al que, supuestamente, le interesa mantener la heterosexualidad, la sobrepoblación, la sumisión femenina, la supremacía masculina, la adultocracia, y si para lograrlo deben recurrir a alianzas con dictadores, asesinos, ladrones, narcotraficantes, violadores o pederastas, no hay problema, siempre está el cielo imaginario para perdonarles sus pecados contra la democracia.
@lydiacachosi
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
16/LCR/LGL
AVG y violencia política a informe de CEDAW
En junio pasado el Estado mexicano debió presentar un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones que en 2012, le hiciera el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sin embargo una vez más se retrasó con este proceso, por lo que Naciones Unidas evaluará a nuestro país hasta el 2018.
Cabe recordar que desde hace una década, México retrasa la presentación de estos reportes que se entregan cada 4 años. El séptimo informe se debió presentar en 2002, pero se hizo hasta 2006; por lo que en 2010 se entregaron dos, el séptimo y el octavo informe.
A propósito de esta revisión, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, aseguró a Cimacnoticias que antes de esperar a que pase el tiempo el gobierno debe trabajar para cumplir las recomendaciones de 2012.
En cada informe oficial, las organizaciones civiles envían a Naciones Unidas información paralela a la que proporciona el Estado, en diferentes temáticas, pero destaca la situación de violencia de género y el alarmante incremento en casos de feminicidio, por lo que el tema se ha vuelto recurrente en CEDAW, quien en 2012 generó una serie de recomendaciones al Estado mexicano en la materia.
Entre ellas destacan prevenir el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos; y revisar la estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada, implementada de 2006 a 2012.
Además lo exhortó a abordar urgentemente los obstáculos que limitaban (en ese entonces) la activación de la Alerta de Violencia Género (AVG), un mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar esta violencia, que para ese entonces, no se había activado en ningún estado.
Frente a estas problemáticas y con miras a la rendición de cuentas que en 2018 deberá hacer México ante la CEDAW, feministas y académicas aseguraron que el Estado debe tomar acciones inmediatas.
Gloria Ramírez enfatizó que debido a que ahora se cuenta con información suficiente de que el feminicidio se ha extendido en todo el país, existe la posibilidad de que la sociedad civil pida que, con base en el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la CEDAW, un grupo de expertas visite México para profundizar la investigación.
Y esto no sería la primera vez; ya en octubre de 2003, las relatoras especiales del Comité CEDAW, María Yolanda Ferrer Gómez y María Regina Tavares da Silva, visitaron el país para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
LA INEFICACIA DE LA AVG
Pese a que la AVG ya se implementó en algunas entidades federativas de las 21 que la solicitaron, para las activistas que documentan los homicidios dolosos de mujeres, esta herramienta no está funcionando para prevenir y atender el feminicidio.
Como ejemplo, citaron el caso de Chiapas, donde el número de mujeres asesinadas se incrementa. Martha Figueroa Mier, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de esta entidad, dijo que en 2012 registraron 97 muertes violentas de mujeres y en 2013 la cifra ascendió a 103, por lo que en noviembre de 2012 las agrupaciones civiles chiapanecas decidieron hacer un llamado de emergencia a través de una “alerta autónoma” mediante la cual sistematizaron y documentaron casos.
Desde entonces las asociaciones piden investigar con perspectiva de género la muerte violenta de cualquier mujer, sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades o que obstruyeron la justicia, y garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
Y es que la experiencia de la AVG en otros estados demostró que el mecanismo se comenzó a utilizar “como una amenaza, se politizó, se volvió un mecanismo muy perverso pero yo creo que las alertas sí funcionan”, aseguró Figueroa Mier.
Este uso político de la alerta lo han comprobado las organizaciones integradas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una red que agrupa a agrupaciones enfocadas en la documentación y acompañamiento de casos de violencia de género.
Patricia Bedolla, activista del Estado de México, dice que en esa entidad existe un contexto de impunidad y es que si bien fue el primer estado donde se decretó la AVG en realidad todavía no se ven resultados alentadores.
En 2010 el OCNF junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron la activación de la AVG ante los 922 casos de homicidios dolosos contra mujeres que se registraron de enero de 2005 a enero de 2010, y aunque el proceso judicial para conseguirlo fue largo, en 2015 lograron que se decretara.
Con todo y esto, de enero a junio de 2015 se contabilizaron 2 mil 895 desapariciones de mujeres, según Patricia Bedolla.
Lo mismo sucede en otras entidades como Guerrero donde Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró que sólo en 2015 hubo 164 casos de feminicidio en ocho municipios del estado, lo que llevó a solicitar la Alerta en junio de 2016.
Por su parte, Lucero Circe López, directora de Humanas sin Violencia en Michoacán, donde se solicitó la Alerta en 2014 por la violencia y los crímenes de mujeres en un contexto de crimen organizado y surgimiento de autodefensas, advierte que este mecanismo atiende lo emergente pero no modifica lo estructural.
Esta herramienta, dice, pone en evidencia que “se prefiere administrar la violencia en vez de darle una solución”. Ante la incipiente implementación de la AVG, las activistas aseguran que el Comité de la CEDAW debería preguntar al gobierno mexicano por qué las Alertas no están funcionando y qué se está haciendo para eliminar la violencia feminicida.
Como si fuera poco con los asesinatos de mujeres, la trata de personas, la criminalización de defensoras y periodistas, la violación de los derechos de las mujeres presas acusadas de homicidio cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, ahora las organizaciones civiles están documentando una nueva forma de agresión.
Se trata de la violencia política contra las mujeres que deciden participar en política, ya sea como candidatas o funcionarias electas, casos que comenzaron a ser públicos después de la reforma político-electoral que en 2014 elevó a rango constitucional la paridad de género, y que también será materia de análisis por parte de las organizaciones, en el próximo informe ante la CEDAW.
16/AGM/CAR/LGL