Entre las instituciones que conforman el sistema de procuración de justicia para las víctimas de feminicidio del Estado de México, uno de los territorios más peligrosos para las mujeres, está la Fiscalía Especializa en Feminicidios local.
Cimacnoticias acudió a esa Fiscalía con el propósito de conocer los avances sobre la investigación del feminicidio de la niña de 5 años, encontrada el 18 de marzo en un lote baldío de la colonia Virgencitas en Nezahualcóyotl y que continúa sin ser identificada
La Fiscalía nació luego de que el 11 marzo de 2011 fue publicada la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal estatal, como parte de las iniciativas del aún gobernador Enrique Peña Nieto. El 20 de julio del mismo año se decretó la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México, adscrita a la Subprocuraduría por Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género.
Para el año en que fue creada, la suma de mujeres asesinadas en la entidad desde 2005 era de 922, según el registro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). También fue el año en que el Gobierno federal negó por primera ocasión la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el territorio mexiquense.
UN MISTERIO
A la Fiscalía le compete “conocer, investigar y perseguir hechos constitutivos de los delitos de feminicidio, homicidio doloso de mujeres por razón de género”, de acuerdo con su Decreto de creación. Sin embargo, su funcionamiento y existencia es un misterio.
La Fiscalía no cuenta con portal Web para su consulta. Se tiene que acceder al directorio de la Procuraduría local –donde tampoco hay información- para conocer únicamente la ubicación de la oficina: Avenida del Trabajo, en la colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, uno de los 11 municipios que están desde 2015 bajo la declaratoria de AVG.
Al llegar al lugar, no hay señales de la Fiscalía. Sólo se reconoce el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, donde hay una fila de mujeres con bolsas de comida y ropa para dar a los reos. Justo al lado –al preguntar y subir un camino de escaleras- se llega al edificio de la Subprocuraduría local, en el tercer piso se ubica la oficina de la Fiscalía de Feminicidio, señala el guardia.
Para los familiares de víctimas de feminicidio que buscan la Fiscalía para recibir atención, asesoría o ayuda, no les será fácil, les costará trabajo ubicarla. No hay señal que lo indique, o módulo de atención, sólo un letrero en el viejo edificio que anuncia una recompensa de 300 mil pesos para quien localice a las más de 5 mujeres desaparecidas.
“Quien le puede atender”, me explicó un empleado, “es el área de Comunicación Social”. Se presentó Carlos Villafuente, como el encargado del área y dijo que nadie puede responder a la solicitud por el momento. La titular de la Fiscalía, Irma Millán Velásquez, no está, tampoco el subsecretario de la institución, Juvenal Guadarrama Díaz.
Y comentó que hay un protocolo a seguir: llamar a la Procuraduría General local con el director de Comunicación, Claudio Barrera Vargas. Él atenderá en una entrevista, “acorde a su agenda”.
LA TRAVESÍA POR ATENCIÓN
Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada de Feminicidios atiende los casos que son canalizados y remitidos por los Ministerios Públicos (MP), una vez que este órgano considere que se debe investigar el asesinato de una mujer o feminicidio, bajo los lineamientos del “Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio”, indica el marco normativo de la Fiscalía, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del estado, en octubre de 2015.
El personal confirma que las madres o las familias de víctimas que acuden directamente a las oficinas para presentar la denuncia no son atendidas. Se deben presentar a la Fiscalía sólo después que el MP o alguno de los tres Centros de Justicia para las Mujeres proporcione el número de expediente.
Uno está ubicado en Cuautitlán Izcalli, otro en Toluca y otro en Amecameca. Las familias –con toda la carga emocional que deriva de un feminicidio- tendrán que emprender el traslado desde estas unidades hasta Tlalnepantla. O bien, desde los 14 MP especializados en violencia familiar, sexual, y de género, ubicados a lo largo de la entidad.
LOS DIFÍCILES DATOS
Para conocer cuántos casos de feminicidio lleva en proceso la Fiscalía, cuántas sentencias ha dado desde su creación, o si da algún tipo de atención psicológica o legal a las familias de las víctimas, se debe remitir al mismo trámite burocrático con la Procuraduría de Justicia local, reiteró el personal de comunicación.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), de marzo de 2011 –año de la tipificación de feminicidio- a abril de 2015, se acreditó sentencia a los culpables de 66 casos de feminicidio, de los 193 que tenían registrados en ese lapso.
Con la declaratoria de la AVG dada el 28 de julio de 2015, el Gobierno mexiquense asumió varias obligaciones, una de ellas impulsar la Fiscalía Especializada en Feminicidio, crear un banco de datos sobre violencia de género, definir estrategias de prevención, recuperar espacios públicos, garantizar la protección, búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas.
También, crear una estructura capaz de salvaguardar la vida las mujeres, brindarles la atención necesaria, permitir la misma transparencia de las instituciones justicia para la sociedad civil.
Estas acciones deberían estar implementadas para 11 municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Chalco y Valle Chalco Solidaridad.
MÁS FISCALÍAS
Fuera de la Fiscalía, del ajetreo de las oficinas de gobierno, funcionarios y funcionarias platicaban, algunos llevan armas de fuego en sus cinturones, seguramente agentes encargados de llevar a cabo las investigaciones y dar con los presuntos criminales.
El ambiente político, por el próximo proceso electoral para elegir nuevo gobernador o gobernadora se ve influido por los casos de feminicidio. Frente a la Fiscalía, un espectacular de Delfina Gómez -candidata para gubernatura por Morena- resalta a la vista “La esperanza se vota”. En el camino también se observa pintadas en paredes, “Josefina”, por el Partido Acción Nacional. Las camionetas del transporte público también se suman; “yo voy por Del Mazo”, se lee en la parte trasera de sus vidrios.
Las y los candidatos se han pronunciado a favor de los derechos y la seguridad de las mujeres. Entre las propuestas para erradicar el feminicidio, Josefina Vázquez Mota promete crear un Consejo Estatal para terminar con la violencia feminicida, asimismo, Delfina Gómez Álvarez, propone extender la alerta de género a los 125 municipios de la entidad.
Mientras, con AVG e instituciones especializadas, la violencia no cesa en la entidad, las cifras del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México, el último año indican que se cometieron 263 casos de feminicidio.
De estos, 39 pertenecían a Ecatepec, en Naucalpan fueron 17, Chimalhuacán 15 casos, Chalco 13 casos, Nezahualcóyotl con 12 y Tultitlán con 11 casos. En los municipios de Nicolás Romero y Tlalnepantla se contabilizaron nueve casos y siete en Cuautitlán Izcalli.
NADIE CONTESTA…
El 12 de abril, Cimacnoticias pidió a la Procuraduría mexiquense información sobre el caso de la Niña de Neza. El responsable de contestar la interrogante es el director de comunicación, Claudio Barrera, pero nunca está, nos dicen, “en cuanto pueda, mandará la información”, dice personal a su cargo. Igual sucede en la Fiscalía Especializada de Feminicidios, donde nos explican que “deben estar autorizados por la Procuraduría, para brindar esa información”.
17/HZM/GG
abril 2017
Encaran alumnas de FCPyS a Seymur Espinoza, por acoso sexual
Ante la omisión de las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM para responder a denuncias públicas que han hecho personal docente, alumnas y ex alumnas de esa institución en contra del profesor Seymur Espinoza Camacho por acoso sexual, este fue increpado públicamente ayer en esa institución.
A mediodía, una decena de alumnas y ex alumnas atravesaron en grupo la explanada más amplia de la FCPyS, en Ciudad Universitaria. Iban con los rostros cubiertos, con pelucas o máscaras, tocando tambores que llamaron la atención de la comunidad de esa escuela.
En silencio, las universitarias se dirigieron directamente al nuevo edificio de esta Facultad, ubicado en la zona baja. Al principio eran 6 jóvenes, luego 8, 10, 11, la cifra siguió creciendo.
Al menos cinco de las mujeres que integraban este grupo –pertenecientes a generaciones distintas- aseguraron haber sido violentadas sexualmente por Seymur Espinoza Camacho cuando fueron sus alumnas, sus adjuntas o sus empleadas. Otras tres conocían a una amiga o compañera que había sido agredida por él. Y el resto estaba furiosa por lo que pasaron las otras y por la impunidad que ha imperado en el caso.
Las jóvenes atravesaron un pasillo. La puerta gris del salón 203 se abrió completa. En el centro, Espinoza Camacho quedó descubierto de frente al contingente, a sus estudiantes, a su adjunta, a sus colegas profesores y a más alumnas y alumnos que interrumpieron sus clases para mirar la protesta: un acto de denuncia pública por acoso sexual, denuncia a gritos, en una facultad acostumbrada a callar otras violencias.
“Seymur Espinoza Camacho, Seymur Espinoza Camacho, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía…”. Empezaron las consignas contra un profesor de tiempo completo que, de acuerdo con diferentes acusaciones públicas dadas a conocer en meses pasados en el medio digital La que Arde, lleva años ejerciendo el mismo mecanismo de enganchamiento, abuso de poder, acoso y hostigamiento para violentar a sus alumnas.
“No, que te dije que no. Pendejo, no”, le dijeron de frente las jóvenes, varias de ellas víctimas de su acoso, mediante invitaciones constantes a salir o colaborar con él, luego mensajes de texto con insinuaciones o solicitudes sexuales, toqueteos no consensuados, así como otras formas de agresión sexual.
El catedrático, con al menos una década dando clases en esa Facultad, estaba siendo increpado por las mismas universitarias que en años atrás lo admiraron y respetaron, y que estuvieron animadas a participar con él en proyectos de investigación dentro y fuera de la escuela.
Ayer, ante las acusaciones que le lanzaron las estudiantes, Espinoza Camacho miró a su grupo dentro del salón y bajó la cabeza. Primero se quedó inmóvil un largo tiempo. Mal parado. Vientre fuera. Después de los primeros minutos, se replegó a una esquina de su salón y se sentó en su escritorio: pedazo de madera y metal que, pese a los señalamientos públicos, lo sigue encumbrando como figura de autoridad, al menos en ese salón de clases.
¡Fuera Seymur de la UNAM, fuera Seymur de la UNAM!, decían las jóvenes y el grupo que las acompañaba
Esa exigencia se sumó al pronunciamiento público que hizo el Colectivo Universitarias Libres de Acoso, formado por víctimas de Espinoza, acerca de la violencia institucional y del mal diseño del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, que impide, dicen, que estos casos se denuncien en instancias formales.
Al fondo del pasillo, afuera del salón, había decenas de alumnas, alumnos y profesores que miraban la escena y tomaban videos, fotos, comentaban entre sí, sin que nadie mostrara apoyo al catedrático. En el salón, dos de sus alumnos intentaron sin éxito cerrar la puerta, mientras Espinoza Camacho, nervioso, hizo comentarios a su adjunta, quien tenía el celular dispuesto.
Luego de al menos 15 minutos de consignas enérgicas, personal de Seguridad UNAM hizo presencia, tomó fotos de las activistas y permaneció pasivo. Por su lado, el contingente no paró las consignas e hicieron sonar un tambor de fondo, mientras las jóvenes gritaron: “acosador”, “violador”, “acosador”.
El contingente también habló a las y los estudiantes sentados frente al profesor: su maestro es un acosador, actúen. Dos jóvenes activistas entraron al salón y pegaron hojas con testimonios y denuncias contra este profesor.
Espinoza Camacho -que se anuncia como experto en comunicación e imagen política y que incluso lleva a cabo proyectos de intervención para prevenir la violencia en municipios- sudó copiosamente, se frotó la cabeza, dio pasos sueltos, pero no actuó. No hizo preguntas.
Dado el mensaje, las activistas salieron por el mismo pasillo por el que llegaron. Las y los alumnos expectantes las siguieron con la mirada, impávidos, cámara en mano. Nuevamente en la explanada, y antes de perderse entre las escaleras, el contingente sólo su último eco: ¡Qué tiemblen, que tiemblen los machistas, que la Universidad será toda feminista!”.
17/RED/RED
Embarazadas tendrán derecho a saber y decidir prácticas obstétricas
Acusa Vivian que ex pareja usa influencias políticas para ganar custodia
Ni los gritos ni los jaloneos de los trabajadores sociales impidieron que Agustín Gonzáles Guerrero dejara de jalonear a V, su hija de seis años de edad, quien llorando se aferró al abrigo de su madre, Vivian Carmina Huerta Álvarez.
La escena ocurrió el 27 o 28 de agosto de 2016 en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, ubicado en Plaza Juárez, en la delegación Cuauhtémoc, donde Vivian y Agustín se reunían cada 15 días para que sus dos hijos, V y A, de 9 años de edad, se fueran de fin de semana con su padre.
“Salió su verdadero yo. Mi hija empieza a decir que no se quiere ir. Él dice te vas a ir, la empieza a jalonear. Haga de cuenta que estaba sometiendo a un delincuente. Se la lleva arrastrando. Mi hija gritando auxilio. Salen policías, el personal, el subdirector”, narra Vivian.
Ese día, finalmente, la niña no se fue con su padre, pero Vivian y Agustín todavía mantienen un litigio en los tribunales peleando la guarda y custodia de sus dos hijos, un proceso que ya lleva tres años y que, a decir de ella, está marcado por tráfico de influencias y corrupción.
Después de pasar por tres jueces, una sentencia judicial determinó que la guarda y custodia de V y A sería para el padre y que la señora debe dar el 40 por ciento de su sueldo a su ex pareja como concepto de pensión alimenticia.
La sentencia, dice Vivian Huerta en entrevista con Cimacnoticias, fue producto de una serie de favores que muchas personas le debían a Gonzáles Guerrero, quien ocupó altos cargos en la Procuraduría General de la República (PGR), el último como coordinador de asesores del ex procurador Jesús Murillo Karam.
HISTORIA DE VIOLENCIA
Vivian y Agustín se conocieron en el año 2000, cuando ambos trabajaban en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se hicieron amigos, comenzaron una relación, vivieron juntos y más tarde, en 2006, ambos entraron a trabajar en la PGR.
Con la relación ya desgastada y mientras en PGR comenzaban las campañas internas sobre violencia de género, Vivian hizo conciencia de que los golpes, las burlas y las fotos o videos tomados sin su consentimiento no eran normales y decidió separarse de su pareja.
Vivian se fue con sus dos hijos a rentar un departamento pero decidió mantener una relación cordial con el padre de sus hijos. “Al ver que no iba a regresar, empezó a acosarme, llamaba a compañeros para saber mis horarios, me mandaba flores”, dice.
Un día de septiembre de 2013 ambos se vieron para hablar de sus hijos. Ese día Vivian subió al Jetta rojo de Agustín y llegaron al Monumento a la Madre. Ahí, ayudado por su chofer, la bajaron y la obligaron a entrar a un hotel. Después del forcejeo, ella se liberó y se fue.
Al negarse a más encuentros, comenzó a recibir amenazas y el 17 de septiembre de 2013 se le notificó que tenía una demanda por la guarda y custodia de los niños. Ese mismo día, él fue a su casa para decirle que si no regresaba se defendiera con todo lo que pudiera, porque a él mucha gente le debía favores.
El expediente se registró con el número 1749/13 en Juzgado 39 familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En esa demanda, que Vivian califica de infame, su ex pareja se describe como un padre modelo que preparaba el desayuno a sus hijos, los llevaba y recogía de la escuela y comía con ellos mientras que la madre era “bipolar” al grado que un día “confesó” que le rompió la cabeza a su ex novio con un palo.
Gonzáles Guerrero también denunció que Vivian lo golpeó en el estómago, lo amenazó de muerte y que, a pesar de eso y de que ella no atendía sus obligaciones como madre –porque prefería trabajar y estudiar–, el siguió apoyándola y comprándole ropa cuando terminaron la relación.
A la demanda le siguieron amenazas por correo. El 9 de septiembre de 2016 al correo institucional de PGR de Vivian le llegó un mensaje con tres fotos de ella desnuda donde se leía: “llevemos la fiesta en paz, borra todo, evitemos que vean estas fotos tus amigos, familiares, compañeros, papás de la escuela de tus niños, saludos, que tengas buen día”.
Además de ese mensaje electrónico, en otra ocasión Gonzáles Guerrero le dijo: “Voy a hacer que te suicides y me voy a quedar con los niños”, frase que ella recuerda con claridad.
En este proceso, Vivian ganó la guarda y custodia temporal de su hija e hijo, después la jueza se excusó de seguir con el caso y a la par se presentaron peritajes psicológicos, donde ella fue diagnosticada con rasgos esquizoides.
PRUEBAS IGNORADAS
La demanda sobre la custodia de los niños ha pasado por tres jueces. Primero por la titular del Juzgado 39, María Félix Sánchez Porras, quien se excusó. El caso pasó a otro juez y, por temas administrativos, éste también lo dejó. El expediente llegó al Juzgado 40, en materia familiar, a cargo de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo.
A esta última autoridad Vivian entregó una memoria USB con las amenazas y fotos que recibió por correo, un informe del Centro de Convivencia donde se expone lo sucedió el día que la niña no quiso irse con su padre y los peritajes donde se cataloga a su ex pareja como “generador de violencia”.
También entregó evidencia de un video casero que Agustín grabó, donde sus dos hijos menores de edad salen a cuadro llorando, diciendo que su madre les aconsejaba que no debían querer a su padre. “Me dolió tanto ver ese video, sólo le faltaba el tehuacán”, dice la mujer al asegurar que los niños fueron obligados a “dar esa declaración”.
Dice además que la juez ha permitido que durante las audiencias Gonzáles Guerrero le haga preguntas que no se relacionan con la demanda, por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales con otra persona y, cuando ella solicitó pensión alimenticia, su ex pareja trató de esconder sus ingresos como abogado de un despacho y profesor de la Universidad Anáhuac.
Cuando la niña se quejó por maltrato, el 4 de octubre de 2016, Vivian solicitó al Tribunal Superior de Justicia capitalino que modificara el régimen de visitas para que fueran supervisadas, pero antes de resolver este asunto la jueza dictó sentencia para otorgar la custodia al padre.
El 24 de octubre Vivian recibió una notificación del cambio de guarda y custodia a favor de él y un escrito donde se decía que el 25 de noviembre de 2016 debía entregar a los niños con toda su ropa y juguetes.
La jueza Sánchez Cedillo también giró un oficio a la PGR para iniciar el descuento del salario de Vivian, a pesar de que la sentencia estaba siendo apelada, y de que el padre todavía no tenía a los niños.
17/AGM/GG
San Lázaro deja pendientes reformas sobre NOM 046 y violencia política de género
Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que concluyó este 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de lactancia y maternidad de las trabajadoras, asistencia social a madres solteras y la expedición de una ley de tortura, pero dejó pendiente reconocer en la ley la violencia política de género.
En este periodo de sesiones, que comenzó en febrero y concluyó en abril, se aprobaron reformas en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Asistencia Social.
Las legisladoras federales, que conforman el 425.6 por ciento de la Cámara baja, junto con sus compañeros, también avalaron la expedición la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que considera las particularidades de las víctimas mujeres.
Sin embargo la propuesta que no avanzó fue la de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la obligación de prestadores de salud de garantizar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
Tampoco se avalaron las reformas a las leyes generales en materia político electoral para incorporar el concepto de violencia política de género, toda vez que estas modificaciones debieron ser avaladas por la Comisión de Gobernación y la Comisión de Igualdad de Género pero sólo la primera la aprobó.
REFORMAS APROBADAS
En materia de género se aprobó una reforma al Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para decir que se entiende como servicio básico en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia y madres solas que tengan hijos menores de 18 años, con especial atención a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, tiene el fin de que estas mujeres puedan beneficiarse de los programas sociales. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 10.1 de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo, son viudas; 8.44 son separadas y 2.8 por ciento están divorciadas.
Otra reforma que se aprobó en San Lázaro fue una minuta para precisar, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la violencia laboral también es negar las oportunidades de ascenso a las mujeres, así como exigirles la presentación de certificados médicos de no embarazo.
Uno de los argumentos de las y los legisladores es que la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, realizada por el Inegi, señala que una de cada cinco mujeres ocupadas de 15 años y más, es decir 20.6 por ciento, declaró haber tenido al menos un incidente de discriminación laboral.
También en materia laboral se reformaron los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para las trabajadoras embarazadas puedan distribuir sus 12 semanas de descanso antes y después del parto y tengan la opción de reducir una hora laboral para amantar a su hijo.
En otro dictamen se reformó el Artículo 25 de la Ley General de Acceso, a fin de establecer que la Secretaría de Gobernación (Segob) también notifique a los ayuntamientos sobre las declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
La Cámara de Diputados además aprobó la expedición de una ley general en materia de tortura, que establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual y señala que los dictámenes para acreditar el delito deberán ser realizados por peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer, entre otras consideraciones.
PENDIENTES LEGISLATIVOS
El tema que quedó pendiente fue una reforma a la Ley General de Acceso para incorporar la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que contempla la anticoncepción de emergencia y el aborto en casos de violación sexual, una propuesta avalada en la Comisión de Igualdad de Género y que pasó al pleno pero fue retirada en tres ocasiones por “no tener consenso”.
En este tema las legisladoras del Partido Acción Nacional e integrantes de asaciones civiles como Pasos por la vida se manifestaron en contra de la aplicación de la NOM-046; mientras que legisladoras de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, apoyaron la propuesta.
A pesar de que la NOM 046 no se incorporó a la Ley General de Acceso, los prestadores de salud siguen obligados a ofertar la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, ya que esta norma es una política de aplicación nacional.
El segundo pendiente legislativo fue avalar la minuta que envió el Senado para definir el concepto de violencia política de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
Esta definición, que se incluiría en cinco leyes generales, fue avalada en la Comisión de Gobernación, pero no en la Comisión de Igualdad de Género, por lo que no se presentó ante el pleno, por lo que podría retomarse en el siguiente periodo de sesiones en agosto próximo.
17/AGM/GG
Vilma Trujillo no se lanzó a la hoguera por su voluntad, fue el pastor de la iglesia evangélica Asamblea de Dios, Juan Rocha, quien ordenó su muerte porque “era el mismo diablo” y, aunque intentó defenderse con un machete, en un acto de sobrevivencia, la ataron de pies y manos y la lanzaron al fuego: 400 grados Celsius, siete horas y media. Falleció dos días después por edema pulmonar y shock séptico, 80 por ciento de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado, calcinados hígado y pulmones.
Eso narraron testigos, forenses y acusados por el crimen de Vilma, durante la audiencia del juicio oral y público, realizada el martes pasado por la noche, en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, a cargo del juez Alfredo Silva Chamorro, de acuerdo con reportes y videos publicados en la prensa y la televisión locales.
Por el asesinato, cometido el 21 de febrero en la comunidad El Cortezal, municipio de Rosita, en el Triángulo Minero, están acusados el pastor Juan Gregorio Rocha Romero, de 23 años de edad, y los integrantes de la iglesia: Pedro Trujillo, hermano de Vilma, de 26 años; su hermana Tomasa, de 24 años; la cuñada de la víctima, Esneyda Orozco Téllez, de 25 años; y Franklin Jarquín, de 28 años.
Esneyda Orozco dijo a las autoridades que había tenido una revelación y de ahí surgió la idea de quemarla. Y así lo confirmó el pastor que ordenó su muerte: “es que dios dijo que le pusiéramos fueguito porque estaba endemoniada, dios dijo que iba a sacar ese espíritu malo. Tenía el compañero de vida y entonces cometió error con otro hombre”.
Franklin Jarquín, otro de los acusados, dijo que “ella cometió un error ante Dios al meterse con otro hombre teniendo su pareja. Dios la castigó de esa manera y se endemonió, fue un espíritu que se impulsó en ella y cayó sobre el fuego”.
Creyente, Vilma estuvo en la Iglesia Visión Celestial, de la Asamblea de Dios desde el día 15 hasta el 21 de febrero de 2017, cuando la lanzaron a la hoguera. Estuvo prácticamente secuestrada, contra su voluntad, acusan organizaciones de mujeres. El compañero de Vilma no estaba en la comunidad, había ido a donde vive su madre, para construirle un cuarto.
El médico forense, Oscar Bravo, quien hizo la autopsia de Vilma, reveló que antes de quemarla fue golpeada con un objeto contuso, un palo, quizá, que le hirieron el cráneo. Organizaciones feministas creen que también fue violada.
El 21 de febrero, afuera de la Iglesia, el pastor pidió que todos se arrodillaran, levantaran las manos al cielo y cerraran los ojos. Fue entonces, según los relatos ante las autoridades judiciales, que el pastor, Jarquín y Tomasa, arrojaron al fuego a Vilma. Uno de los feligreses, Miguel Zamora, abrió los ojos, se levantó y la sacó de la llamas.
NO SON REVELACIONES, ES FEMINICIDIO
Antes de iniciar la audiencia del juicio, el martes pasado, desde temprano organizaciones de mujeres, entre ellas la Red de Mujeres contra la Violencia, se manifestaron vestidas de morado, con pancartas, cruces, flores y consignas: “No son revelaciones, fue femicidio”, gritaban, “se acabó la paciencia, no más violencia”, “no fue revelación, fue el odio del pastor”.
La integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, Elia Palacios, dijo que Vilma fue víctima de la religión, del patriarcado que la juzgó porque tenía otro marido”.
Afirmó en entrevista con una televisora local que el Colectivo Gaviotas, organización feminista con presencia en la zona donde murió Vilma, acompañó a la familia y se pronunció. Criticó que la iglesia estuviera más interesada en deslindarse del hecho que por la muerte de la señora.
Explicó la importancia que adquirió la iglesia en un lugar donde prácticamente no hay instituciones del gobierno y, por lo mismo, es el ministro religioso quien se constituye en autoridad. Seguramente, dijo Palacios, la familia fue manipulada, creyó que el pastor sanaría las dolencias de la mujer, pero no sabían que impediría que la vieran.
Cuando Catalino, el padre de Vilma, se enteró de los hechos, intentó ir a donde estaba su hija, pero el pastor de su comunidad se lo negó. Fue a ver a otro pastor y le informaron que ya la habían quemado. Y luego el pastor Rocha Romero le aseguró que ella fue quien se lanzó, ya que estaba enferma (de la mente).
Ahora, dijo Elia Palacios en la entrevista televisiva, la iglesia pide misericordia para las y los acusados, pero eso no puede ser porque el Estado es laico. “Que se haga justicia y se siente un precedente”, el hecho fue grave, el médico dijo que las lesiones, incompatibles con la vida, generaban un dolor inimaginable y vivió en agonía con 80 por ciento de su cuerpo calcinado, con el hígado y los riñones calcinados.
Me molesta, agregó la feminista, que insistan en que fue un procedimiento correcto, que “una voz” lo ordenó. Pero la secuestraron y planificaron su muerte, la lanzaron al fuego amarrada, desnuda, con daño a su integridad, la golpearon, incluso su hermana participó.
El daño que le hicieron a Vilma, consideró la enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, Evelyn Flores Mayorga, fue por su condición de mujer, ya que no lo habrían hecho a un hombre en una situación similar. Se aprovecharon de su condición de mujer, de su situación educativa. Hubo partícipes y co-facilitadores del delito y el Estado debe castigarlo. Su práctica religiosa los llevó a actuar sin raciocinio, hasta los límites. Se pierde el pensamiento crítico y se sigue al espiritual.
Acusa que el Estado debió actuar, sin esperar que la denuncia fuera puesta por el compañero de Vilma, quien estaba trabajando lejos, porque son pobres.
En el caso de Vilma, explicó Flores Mayorga, era pobre, atendía su casa y su familia, era ama de casa. Le tocaba hacer rendir el dinero. Y el trabajo de cuidados muchas veces significa gran carga emocional para las mujeres. Puede ser que no guste, porque nos toca, porque no hay nadie más que lo haga. Ella se ve ante una carga cotidiana de cuidado, de trabajo que no se reconoce ni se remunera, al que no le da valor la familia, donde no hay vacaciones y nunca hay dinero para una misma.
Las personas que estudian las religiones –detalla la activista- dicen que hay quienes manipulan a las personas y estas cumplen con ser ovejas guiadas, depositan toda su vida en esas personas y piensan que vendrá algo mágico. Y eso es algo que contrasta con una ciudadana que toma decisiones sobre su vida espiritual, que asume una participación política, que asume responsabilidades en el ámbito social y familiar.
EL FIN
Miguel Zamora, quien sacó a Vilma de la hoguera, aseguró en el juzgado que le pidió al pastor que la pusiera en su cama y le dieran atención médica, pero este amenazó con irse si la acostaban ahí.
Don Catalino, padre de la víctima, contó a las autoridades judiciales que “cuando me le acerqué a Vilma, ella estaba solita con una camisita nada más, todo el cuerpo quemado, acostada en un brasero de ceniza y me dijo: “Papá, deme agua”, y se tomó dos vasos de agua y se quedó sin hablar”.
Luego la llevaron a una hamaca, en su casa y al día siguiente, en la madrugada, la trasladaron al centro de salud que quedaba más cerca, en donde murió, acompañada de su madre, su padre, su compañero y rodeada de sus hijos.
INSEGURIDAD EN COSTA CARIBE Y NORTE
Evelin Flores Mayorga advierte que en las regiones Costa Caribe y Norte, “están sucediendo muchas inseguridades ciudadanas para las mujeres y no hay sanciones”, lo que preocupa a la Red de Mujeres contra la Violencia. “No hay reparación del daño ni justicia”.
La Red contabiliza al menos 11 mujeres asesinadas en Nicaragua en lo que va de 2017, pese a que hay una ley que condena el feminicidio. Murieron por la violencia extrema machista, dijo Elia Palacios en una entrevista. En 2016, más de 70 mujeres fueron asesinadas por varones.
Y los más recientes, explicó, ocurrieron el pasado fin de semana en las ciudades norteñas de Condega y Somoto, cerca de la frontera con Honduras, donde dos mujeres murieron a manos de sus cónyuges.
La dirigente de la Red, Reyna Rodríguez, sintetiza: Nicaragua adolece de políticas públicas adecuadas para prevenir este flagelo, pese a que desde hace 4 años existe la Ley 779, que penaliza la violencia contra la mujer.
“Esto es alarmante, dice, y estamos cansadas de demandarle a Estado que atienda el problema, porque esos asesinatos podría evitarse con una política de Estado de prevención. Sin embargo, en muchas ocasiones, la policía promueve trámites conciliatorios entre el agresor y su víctima.
El juicio por el asesinato de Vilma continuará el 2 de mayo a la una de la tarde y estará convocada otra presunta implicada, Maritza Ramos, quien fue testigo del hecho, de acuerdo con lo narrado a las autoridades por la hermana menor de Vilma.
17/GGQ
Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.
Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.
“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.
Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.
Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.
Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”
En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.
Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.
Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.
A pesar de estar a unos 12 mil 900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.
PETRÓLEO ENVENENA, DESTRUYE
La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.
“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.
“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.
Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.
Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.
“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.
Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.
En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.
“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.
Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.
En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.
Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.
“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.
El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
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Estrategia Nacional para prevenir embarazo adolescente, un gran reto
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), presentada por el Gobierno federal mexicano en febrero de 2015, con la Secretaría de Gobernación como máximo órgano responsable de su ejecución, fue lanzada como de alta prioridad nacional y con dos metas al año 2030: disminuir a cero el número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la Tasa Específica de Fecundidad (TEF) de las adolescentes de 15 a 19 años. Es decir, alcanzar una tasa de 32.9 nacimientos por cada 1000 mujeres en dicho grupo de edad.
La Organización Mundial de la Salud señaló en 2014 que las menores de 15 años de edad tienen cinco veces más probabilidades de morir en el parto que las mujeres de más de 20 años, en tanto que las complicaciones asociadas con el embarazo y el parto son la principal causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años en los países de ingresos bajos y medianos.
Para ese mismo año la tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años era de 49 nacimientos por mil mujeres y México ocupó entonces el primer lugar en fecundidad adolescente dentro de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con la Numeralia 2014 del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), la TEF de mujeres entre los 15 a 19 años es la más alta en el país y es la única que ha ido en aumento durante los últimos años. En 2015, 7.8 por ciento de las adolescentes de 12-19 años del país había tenido un hijo nacido vivo.
Sin embargo, no sólo deben preocuparnos los embarazos entre las y los adolescentes, ya que más de 2 millones de jóvenes de entre 10 y 19 años viven con el VIH en el mundo; alrededor de una de cada siete nuevas infecciones se produce en la adolescencia.
A dos años de su lanzamiento, la ENAPEA tiene una coordinación interinstitucional basada en la convergencia de esfuerzos, recursos coordinados y tácticos encaminados a fortalecer e impulsar acciones para la prevención del embarazo durante la adolescencia.
Los pilares para su implementación son los llamados Grupos Interinstitucionales, uno a nivel nacional y uno para cada entidad federativa. Estos grupos deben estar conformados por instituciones educativas, de salud, para el desarrollo social, de derechos indígenas, para la atención integral de la juventud, así como de la academia y sociedad civil organizada.
Una característica más de la ENAPEA, muy importante, es que fue declarada con presupuesto cero, decisión fundamentada en el entendido de que su financiamiento debe provenir de los recursos con que cuentan las instituciones participantes; es decir, cada institución integrante de la estrategia deberá dar prioridad y hacer converger el empleo de recursos para este tema específico.
Durante diciembre de 2016, el OMM realizó actividades de seguimiento a la ENAPEA, tales como entrevistas a actores clave institucionales y solicitudes de información pública a través de las plataformas nacional y estatales de transparencia en seis estados: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas.
Esto con el fin de conocer los avances en la conformación de los denominados Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) e identificar los retos para su funcionamiento, para proveer información relevante, desde las perspectivas estatal o local, para una mejor implementación de esta política pública de alta prioridad y pertinencia para el país.
GEPEA, LENTO AVANCE
Para finales de 2016, cinco de las seis entidades en las que realizamos el seguimiento ya contaban con el GEPEA constituido y formalizado: en Querétaro el GEPEA se constituyó en el mes de diciembre, mismo mes en el que realizamos un acercamiento con las autoridades del Estado para conocer sus avances en el tema. De manera general se puede destacar que, con excepción de Querétaro, los estados que formaron parte de este monitoreo se encontraban en una fase de diagnóstico de la problemática y diseño del plan de trabajo o estrategia estatal.
Los GEPEA a los que pudimos acercarnos reportan muy lento avance en las acciones mencionadas, su conformación ha sido una tarea compleja. De acuerdo con las entrevistas realizadas, hay coincidencia en que prevalece una cultura institucional de escasa colaboración y con dificultades para la planeación estratégica conjunta. A ello se le suma que ninguna de las instituciones participantes en los estados ha recibido una asignación presupuestal específica para la Estrategia, por lo que todos los gastos de las acciones que realizan deben obtenerse de fondos etiquetados para otras políticas o programas.
Coinciden también los GEPEA en la dificultad de obtener un diagnóstico actualizado y lo más apegado posible a las distintas realidades locales, por ello la mayoría hizo énfasis en la necesidad de involucrar a sectores como la academia y la sociedad civil organizada en los grupos estatales.
La participación de estos dos sectores ha sido decisiva en los casos de Oaxaca y Chiapas, donde organizaciones de la sociedad civil y universidades han formado parte en las actividades del GEPEA desde su arranque y son quienes han logrado dar una continuidad mínima y seguimiento de los acuerdos establecidos, que comúnmente se pierden en las transiciones gubernamentales.
La falta de un diagnóstico que posibilite la caracterización amplia del problema, que recupere todas sus aristas y dimensiones, ha generado escasez de perspectivas y propuestas innovadoras en los planes de trabajo de los GEPEA (o en algunos casos llamadas estrategias estatales), que muestren una posibilidad real de impacto en la población objetivo.
La mayoría de acciones propuestas se basan en la ampliación o fortalecimiento de programas o proyectos que ya se tienen para la prevención del embarazo adolescente, nos referimos a actividades como campañas extramuros del sector salud sobre anticoncepción, charlas de especialistas en este mismo tema en centros educativos, programas de promoción del deporte y actividades recreativas, entre otras.
Estos programas, además de que no cuentan con indicadores o estrategias para la medición de su impacto, tampoco toman en cuenta la multiplicidad de factores que inciden en la problemática y que se desprenden de factores contextuales tales como la diversidad étnica, cultural y lingüística, la violencia de género, la violencia familiar y otras violencias que se padecen en contextos de alta presencia del crimen organizado, y una crisis generalizada para el acceso de las y los jóvenes a fuentes de empleo y otras oportunidades.
En suma, el reto principal es que los GEPEA desarrollen propuestas apegadas a los contextos y con posibilidad de impacto, para ello es imprescindible conocer de manera profunda las realidades y perspectivas de las y los jóvenes en el país.
El énfasis que se tiene en las propuestas existentes, basadas en la difusión de información clave, ha probado no ser suficiente en un país donde la violencia, la discriminación y la falta de acceso al disfrute de derechos fundamentales como la salud y la educación inhiben en las y los jóvenes la posibilidad de tomar decisiones de manera libre, voluntaria y responsable frente al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
*Responsable de Proyecto en el Observatorio de Mortalidad Materna en México
**Secretaria Ejecutiva del Observatorio de Mortalidad Materna en México
***El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Alberta González Calderón tenía 28 años de edad cuando salió de La Gloria, en el municipio poblano de Cuyoaco, para trabajar y tener con qué sostener a su familia: una niña de tres años y un bebé de meses. Vete a la Ciudad de México, le recomendaron familiares, allá se gana un poquito más, y se fue. Su madre cuidaría a sus hijos.
Nunca había estado en la capital, era la primera vez que se separaba de los niños y empezó a vivir entonces lo que miles de trabajadoras del hogar: aislamiento, malos tratos, gritos e insultos de la empleadora, inconforme siempre con el trabajo; contratos verbales, sin seguro médico.
Comenzaba su jornada a las seis de la mañana, sin hora de término, sin horario fijo: limpiar la casa, hacer comida, lavar y planchar, con breves descansos cuando la empleadora se iba a trabajar. Todo por 900 pesos a la semana, de lunes a sábado. Apartaba 50 ó 100 pesos y el resto los mandaba a Puebla. No salía, para poder ahorrar, y solo iba una o dos veces al mes a ver a su familia.
A sus 46 años, Alberta trabaja ahora en Cuyoaco a 10 minutos de su comunidad, seis días a la semana, seis a ocho horas diarias. Gana menos de dos salarios mínimos diarios, 700 pesos, pero asegura que es el mejor salario al que puede aspirar en Puebla. Lo que no cambian son las condiciones: sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones.
LA MAYORÍA
Como Alberta vive la mayoría de las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en el país, señalan datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi, 2016). Y, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred, 2015), 97 por ciento no tienen acceso a servicio médico, permiso de maternidad, vacaciones, aguinaldo o instituciones de ahorro, porque la Ley del Seguro Social no las considera sujetos de aseguramiento.
Sin embargo, el empleo del hogar es una de las labores con mayor aporte económico: 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
“Me gustaría tener un ahorro, dice Alberta, quiero tener algo más”, retirarme a los 55 años. Por eso ya está averiguando qué opciones hay: quizá “vender tamales, chalupas, o granola”.
DERECHOS LABORALES
Sandra Azucena Ramírez Guzmán tiene 36 años y vive en Colima. Cuando sufrió despido injustificado, buscó ayuda y la encontró al Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), fundado por Marcelina Bautista en 2015, con presencia en el Estado de México, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.
Ahí se capacitó en derechos laborales y ahora representa a esa organización en la entidad. Cada mañana, en la parada del camión de La Mariana, se acerca a las trabajadoras que van a la zona residencial de El Chanal y las invita a sumarse al sindicato, les informa que pueden aspirar a mejores condiciones, les regala un folleto.
SEGURIDAD SOCIAL
Cuenta Sandra que cuando supo sus derechos, exigió a sus empleadores el Seguro Social. Se lo dieron, pero ahora le dicen que no le pueden pagar más, “porque ya tiene seguro”. Sin embargo, se siente afortunada, porque es un derecho al que no accede la mayoría de las trabajadoras del hogar. Tiene además un horario y tareas específicas.
Trabaja de 9 de la mañana a las cuatro de la tarde, por mil 200 pesos semanales, uno de los más altos para el sector en Colima, pero “no le ajusta para nada”, porque “gasta 480 pesos en pasajes y le quedan 700 para comida”, además están los gastos de sus hijos de 15 y 17 años de edad. Un tiempo fue niñera por las tardes, por 90 pesos diarios, pero lo dejó, porque dice que descuidó a sus hijos y terminaba muy cansada.
La directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez Flores, reconoce las malas condiciones laborales y los regateos de salario que padecen las trabajadoras del hogar. Afirma que esto seguirá así, mientras los servicios del hogar no se formalicen y que la seguridad social es un derecho humano inalienable.
Sin embargo, el Instituto no tiene un programa para las trabajadoras del hogar y por eso, dice Sandra, es fundamental que se organicen para que ejerzan sus derechos.
EXPLOTACIÓN LABORAL
María Josefa Díaz Martínez es tzotzil, nació en Tzajalá, municipio de Teopisca y renta un cuarto en una vecindad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vive ahí con sus hijas, de 13 y 19 años de edad, a quienes mantiene con su trabajo como trabajadora del hogar. Sonríe, se siente orgullosa de su trabajo, pese al camino de maltratos, ataques sexuales y explotación laboral por el que pasó.
Josefa cuenta que cuando tenía 10 años de edad sus abuelos “la prestaron” para trabajar en una casa de Tuxtla Gutiérrez. “Era triste no estar en mi casa y nunca había vivido con un rico”.
No recuerda cuánto le pagaban, pero sí lo que sufrió: “fui maltratada, golpeada porque no sabía cocinar, me quemaban las manos con el comal para aprender, no sabía en qué mano iban los cubiertos, me ensartaban el tenedor en las manos para que aprendiera”.
Cuando tenía 13 años de edad, Josefa fue violada por el hermano de su empleadora, pero no denunció porque sabía que no le creerían y no tenía a quién pedir ayuda. Se fue de esa casa cuando el padre de la empleadora intentó abusarla. No le creyeron y regresó a Tuxla, apoyada por una compañera.
En 2007 conoció a la feminista Coni López, quien la contrató y escuchó su historia. Supo entonces lo que es un trato y un salario dignos y comprendió que habían violado sus Derechos Humanos y laborales.
Con otras trabajadoras creó el Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas (Cedach), hoy con 15 integrantes.
Lupita, hija de Josefa y trabajadora del hogar desde niña, dice que los sueldos en Chiapas son bajos, desde 40 pesos diarios. Estudia secundaria, asiste a los talleres del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, donde hay alfabetización y capacitación en derecho laboral, “para que las compañeras aprendan que tienen derechos”.
Josefa dice que su trabajo es “tan digno como todos” y busca inspirar a las trabajadoras y a sus hijas para defender sus derechos, para que se empoderen y no permitan malos tratos. Quiere que sus hijas terminen una licenciatura, que tengan una casa propia y que las empleadoras reconozcan sus derechos. Quiere una mejor vida para no sufrir.
17/HZM/GG
Niñas y jóvenes en carreras del sector TIC disminuye brecha de género
En el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) urgió a promover y capacitar a niñas y mujeres en el uso de las TIC, en un contexto en el que las mujeres representan sólo el 15 por ciento de la fuerza de trabajo en la industria tecnológica mexicana.
La UIT, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió a los 193 países y las más de 700 entidades del sector privado e instituciones académicas miembros, a través de su portal digital, continuar promoviendo acciones que motiven a las niñas y jóvenes a considerar la elección de carreras en el sector de las TIC y así disminuir la brecha de género en este ámbito.
Apoyar la educación de las niñas en las TIC, menciona la Unión Internacional, es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente el destinado a alcanzar la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
El Día Internacional de las Niñas en las TIC se conmemora el cuarto jueves de abril de cada año desde 2014 y tiene como objetivo crear un entorno mundial que empodere a niñas y mujeres jóvenes a dedicarse profesionalmente al estudio de las TIC.
CONTEXTO MEXICANO
En México sólo 14 por ciento de las mujeres eligen estudiar licenciaturas relacionadas con las TIC, ciencia, ingeniería y construcción, de acuerdo a datos del Gobierno mexicano proporcionados en el portal de la iniciativa “Código X”, la cual dirige desde 2016 la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, para promover la inclusión de niñas y mujeres en las TIC.
A esta desigualdad se suma que solo una de cada 10 personas en las áreas de programación tecnológica son mujeres, como indica la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).
La falta de acceso de las mujeres a las TIC va más allá de que no las usen porque desconocen su utilización. Si bien las mujeres representan 52 por ciento de las 7.5 millones de personas entre los 12 y 25 años de edad que no utilizan computadoras, el 39.8 por ciento de las jóvenes de 12 a 17 años aseguran no utilizarlas, pese a que saben hacerlo, porque no tienen acceso a equipos de cómputo, indica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
17/MMAE/GG