abril 2017
Siete años después, asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sigue impune
El asesinato de los defensores de Derechos Humanos, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, ocurrido hace siete años, expone la nula voluntad política de esclarecer los hechos, llevar a prisión a los culpables y la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México.
A siete años de los hechos, el esposo de Alberta Cariño, Omar Esparza, y sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, emitieron un pronunciamiento donde señalaron que durante el atentado donde ocurrió el asesinato, ni el gobierno federal ni el estatal, garantizaron la seguridad de la caravana.
Este 27 de abril se cumplen siete años del crimen contra Alberta, conocida como Bety y quien fuera directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y contra el observador internacional de origen finlandés, quienes fueron asesinados mientras viajaban en una caravana con ayuda humanitaria para la población triqui de San Copala, en Oaxaca.
Aquel día, un grupo armado realizó varios disparos y emboscó la caravana –en la que viajaban otras 20 personas, entre activistas, maestros y periodistas– en la comunidad de la Sabana, región controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
El saldo de los disparos fue el asesinato de dos defensores, la desaparición, durante 60 horas, de dos periodistas de la revista Contralínea, quienes finalmente fueron encontrados con vida, y más de una docena de personas heridas que lograron escapar al internarse en la sierra.
De acuerdo con los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque y de los asesinatos de Bety y Jyri, no realizaron las acciones necesarias para rescatar a los heridos y encontrar a los desaparecidos, y tampoco intervinieron para detener a los atacantes.
Además señalaron que un día después de los hechos, con autorización del líder de Ubisort y autor material e intelectual del ataque, las autoridades ministeriales entraron al lugar de los hechos, solamente para rescatar los cuerpos de Bety y Jyri.
El caso permanece impune, toda vez que durante el proceso de investigación se obtuvieron 14 órdenes de detención pero uno de los presuntos culpables ya murió, cinco están en prisión sin sentencia y ocho se encuentran libres.
“Hasta el día de hoy el grupo paramilitar que atacó la caravana sigue operando en la región y la mayoría de los autores materiales siguen libres”, acusaron los abogados y la familia de Bety Cariño.
En el aniversario del crimen, la familia expresó que este caso muestra la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México y evidencia la fragilidad y la inseguridad con el que realizan su trabajo las y los defensores de Derechos Humanos.
LLAMADO INTERNACIONAL
Desde el 2010, señala el texto, los Relatores de la ONU en temas de Libertad de Expresión, Protección a Defensores de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Ejecuciones Extrajudiciales condenaron enérgicamente los asesinatos de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola y exhortaron al Gobierno mexicano a iniciar una investigación pronta e imparcial.
El Parlamento Europeo, la embajada de Finlandia en México y la Unión Europea han dado un seguimiento constante de los hechos y han apoyado a las familias de las víctimas.
A pesar de la preocupación internacional, este 27 de abril se cumplen 7 años del ataque sin que haya castigo para los culpables, sin protección para las víctimas, familias, sobrevivientes y testigos, es por ello que hoy se organizó una Jornada de Movilización en la capital de Oaxaca.
La caminata en memoria de la defensora y el defensor de los Derechos Humanos se realizó esta mañana frente a la Fuente de la Siete Regiones y llegó al Zócalo, frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir justicia para y demandar un alto total a esta política de hostigamiento y persecución en contra de los pueblos en resistencia.
17/AGM/GG
Este jueves, en Bogotá, Colombia, frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, cientos de mujeres y organizaciones feministas se reúnen desde las cuatro de la tarde, en contra de la violencia de género, con la consigna “¡Basta ya!, Colombia no a la violencia y no al feminicidio”.
Convocadas por la Fundación Maisa Covaleda, su propósito es llamar la atención, protestar con velas, flores, cruces y globos, y hacer conciencia ante el grave problema de la violencia contra las mujeres que ha ocasionado 204 casos de feminicidio, de enero al 11 de abril de este año, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal.
Y a esa cifra se suman ya los más recientes asesinatos: el de la niña Sarita Palacio, torturada, muerta y abandonada en Armero Guayabal; la bebé de cuatro meses vejada y asesinada en el departamento del Meta; Mónica Ávila, maltratada y muerta en Cundinamarca; la joven del resguardo indígena Yaquiva del Cauca; el de Leidy Laura Burgos de Medellín, y el más reciente de Jennifer Katherine Cáceres, de 24 años, apuñadada en Bogotá, crímenes que desbordaron la indignación social.
Protestan también en contra de la violencia sexual contra la niñez, ya que datos del Instituto de Medicina Legal señalan que entre enero y marzo de este año se han practicado 4 mil 315 exámenes médicos por presunto delito sexual contra menores de edad, 3 mil 674 a niñas.
Por eso hoy, en la movilización se exigen, como hace un año al inicio de la campaña “Romper el Silencio”, convocada por María Isabel Covaleda y Beatriz Torres, víctimas de violencia de género, que haya políticas públicas para la protección de las mujeres y niñas colombianas; que la ciudadanía se convierta en inspectora de la justicia y actuar ante la indignación.
Explican las convocantes que la protesta se realiza frente a la sede de la Fiscalía General, porque ahí se investigan los casos de feminicidio y se califican los procesos, aunque deberían también protestar ante la Policía, la Procuraduría y las Personarías, ya que esas instituciones deben asumir sus responsabilidades para garantizar la vida de las mujeres.
La propuesta de movilizarse este miércoles surgió hace dos semanas, cuando la organización Maisa propuso actos en protesta por el feminicidio de Claudia Johana Rodríguez, quien tenía 40 años de edad cuando fue asesinada por su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá.
Ante el silencio de las instituciones del gobierno que debería garantizar la vida de las mujeres, cuestionaron en dónde está la revisión de los procesos y por qué las instituciones no se pronuncian y por qué la policía no cumplió con proteger a la ciudadanía, como sucedió con Claudia. Hoy la protesta no es por Claudia, es por todas.
17/RED
Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud
La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico, el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
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La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
17/NR/GG
A más de cinco meses de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, no se vislumbra compromiso del Gobierno estatal por implementar acciones claras y contundentes para atender los casos de feminicidio y las múltiples denuncias presentadas por hechos violencia contra las mujeres, denunció la Campaña Popular Contra la Violencia Hacía las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.
Y así lo expresaron el pasado 21 de abril integrantes de esta agrupación, conformada por diversas organizaciones que impulsaron la AVG, en una reunión ordinaria con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), para conocer el seguimiento de la AVG en el estado. Expusieron que desde la declaratoria no se atienden las obligaciones que adquirió el Gobierno de Chiapas, como la instalación de meses de trabajo para atender casos de violencia de género.
A la par, indica la organización en un comunicado, observan la falta de coordinación entre los siete municipios en alerta y el Gobierno estatal, para construir estrategias que permitan atender el problema de fondo, esto, “pese a la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres”, indican.
La AVG para Chiapas fue emitida el 18 de noviembre pasado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tres años después de que fue solicitada. La declaratoria se hizo para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de los 122 que hay en la entidad. En dicha AVG se establecen recomendaciones específicas para la zona de los Altos de Chiapas.
La reunión del 21 de abril, señala el comunicado, estuvo marcada por la ausencia del Gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, y sin representantes de las 16 localidades de los Altos de Chiapas, situación que preocupa por “el desinterés y discriminación de integrar a estas localidades con presencia de pueblos indígenas”, además de “la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la Secretaria de Gobernación”.
Tampoco estuvo presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), institución clave, apunta la Campaña Popular, ya que es la encargada de asignar los recursos que “garanticen la implementación de acciones para el funcionamiento de la AVG a corto, mediano y largo plazo en Chiapas”.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.
Asimismo, la organización denunció la falta de capacitación de los funcionarios públicos que atienden a estas reuniones, lo que “entorpece el avance sustancial de acuerdos mínimos”, debido a su desconocimiento sobre el tema. Pide también una participación más activa en el seguimiento y vigilancia de la declaratoria por parte del Conavim, no sólo que trabaje como órgano moderador en las reuniones.
Por otra parte, la Campaña Popular expresó su preocupación por la falta de transparencia y el gasto de recursos para la construcción de diagnósticos y protocolos institucionales dedicados a la atención de la violencia contra las mujeres, pues es información que ya está establecida en el Informe de la AVG.
Finalmente, la agrupación reprobó el uso de programas públicos dirigidos a las mujeres, porque al final tienen fines políticos y electorales, como sucede con el Programa de Inclusión Social (Prospera), señala el texto.
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
La AVG solicitada el 25 de noviembre del 2013, por organizaciones civiles como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se hizo por la violencia estructural que enfrentan las chiapanecas, no por el número de casos de feminicidio, como sucedió en otras entidades.
Sin embargo, las autoridades negaron a aceptarla, aunque el estado se caracteriza por diversidad étnica y multiculturalidad, ubicado en una región fronteriza en conflicto y donde es casi nulo el acceso de la justicia para las mujeres.
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votó en contra de la declaratoria de AVG para Chiapas, al argumentar que no eran suficientes los casos de feminicidio registrados.
La directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Martha Figueroa Mier, interpuso un amparo ante la negativa, la justicia falló a favor de las activistas y organizaciones, y a finales de 2014 se creó un grupo de investigación para valorar que declaratoria en la entidad.
El grupo de investigación dio la razón al Colectivo y determinó que existe una violencia sistemática contra las mujeres, situación que atenta contra sus vidas. Segob declaró entonces la AVG el 18 de noviembre de 2016, mismo día que se interpuso para el estado de Nuevo León.
Otras de las entidades que se mantienen bajo la AVG son: Estado de México, Veracruz, Michoacán, Morelos y Sinaloa, esta último declarada el pasado 31 de marzo.
17/HZM/GG
“Nosotras” pide a Contraloría de PGJEM informar sobre Niña de Neza
Ante la negativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para informar sobre el estatus que guarda la investigación del feminicidio de la niña encontrada en un baldío de Nezahualcóyotl en marzo pasado, el colectivo “Nosotras” pidió a la Contraloría Interna de esa instancia judicial que intervenga, que colabore en el seguimiento del caso y reporte a la sociedad civil y a la organización.
La solicitud a la Contraloría fue realizada el 24 de abril, informó la integrante de “Nosotras”, Beatriz Saavedra Romero, quien reiteró su llamado tanto a la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México, como a la PGJEM, para que colaboren y rindan la información que se les pidió, sobre la niña de aproximadamente 5 años de edad, hallada el 18 de marzo en la colonia Virgencitas, con signos de violencia, en la avenida Bordo de Xochiaca, luego de que vecinos alertaron a la policía municipal.
COMPROMISOS SIN RESULTADOS
El documento, dirigido a la titular del órgano de control interno, Claudia Romero Landázuri, precisa: “solicitamos su colaboración para que apoye, oriente, auxilie y coadyuve” a la solicitud que presentó el colectivo el 27 de marzo ante la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México, donde se puntualizó dos exigencias, recordó la activista Saavedra.
La primera exigencia que se hizo en marzo, y que ahora se reitera a la dependencia, a través de la Contraloría, es llevar a cabo una debida investigación del caso de la Niña de Neza, basada en los protocolos de investigación de asesinatos violentos de mujeres para dar con los responsables del feminicidio. Además de dar un reporte de avances y cumplimiento de estas obligaciones, tanto al colectivo como a la sociedad.
La segunda petición, ante la falta de presencia de familiares para reclamar el cuerpo de la menor de edad, es que se busquen las soluciones necesarias para evitar que sea enviada a la “fosa común”.
Sobre este punto, el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz, quien recibió y se reunió con la organización en esa fecha, se comprometió a realizar los arreglos necesarios para la sepultura, mantener el cuerpo en los Servicios Médicos Forenses el tiempo que se requiera, e informar a las activistas sobre el proceso.
Sin embargo, señala la activista Saavedra Romero, “estamos a prácticamente un mes de que interpusimos la solicitud” y aún las autoridades no notifican sobre los resultados de la investigación; no se sabe la identidad de la niña, si el cuerpo fue reclamado por familiares, si pertenecía al municipio, o quiénes podrían ser los presuntos responsables.
La única información a la que accedió la organización, la última vez que se comunicó a la Fiscalía, el 24 de marzo, es que el cuerpo de la niña permanecía en los servicios forenses y no había nuevos datos de la investigación.
“No se trata sólo de eso –impedir que la niña vaya la fosa común- queremos saber qué están haciendo para garantizar el acceso a la justicia de una menor que fue encontrada en graves condiciones; en un lote baldío, en un municipio que tiene la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género”, aseveró Saavedra, y añadió que el subsecretario Juvenal Guadarrama dejó de responder sus llamadas.
En el último año, en el municipio de Nezahualcóyotl -que está bajo la declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 2015- hubo 12 casos de feminicidio, indican cifras registradas por el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reporta que de 2006 a 2014 se suma la desaparición de 28 niñas entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas eran pertenecientes a Neza.
Cimacnoticias se comunicó a la Fiscalía Especializada de Feminicidio para obtener información sobre el caso, la institución nos refirió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para hacer un trámite burocrático y obtenerla. Hasta el momento las autoridades no responden a la solicitud de información presentada.
SIN INFORMES SOBRE FEMINICIDIO
Saavedra Romero añadió que no es el único caso de feminicidio o desaparición donde no se sabe qué pasa con las víctimas, debido a la falta de transparencia de las autoridades mexiquenses. “No se rinden informes sobre los estatus que tienen los casos, y lamentablemente hay muchas mujeres que están en calidad de desconocidas, es muy insignificante el desempeño de las autoridades de la Procuraduría.”
La activista quien trabaja y vive en el Estado de México, señaló que las autoridades deben trabajar y ver este tipo de casos tan violentos, así como velar por la seguridad de las mexiquenses.
En medio de campañas electorales para la gubernatura del Edomex, Saavedra recordó la situación de violencia que atraviesan las mexiquenses, “nunca nos han garantizado una vida digna a las mujeres de la entidad, necesitamos infraestructura de adecuada para nosotras, en servicios de salud y educación, empleos dignos.”
La AVG, también se declaró en los municipios de Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
17/HZM/GG
Rosalba López Jiménez y más de 50 mujeres zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa defensoras de su tierra y territorio, junto con sus esposos campesinos, cumplieron más de 30 horas de bloquear la carretera federal panamericana 190, a la altura de la comunidad de Puente Madera, exigen que se detengan las obras de construcción de la subestación para el parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las mujeres, la mayoría artesanas y hacedoras de totopos (tortillas hechas a mano en una olla de barro bajo tierra) no se han ido a dormir a sus casas y ahí preparan comida y cuidan a sus hijas e hijos. Se oponen a que destruyan su espacio de vida, que es una reserva natural llamada “El Pitayal”, ubicado en los terrenos comunales de su localidad. Con piedras, palos y enormes lonas impiden el paso a todo vehículo y camiones.
Rosalba López Jiménez dice que su defensa es por la vida. “No queremos que nuestra vida cambie, nosotras queremos vivir libres, esta subestación y los ventiladores no nos traerán beneficios, a nosotros nadie nos preguntó si queríamos que llegaran, simplemente se pusieron y listo, pedimos que se vayan”.
Expresó que representantes de la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca les informaron que este miércoles sostendrán una reunión con las mujeres y sus esposos (quienes se dedican a recoger leña y a la cacería), por lo que será hasta entonces que levantarán su bloqueo carretero.
Aseguran que el gobierno de Oaxaca y el comisariado de bienes comunales, Inocencio Patiño Cristóbal, no acataron una minuta pactada el pasado 12 de abril en la cual acordaron detener la obra de construcción que realiza la empresa Tradeco y realizar una consulta mediante una asamblea.
“No ha sido uno, sino dos veces que nos hemos sentado a dialogar con la Secretaría de Gobierno y firmamos acuerdos de que iban a detener la obra que está acabando con nuestro espacio natural y además para construirla están extrayendo material de un cerro sagrado que conocemos como Cerro Iguu, pero nada ha ocurrido, por eso seguimos manifestándonos”.
17/DM/GG
#8M en Argentina: sigue cacería de mujeres con 15 procesos judiciales
Las mujeres detenidas por la policía durante las acciones el Primer Paro Internacional de Mujeres, el #8M, recibieron balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógeno, revisiones vejatorias, manoseos, insultos y maltratos, actos de violencia institucional; sin embargo 15 están siendo procesadas por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Ningún policía detenido.
Mientras, los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) juntan pruebas para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el accionar de la Policía de la Ciudad; cómo se desató la cacería desde el día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar mujeres.
La madrugada anterior al Paro, que reunió a más de 50 países en simultáneo, un grupo de seis jóvenes -en su mayoría lesbianas- fueron perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas.
El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires y recrudeció esta imagen: veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Tanto en la Comisaría Novena, como en la Primera, la 30 y la Comuna Cuarta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas hubo vigilias hasta que las liberaran.
Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26 personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su contra.
La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de protección para víctimas de violencia machista.
LAS PAREDES ESTÁN BIEN
En el caso de las jóvenes del 7 de marzo, la causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rozas. Hay tres denunciantes –los defensores de las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos aerosoles de las calles.
Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las sendas peatonales, ya que solo había pintadas convocando al paro, que figuran como imágenes en el expediente. Pero ellos actuaron casi como un grupo parapolicial, por lo que la abogada de las jóvenes, Gabriela Carpinetti, pidió por escrito la nulidad de la causa.
A partir de la declaración de una de las detenidas, el fiscal Rozas resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar la eventual comisión de delitos de acción pública, es decir, si hubo violencia institucional al momento de la detención y durante las horas que duró el encierro.
De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales abiertas.
LAS DETENIDAS EL 8
La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se bifurcó en dos caminos. El primero, tiene como imputadas a las víctimas detenidas, mujeres y 5 varones, imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”.
El expediente está en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal Número 8, a cargo de Fernando Fiszer. Actúan distintos abogados en defensa de las víctimas: la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad -dos de las detenidas son trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros particulares.
El segundo es un conjunto de expedientes que se tramitan en el Juzgado de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. Ahí, gracias a un habeas corpus presentado la madrugada de la represión la abogada Luciana Sánchez, todas las detenidas en las comisarías y estas fueron liberadas,
La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, sorteó la denuncia y fue recayó al Juzgado de Instrucción 59. Ahí se tramita una denuncia penal hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y el Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la PROCUVIN, basado en 20 declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), a partir del cual se elaboró un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron.
Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración.
Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y la paliza que recibió de los agentes armados.
Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
Todas las detenidas en la Comisaría 30, por ejemplo, eran mujeres lesbianas y de tez morocha (morena), por lo que la PROCUVIN concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.
Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.
Dice el dictamen, firmado por el titular de PROCUVIN, Félix Crous, y por el fiscal Maximiliano Medina: “Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”.
Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien abrió una investigación administrativa, pero no separó de su cargo a ningún elemento, dijo a los medios que “actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”. Nada de esto se observa en los vídeos y fotos.
*Artículo retomado del sitio argentino lavaca.org
17/MFA/RED
Alberto Medina será juzgado por feminicidio agravado contra Emma Gabriela
El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.
En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.
Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.
El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.
En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.
Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.
Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.
Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.
Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.
17/MMAE/GG
Académicas y administrativas de la UNAM denuncian a Perelló
Académicas y trabajadoras administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron penalmente al ex locutor de Radio UNAM, Marcelino Perelló Valls, ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) por “hechos que pueden ser constitutivos de delito”, según la denuncia cuya copia tiene Cimacnoticias.
La denuncia fue presentada ayer por 32 mujeres trabajadoras de la UNAM y está dirigida al procurador general de la república, Raúl Cervantes Andrade, y a la fiscal de la FEVIMTRA, Adriana Lizárraga González, para exigir se sancione a Perelló Valls, quien fue destituido del programa “Sentido Contrario” el pasado 7 de abril por realizar expresiones ofensivas y misóginas contra víctimas de violencia sexual en la emisión del 28 de marzo.
Señala la denuncia -con acuse de recibido de la FEVIMTRA el 24 de abril- que deben sancionarse las expresiones en defensa de la violencia sexual hechas por el académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque “provocan más violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, y agravan un problema social y vulnera los Derechos Humanos de las mujeres”.
Entre las denunciantes se encuentran la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña (ex fiscal especial para atender delitos de violencia contra las mujeres); la investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad, María Gabriela Delgado Ballesteros (primera directora de Inmujeres DF).
La secretaria Técnica del Centro de Estudios Europeos, Leticia Arroyo Peláez, la coordinadora de la Licenciatura de Pedagogía, Margarita Beatriz Mata Acosta, y la técnica académica de la Licenciatura en Historia, Dolores Latapí Ortega, son otras de las denunciantes.
Perelló Valls ha minimizado el impacto en las víctimas de violación a través de expresiones como “incluso en la violación no hay para qué desgarrarse las vestiduras”, dicha durante la transmisión de “Sentido Contrario” del 28 de marzo para referirse a la denuncia de la menor veracruzana, Daphne Fernández, por este delito. Con esto, según se lee en la exposición de hechos de la denuncia, el académico hace apología a los delitos de violación y acoso sexual.
También reiteró esta postura en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, el pasado 17 de abril: “¿Por qué la violación es tan grave? porque produce placer en la víctima”. Y lo mismo ha hecho a través de sus cuentas en Facebook y Twitter.
Las denunciantes presentaron como pruebas los archivos de audio del programa “Sentido Contrario” del 28 de marzo y la entrevista que Perelló Valls dio en la emisión de “Ciro Gómez Leyva por la mañana” del 17 de abril, y solicitaron que la PGR requiera a la UNAM y a Radio Fórmula los archivos originales sin ediciones; también entregaron un análisis de los publicado por el ex locutor en sus cuentas de Facebook y Twitter.
Además, llevaron como prueba el comunicado de prensa DGC/107/17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fecha del 7 de abril, en donde la instancia denuncia que la libertad de expresión no puede amparar señalamientos misóginos, porque “ofenden, descalifican, incitan, promueven o justifican la violencia de género contra las mujeres”. En él la Comisión consideró que las expresiones de Perelló Valls del 28 de marzo contribuyen “a la normalización del acoso callejero y la violencia sexual”.
Las mujeres también se comprometieron a otorgar, en caso de ser necesario, el testimonio del psicoanalista Juan Tuber-OKlander sobre los posibles efectos en la población mexicana de los comentarios emitidos.
Las firmantes solicitaron al procurador Cervantes Andrade que ordene iniciar la investigación correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, donde se establece la responsabilidad de los Ministerios Públicos para recibir todos los datos o elementos otorgados por las víctimas, tanto en la investigación como en el proceso y que se realicen las diligencias correspondientes.
La académica Pérez Duarte y Noroña expuso en la denuncia que las trabajadoras de la UNAM firmantes cumplen con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la obligación de las personas de denunciar ante el Ministerio Público un hecho “probablemente constitutivo de un delito”.
17/MMAE/GG