La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó que se defina la violencia política por razones de género en las siguientes leyes generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De cara a los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz y a las elecciones de 2018, que podrían generar actos de violencia hacia las candidatas, esta mañana las y los diputados aprobaron sin modificaciones la minuta enviada por el Senado, pero aún falta que la Comisión de Igualdad apruebe el dictamen para que las reformas suban al Pleno de San Lázaro para ser ratificadas.
Con esto se avanzaría en la definición de la violencia política por razones de género, que en el dictamen quedó como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
COYUNTURA OBLIGA
En la sesión de esta mañana en la Comisión de Gobernación, las diputadas Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Roció Nahle García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron a favor de aprobar las reformas sin hacer modificaciones, pero señalaron que aún falta tipificar este delito en el Código Penal Federal por lo que dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro.
En su intervención, la diputada Aragón Castillo dijo que la coyuntura obliga a hacer estas reformas y hay ejemplos sobre la urgencia de legislar la violencia política. Por tanto, aseguró que para no demorar la aprobación de la minuta, sería avalada sin cambios y se dejarían fuera del debate otras iniciativas presentadas en la Cámara baja.
“En el PRD entendemos que sería un error meternos a la discusión y entrar a un proceso de dictaminación largo que implicaría varias consultas, que esta Comisión no estaría en condiciones de asegurar que estuviese este instrumento”, dijo la diputada perredista.
UN PASO MÁS
Con este paso, se da seguimiento a la propuesta presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012, presentó la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incluir la violencia política de género.
La iniciativa de la senadora priista fue aprobada en el Senado, pero no fue ratificada en la Cámara de Diputados. Más tarde, con la reforma político electoral de 2014 y la derogación del Cofipe, varias senadoras y diputadas de todos los partidos políticos presentaron propuestas de reforma en el mismo sentido que la de 2012.
Entre los argumentos de las legisladoras para incluir este término en la ley están los casos de violencia en procesos electorales. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la Republica, documentó 232 casos de violencia hacia las mujeres políticas en el proceso electoral del 2014-2015.
Algunos de estos casos fueron el de Chiapas, donde la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada; en el Estado de México la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que tuvo un intento de secuestro.
En Guerrero, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue asesinada y hallada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político; otro caso fue en Sonora, cuando en abril de 2015 aparecieron unas mantas con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón”, en alusión a la participación de las mujeres en la política.
Estos casos hicieron que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fepade elaboraran el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, en marzo de 2016.
VIOLENCIA POLÍTICA
De acuerdo con el dictamen, constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género acciones como imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función; restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su cargo o función; y proporcionar información o documentación incompleta o errónea.
Asimismo la violencia política de género es ocultar información o documentación a una funcionaria o candidata; impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; o impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género, entre otros.
La Comisión de Igualdad de Género se declaró en sesión permanente, por lo que se prevé que este día voten el dictamen para que sea enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.
17/AGM/GG
abril 2017
En mayo, en Colombia seminario Mujeres y medios en procesos de paz
Con el objetivo de analizar el quehacer del periodismo en la búsqueda de la igualdad de derechos para las mujeres y su aporte en la construcción de la paz en Colombia, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género organizará el seminario internacional “Las mujeres y los medios en los procesos de paz”, este 2 y 3 de mayo.
En el seminario, a realizarse en el Teatro México de la Universidad Central en Bogotá, Colombia, se compartirán las experiencias de inclusión y no discriminación de las mujeres en los medios masivos durante procesos de negociación y construcción de una cultura de paz y propuestas alternativas desde la comunicación para narrar el posconflicto con perspectiva de género desde los derechos de las mujeres.
También se analizará el papel de la sociedad civil en la información y el rol de las redes sociales para promover los derechos de las mujeres, según informó en un comunicado la Red Colombiana, que además celebrará una década de trabajo con este encuentro.
La directora de la Red, la periodista Fabiola Calvo Ocampo, afirmó que “el seminario es novedoso porque es un tema que ha tenido escasa visibilidad y tendrá como invitadas a reconocidas periodistas de países con conflictos similares al colombiano. Adicionalmente, se presentará una iniciativa para incidir en las salas de redacción y facultades de comunicación y periodismo en las regiones, para que a través de su oficio contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres”.
De acuerdo con la Red uno de los retos que enfrentan los profesionales de la comunicación es cómo producir mensajes periodísticos, comunicativos, informativos y publicitarios que no reproduzcan las desigualdades entre hombres y mujeres. Como ejemplo, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, realizado en 2015, muestra que las mujeres son objeto de noticia solamente en 29 por ciento de los casos y son escasas las noticias que desafían estereotipos de género.
En América Latina, exponen las organizadoras, los hechos de violencia hacia las mujeres rara vez se abordan desde un enfoque de derechos y la presencia de mujeres en las noticias está marcada por el uso de estereotipos.
Según la investigación Estereotipos y Roles de Género utilizados en la Publicidad Transmitida a través de la Televisión de la Fundación Konrad Lorenz, se estima que cerca de la mitad de los contenidos promueven estereotipos sexistas.
A propósito de su décimo aniversario, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género convocó a quienes ejercen el periodismo y la comunicación con la propuesta de construir nuevas subjetividades y otras miradas para abrir las puertas a un lenguaje transformador que permita un periodismo con visión y enfoque de género.
El seminario es apoyado por ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, el diario El Espectador con el proyecto Colombia 2020, la Universidad Central, los ministerios del Interior y de Cultura, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
Entre las invitadas internacionales estarán la abogada, periodista, locutora y activista por los derechos de las mujeres, la infancia y la libertad de prensa en El Congo, Caddy Adzuba, quien en 2014 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias; la fundadora de La Cuerda, publicación feminista que surgió luego de la firma de los Acuerdos de Paz en ese Guatemala, Rosalinda Hernández Alarcón; y la editora del Diario El Mundo de El Salvador y Premio de Periodismo de Investigación en las Américas, María Cidón Kiernan.
17/AGM/GG
Lograr que el Estado Mexicano involucre una mirada de género y de Derechos Humanos en sus acciones no ha sido tarea sencilla, mucho menos desde una perspectiva de garantizar la igualdad como una vía en el acceso a la justicia, no para dar el mismo trato a desiguales –por ejemplo la sentencia del Caso Porkys- sino para entender e involucrar las desigualdades históricas y el complejo sistema de control sobre el cuerpo de las mujeres que los lleva a naturalizar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres.
El Informe para la CEDAW de México ya fue presentado tal y como se esperaba por parte del Gobierno Mexicano, y el documento reúne diversos compromisos que se presentan como grandes avances para revertir la discriminación que viven las mujeres en México. El Comité para la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deberá dar respuesta a este informe y señalar las recomendaciones generales y reconocimientos que se deriven del cumplimiento de las presentadas en el informe octavo y noveno.
Sin embargo, una lectura concienzuda del Informe nos da un largo y general listado de acciones institucionales que desde el Gobierno Federal se anuncian que han sido cumplidas y que realmente están beneficiando a las mujeres, pero la mayoría de lo señalado en el documento dista mucho de la realidad. La mejor muestra de “contradicción” entre la realidad y lo que nos dice el Informe es la “perspectiva de género” en los jueces y magistrados de los Tribunales en los estados.
Si bien a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un trabajo por encabezar la aplicación de la perspectiva de género en la justicia con su Protocolo, capacitación a jueces y magistradas y magistrados, con disposición de Judicaturas para abrirse a estos temas de discusión y fallos novedosos en los Juzgados de Distritos, lo cierto es que las entidades siguen siendo un asunto lleno de opacidad y terreno peligroso.
No solo hay falta de voluntad en la mayoría de los jueces y juezas, sino que los magistrados y magistradas suelen “proteger” a éstos con sentencias a apelaciones promovidas por las familias y defensas de las víctimas de violencia sexual y, en el peor de los casos, se confirma la premisa sexista de que “ella se lo buscó” o simplemente su palabra no tiene credibilidad, silenciando así a las víctimas.
Bastaría revisar en ese proceso de la cadena de justicia cuántos casos son reportados ante los números de emergencia (ahora 911) sobre hechos de abuso y violencia sexual contra niñas y niños, contra adolescentes y mujeres, para ver que el número de casos sentenciados y sentencias ratificadas es muy inferior proporcionalmente.
El documento de ONU Mujeres sobre la violencia feminicida en México da cuenta de esta larga y tediosa búsqueda de justicia en México que ha empeorado –por la justificación de que así es el nuevo sistema- en los últimos años, reduciendo el número de sentencias sobre casos denunciados de violencia sexual contra las mujeres en las entidades federativas.
Lo peor es que en muchas entidades y como parte de una política pública se ha implementado un “rediseño de las estadísticas”, renombrándolas de manera retórica para evitar que al leerlas se asocie con la violencia de género y así finalmente las cifras disminuyen.
Para nadie, en el sistema de justicia, es un secreto que la mejor forma de “bajarle” a un delito es reclasificándolo, aunque con ello vaya de por medio el derecho de la víctima a la no mediación cuando se trata de hechos de violencia que ocurren en un contexto familiar, victimizando y obligando a la persona que sufrió el hecho a sentarse frente a su agresor y esperarlo porque no le da la gana llegar a las audiencias.
Si revisamos párrafo a párrafo y cotejamos los anexos, lo cual estamos realizado con el propósito de verificar cuáles recomendaciones se cumplieron para saber qué cuentas exigir y qué aspectos están informando las entidades federativas, es tarea de quienes estados en los estados informar y compartir información de que no vemos trabajando al Sistema Estatal para Prevenir la Violencia en la mayoría de las entidades, que tampoco vemos que sean aplicables los Programas de Igualdad y de Prevención de la Violencia –en los estados donde sí hay- y que es prácticamente inexistente la política pública en los Planes de Gobierno de los gobiernos que entraron entre 2014-2015 y 2016.
Esas generalidades enunciadas en el Informe, como presumir que una Ley contra la tortura aprobada ya es la forma de proteger a las mujeres y prevenir la tortura sexual, es en realidad una retórica breve de un párrafo, pero que representa el desconocimiento que tienen sobre el tema las personas que redactaron el documento. Simplemente no hay aún una Ley aprobada y vigente, pues el Senado la envío a la Cámara de Diputados y apenas la semana pasada fue aprobada y será regresada de nuevo al Senado para su revisión con las modificaciones hechas.
Y así podría enlistar las observaciones que se derivan del Informe, con el único propósito de comprometer al Estado a mirar este documento como el resumen de las acciones encaminadas a garantizar la vida de las mujeres, en un país en el que a diario son asesinadas 7 mujeres por el hecho de ser mujeres.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
17/AC/GG
En su visita a México, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, mostró su preocupación por la situación de personas defensoras en nuestro país.
En particular, hizo una distinción para Martha Solórzano, defensora de Derechos Humanos radicada en San Luis Río Colorado, Sonora. Martha es una incansable piedra en el zapato de las corporaciones policiacas de ese municipio ubicado en el noroeste del país, limitando con Baja California y con Estados Unidos.
Con su lucha anticorrupción policiaca, ha visibilizado actos de abuso de los policías a través de los trienios y sexenios gubernamentales.
La gente que acude a ella para que le ayude en caso de abusos de la policía y violaciones a sus Derechos Humanos, le agradece que la policía le devuelva su carro que algún elemento en funciones le robó.
Agradecidas se encuentran madres de familia cuyos hijos han sido desaparecidos, o encarcelados injustamente, en actos de suprema prepotencia para lograr obtener algún beneficio económico o de otro tipo por parte de algunos policías municipales.
No pocas personas han podido acceder a la justicia por violaciones sexuales o tortura policiaca que han quedado al descubierto por la difusión y denuncias que Martha ha acompañado hasta lograr el castigo a los responsables.
Por eso a Martha Solórzano los policías le temen, pero también la agreden. Ejemplos hay varios, destacando el encarcelamiento de su hijo.
Éste fue liberado del encierro ilegal, gracias a una lucha sin tregua que dio la defensora, quien pudo demostrar ante un tribunal colegiado la ausencia de elementos para que su hijo estuviera preso.
Sufrió tortura, aislamiento y amenazas mientras estuvo preso, pero nunca perdió la esperanza de que su madre y otros familiares estaban de su lado para defenderlo.
Manifestaciones por fuera del penal, denuncia pública local y nacional, fueron algunas de las tácticas, que aunadas a la batalla legal, devolvieron la libertad al hijo de Martha.
Eso fue fundamental para que el Relator de la ONU considerara que el riesgo por el trabajo que desempeña la defensora de Derechos Humanos de San Luis Río Colorado sea de alto nivel.
EL INFORME DE FORST
En su informe de 24 de enero de 2017, Michel Forst expresó que en muchos casos se criminaliza a las defensoras y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas.
Enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, explica su informe.
“El caso de Martha Esthela Solórzano de San Luis Río Colorado, Sonora, es emblemático. Debido a sus repetidas denuncias en contra de la policía por abuso y de poder, corrupción y malos tratos enfrentó repetidas amenazas de la policía municipal”.
Y procede a narrar lo ocurrido: “En 2012 su hijo, Jorge Luis Zavala Solórzano, fue detenido y condenado por presuntamente haber cometido varios delitos graves. En 2015, después de varios años de sufrimiento, Jorge Luis fue liberado y absuelto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora”.
Según la apreciación del Relator, esto se debió a las claras contradicciones entre las acusaciones y los testimonios utilizados para sustentar la sentencia inicial.
En el documento, Forst hace además 17 recomendaciones al Gobierno de México relacionadas con la protección a personas defensoras de Derechos Humanos. Igualmente hace recomendaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de Derechos Humanos.
Los organismos y agencias de la ONU, las universidades, las empresas y otros actores no estatales, la comunidad internacional en México y la sociedad civil, son también objeto de recomendaciones en el informe derivado de su visita a México.
LA SEGURIDAD DE MARTHA
El pasado 28 de marzo, Martha Solórzano, quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo una mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, con instancias responsables de velar por su seguridad y la de todas las personas.
Con la presencia de servidores públicos de la Consejería Jurídica, del jurídico de la Secretaría de Gobierno, el abogado de víctimas, un visitador de la CEDH, un representante de la CNDH, un representante de Seguridad Pública del municipio de San Luis Río Colorado, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, y un representante del mecanismo de protección de la Segob, Martha pudo dar seguimiento a su petición de que regrese la medida de protección, sus escoltas.
Y es que en el sexenio de Guillermo Padrés, por decisión unilateral del Gobernador se retiraron los escoltas que, entre otras medidas, acompañaban a la defensora a realizar sus actividades.
A más de un año en que Martha planteó a la nueva administración su situación de riesgo, el Gobierno del estado no ha atendido aún la necesidad que ella considera urgente.
Más aún, el acuerdo de dar seguimiento a la reunión los días 27 y 28 de abril ha sido incumplido, ya que el encuentro se ha pospuesto sin fecha definida. Un año de agresiones en su vivienda, amenazas y otras violaciones a sus derechos, no son suficientes.
Asegurar condiciones para que las y los defensores realicen su labor es una de las principales responsabilidades del Estado. Políticas y mecanismos de protección efectivos, aplicando un enfoque sensible al género, son recomendaciones del Relator Especial.
En México el Relator de la ONU se reunió con más de 800 defensores, provenientes de 24 estados, de los que aproximadamente 60 por ciento son mujeres. Martha Solórzano sigue defendiendo los Derechos Humanos, pero sus escoltas no regresan.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
17/SNE/GG
En 1989 una amiga, a quien llamaré “Luz”, necesitaba interrumpir su embarazo. Ninguna sabía qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién recurrir. El camino para poder llegar a un lugar seguro fue terrorífico y dos miedos nos acompañaron todo el tiempo: la muerte y la cárcel.
Estudiantes de Sociología, ambas con no más de 22 años de edad, nos adentramos al mundo “clandestino” del aborto. Estudiantes y maestras conocían de lugares, todos secretos, resguardados con temor. Uno de los lugares a los que llegamos estaba por el metro Villa de Cortés. Un departamento mal adaptado como “clínica”, con un presunto médico, lo pongo en duda porque aun cuando estaban sus diplomas enmarcados, algo nos decía que no lo era.
Al recibirnos, lo primero que nos dijo fueron sus honorarios, lo segundo que nos preguntó fue si podíamos pagarlo. Tras la respuesta afirmativa de que contábamos con el recurso, pasó a mi amiga a la “sala de exploración-quirófano-bodega”.
La revisión fue violenta. Sin ningún cuidado, metió sus dedos en la vagina de mi amiga, lastimándola; le preguntó la fecha de su última menstruación y nos dio una fecha para el legrado, siempre y cuando tuviéramos el dinero completo que tendríamos que pagar antes de la intervención quirúrgica.
Al salir de ahí nos soltamos a llorar, el lugar era sucio y el supuesto médico nos daba muchísima desconfianza. En el metro mi amiga me dijo: “ahí me voy a morir”. Intenté darle confianza, pero yo también creía que ahí la muerte era segura: o por una mala práctica o por una infección.
La suerte y el movimiento feminista salvaron la vida de mi amiga. Digo suerte, porque encontramos a la persona precisa con la información necesaria. Luz está viva, es una brillante investigadora y ayer estuvo en la ceremonia de los 10 años de aborto legal en la Ciudad de México.
Felices, celebramos junto a muchas feministas que picaron piedra en esta Ciudad de México, y otras más, que aun cuando no estuvieron presentes, son parte de la lucha por la legalización del aborto.
Por ejemplo, la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal que aglutinó a varias organizaciones, que realizó investigaciones para mostrar por qué era urgente despenalizar el aborto, que reveló las prácticas cotidianas que usaban las mujeres más pobres, aquellas que se provocaban los abortos con las cosas más inverosímiles, aquellas que llegaron a pseudo-clínicas, con pseudo-médicos que las ponían en la calle cuando la hemorragia no paraba para que se fueran a morir en sus casas o en cualquier otro lugar.
Decía Marta Lamas en su intervención durante la ceremonia oficial de una década de la Interrupción Legal del Embarazo, que hace diez años la legalización del aborto hasta las 12 semanas fue una decisión política donde intervinieron seis partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.
Claro que sí, fue una decisión política alimentada durante años por las feministas, que contó con un gobierno que asumió la despenalización del aborto, que contó con voces inteligentes y certeras como la de la entonces Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz; con una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que asumió su deber de defender el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres; con ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que certificaron la constitucionalidad de la medida.
Mujeres de a pie, que salieron a las calles a defender lo que por derecho les corresponde: decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Por eso celebramos, porque ninguna mujer que ha acudido a alguna de las 13 clínicas de la Ciudad de México ha perdido la vida por practicarse un aborto legal, porque hoy, al igual que Luz, están vivas 176 mil 355 mujeres, quienes no tuvieron que enfrentar el miedo de la muerte o la cárcel.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
17/LLH/GG
Cárcel a quien condicione, insulte o intimide a mujer por lactancia en CDMX
De ganar Edomex, Josefina Vázquez Mota criminalizaría aborto
Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del Estado de México (Edomex), entidad que ocupa el primer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes y en donde 44 mil mujeres han acudido a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo, plantea en su plataforma política impulsar la protección de la vida desde la “concepción” para que se incluya en la Constitución local, lo que criminalizaría el aborto.
De acuerdo con la Plataforma Electoral que Vázquez Mota presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), pretende también sumar una institución más a las ya existentes para atender el problema del feminicidio.
Se trata de un Consejo Estatal “para erradicar los feminicidios”, cuyos objetivos son los mismos que la Fiscalía Especializada de Feminicidio, perteneciente a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Fiscalía estatal, en donde también existe la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas, así como la Fiscalía Especial contra la Trata de Personas.
La licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, diputada federal del PAN en dos ocasiones, exsecretaria de Desarrollo Social de 2001 a 2005 y exsecretaria de Educación Pública de 2006 a 2009, quiere gobernar una entidad en la que viven 15.1 millones de personas, cuya tasa de asesinatos de mujeres superó la media nacional entre 199 y 2010, y donde 263 mujeres fueron asesinadas el año pasado.
Ese Consejo estatal para acabar con “los feminicidios”, señala su plataforma electoral, “será presidido por la gobernadora del estado” y contará con la participación de los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Seguridad, Educación, Desarrollo económico, Salud y todas aquellas dependencias que se considere deban participar.
Este Consejo presenta gran similitud con el ya existente Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, creado por ley y también integrado por dependencias de gobierno.
FAMILIA “ESTABLE”
Otras propuestas en la plataforma de Vázquez Mota son su “Programa Empoderamiento de las Amas de Casa” y la “perspectiva de familia”, que coincide con la imagen que el PAN proyectó de ella cuando fue candidata a la presidencia de la República. En ese entonces, en 2012, los militantes panistas aseguraban que ella era ejemplo de “una familia estable”.
Es también el planteamiento en su publicación “Dios mío, hazme viuda”, en donde habla de “sociedad estable”, “patria sana”, familias “alegres”, “exitosas” (ideas que contrastan con la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República contra su familia por presunto lavado de dinero).
Dice su plataforma que la candidata expresa la creencia de su partido en la importancia de familias estables y por eso su programa de acción tiene una “perspectiva de familia”. La candidata diserta también sobre la naturaleza humana y la justicia social.
Asimismo, señala que en caso de ganar durante su administración la educación que se imparta en las escuelas, se encuentre “libre de ideologías”, y que sea la libertad de cátedra una constante en la reflexión que se dé en cada salón de clases.
Así, los principios transversales del PAN serán “respeto a la vida desde su concepción”, perspectiva de familia, austeridad financiera, un sistema anticorrupción, desarrollo e inclusión Social, gobernanza democrática, efectiva participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y protección de los datos personales, respeto a los Derechos Humanos, equidad y libertad de expresión.
SEGURIDAD
Como los otros candidatos y candidata, Vázquez Mota también tiene propuestas para atender la violencia y la inseguridad en el estado. En su plataforma cita los datos del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México (MEXFEM), que en un informe en enero pasado destacó que de los 263 posibles feminicidios que registró en 2016, 15 por ciento se cometieron en Ecatepec, municipio al que catalogaron como el más inseguro para las mujeres.
En materia de violencia de género la candidata propone transitar del modelo de seguridad pública al modelo de seguridad ciudadana; transformar los cuerpos policiacos estatales; crear Centros de justicia para Mujeres; la red de albergues de acogida y denuncia, “más grande del país”, que recibirá a todas las mujeres que se sientan intimidadas por amenazas, insultos o cualquier tipo de violencia del que sean víctimas.
Asimismo la candidata panista crearía una Agencia Independiente Especializada, que no dependa de la Fiscalía General de Justicia o de la Secretaría de Seguridad Publica, sino directamente del Palacio de Gobierno, para mejorar y ampliar los sistemas de recepción de quejas ciudadanas, investigación interna y control de la corrupción al interior de las corporaciones policiacas.
En esta ocasión Vázquez Mota busca la alternancia en el estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con propuestas como redimensionar los programas de atención contra la violencia de género, para atacar de manera frontal los altos niveles de feminicidio y “violencia doméstica”, de manera prioritaria en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género.
MUJERES Y SALUD
La candidata, quien tras perder la elección presidencial de 2012 aseguró que la contienda más difícil que enfrentó fue la elección interna en su partido, pues el entonces presidente Felipe Calderón no la apoyó, señala en su documento de principios que las mexiquenses representan 51 por ciento de la población pero no tienen oportunidades de desarrollo.
Como parte del diagnóstico, Vázquez Mota dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), las mujeres mexiquenses representan 67 por ciento de las personas que reciben menos de un salario mínimo; 1.2 millones de hogares tienen una jefa de familia mujer, y el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional respecto a embarazos adolescentes.
Ante ello algunas de las ofertas de campaña del blanquiazul son: promover programas alimentarios para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que presenten problemas de desnutrición; implementar un programa de salud integral para evitar la incidencia en mortalidad materna e infantil.
La ex secretaria de Estado asegura en su perfil oficial: “Yo no vengo a improvisar. Sé lo que el Estado de México requiere en materia de desarrollo social y educación”. Y con esa frase de preámbulo, entre sus promesas de campaña está integrar a las mujeres en todo consejo consultivo; conciliar las jornadas laborales con las responsabilidades de las jefas de familia; y promover políticas públicas y programas en materia de educación sexual y de prevención de embarazos no deseados.
17/AGM/GG
Frente al Palacio Municipal de Ecatepec, uno de los 11 municipios del Estado de México donde está declarada la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2015, se dieron cita diversas agrupaciones feministas, que forman parte del movimiento #24A, contra todas las violencias de género.
Las mujeres decidieron reunirse ayer en ese municipio, por ser el más peligroso en la entidad, ya que, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano en Contra de las Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem) en 2016 registraron 263 casos de mujeres asesinadas, de los cuales 39 ocurrieron en Ecatepec.
A partir de las 16:30 horas, comenzaron a llegar a la explanada diversos grupos organizaciones, a mujeres, jóvenes y niñas, vestidas de morado, con banderas, pancartas de sus agresores y tambores. Algunas habían emprendido la marcha desde Ciudad Universitaria en la capital hasta Ecatepec, para recordar que las mexiquenses tienen que hacer estos largos recorridos para ir a trabajar, acceder a servicios de educación y salud, por la falta de estos en su entidad.
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Ante la presencia de las agrupaciones, las autoridades del Palacio Municipal decidieron cerrar las puertas, acto que no detuvo la exigencia de las mexiquenses contra los casos de feminicidio, agresiones sexuales, desapariciones de mujeres y niñas, y víctimas de violencia familiar.
Actualmente el Estado de México se encuentra atravesando periodo de campañas electorales, por lo que la promotora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de la localidad, Adriana Cristina Vega Soriano, hizo un llamado para que se dejara de ver a las mujeres como botín político y botín de guerra.
Asimismo, indicó en entrevista con Cimacnoticias, que dentro de la agenda de las y los competidores por la gubernatura, no existe una agenda clara dedica a los derechos de las mujeres, sobre todo, enfocada a los servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE), que celebró este lunes una década de su despenalización en la Ciudad de México, recordó.
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De 2011 a 2012 el número de muertes violentas documentadas fue de 563 y al menos mil 258 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas.
Los 11 municipios que quedaron bajo la AVG fueron: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
Los cánticos y música con tambores continuaron por dos horas, sin ninguna respuesta de las autoridades.
17/HZM/GG
ILE en CDMX influyó la primera aprobación en Chihuahua en 2007
Un año después de que cientos de mujeres salieran a las calles de la capital para hacer la “Primavera Violeta” y demandar un alto al acoso sexual callejero, este 24 de abril un grupo de jóvenes se dieron cita en la Columna del Ángel de la Independencia para gritar una vez más que el acoso sexual continúa.
A diferencia de lo acontecido el #24A cuando cientos de mujeres de todas las edades, funcionarias, académicas y activistas abarrotaran Paseo de la Reforma, y otras tantas marcharon en sus estados, en esta ocasión las asistentes sumaron menos voces.
Aunque menos en número, las jóvenes portaron las banderas moradas, el color que identifica al feminismo, y pancartas y cartulinas que en cada frase hacían conciencia del acoso sexual que viven las mujeres que caminan por las calles o abordan un transporte público en la Ciudad de México.
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Si hace un año la frase más repetida fue el “No es no” y “Vivas nos queremos”, está vez se sumaron el “No tenemos miedo” y es que según dijeron, a un año de la protesta masiva no hay nada que indique que viven con mayor seguridad o que los varones son conscientes de la violencia que ejercen.
Durante una hora las mujeres estuvieron alrededor del Ángel a la Independencia, y desde allí criticaron la falta de resultados de la Estrategia 30-100 que implementó el Gobierno de la Ciudad de México un día después del #24A, cuya acción más destacada fue entregar silbatos a las mujeres para sonarlo en caso de una agresión.
Incluso los silbatos fueron una idea previa de las feministas, quienes han hecho del ruido una protesta, ahora ante casos como el de Tamara de Anda, quién fue agredida por un taxista que la llamó “guapa”, hecho por el cual presentó una denuncia que le acarreó críticas y amenazas en redes sociales.
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Con baile y tambores, las jóvenes y niñas que participan en el proyecto “Desprincensamiento”, un programa de formación para promover niñas empoderadas y conscientes de sus derechos, el contingente recorrió Reforma para llegar al Hemiciclo a Juárez, donde esta tarde, feministas se reunieron para conmemorar 10 años de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México.
17/AGM/LGL