En México, 55.2 por ciento de la población de niñas y niños menores de 6 años vive en condición de pobreza.
En el libro “Políticas Públicas de Atención a la Primera Infancia: El caso de la Ciudad de México”, presentado ayer por la organización Ririki Intervención Social, se destaca que son pobres más de la mitad de los 13 millones 249 mil 872 de la población infantil en la primera infancia, etapa que de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) comprende de los cero a los 5 años de edad.
La coordinadora del libro y directora general de Ririki, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que es indispensable atender a este sector de la población por encontrarse en una etapa fundamental para el crecimiento porque en ella se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida y la mayor parte de las conexiones cerebrales.
Durante la presentación del libro la coordinadora del Programa Infancia de la Universidad Autónoma de México (UAM) Xochimilco, Norma del Río, recalcó que al implementar políticas públicas para la primera infancia se reconoce a esta población, desde su nacimiento, como sujeta de derechos.
En ello coincidió la Oficial para el Desarrollo Infantil Temprano de la Unicef México, Jimena Lozano, quien dijo que en el caso de la Ciudad de México, generar políticas públicas para esta población “impacta directamente y en menor tiempo la vida de las niñas y niños de la ciudad, que se sabe son más de 738 mil, lo equivalente a la población total de ciudades como Saltillo, San Luis Potosí, Culiacán o Querétaro”.
La representante de la Unicef en México mencionó que los aspectos que más preocupan son la educación y la salud de la primera infancia.
Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cobertura de educación inicial (preescolar) es de apenas 12 por ciento. La oferta pública de cuidado infantil en el país está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la SEP, además de la oferta privada, para la que no existe un marco regulatorio.
En cuanto a la salud se estima que en 2016 la cifra de niñas y niños en la primera infancia con desnutrición fue de 479 mil 339, de éstos, la mayoría son indígenas en zonas rurales. En el otro extremo, de acuerdo a datos de la “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012”, 8.2 por ciento de la infancia del país tiene obesidad.
El coordinador de Vinculación, Dependencias y Órdenes de Gobierno del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Daniel Ponce Vázquez, hizo hincapié en la importancia de aumentar la inversión en la primera infancia:
“La inversión debería ser, por lo menos del doble, para estar a la par de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE)”, dijo.
Según el estudio “Los invisibles. Las niñas y los niños de 0 a 6 años: Estado de la Educación en México 2014”, de la organización Mexicanos Primero, en 2009 el gasto acumulado para menores de 6 años de edad fue de 6 mil 589 dólares por niño en México; ese año Chile, Polonia y Corea del Sur gastaron el doble.
Cambios en la Co-crianza
El libro se presentó en la “Jornada por la Primera Infancia en la Ciudad de México”. En un conversatorio, el director general de Acciones Educativas para el Desarrollo A.C, René Mauricio Sánchez, mencionó que es importante incidir desde las prácticas de crianza, es decir en las acciones que se hacen para el cuidado y atención de las y los niños y precisó: “Son acciones políticas que hace una sociedad de acuerdo a cómo quiere que sean sus futuras generaciones”.
En ese sentido el director general de Género y Desarrollo A.C. (GENDES), Mauro Vargas Urías, opinó que para vencer el estereotipo de que la crianza es algo exclusivo de las madres es necesario cambiar la educación en casa: “Los hombres tenemos que involucrarnos en la educación durante los primeros años para romper la cultura machista”, afirmó.
La directora general de Ririki dijo que las relaciones estereotipadas con las que crecen niñas y niños se forman desde la primera infancia por lo que la participación equitativa de madres y padres en la co-crianza es indispensable para desmontar los roles de género existentes.
17/MMAE/LGL
enero 2017
Miente gobierno de Puebla sobre entrega de informe de AVG
Tanto el titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, como el área de comunicación social de la dependencia, mintieron sobre la fecha en que se entregó el informe final sobre las 11 recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Conavim para evitar que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla, pues aunque ambos afirmaron que tuvo lugar el 29 de diciembre, en realidad sucedió hasta el 17 de enero.
De hecho se trató de una mentira innecesaria, pues de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el gobierno estatal debía entregar el informe sobre la implementación de las 11 recomendaciones 6 meses después de que las aceptó, con un plazo extra de cinco días después de dicho vencimiento.
Esto es: si el gobierno de Puebla aceptó las recomendaciones el 11 de julio debía entregar el informe el 11 de enero o máximo 5 días naturales después, es decir, el 16 de enero.
Sin embargo, la dirección General Adjunta de la Unidad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a cargo de Katya Vera Morales, dio a LADO B dos versiones diferentes -y sin mucho sentido– sobre el vencimiento del plazo: el 16 de enero dijo que había fenecido el 11 y que por lo tanto debía entregarlo máximo ese día, el 16; y el 23 de enero dijo que habían “solicitado” al gobierno de Puebla el informe el 13 de enero, pero que el plazo de 5 días venció el 20.
Lo único claro, por parte de Conavim, es que el informe fue finalmente entregado el pasado 17 de enero.
SGG DIFUNDIÓ Y CONFIRMÓ INFORMACIÓN FALSA
El 20 de diciembre pasado, tras firmar la carta de intención para la creación del Observatorio Metropolitano de Medios, el titular de la SGG aseguró que el día 29 de ese mes se entregaría el informe final sobre el cumplimiento de las 11 recomendaciones que hizo al gobierno de Puebla el grupo de expertos, conformado por dos académicas locales y dos académicos nacionales.
De acuerdo con Oro Noticias, el funcionario dijo de forma textual: “No quiero ser presumido, pero no tenemos pendientes, vamos a entregar el reporte último el 29 de diciembre y por supuesto como ocurre cuando hay una instancia tercera, tocará a la Conavim, con quien tenemos una comunicación permanente, sistemática, hacer la valoración correspondiente”.
La mentira del secretario se hizo aún más grande cuando el 9 de enero, el área de comunicación de la SGG en voz de Francisco Sánchez Cervantes, confirmó a LADO B que el 29 de diciembre sí habían entregado el informe a la Conavim en un evento que supuestamente no fue público. Ahora sabemos que en realidad nunca ocurrió.
Curiosamente el 29 de diciembre se cumplieron 6 meses desde que el gobierno aceptara las recomendaciones aunque sólo de forma mediática (boletín de prensa 131 de la SGG), pues de manera formal -como ya se dijo- la admisión fue el 11 de julio.
LA SOLICITUD DE ALERTA
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos, solicitaron la AVG en Puebla ante el nivel de la violencia de todo tipo, incluida la violencia feminicida, y las omisiones del gobierno.
Dado que la Conavim aceptó la solicitud, el 22 de abril se lanzó la convocatoria para conformar el grupo de trabajo que analizó la violencia de género y dio a conocer su informe el 28 de junio, el cual contiene 11 recomendaciones.
Entre las acciones que se deben ejecutar a petición del grupo están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; capacitar a los funcionarios estatales en Derechos Humanos y perspectiva de género; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
NO HAY PLAZO PARA ANÁLISIS FINAL
En cuanto al tiempo que tiene el grupo de trabajo para analizar la información que entregó el gobierno estatal, Vera Morales comentó que “no se cuenta con un plazo específico ni en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni su Reglamento”, por lo que de ninguna manera se decretará la AVG en el gobierno de Moreno Valle, al que sólo le quedan 5 días.
Al respecto la vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, dijo en entrevista para LADO B que es justo en esta parte del proceso donde la Comisión falla, ya que no hay una fecha límite para que se entreguen las observaciones y se les notifique a las organizaciones promoventes.
“Como puede que tarde 3 meses, como puede que se echen 8 meses (…), a la Conavim no se le ponen muchos plazos ni en la ley ni en el reglamento, ni a los otros órganos, entonces allí hay mucha dilación”.
En términos generales Lagunes Viveros confió en que el dictamen sobre las recomendaciones sea imparcial, aunque tiene algunas dudas sobre si el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Fausto Gómez Lamont, quien forma parte del grupo de trabajo opinará en contra del gobierno de Puebla, aun cuando el padre del gobernador Rafael Moreno Valle fue presidente de la Fundación UNAM (2008-2013).
Según la página oficial de la Conavim de las 20 solicitudes de alerta de género para los estados se han declarado siete: México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz. Mientras que las alertas para Guanajuato y Baja California se desecharon, están en trámite las de Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
17/SP/LGL
Inicia Marcha de Mujeres en Washington campaña “10 acciones/100 días”
Si el pasado sábado 21 de enero, alrededor de 5 millones de personas marcharon en todo el mundo y aproximadamente un millón en Washington, contra las políticas machistas, racistas y conservadoras de Donald Trump, la organización del evento “La Marcha de Mujeres de Washington”, comienza ahora a emprender otras acciones para hacer frente a estas medidas.
En una campaña que han lanzado esta semana proponen “10 acciones/100 días”. Se trata que cada 10 días, se realicen acciones con temas que preocupan ante las políticas de Trump, y durante los 100 primeros días de mandato presidencial.
La primera de estas 10 acciones es: “Escribe una postal a tus Senadores”. “La Marcha de Mujeres de Washington” propone escribir una postal a los Senadores de Estados Unidos, cada una con un tema que más preocupe a quien escribe. “Cuéntale qué es lo que más te preocupa y cómo vas a continuar peleando por ello en estos días, semanas y meses que quedan por delante”.
La organización facilitó algunos diseños para imprimir y enviar con estos mensajes. “Puedes enviarlo tu sólo/a o invitar a cenar o tomar una copa a amigos, vecinas y colegas y hacer la acción conjunta”, sugieren.
“Puedes usar las postales oficiales que ofrecemos o diseñar la tuya propia. Escribe sobre aquello que te preocupa, desde acabar con la violencia de género a defender los derechos sexuales y reproductivos, LGTB, los derechos laborales, civiles, de la inmigración, la libertad religiosa, el medio ambiente, la justicia…o lo que se te ocurra. Si necesitas inspiración, revisa nuestros objetivos como Marcha de Mujeres”.
En la web, buscando por código postal, se facilita las direcciones de senadores y sus teléfonos.
Desde la organización invitan a tomarse una foto con la postal y compartirla en redes sociales con el HT #WhyIMarch.
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
17/RED/LGL
Con el arribo de Donald Trump a la presidencia estadounidense, el panorama no parece ser el más prometedor para los movimientos sociales. El actual presidente decidió en los primeros días de su administración eliminar de la página de internet de la Casa Blanca todo lo relacionado con lo LGBTTTI, los derechos civiles, el cambio climático, mujeres y niñas, así como la Estrategia Nacional contra el VIH/sida, además de quitar la versión en español de los contenidos del sitio.
En sus primeros días de mandato, el también empresario firmó un decreto que recupera la aplicación de una ley que prohíbe a organizaciones civiles usar fondos del gobierno para financiar a grupos que promueven servicios de salud reproductiva en varias partes del mundo, entre ellos, la interrupción del embarazo. En esa misma lógica, no es difícil adivinar que reavivará pronto la política del ABC en materia de salud sexual, que privilegió en la administración de George Bush la abstinencia sexual antes que el uso correcto del condón.
La decisión del magnate pone sus prejuicios, compromisos políticos e ideología por encima de los derechos de las mujeres y muestra un claro retroceso en los avances alcanzados en más de cuatro décadas de lucha social y política de movimientos libertarios. La alerta ya sonó entre activistas, no sólo de Estados Unidos, sino del mundo entero.
Las primeras en manifestarse en contra de la agenda ultraconservadora de Trump fueron las mujeres que en varias partes del mundo organizaron la WomensMarch para externar su repudio a la visión machista del nuevo mandatario. Como siempre ha sucedido entre el movimiento feminista y el de la diversidad sexual, en las multitudinarias marchas se vieron banderas arcoíris que reflejan la vulnerabilidad en que se encuentra esa población ante los avisos de Trump en suspender logros en las políticas públicas. Ante esa realidad, la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD) ha comenzado a movilizarse en todo el territorio nacional.
La amenaza a las libertades conseguidas, no sólo en Estados Unidos, es real. La movilización se hace necesaria para exigir respeto a los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, de inmigrantes y de la comunidad afroamericana, que permanentemente luchan por salvaguardar los derechos civiles.
Ante esa realidad, no permitamos que la era Trump nos amedrente. La razón está de lado de los derechos, de las libertades, de la igualdad.
Es momento de unir esfuerzos y solidarizarnos con el pueblo estadounidense que busca defender lo que ha costado muchas vidas e intensos años de lucha. Los países del mundo donde hemos experimentado avances en temas de diversidad sexual, o donde estamos en procesos progresistas, no podemos permitir que la influencia conservadora del presidente de Estados Unidos se mimetice en nuestros gobiernos, congresos y espacios de convivencia social.
La libertad debe sustentarse en los Derechos Humanos y con los numerosos tratados internacionales que buscan garantizar la igualdad. Los gobiernos del mundo no sólo deben pensar en la protección económica de los países, sino también en la defensa de los derechos y de las libertades humanas. La unión entre los diferentes movimientos sociales y la congruencia de quienes gobiernan, legislan y deciden el destino de los países, hoy debe mostrar su verdadera fuerza.
*Activista, académico, periodista independiente y actual secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41
17/AMT/LGL
En un mes, Oaxaca registra 6 casos de violencia política de género
Lo primero que vio la indígena mixteca Gabriela Rivera Maldonado al abrir los ojos después de recibir más de 20 latigazos y quedar semiinconsciente fueron los rostros del presidente municipal de San Miguel Peras en Oaxaca, Santiago Ramírez Cervantes y del síndico, Sergio Rivera Flores, quienes reían al verla tirada en el suelo.
El domingo 15 de enero –repasa en entrevista la traductora de Gabriela, Otilia Flores– frente a su hijo de 2 años de edad, Gabriela fue golpeada con un tuchi (látigo) por orden de los dos funcionarios que la detuvieron en la comandancia como represalia por querer participar en las elecciones del año pasado.
Para preparar la golpiza, el presidente municipal y el síndico mandaron llamar a los abuelos de Gabriela antes de que ella fuera retenida en la comandancia. Una vez allí los confrontaron con su nieta y el abuelo tuvo que aguantarse las ganas de oponerse porque fue obligado a darle un puñetazo en la cara porque ellos son “la autoridad”.
“Cómo es posible que en este tiempo golpeen a una mujer adentro de la presidencia (municipal). Para nuestros antepasados eso (gobernar) era sagrado”, dice Otilia, quien además aprovechó para reclamar que la foto de su compañera fuera difundida y aclarar que Rosa Aguilar y Mariana Díaz, quienes también habían manifestado su interés en participar en las elecciones, fueron igualmente amenazadas.
La mañana del 15 de enero –relata la traductora– unos policías en una patrulla llegaron a tocar a la casa de Gabriela Rivera. Cuando ella abrió la puerta y pregunto qué pasaba, ellos respondieron “súbete y vámonos”; sorprendida, preguntó las razones pero ellos sólo dijeron que tenía que ir al edificio de la presidencia municipal.
En un pueblo donde la mayoría se conoce, la joven logró convencer a los policías de que ella iría caminando hasta allá pero debía cambiarse de ropa. Así lo hizo. Tomó a su hijo de 2 años de edad y salió hacia la presidencia municipal. Al llegar, el síndico la esperaba en la entrada, le pidió pasar y que esperara.
Gabriela creyó que sería acusada por una señora con la que había discutido semanas antes pero después de esperar alrededor de media hora, llegó el presidente municipal y la hizo pasar a otra área donde la esperaban sus abuelos. A sus familiares les dijeron que ella estaba detenida porque “tenía muchas quejas”.
Cuando Gabriela intentó irse porque su hijo empezó a llorar, los policías la detuvieron, la abuela se llevó al niño y ella fue encerrada. Su abuelo fue obligado a darle un golpe “por no respetar a las autoridades”, después los policías la tomaron por la fuerza y ella sólo alcanzó a cubrirse el rostro mientras empezaron a darle de latigazos.
Al reaccionar vio al presidente municipal, Santiago Ramírez Cervantes y al síndico, Sergio Rivera Flores, riéndose. Tras la golpiza la dejaron salir pero como no podía caminar un policía la ayudó para regresar a su casa.
El año pasado se realizó en el municipio de San Miguel de las Peras, una elección por el sistema normativo interno, es decir, por usos y costumbres. De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) la elección debería ser en octubre pero Otilia refiere que el 7 de mayo de 2016 se hizo una asamblea en la que los hombres excluyeron a las mujeres.
Gabriela manifestó su intención de participar pero no fue considerada para ningún cargo y por el contrario recibió amenazas de “recibir balazos” si se entrometía en estos asuntos, por lo que incluso el 23 de enero el Partido de la Revolución Democrática emitió un comunicado para pedir una investigación por este caso.
El pasado martes 24 de enero Gabriela, hablante de mixteco, acompañada de su traductora, hizo las denuncias ante la Secretaría de la Mujer de Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Este día continuará su denuncia ante la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con este testimonio, en este mes suman seis casos de violencia por conflictos electorales en Oaxaca documentados por el Colectivo por la Ciudadanía para las Mujeres. Tres presidentas municipales han sido agredidas: la alcaldesa de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo; de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo; y de Eloxochitlán de Flores Magón, Eliza Zepeda.
También estas las amenazas contra la síndica de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López; y contra la de Santo Domingo Zanatepec, Erika Molina, casos que entran en la definición de violencia política de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.
17/AGM/LGL
Estado mexicano debe cumplir recomendaciones de Michel Forst
Tras conocer el informe preliminar del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, 43 organizaciones y 3 redes de organismos civiles llamaron al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones y exigieron un alto a las agresiones hacia este grupo de la población.
En un comunicado, las agrupaciones recordaron que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a defender Derechos Humanos y condenaron el asesinato del defensor de los bosques del pueblo rarámuri en Chihuahua, Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman y quien el 15 de enero fue asesinado cuando comenzaba la visita oficial del relator.
Durante la gira de trabajo del experto, del 16 al 24 de enero, integrantes de Centros de Derechos Humanos y del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas; el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, expresaron las dificultades que enfrentan para desarrollar su labor.
Al concluir esta revisión del relator de Naciones Unidas, las agrupaciones dijeron que entre las recomendaciones a destacar está la de investigar y castigar las violaciones a los Derechos Humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras; en particular porque policías de todos los niveles, militares y marinos son parte de los agresores.
También coincidieron con el experto en la necesidad de garantizar medidas de reparación y no repetición, fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción e impunidad en las agresiones que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado.
Las organizaciones señalaron que una de las observaciones es retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar así violaciones hacia civiles; reconocer la labor de defensa de los Derechos Humanos y la libertad de opinión y expresión; y cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia.
El informe preliminar del relator, que forma parte de un documento más amplio que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018, exhorta a reforzar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que opera la Secretaría de Gobernación (Segob) y adoptar medidas de protección diferenciadas para indígenas, mujeres, personas desplazadas y la comunidad LGBTTTI.
También hace referencia a mejorar el trabajo de los organismos públicos de Derechos Humanos e incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; por lo que a decir de las organizaciones, es necesario que en el cumplimiento de estas recomendaciones haya amplia participación de la sociedad civil.
Exigieron al Estado mexicano volver a invitar al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
17/AGM/LGL
“Representamos a las fuerzas del cambio decididas a impedir que resurja el racismo y el heteropatriarcado”: Angela Davis
La activista afroamericana, filósofa, política marxista y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, Angela Davis, figura clave del movimiento de liberación negro en la década de los 60 y 70, realizó un contundente y brillante discurso en el cierre de la denominada “Marcha de las Mujeres” contra Trump en Washington.
Discurso íntegro de Angela Davis:
En un momento exigente de nuestra historia, recordemos que nosotras, las centenares de miles, los millones de mujeres, personas trans, hombres y jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están decididas a impedir que vuelva a resurgir la cultura agonizante del racismo y el heteropatriarcado.
Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no puede borrarse como si fuera una página web. Sabemos que nos hemos reunido esta tarde sobre tierra indígena y seguimos el camino marcado por los primeros pueblos que nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura y su pueblo, a pesar de la violencia del genocidio masivo. Saludamos especialmente a los sioux de Standing Rock.
La lucha por la libertad del pueblo negro, origen de la auténtica naturaleza de este país, no puede borrarse de un plumazo. No pueden hacer que olvidemos que las vidas negras sí importan. Este es un país fundado sobre la esclavitud y el colonialismo, lo que quiere decir que de una forma u otra la historia de Estados Unidos es una historia de inmigración y esclavitud. Fomentar la xenofobia, arrojar acusaciones de asesinato y violación y construir muros no borrará la historia.
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
La lucha por salvar el planeta, por parar el cambio climático, por garantizar el acceso al agua desde las tierras de los sioux de Standing Rock hasta Flint, Michigan, y Cisjordania y Gaza. La lucha por salvar nuestra flora y fauna, por salvar el aire. Esa es la zona cero de la lucha por la justicia social.
Esto es una marcha de mujeres y esta marcha de mujeres representa la promesa del feminismo contra los perniciosos poderes de la violencia del Estado. Y es el feminismo inclusivo e interseccional el que nos reclama para que nos unamos a la resistencia contra el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la misoginia y la explotación capitalista.
Sí, saludamos la lucha por los 15 (por un salario mínimo de 15 dólares la hora). Nos comprometemos con la resistencia colectiva. Resistencia contra los que se lucran con las hipotecas multimillonarias y la gentrificación. Resistencia contra los partidarios de la sanidad privada. Resistencia contra los ataques a musulmanes e inmigrantes. Resistencia contra los ataques a personas con discapacidad. Resistencia contra la violencia del Estado perpetrada por la policía y a través del complejo industrial penitenciario. Resistencia contra la violencia de género institucional y personal, especialmente contra las mujeres trans de color.
Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos en todo el planeta, y por eso pedimos libertad y justicia para Palestina. Celebramos la futura liberación de Chelsea Manning. Y la de Óscar López Rivera. Pero también pedimos libertad para Leonard Peltier. Libertad para Mumia Abu-Jamal. Libertad para Assata Shakur.
En los próximos meses y años, seremos convocados para intensificar nuestras demandas de justicia social y ser más radicales en nuestra defensa de poblaciones vulnerables. Será mejor que tengan cuidado los que aún defienden la supremacía del heteropatriarcado blanco.
Los próximos mil 459 días de la Administración de Trump serán mil 459 días de resistencia. Resistencia sobre el terreno, resistencia en las aulas, resistencias en los empleos, resistencia en nuestra arte y nuestra música.
Esto es sólo el principio. En palabras de la inimitable Ella Baker, “los que creemos en la libertad no podemos descansar hasta que la consigamos”. Gracias.
La nota original puede verse en: http://arainfo.org/
*Este artículo fue retomado del portal de noticias AraInfo.org
17/RED/LGL
La llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca para tomar posesión como el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos, representa no sólo un cambio en la administración de la nación más poderosa del orbe, sino la posibilidad de dar marcha atrás a los logros alcanzados durante el mandato del demócrata Barack Obama, en materia de Derechos Humanos, diversidad sexual, libertades de sectores vulnerabilizados, y derechos sexuales y reproductivos.
La agenda política y social de Donald Trump es totalmente contraria a la de Barack Obama, quien impulsó una agenda política y social claramente a favor del matrimonio igualitario con derecho a la adopción, reivindicó el derecho de los militares a no ser juzgados por su orientación sexual al derogar la ley “Don´t ask, don´t tell” (“No preguntes, no cuentes”), con la cual se expulsó de 1993 a 2010 a cientos de efectivos estadounidenses no heterosexuales de las fuerzas armadas.
Considerado como el aliado más progresista del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual (LGBTTTI) en los Estados Unidos, Obama en 2009, recién llegado al poder, ratificó la Ley para la Prevención de los Delitos de Odio Matthew Shepard y James Byrd, que sanciona los crímenes motivados por orientación sexual e identidad de género.
En un viaje realizado a mediados de 2012 a Washington, Nueva York y Filadelfia, invitado por el Departamento de Estado, quien esto escribe, constató las acciones emprendidas por la primera administración de Obama en materia de respeto a las personas LGBTTTI, tales como la no discriminación en los programas de vivienda federales y el derecho a atender a sus parejas en el hospital, además de las estrategias gubernamentales de inclusión y no discriminación hacia dicho sector.
La visita se llamó “A developing Narrative: LGBT Issues in the United States. A global Reporting Tour", a la que asistimos 19 periodistas de África, América Latina, Asia y Europa del Este con el objetivo de conocer las propuestas y planes gubernamentales sobre diversidad sexual, pero sobre todo, para observar la realidad en la que vivían las personas LGBTTTI en diferentes ámbitos. No conocimos sólo aquello que estaba haciendo bien el gobierno de Obama, sino lo que sucedía en la cotidianidad de las personas y las consecuencias de la discriminación ejercida en contra de una población marginada y estigmatizada en el país más poderoso del mundo.
El recorrido incluyó la visita a organizaciones civiles, instituciones públicas, universidades, medios de comunicación, líderes sociales (conservadores y liberales) y espacios comunitarios como el Centro Alí Forner de Queens, en Nueva York, en donde escuchamos de viva voz relatos de jóvenes echados a la calle por el odio homofóbico de sus familiares.
Ese viaje nos permitió a los periodistas entender las estrategias gubernamentales con las causas LGBTTTI y su lucha contra los prejuicios que rodean a la disidencia sexual en Estados Unidos.
Poco tiempo después de aquel recorrido, la administración del expresidente Barack Obama nombró embajadores abiertamente gays en países como Vietnam, Dinamarca, Australia, España, República Dominicana y Austria, a la par que designó a otras personas LGBTTTI al frente de importantes áreas de la Casa Blanca como la Oficina Principal de Tecnología y la de Enlace Principal con la Comunidad LGBTTTI, además de dar la primera acreditación de prensa al diario Washington Blade, el medio escrito del movimiento de liberación lésbico-gay de Estados Unidos desde 1969.
En 2011, el expresidente Obama instruyó a las agencias gubernamentales a considerar la orientación sexual de las personas que solicitaran asilo político en la Unión Americana. Esa acción mitigó en los últimos 5 años la urgente necesidad de acoger a personas LGBTTTI que huyen de una muerte segura en países musulmanes, orientales y de América Latina, principalmente, por el sólo hecho de no ser heterosexuales.
Toda la política de apertura en materia de diversidad sexual no se podría entender sin el trabajo constante de su entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, quien a mediados del 2011 dijo ante líderes mundiales reunidos en la ONU: “Los gays nacen y pertenecen a todas las sociedades del mundo. Ser gay no es una invención occidental, es una realidad humana”.
Otro gran logro en materia de diversidad sexual de esa administración se dio en junio de 2015 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al respecto, Obama, en un acto simbólico y de congruencia entre los dichos y los hechos, iluminó la fachada de la Casa Blanca con los colores del arcoíris y declaró: “Cuando todos los ciudadanos son tratados con igualdad, todos somos más libres”.
Las personas VIH positivas y la población transgénero también fueron tomadas en cuenta por Obama luego de que en 2010, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio facilitó a quienes viven con VIH obtener cobertura médica universal. Asimismo, en mayo de 2016 el gobierno envió una directiva a todas las escuelas públicas del país para permitir al estudiantado trans elegir el baño de acuerdo a su identidad de género y no a su sexo biológico.
Entre otras iniciativas gayfriendly, Obama declaró al sitio donde se ubicó el mítico Bar Stonewall -considerado por muchos como la cuna que en 1969 vio nacer la lucha por el reconocimiento de los derechos homosexuales-, monumento nacional, y apareció en la portada de la mítica revista Out siendo el primer presidente de los Estados Unidos en funciones, en ser fotografiado para una publicación LGBTTTI.
*Activista, académico, periodista independiente y actual secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41
17/AMT/LGL
Ante los discursos contra las personas migrantes, xenófobos y racistas emitidos por el presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, académicas, ONU Mujeres, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Sin Fronteras, pidieron al gobierno mexicano una estrategia política para proteger los Derechos Humanos de las mujeres migrantes y sus familias en Estados Unidos.
A través de un manifiesto emitido en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” que se realizará hoy y mañana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las agrupaciones recalcaron que las futuras políticas de Donald Trump podrían afectar a las 5.5 millones de mujeres migrantes mexicanas que viven en el país vecino.
Sobre a todo, apuntaron, a las que se emplean en el trabajo del hogar, las que están en peligro de separación familiar, o bien, que están en situaciones de violencia familiar y tienen miedo de denunciarlo.
La directora de la organización civil Sin Fronteras, Nancy Pérez, recordó que México enfrenta un momento de “debilidad y falta de respuestas” por parte del Estado mexicano, sin embargo, recalcó que será obligación de Enrique Peña Nieto aclarar la posición que tomará con este panorama mundial, ya que una de las agendas que se colocará de manera central en las discusiones internacionales y nacionales es la migratoria.
“México tiene una gran oportunidad, en primer lugar, resarcir el daño que desde nuestro país se ha provocado a esta población y en segundo, generar condiciones para que el país pueda convertirse en un santuario para las y los migrantes”, declaró Nancy Pérez.
La Coordinadora de Proyectos en Materia de Migración de ONU Mujeres, Mónica Corona, dijo que las autoridades mexicanas deben prestar especial atención a las trabajadoras del hogar, quienes en su mayoría no cuentan con la protección de sus derechos laborales, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) 41 por ciento de las migrantes mexicanas se dedican a labores del hogar y limpieza.
Mónica Corona señaló que México tiene la obligación de cumplir con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) -adoptada por el país en 1999- y su recomendación general número 26 que busca proteger los derechos de las trabajadoras migrantes.
Agregó que si bien las mujeres siempre han estado presentes en los flujos migratorios, en los últimos años su participación se incrementó. En el mundo, de las 150 millones de personas migrantes, 44 por ciento son mujeres, de éstas, más del 70 por ciento son empleadas del hogar.
Por último, las organizaciones hicieron un llamado a construir políticas nacionales de reinserción y arraigo que incluyan acceso pleno a servicios de salud, educación e identidad para las mujeres y sus familiares.
Recomendaron a las autoridades mexicanas reconstruir relaciones de respeto con países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de favorecer acciones comunes en la agenda migratoria frente a EU.
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Política antiaborto de Trump podría traducirse en 21 mil 700 muertes maternas
La directora general de Marie Stopes México, Araceli López Nava, se pronunció en contra de la orden ejecutiva aprobada el pasado 23 de enero por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que prohíbe financiar a organizaciones internacionales que trabajen temas de salud sexual y reproductiva, principalmente en el tema de aborto.
López Nava dijo en entrevista con Cimacnoticias al término de la presentación de la campaña PornEducation, que si bien Marie Stopes México no recibe fondos del gobierno estadounidense, la medida sí reduce la incidencia de otras organizaciones defensoras del derecho a decidir de las mujeres.
“No sólo repercutirá negativamente en México, también lo hará en América Latina, una de las regiones con mayores niveles de abortos inseguros y, al carecer de fondos para apoyar la causa, prevemos que las cifra de embarazos no deseados incrementará”, mencionó.
La medida implementada por Donald Trump preocupa a la representante de Marie Stopes México ya que, de acuerdo con el estudio realizado por El Colegio de México “Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias (2013)”, de los 22 millones de abortos inseguros que se realizan en el mundo cada año, cuatro millones de ellos ocurren en la región de América Latina.
Afirmó que la política que entró en vigor por primera vez en 1984 bajo el mandato del presidente Ronald Reagan, ahora revivida por Trump, significa un retroceso para el ejercicio sexual pleno y seguro de las mujeres. “Todos los derechos humanos deben ser progresivos y esto interfiere en el derecho a las mujeres de contar con un aborto seguro”, añadió.
Araceli López Nava adelantó que debido a esta orden ejecutiva, durante 2017 podría disminuir el alcance a nivel internacional de la organización Marie Stopes, cuya presencia se mantiene en 37 países, lo que significará que atenderán aproximadamente a un millón y medio de personas menos que en años anteriores.
MIRADA INTERNACIONAL
En tanto, la organización Marie Stopes internacional, se pronunció contra la medida republicana y estimó que sin un financiamiento alternativo, el impacto en la pérdida de sus servicios durante el primer mandato de Trump, de 2017 a 2020, podría ser de 6.5 millones de embarazos no deseados; 2.1 millones de abortos inseguros y 21 mil 700 muertes maternas.
La organización agregó que esta medida afectará severamente a las mujeres del mundo en desarrollo, quienes son las más propensas a perder la anticoncepción moderna, lo que repercutirá no solamente en su salud sino en sus oportunidades a futuro, y más aún, en el largo plazo, los efectos se verán en la estabilidad de los países más pobres del mundo.
La Ley Mordaza, también conocida como “La Política de Ciudad de México” es una orden ejecutiva de Estados Unidos que establece que cualquier organización internacional que proporcione o promueva servicios de aborto (independientemente de cómo se financien estos servicios), tiene prohibido recibir fondos del gobierno de Estados Unidos.
Marie Stopes explica en su posicionamiento, que desde 2009, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realiza una importante inversión en proyectos que amplíen el acceso a la anticoncepción voluntaria para las mujeres y las niñas en los países en desarrollo.
Actualmente -dice la organización- la USAID es la mayor donante bilateral del mundo en el tema de planificación familiar, con una inversión de aproximadamente 620 millones de dólares (el equivalente a 13 billones 131 mil 978 millones 200 mil pesos mexicanos) al año.
De acuerdo con la información difundida por Marie Stopes, desde hace mucho tiempo existen restricciones legislativas para que la USAID no pueda financiar siempre servicios de aborto. No obstante, antes del pasado lunes, pudo financiar programas de planificación familiar con organizaciones como Marie Stopes International, que proporcionan servicios de aborto seguro utilizando fondos de otros donantes.
Finalmente, la organización señala que “el acceso a la anticoncepción es una base fundamental para el desarrollo” y por tanto la medida impuesta por Donald Trump atenta contra los principios de la organización pues les impedirá hablar a sus usuarias sobre el aborto y agrega que las mujeres y niñas serán quienes pagarán las consecuencias, pues lejos de reducir la práctica del aborto, éste se incrementará.
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