Con toda mi sororidad y agradecimiento a Elva Narcia
Los partidos políticos y aspirantes a ocupar la gubernatura en Chiapas podrán tener diferentes matices, pero en algo coinciden tanto los posibles candidatos como los institutos políticos que los podrían postular y es que NO tienen el tema de igualdad de género en su agenda. Ahí no hay matices. El asunto se les atora por igual y por eso poco o nada han hecho para que en algo se pueda avanzar en beneficio de mejores condiciones para las mujeres.
La paridad de género en candidaturas en Chiapas, que ha logrado que más mujeres estén en puestos de representación popular, no fue una concesión de los partidos, por el contrario ellos se opusieron, es el resultado de una lucha que hemos dado las mujeres en diferentes ámbitos.
En el estado ni los partidos políticos ni las y los representantes populares han hecho algo por la indignante simulación de la paridad que hay en los municipios, en donde puestos que fueron ganados por mujeres están siendo ocupados por hombres, o en otros casos, que ya hicieron renunciar a las mujeres para que ocupen los cargos varones. Han sido los propios partidos quienes han impulsado y solapado estos casos.
Las diputadas y diputados locales de todos los partidos no se preocuparon por garantizar –con la llamada “gran reforma a la Constitución”- que con la reelección estos casos no se repitan.
Los partidos políticos no están invirtiendo en la formación de cuadros de mujeres –con todo y que hay presupuesto para ello- porque tienen planeado hacer lo mismo que las elecciones pasadas: hacer una paridad de género simulada.
El cuestionamiento es para ellos y también para las mujeres que militan dentro de los partidos políticos o apoyan a algún aspirante y que no han puesto por delante los intereses de género por encima que los del partido o “su posible candidato”.
Entiendo que la lucha que tienen al interior no es nada fácil. Los partidos políticos se siguen rigiendo por principios patriarcales. A las mujeres les exigen disciplina partidista, cerrar filas con el partido, y eso les ha significado hacer un lado –no debería de suceder así- con la principal encomiendan que debemos de tener todas las mujeres que de alguna u otra manera tenemos la posibilidad de incidir, y es lograr impulsar una agenda que logre erradicar la desigualdad de género.
Conozco y reconozco el trabajo de mujeres en Chiapas y en el país que estando dentro de grupos políticos o partidos están haciendo la diferencia y que están anteponiendo la agenda de igualdad de género; pero necesitamos que sea una lucha de todas.
La crítica que hacen las mujeres que participan en los partidos políticos debe de dejar de ser hacía dentro, tiene que ser hacía fuera porque debe de ser una prioridad el tema de género –que atraviesa otros tantos más-.
El primer compromiso que tenemos como mujeres es con nuestro género, no es con un grupo político que nos invisibiliza y nos usa y nos pide que nos quedemos subordinadas o nos dice que nuestras demandas pueden esperar. Ya bastante hemos esperado, ya hemos dejado hasta el hartazgo a un lado nuestras prioridades por anteponer las de un grupo.
Las mujeres no tienen-tenemos que renunciar a participar en los partidos o grupos políticos porque quienes los encabezan, en su mayoría, tienen perspectivas patriarcales. La casa también es nuestra, no tenemos por qué salirnos de ella, sino cambiarla.
17/SS
enero 2017
Si usted vio las fotografías de los diarios en que la policía mete perros que detectan “sustancias ilegales” en las mochilas de niñas y niños de las escuelas del país, entenderá la evidente e inaceptable violación a la ley por los derechos de niñas, niños y jóvenes y la inmensa farsa a la que ahora nos enfrenta el Secretario de educación Aurelio Nuño, a quien le dio por hacer de policía en lugar de dedicarse a lo suyo: mejorar la educación, asegurar mejores pagas para el profesorado, mejorar la infraestructura escolar, fortalecer las redes de bibliotecas escolares, crear escuelas públicas para niños y niñas invidentes, sordas, con autismo, y preparar a las redes de escuelas en todos los estados para recibir estudiantado mixto que sepa convivir y educarse con la diversidad de estudiantes, como aquellos con síndrome de Down y otras discapacidades. Chicos y chicas capaces de aprender ciencia, de convertirse en grandes profesionales si al Estado le importara en verdad mirar y educar a toda su población infantil con respeto y sin lástima o exclusión. Se habrá dado cuenta usted, como la mayoría de nosotras, que el petulante secretario Nuño no ha hecho un solo esfuerzo notorio por implicarse, ya, en que todas las escuelas públicas tengan los servicios adecuados para la movilidad de estudiantes con sillas de ruedas. Inauguran una, se toman la foto y a lo que sigue.
¿Por qué deberíamos de rebelarnos masivamente en contra del operativo Mochila Segura? muy sencillo: porque criminaliza a nuestros hijos, hijas, sobrinas y nietos les expone a un estrés inmerecido, en el que (ellos y ellas me lo han dicho), se sienten culpables de algo que nunca han hecho; vigilados por el Estado como si fueran delincuentes. Porque si usted tiene prole de entre 9 y 16 años y les escucha, sabe muy bien que entienden lo que la injusticia significa. Tal vez no todas nuestras hijas e hijos puedan verbalizar la impotencia de sentirse vistos como delincuentes dentro de la escuela, mientras saben que allá afuera, en la esquina, hay un dealer protegido por la policía del barrio; o que el director de la escuela sabe que hay un chico hijo de padres vinculados con la delincuencia organizada que probablemente tenga acceso a un arma letal; pero las personas adultas tampoco dicen nada, porque tienen miedo y el miedo hace irresponsables a las y los adultos y pone en riesgo a sus estudiantes.
Que no se equivoquen las autoridades y que los periodistas no celebren la estulticia de la flagrante violación a las nuevas leyes y al sistema de protección y prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes; es decir que los colegas y editores se informen antes de celebrar un operativo que a todas luces es la teatralización de la prevención de la violencia en las escuelas. Es a la PGR, SEIDO y a la Policía Federal a quienes les corresponde asegurarse de que las redes de delincuencia organizada y policía corrupta que vende drogas y armas en las calles sean vigilados y procesados como debe ser. Los perros entrenados, la policía especializada en detectar armas, explosivos y drogas, debería estar en aquellas zonas donde grupos de adultos se encargan de fortalecer el abasto. Es afuera y no adentro de las escuelas donde le toca a la policía actuar.
El estrés postraumático al que ya están expuestos niños, niñas y jóvenes debido a la violencia social, criminal y política, a la persecución estudiantil, a la criminalización de la diversidad sexual e ideológica, es más que suficiente para causar estragos que van desde actitudes de rebeldía iracunda precoz, hasta desatar episodios de violencia que desenmascaran algún padecimiento psiquiátrico en niños y niñas sin acceso a servicios adecuados de salud mental, esos que deberían tratarles con dignidad y no con desprecio criminalizante y exclusión escolar ¿Queremos escuelas seguras? Que cada quién haga su trabajo, pero que saquen a la policía de las escuelas, que persigan a los culpables y no a las víctimas. Ya niñas y niños mexicanos soportan suficiente miedo y angustia diariamente, exponerles a esto es ilegal, inmoral e inaceptable; Mochila Segura es una farsa desatinada que vulnera su libertad, protección y ciudadanía a que tienen derecho constitucional. Lo que niñas y niños precisan es intervenciones colectivas para procesar sus miedos, explicaciones claras sobre la guerra y las balaceras, no tratarles como potenciales asesinos.
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
17/LCR
Con la llegada del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump y sus recientes órdenes ejecutivas que atentan contra los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes, resulta imperante que el gobierno mexicano tenga un estrategia política para la protección de las mujeres que podrían ser deportadas a nuestro país, concuerdan especialistas.
Durante el 25 y 26 de enero académicas, especialistas en DH y las organizaciones ONU Mujeres, Sin Fronteras, el Instituto de Migrantes Mexicanas (Imumi) y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), se reunieron en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para debatir los retos que enfrenta el país en este escenario.
Las especialistas de las agrupaciones refirieron que las políticas públicas para atender a las mexicanas que regresen a México deberán estar enfocadas en los rubros de salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades tanto de ellas como de sus hijos o hijas, pues se calcula que el número de deportaciones aumenté, de 2011 a 2016 se deportaron 42 mil 928 mexicanas según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, manifestó en entrevista con Cimacnoticias, su preocupación ante la falta de acción del gobierno para atender a las mexicanas, “existe un gran vacío, no se han intencionado, ni siquiera retomado en el discurso de nuestro presidente”.
A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la migración de las mujeres hacia EU aumentó en busca de mejores oportunidades laborales, ya que el tratado genero grandes cantidades de desempleo y empobrecimiento sobre todo en el campo.
Ahora las mexicanas tendrán que regresar a sus estados de origen que se encuentran en con condiciones totalmente precarias, señaló Pérez, pues llegarán a un lugar “que no cuenta con las condiciones mínimas de arraigo”; sin empleo, servicios básicos de salud y sobre todo, en un clima de violencia por el crimen organizado.
En el caso de las mexicanas que en su mayoría se emplea como trabajadoras del hogar y servicios de limpieza -41 por ciento según el Consejo Nacional de Población- y corren mayores riesgos de ser deportadas, la directora de Imumi, Gretchen Kuhner, dijo que podrían retomar sus trabajos en el país pero con pagos que les permitan apenas “la sobrevivencia mínima” en comparación con los que tenían en el país vecino.
Por otra parte, a las madres mexicanas que podrían ser separadas de sus hijos e hijas se les deberá dar apoyo tanto legal como emocional, señaló Kuhner. En 2016, 890 mexicanas dejaron a sus hijos o hijas y otros familiares en EU, reporta el informe de Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México de la Secretaria de Gobernación.
Cabe destacar que estas madres que fueron deportadas regresaron a entidades con altos niveles de violencia como es: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
“Necesitan ser abordados desde un política pública para evitar el riesgo de adiciones al crimen organizado, de suicidios, intentar cruzar la frontera de nuevo o que se agudice la violación a derechos porque se tengan que colocar en empleos donde no hay la menor regulación y se les explote descaradamente”, añadió Pérez.
La directora de Sin Fronteras destacó que estas políticas deberán de ser coordinadas tanto por el gobierno federal, como estatales y locales para su ejecución, y tendrán que generar programas a largo plazo, pues podrían estar en lucha los pocos recursos disponibles y empleos, para las personas que ya habitan en las comunidades y las que regresen.
TAMBIÉN A MIGRANTES DE CENTROAMERICA
México también se tendrá que hacer cargo del flujo de mujeres migrantes de Centro América en la frontera sur del país, asimismo en caso de construirse el muro si no avanza el flujo de personas migrantes, el gobierno tendrá que proveerles asilo, concluyeron las especialistas.
Imumi calcula que cerca de 20 mil mujeres transita esta frontera cada año para llegar a EU, la directora del Instituto señaló que el país tiene la obligación legal de proteger a las mujeres que transitan por el -independiente de su condición migratoria- y brindar los derechos básicos según la Constitución y los instrumentos internacionales que ha ratificado.
Sin embargo, las especialistas concordaron que esta medida se torna casi imposible ya que las autoridades mexicanas no cuentan con recursos e infraestructura para convertir a México en un país de asilo para las migrantes.
Por el contrario, las organizaciones apuntaron que han detectado en la frontera sur casos de violaciones de DH, como discriminación hacía las mujeres, problemas para comprar su identidad, para acceder al sistema de justicia, y servicios de salud.
ONGS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR TRUMP
El panorama también se dificulta para las organizaciones civiles, la directora de Sin Fronteras informó que en las próximas semanas Trump podría aprobar un recorte de presupuesto para las Naciones Unidas, que ayuda de posicionar a nivel mundial la defensa de los DH de personas migrantes.
“A estos gobiernos les causa cierto tipo de recelo que se les señale como violadores de derechos humanos. Si estos espacios se reducen, no tendremos quien nos apoye a nosotros para visibilizar lo que estamos pasando”, dijo Nancy Pérez.
Tan sólo en la primera semana de su gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que afectan a las organizaciones civiles que promueven la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con Ley Mordaza o “La Política de Ciudad de México” como se le conoce, EU que establece que cualquier organización internacional que proporcione o promueva servicios de aborto, tiene prohibido recibir fondos del gobierno.
También el 23 de enero en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, Trump reafirmó su decisión al firmar la orden de construcción del muro fronterizo con México.
Está medida incluye la adición de 10 mil oficiales de inmigración y 5 mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza. Aunque aún necesita la aprobación del Congreso para su financiamiento -oscila entre los 15 y 20 millones de dólares-, que se encuentra dominado por republicanos.
17/HZM
La defensora de familias de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, María Luisa (Malú) García Andrade, sufrió un atentado con arma de fuego en el municipio de Toluca, Estado de México.
La noche del 26 de enero Malú se dirigía con su escolta al cajero cerca de su domicilio en Toluca –donde se mudó hace 3 meses por amenazas contra ella y su familia- cuando su camioneta recibió un impacto de bala por un hombre desconocido.
En conferencia de prensa la fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que este atentado podría estar relacionado con los casos de víctimas de feminicidio en el Edomex en los que se encuentra trabajando.
Malú relató que al recibir el impacto el agente que la acompañaba sugirió que les habían pegado con una piedra, por lo que metros más adelante se detuvieron a revisar el estado de la camioneta, ahí se percataron que fue un balazo.
La activista denunció que su agente asignado por la Fiscal Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) desconocía el protocolo de protección y no sabía a quién recurrir para proteger a la activista, por el contrario el agente sugirió que se trata de un asalto y le querían quitar la camioneta.
Ante la falta de acciones de su escolta, Malú se puso en contacto con la activista, Marcela Cruz, quien es especialista en protocolos de protección para activistas. Cruz le ordenó salirse de la zona de los hechos por el inminente peligro que corría y recurrir al lugar más cercado donde hubiera policías, por ello se dirigió al aeropuerto de Toluca.
En el aeropuerto, la recibieron agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) quienes al explicarles que se pudo tratar de un atentado a su persona, ya que es activista, le reprocharon que era su culpa, pues “si ya sabía que estaba en riesgo para que sale a esas horas de la noche”, contó Andrade.
Tanto su escolta como los agentes de la PGR intentaron disuadirla de regresar a su casa y denunciara la agresión como un intento de robo, apuntó.
Fue la activista Marcela Cruz quien fue por Malú al aeropuerto y la traslado a la Ciudad de México por su seguridad. “No es posible que les tenga que explicar a las autoridades cómo resguardar a una víctima”, dijo Cruz.
Más tarde, la activista fue amenaza por un desconocido a través de un mensaje, quien le advirtió que el hecho se trata sólo de “una prueba” y amenazó de asesinarla a ella y a sus hijos.
La principal preocupación de la activista, dijo, es la seguridad de sus hijos, pues hasta el momento no cuenta con ningún tipo de protección, sólo aquella que le han brindado activistas y organizaciones.
Malú Andrade solicitó de manera urgente e inmediata una reunión con la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación y la Fevimtra, para revisar las medidas cautelares que le brindó en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La activista resaltó que aún no ha obtenido respuesta por parte de ninguna autoridad y le quedaba claro que los protocolos para proteger a activistas y personas defensoras de Derechos Humanos no funcionaban en México.
Cabe recordar que no es la primera vez que agreden a la activista, en febrero de 2011 intentaron quemar su casa y en marzo del mismo año apareció una manta con amenazas contra ella y su madre, Norma Andrade, lo que las obligó a abandonar Juárez.
Asimismo en octubre de 2013 la activista volvió a pedir medidas de protección a las autoridades al recibir llamadas desconocidas que la amenazaron de asesinarla.
Andrade aún no presenta su denuncia por el atentado, pues dijo que temé que en su regreso a Toluca pueda sufrir otro ataque.
17/HZM
Las integrantes de la Red Colimense por los Derechos de las Mujeres convocaron a eliminar los certámenes de belleza para elegir representantes de las fiestas estatales, municipales, estudiantiles y de clubes, entre otras, debido a que estos eventos generan violencia y discriminación contra las mujeres.
Las firmantes sostuvieron que este tipo de eventos exigen requisitos de belleza estereotipados y nada congruentes con la realidad y explicaron que recientemente las candidatas a las fiestas de Villa de Álvarez fueron agredidas en redes sociales por sus rasgos físicos.
“Consideramos que no es posible que en pleno siglo XXI permanezcan este tipo de prácticas que muestran a las mujeres como objetos, pues se les exigen requisitos de belleza estereotipada y nada congruentes con la realidad regional, y se les asignan calificaciones con base en las características físicas, lo que las cosifica", las convierte en objetos.
Las asociaciones que integran la Red de Colimense por los Derechos de las Mujeres expusieron que aún cuando los concursos tratan de incorporar otro tipo valores de cultura general, “es el de la belleza estereotipada el que prevalece en las calificaciones”.
Las organizaciones firmantes señalaron que su recomendación está sustentada en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece la prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad humana.
También en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en las que se especifica que se deberán tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios.
Así como diseñar programas de educación para contrarrestar prejuicios, costumbres y modificar conductas, pues los papeles estereotipados legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres.
“Es importante que la comunidad colimense, la sociedad en general, que todas las personas, valoremos a las mujeres por sus habilidades, sus inteligencias, por sus libertades para hacer, para crear, que se promuevan nuevas formas de definición para las mujeres y también para los hombres. Que fomentemos la fortaleza y autoestima en las mujeres, que no se menosprecie a ninguna”, señala el documento.
Luego exponen que por todo lo anterior, exhortan a las autoridades estatales y municipales para que se tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra las mujeres, para que no se normalicen las agresiones, para que se prohíba la práctica de los concursos de belleza, se cumplan las leyes y se integre en los planes de educación y formación la perspectiva de género.
17/HDLG
Paz Battaner, la undécima mujer elegida integrante de la RAE
La lexicógrafa y doctora en Filología Románica Paz Battaner Arias ingresará en la Real Academia Española (RAE) el próximo 29 de enero, anuncia la institución en su portal de internet.
Battaner es la undécima mujer elegida miembro de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en los 300 años que lleva la institución, desde su creación en Madrid en 1713.
En estos tres siglos de historia, la RAE incluyó mujeres entre sus académicos hasta ya muy avanzado el siglo XX; la primera mujer miembro fue Carmen Conde, elegida en 1979; después la siguieron Elena Quiroga (1983), Ana María Matute (1996), Carmen Iglesias (2002), Margarita Salas (2003), Soledad Puértolas (2010), Inés Fernández-Ordóñez (2011), Carme Riera (2013), Aurora Egido (2014) y Clara Janés (2016).
Aunque los primeros intentos de mujeres por ser incluidas en la RAE, datan de 1784, cuando fue nombrada socia honoraria María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda, conocida como La doctora de Alcalá y quien fuera la primera mujer que ostentó en España el título de doctor.
Después, en 1853, la escritora, poetisa y precursora del feminismo española, Gertrudis Gómez de Avellaneda presentó su candidatura a la Real Academia Española, pero el sillón fue ocupado por un hombre.
Otras mujeres que pretendieron abrir espacios en la institución fueron: Emilia Pardo Bazán, en 1912; Concha Espina quien presentó dos veces su candidatura, una en 1928 y otra en 1930. Sería con Blanca de los Ríos cuando la Academia admite la candidatura de una mujer, pero en la votación no resultó electa. También fue aceptada y sometida a votación la candidatura de María Moliner en 1972.
La RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas académicas, de las cuales sólo ocho están ocupadas por mujeres, incluyendo a Paz Battaner, elegida el 3 de diciembre de 2015 para ocupar la silla s, vacante desde el fallecimiento en 2013 de José Luis Pinillos. Es decir, hoy sólo el 20 por ciento de los académicos son académicas.
De 2000 a la fecha se han elegido a 21 hombres y a 7 mujeres. Aunque se encuentran vacantes la tres sillas cuyos últimos titulares fueron Ana María Matute, fallecida el 25 de junio de 2014; Carlos Bousoño, muerto el 24 de octubre de 2015, y Francisco Nieva, desaparecido el 10 de noviembre de 2016, respectivamente.
Cabe mencionar que el sistema de elección de los académicos es por cooptación, es decir, ellos mismos llenan las vacantes que se producen por fallecimiento mediante el voto de quienes integran la Academia. Además, los cargos son vitalicios, de manera que no están sujetos a reelección.
*Este artículo fue retomado del portal de la Real Academia Española
17/RED
En riesgo, sostenibilidad económica de organizaciones de salud sexual y reproductiva
Cualquier organización civil que atienda la salud –como prevenir la malaria, el zika o el VIH– y a la par haga acciones de planificación familiar, no podrá recibir fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y si lo hace deberá dejar de lado su trabajo en salud reproductiva de las mujeres.
Así lo advirtió la organización mexicana Balance, que promueve la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y quien expuso las consecuencias del decreto que el pasado 23 de enero firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reestablecer la Ley Mordaza (Global Gag Rule, por sus siglas en inglés).
En un comunicado la organización señaló que esta ley, también conocida como Política de la Ciudad de México (porque se dio a conocer en esta ciudad hace más de 30 años) fue instaurada por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan en 1984 para prohibir que ese país brinde ayude económica a cualquier organización civil que mencione, trabaje o preste servicios de aborto.
Balance aclaró que las restricciones en el uso de fondos de la USAD existen desde hace décadas y están contenidas en el Helms Amendment, que impide, desde 1973, que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero para realizar abortos.
Sin embargo el decreto que se firmó el lunes expande los alcances de la de 1984 a todos los fondos enfocados a salud en general. Es decir, que ahora las organizaciones que trabajan para eliminar la malaria, responder al VIH, atender la salud de la niñez, también deberán obedecer a la Ley Mordaza o no podrán recibir los recursos.
“Este cambio hará que la nueva versión de la política sea 15 veces más atroz que la de Reagan. Esta decisión es una manera de coartar las decisiones y autonomía de miles de mujeres, restringiendo el acceso a otros servicios de salud, así como el acceso a información y servicios de aborto seguro”, explicó la organización.
La Ley Mordaza, señala Balance, se usará para controlar la manera en la que las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de planificación familiar fuera de Estados Unidos utilizan sus fondos.
Ahora cualquier organización de salud que reciba fondos de la USAID será forzada a elegir entre promover, proveer y/o defender el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo o perder los recursos que obtienen para promover otros servicios de salud sexual y reproductiva.
Lo más grave, alertó la agrupación mexicana, es que las organizaciones que tienen financiamiento de la USAID para temas de salud y que han conseguido recursos de otras fuentes de financiamiento para trabajar en el tema de aborto, deberán dejar de promover la interrupción voluntaria del embarazo para continuar recibiendo recursos de Estados Unidos.
Esa es la razón del riesgo de la sostenibilidad económica de organizaciones que brindan vacunas, mosquiteros para reducir el riesgo de malaria y zika, que tienen programas para mejorar la salud durante el embarazo, métodos anticonceptivos, que brindan atención médica para personas que viven con VIH o que generan estrategias con el gobierno para reducir la mortalidad y morbilidad durante el embarazo, parto y puerperio, entre otras.
Esta orden ejecutiva de Trump –anunciada a un día de que cientos de mujeres latinas, afroamericanas, musulmanas y estadounidenses salieran a las calles a protestar por las políticas racistas, antinmigrantes y sexistas del mandatario– arriesgará la sostenibilidad de organizaciones civiles de otros países, sin importar el estatus legal del aborto en cada Estado.
Así los servicios que brindan organizaciones en todo el mundo para apoyar las acciones de sus gobiernos en países en desarrollo para mejorar las condiciones de salud están en riesgo.
“Esta es una muestra de que el colonialismo sigue vigente y que los países desarrollados de manera frontal y directa amenazan la soberanía de los países en desarrollo. Las consecuencias reales en la vida de las personas no se toman en cuenta. Tenemos que analizar y hacer visible la gran dependencia de muchos países al financiamiento de Estados Unidos”, expuso Balance.
La agrupación también aseguró que cortar los recursos para aborto –tema considerado un problema por el gobierno estadounidense– sólo orilla a las mujeres a buscar abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud.
17/AGM
La decisión de Trump de retirar los fondos federales a las ONG internacionales que realicen abortos u ofrezcan información sobre esta posibilidad ha tenido una respuesta inmediata: la recogida de firmas en solidaridad con Planned Parenthood.
La presidenta de las Afiliadas de Planned Parenthood de California, Kathy Kneer, anunció hace unos meses que en las semanas y meses siguientes esperan estar bajo ataque en varios frentes por la administración del presidente Donald Trump. “Será más importante que nunca permanecer juntos para asegurar que las puertas de Planned Parenthood permanezcan abiertas y que nuestros centros de salud continúen con el cuidado a las comunidades que más lo necesitan, mujeres de bajos ingresos, inmigrantes, gente de las minorías, la comunidad LGBT y más”.
En cada gobierno conservador se han opuesto a Planned Parenthood debido a que, dentro del cuidado de salud para mujeres, proveen servicios de aborto.
La organización proporciona otros programas de gran ayuda a la mujeres, como son contracepción y cuidado reproductivo, exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual y tratamientos, cuidado prenatal y primario así como miles de exámenes de cáncer a más de 850 mil californianas.
Planned Parenthood recibe alrededor de 500 millones de dólares en subsidios federales y reembolsos de Medicaid.
*Este artículo fue retomado del portal feminista Tribuna Feminista
17/RED
Desde hace años, el Grupo Multisectorial en VIH e infecciones de transmisión sexual del estado de Veracruz se encarga de “testear” todas aquellas pruebas de detección para VIH que se aplican en la entidad a fin de garantizar que no arrojen resultados erróneos. El año 2014 no fue la excepción ante una compra de 70 mil pruebas, destinadas a mujeres embarazadas para prevenir casos de transmisión del virus de la mujer al feto.
Estas se aplicaron a varias personas del Grupo que tienen VIH desde hace 10, 15 y 30 años, sin embargo, las pruebas arrojaban un resultado no reactivo, es decir, según las pruebas compradas por la Secretaría de Salud de Veracruz la persona con VIH y en tratamiento no estaban afectadas por el virus, explicó a este medio, la integrante del Grupo, Patricia Ponce.
Ante los resultados, nuevamente se reunieron con el Secretario de Salud en turno, Pablo Anaya, para explicar la problemática. La respuesta fue que se enviarían al Laboratorio Estatal de Salud Pública para hacer las pruebas de calidad correspondientes. La directora de dicho laboratorio Aurora Parissi -quien hasta la fecha funge como tal- las avaló. El Grupo las volvió a testar con personas afectadas por el virus y el resultado fue el mismo: daban falsos negativos. Así que la posición del Grupo fue que las pruebas no tendrían que aplicarse debido a que muchas veces, los resultados del organismo examinador no eran contundentes y les otorga su aval.
Las pruebas “patito” eran genéricas, no tenían marca, se desconocía el laboratorio que las elaboraba, pero se supo que tuvieron un costo aproximado de nueve millones de pesos. De esta manera, se impidió su distribución y se obligó al secretario de salud a comprar un nuevo lote. Sin embargo, no se supo si se destruyeron, devolvieron o que ocurrió con ellas, esperando que no se hayan distribuido de manera subrepticia, explicó Ponce.
“Es importante decir que no es suficiente que haya denuncias por parte del gobernador en turno y que las instituciones federales correspondientes hagan su trabajo de investigación de dicha compra, lo que el Multi exige por un lado, es que Secretaría de Salud demuestre con certeza que dichas pruebas no fueron distribuidas ni aplicadas y, por otro, que si se aplicaron deberán buscar a quienes fueron objeto de dicha prueba pues sus vidas pueden estar en riego”, resaltó la especialista.
TAMBIÉN CONDONES
Desde hace varios años el Grupo Multisectorial solicita a la Secretaría de Salud del estado la compra de condones femeninos para poder ser utilizados en talleres donde se les explica a las mujeres de sus ventajas para que lo incorporen en su vida sexual.
A mediados de 2015 se presentó un problema con la calidad de los condones femeninos adquiridos por la Secretaría a través de una compra consolidada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los condones eran de la marca KONDO, fabricados por TRENKES S.A. de C.V; la marca estaba boletinada como un producto que ponía en peligro a la salud y no estaba reconocida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Tras investigar, 6 meses después se reconoció su ineficacia, se acordó con el secretario de salud en turno – Fernando Benítez Obeso- que sólo serían utilizados para talleres, que no se distribuirían y que se comprarían “los de siempre”: Female Condon cuya calidad está garantizada.
Culminó el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, éstos no llegaron y, hasta la fecha las mujeres veracruzanas siguen sin este insumo que está registrado en el Catálogo Básico y Catálogo de Materiales de Curación del Sector Salud, refirió Ponce.
Asimismo, añadió que durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte se detectó en la Secretaría de Salud que los recursos federales que se enviaban para el programa estatal de VIH, pocas veces llegaron a su destino, lo que impactó en la calidad de la atención de las personas que se tratan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) del estado, desbasto de medicamentos para enfermedades oportunistas, sustituto de leche materna para los hijos de madre con VIH -misma que recolectó el Grupo a través de una campaña ciudadana- condones femeninos y, la ausencia de campañas de prevención y en contra del estigma y la discriminación.
ROBO DE MEDICAMENTOS
En octubre del año pasado, el Grupo Multisectorial detectó el robo de medicamentos antirretrovirales enviados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida al Capasits del puerto de Veracruz. El faltante fue de 257 frascos de los siguientes medicamentos: Abacavir solución, Efavirenz 600 mg; Abacavir/Lamivudina 600/300mg; Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir600/200/300mg,; Emitricitabina/Tenofovir 200/300 mg y Lopinavir/Ritonavir 200/50mg. Ante los hechos, se interpuso una denuncia en la Fiscalía de Veracruz el 10 de noviembre del 2016.
Para Ponce, queda pendiente ver la disposición del nuevo gobernador de Veracruz y su secretario de salud, para seguir trabajando de manera coordinada con el Grupo Multisectorial y, asumir el liderazgo que les corresponde frente a una epidemia de salud pública y fuera de control.
*Este artículo fue retomado del portal letraese.org.mx
17/LBA/LGL
Determina juez que mujer despedida por padecer CaMa tenga seguridad social
La ex subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural de la Unidad de Análisis Criminal de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex), Adriana Rodríguez Hernández, despedida de su trabajo por padecer cáncer de mama, logró que un juez determinara que debe seguir contando con seguridad social para costear su tratamiento.
En entrevista con Cimacnoticias, el abogado de Rodríguez Hernández, Pedro Ayala Espinosa, informó que tras el despido presentaron un amparo el 19 de diciembre, para conocer las razones de éste, al tiempo que pidió no terminar la relación laboral, y respetar el derecho a la atención médica de Adriana Rodríguez Hernández.
El abogado informó que por ahora un juez de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, determinó que se garantizara la seguridad social de Adriana Rodríguez.
“Al exponer todos los antecedentes médicos al juez, ordenó que a Adriana se le siga proporcionando asistencia médica por el peligro que ella corría si le suspendían este derecho en específico”.
De acuerdo con el abogado, esto es un avance importante pues el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) establece que una vez que el asegurado pierda su empleo, éste gozará únicamente con 2 meses de asistencia médica.
El abogado añadió que en este proceso buscará también que se le reestablezca a Adriana su salario o por lo menos que se le pague un mínimo vital para vivir, en los criterios que establezca el juez. “Necesita alimentos, medicinas, ya que es una enfermedad muy difícil de costear. Que no tenga un ingreso puede ser una condena a la muerte” dijo Ayala Espinosa.
Cabe recordar que Adriana Rodríguez fue diagnosticada con cáncer de mama (CaMa) desde octubre de 2014, lo que la obligo a separarse de su trabajo por 1 año.
Durante ese tiempo que Adriana visitaba las oficinas para presentar su licencia de incapacidad, fue víctima de burlas, hostigamientos y discriminación derivadas de su enfermedad, por sus compañeros laborales y su jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez, quien la obligó a laborar un día antes de ser operada de una mastectomía radical donde le fue extirpado el seno izquierdo y 26 ganglios.
En entrevista con Cimacnoticias, Rodríguez Hernández relató que ha buscado trabajo en este periodo, pero a pesar de ser elogiada por sus capacidades en ningún lugar han querido contratarla por su antecedente médico.
“He empezado a vender pulseras, anillos, cosas que tengo para vivir. Pero imagínate yo que tengo la suerte de tener atención médica, me preguntó qué pasa con las otras mujeres”, dijo.
El 17 de enero de este año fue notificada a través de un oficio, firmado por el director de la CES Edomex, Eduardo Valiente Hernández, de su despido el cual argumenta que obedeció “por amenazas e injurias en contra del personal a su cargo y desobediencia a sus superiores”.
Este documento contiene cinco supuestos testimonios de agresiones que Adriana Hernández cometió contra el personal que estaba bajo su cargo, pues ella aseguró que cuenta con pruebas que ninguno de estos testigos estaba en su plantilla de personal y ella no había cometido tales actos.
“Hay que acreditar que eso no sucedió, y constar que se dijeron cosas que no sucedieron”, agregó Pedro Ayala.
Ante estas falsas declaraciones, burlas y hostigamientos que ha sufrido Adriana, el abogado comentó que existen los mecanismos que protegen sus derechos pero “no se respetan”.
“Se han expedido de manera específica la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de México contra la discriminación laboral, pero si el gobierno del Edomex decide que no la quiere cumplir no veo otra forma de lograrlo”.
Pedro Ayala también destacó que existe la obligación legal y moral de los servidores públicos que tengan una perspectiva de género para todas las acciones que lleven a cabo, por lo que considero que “debe de tomarse en consideración estas enfermedades que aquejan en específico a las mujeres”.
Adriana Rodríguez interpuso varias denuncias por abuso de autoridad, discriminación y acoso laboral, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) -número de expediente CODHEM/TLAL/786/2015- sin embargo no ha tenido respuesta.
Actualmente Adriana Rodríguez se encuentra en espera de la resolución del amparo, y continúa asistiendo a sus tratamientos médicos de manera regular.
17/HZM/LGL