La directora de la organización civil Equifonía, Araceli González Saavedra, hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso de Veracruz para que aprueben las reformas a los Artículos 149 al 154 del Código Penal local, que buscan dejar de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto.
La reforma al Código Penal de Veracruz fue presentada el 27 de julio en el congreso estatal por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, y responde a las acciones que debe cumplir en seis meses el Gobierno estatal por la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, es decir, porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La propuesta pide reformar los artículos 149, 150 y 154, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación; además de permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.
González Saavedra dijo entrevista telefónica con Cimacnoticias que la iniciativa será discutida y votada en un periodo extraordinario del Congreso, por lo que se podrá tener una respuesta en las próximas semanas, en caso de no aprobarse, como organización peticionaria de la Alerta pedirán a la Secretaría de Gobernación (Segob) que decrete el mecanismo por incumplimiento a las recomendaciones.
Al llamado también se unieron en un comunicado de prensa las académicas del Grupo de Trabajo, quienes exhortaron “a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus competencias acepten la reforma al Código Penal sobre la interrupción del embarazo”.
Cabe recordar que el 23 de agosto de 2016 entró en vigor en Veracruz la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción”, una propuesta impulsada por el ex gobernador, Javier Duarte y jerarcas de la Iglesia Católica.
RAZONES
En esta nueva iniciativa de ley se argumenta que la restricción de la interrupción del embarazo en Veracruz causó la muerte de 22 mujeres por un aborto inseguro en 2014; y desde 2007, año en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la fecha, 389 veracruzanas se han trasladado a la capital para acceder a un aborto seguro.
Las cifras sobre embarazos en adolescentes en la entidad también son alarmantes, la propuesta indica que de 2009 a 2013, se tiene el registro de 53 mil 630 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, un promedio de cerca 11 mil casos por año.
Del total de nacimientos registrados en esos cinco años en Veracruz, 11 mil 906 correspondieron a niñas menores de 15 años de edad, lo que genera la probabilidad de que estos embarazos estén relacionados a eventos de violencia sexual, señala el documento.
En caso de ser aprobada la reforma, las diputadas impulsoras aseveran que “Veracruz sería la segunda entidad federativa (con la capital del país) en contar con la una legislación acorde con el artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en la capital y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer hechas en 2012 al Estado mexicano”.
Además de obedecer a una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su informe, de las cuales tiene que rendir cuentas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, como fecha límite el próximo mes de septiembre.
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE YUNES
El informe del Grupo de Trabajo encargado de atender la alerta por agravio comparado en Veracruz fue emitido en noviembre de 2016, y hasta marzo de 2017 fue aceptado por el gobierno local, con lo que inició el periodo de seis meses para cumplir con las propuestas.
Esta petición fue hecha en abril de 2016 por la agrupación Equifonía por tres agravios que obstaculizan el acceso a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la protección de la vida desde el momento de la concepción.
Esta es la primera solicitud de la AVG por “agravio comparado” en el país, y la segunda que suma Veracruz, pues el 23 de noviembre de 2016 la Segob decretó el mecanismo en 11 municipios de la entidad por violencia feminicida.
GRUPO DE TRABAJO VIGILA ACCIONES
De acuerdo con el comunicado de las académicas del Grupo de Trabajo, Rosa Hilda Rojas, María Lilia Viveros, Mayela García Ramírez y Rebeca Antonia Ramos, el próximo 15 de agosto tendrán una reunión de seguimiento con el gobierno de Yunes Linares para conocer la ejecución de las recomendaciones del informe.
Las agrupaciones civiles e instancias internacionales también están al pendiente sobre el proceso, en abril se creó el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en conjunto con el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien acordó con las 10 organizaciones feministas vigilar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la AVG.
17/HZM
julio 2017
Asambleísta propone reforzar Alienación Parental en Código Civil capitalino
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México analiza reformar el Código Civil para reforzar el reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y facultar a los Jueces de lo Familiar para “dictar medidas” que eviten que madres o padres manipulen a sus hijas e hijos durante los procesos de divorcio.
La propuesta de reforma surgió tras el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos eran abusados sexualmente por su expareja. El 7 de junio Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad después de que una jueza consideró que mentían y eran víctimas del SAP.
Después de que se dio a conocer la historia de Mireya, a quien las autoridades señalaron de “alienar” a sus hijos para que acusaran a su padre, el 20 de junio el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo Gutiérrez, presentó una iniciativa para reforzar el término de SAP en la ley de la Ciudad de México.
La propuesta del legislador perredista es reformar los Artículos 282, 283 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal para definir el término, señalar que en un divorcio familiar las partes deben evitar cualquier acto de manipulación y en caso de ser necesario que los Jueces de lo Familiar ordenen medidas terapéuticas a los involucrados.
Cabe decir que desde 2014 el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino reconoce y considera la Alienación como una forma de violencia familiar; sin embargo la propuesta de reforma es reforzar este concepto en otros artículos de la misma norma.
En la propuesta que presentó el asambleísta se dice que el caso de Mireya expone la difícil situación que vive una madre, “quien además de separarse de su pareja, tiene que enfrentar el desafío respecto al destino de sus hijos; en este caso, un litigio complicado por las partes y la poca sensibilidad de diversas autoridades, provocaron el trágico desenlace”.
En este caso el legislador señala que las partes ejercieron violencia psicológica provocando el SAP en los menores de edad; sin embargo, de acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) el término de Alienación Parental ni siquiera debería estar en la ley porque desvirtúa las denuncias de abuso y violación sexual hacia niñas y niños.
El concepto es tan criticado por no contar con sustento científico que en junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos de la capital interpuso una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la redacción del Artículo 323 séptimus. El recurso (19/2014) está por resolverse en el alto tribunal mexicano.
Aunque organizaciones especializadas en los derechos de la infancia como Save the Children y Ririki Intervención Social consideran que este concepto no responde al interés superior de la infancia, el legislador perredista asegura que su propuesta pretende que en los divorcios las partes se comprometan a no ejercer la Alienación.
De ser aprobada la reforma, la ley diría que el SAP –creado en 1985 por el médico estadounidense Richard A. Gardner– es “la alteración que surge en los menores durante la disputa por la custodia, donde una de los padres o ambos denigra a la contraparte para que el hijo tenga preferencia por uno de ellos”.
Además señalaría que si el juez observa la existencia de esta conducta durante el juicio de divorcio, tomará las medidas terapéuticas necesarias para que el grupo familiar sea valorado de inmediato por especialistas. La propuesta está en análisis en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa.
17/AGM/
Además de ser uno de los cuatro países del continente americano donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y penalizada en todas sus formas, República Dominicana se encuentra entre los países de la región con mayor número de embarazos adolescentes; para los 19 años, casi la mitad de las dominicanas (43,9 por ciento) han tenido por lo menos un parto.
“La tasa de mortalidad materna es de 106 casos por cada 100 mil nacidos vivos” una alarmante cifra que supera la media de la región (77), indica la directora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), Lourdes Contreras. Las hemorragias y abortos son unas de las principales causas de muertes maternas, “en el caso de las menores de edad, cerca del 13 por ciento de las muertes son a causa de abortos inseguros”, señala Contreras. En este punto, como dice la consigna del movimiento de mujeres dominicanas, “el Aborto es Por La Vida”.
Desde hace veinte años se lleva debatiendo en el país sobre la necesidad de cambiar el actual Código Penal (que data de principios del siglo XIX). En el año 2014 se logró ratificar una ley que permitía la interrupción del embarazo en tres causales: en los casos de violación o incesto, cuando está en riesgo la vida de la gestante y cuando una malformación del embrión es incompatible con la vida, pero esta realidad nunca llegó a materializarse y el 15 de diciembre de 2016 volvió a quedar totalmente penalizado el aborto en el país.
Por ello, feministas dominicanas salieron a manifestarse frente al Congreso Nacional de Santo Domingo, la capital del país, cuando se discutió en mayo pasado, en el Senado, el derecho de las mujeres a decidir y donde una vez más, el hemiciclo compuesto principalmente por hombres se otorgaba el privilegio de dictar sentencia contra el derecho a la vida de las mujeres; rechazar el aborto por causales manteniendo la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas.
“Esto solo demuestra la misoginia de Estado”, lamentaba una de las mujeres allí presentes. “Vamos a acudir a todas las instancias necesarias, está en nuestra historia la lucha por la libertad y la justicia, no vamos a permitir que sustraigan nuestros derechos”, aseguró la representante del Foro Feminista Katherine Jaime.
“No es casualidad que ahora el Senado rechace las tres causales, están aprovechando que el Gobierno está involucrado en un escándalo de corrupción”, sentenció la activista. Y no. No es casualidad que en un país con unos índices de desigualdad alarmantes donde la pobreza tiene rostro de mujer todavía no se pueda ejercer el derecho al aborto ni siquiera cuando la vida de la gestante está en peligro. No es casualidad porque, en realidad, las únicas que están en peligro son las mujeres que no tienen recursos para costearse un aborto seguro en una clínica privada: una mayoría invisibilizada.
Han pasado cuatro años desde que Rosaura Almonte, más conocida como Esperancita, enfermó de leucemia y falleció en el mismo hospital que le negó el tratamiento por estar embarazada de un mes. Tenía 16 años. “Este tipo de casos siguen sucediendo”, explica la abogada del caso, Indiana J. Jiménez, “la impunidad en el país salpica a procesos como este en el que llevamos cuatro años solicitando el expediente al que todavía no hemos tenido acceso”. El asesinato legal de Esperancita es uno de tantos ejemplos que evidencian que las mujeres jóvenes con menos recursos son las más afectadas por la penalización del aborto; por lo que las feministas exclamaban frente al Hemiciclo: “¡Congreso Nacional, asesino de mujeres!”.
CONSPIRAR CON LA NATURALEZA
Ajena a todo el ajetreo de la ciudad, en el pequeño pueblo de la Ciénaga en la provincia de Barahona, vive María Esther. Ella tiene 28 años y tres hijos de 6, 5 y 3 años, respectivamente. Trabaja como secretaria de la única cooperativa de mujeres que existe en la localidad. “Aquí hay muchas mujeres que abortan pero de eso no se habla porque es un pecado mortal”, asegura antes de cambiar de tema cuando un hombre entra por la puerta de la cooperativa. “Mi prima abortó”, continua Esther, “ella se metió varias pastillas de Citek por ahí abajo y se tomó un jugo rojo. Pero si quieres votar un embarazo también hay gente que prepara botellas”.
“Las botellas generalmente se preparan de simples hierbas que todo el mundo sabe pa’ que son, ahora bien, pocas se atreven a reconocerlo en público, pero la utilizan”, explica Minerva Reyes, quien se define “como mujer, como Negra, como campesina y como abogada constitucionalista”. Ella vive en la capital de Barahona y conoce bien este tipo de remedios abortivos naturales: “Yo creo que el aborto es una opción ancestral que nos ha brindado la madre naturaleza en una forma de conspiración directa con ella. El aborto es una opción que debe existir, la posibilidad de traer o no una nueva vida a costa de nuestros cuerpos”.
Según el Código Penal vigente, la mujer que por cualquier medio cause la interrupción del embarazo será sancionada de 2 a 3 años de prisión. En el caso del personal médico, parteras y demás profesionales, la pena es mayor: de 4 a 10 años, siendo en ambos casos la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
FRENTE A LA MORAL CRISTIANA DOMINANTE, 28 LUNAS
Cansadas de un Estado que no las representa, un grupo de mujeres decidieron que no iban a obedecer leyes que vulneran sus derechos. Bajo el nombre de “28 Lunas” un grupo de activistas creó a finales de 2016 una línea telefónica (o hotline) para informar sobre “aborto seguro”. Según explica a través de esa misma línea Marina, una de las integrantes de la organización, ellas ofrecen a las mujeres información sobre cómo interrumpir un embarazo con misoprostol, un medicamento que en República Dominicana se vende bajo el nombre comercial de Citek.
“Les damos las indicaciones médicas necesarias (basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y, sobre todo, apoyo emocional. De hecho, hay mujeres que ya conocen el proceso pero que igualmente nos llaman porque necesitan acompañamiento”. Marina explica que el apoyo que ofrecen a las mujeres es vital ya que a veces el sentimiento de culpa les duele más que el sangrado que provocan las pastillas.
Cuando Amanda (pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la entrevistada) se enteró de su embarazo, sintió cómo el futuro que estaba construyendo se tambaleaba. Habitante de una comunidad empobrecida de Monte Plata, al este del país, ella es estudiante y madre de una niña de dos años. Amanda sabía que no quería tener ese bebé pero ¿cómo? ¿en quién confiar para realizar algo en contra de la moral cristiana dominante?
En una pared de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encontró una posible solución: un grafiti que rezaba “Aborto seguro” y un número de teléfono. “Necesitaba hacerlo y decidí escribirles por Whatsapp”. Al otro lado de la línea la misma Marina recibió la llamada y le aportó la información necesaria para que Amanda pudiera decidir sobre su cuerpo y su futuro.
Las 28 lunas recomiendan el uso del Citek porque sus efectos son “exactamente iguales a los de un aborto natural”. Según asegura Marina, hasta ahora las mujeres atendidas por las 28 lunas han realizado el proceso sin complicaciones pero, teniendo en cuenta que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se arriesgan a penas de cárcel, tienen un protocolo para que sepan cómo actuar en caso de que, por ejemplo, un médico trate de interrogarlas: “Es importante que no se pongan nerviosas y que sepan que solo pueden ser descubiertas si declaran haberse inducido un aborto o si se encuentran restos del medicamento, de ahí que recomendemos el método sublingual ya que de este modo es más fácil eliminar los restos”.
SERMONES VS. DERECHOS
“Esas sucias lenguas quieren embaucar a nuestros jóvenes en la cultura de la fornicación”, ladra uno de tantos predicadores que lanzan sus discursos en las horas pico del metro de Santo Domingo. Con una temperatura media anual de 25 grados, la República Dominicana es un país caliente en todos los sentidos: la bachata, el merengue, el reguetón y el dembow, marcan los ritmos del ambiente caribeño.
A pesar de que la juventud dominicana comienza su vida sexual para los 12 ó 13 años, en las escuelas no se trata el tema de la salud sexual y reproductiva y esa es, según estudios sobre género y juventud, la causa fundamental por la que se perpetúa un imaginario de futuro desigual entre adolescentes. Mientras que las niñas enfocan su vida a la maternidad, los niños tienen otros referentes menos dependientes.
Esta realidad está tan naturalizada e interiorizada que “un artículo reveló que una de las abuelas más jóvenes del mundo era una dominicana de 26 años”, apunta la directora del CEG.
Hasta ahora la medida de prevenir el embarazo adolescente se limita a reforzar la conservadora idea de mantenerse virgen hasta el matrimonio, tratando de alejar a la juventud de su vida sexual con campañas superficiales que les dicen “Tú No Ta’ Pa’ Eso”.
Convencida del problema estructural que conlleva la falta de educación sexual, la ginecóloga obstetra Liliam Fondeur asegura que las dominicanas “queremos educación sexual basada en los derechos y no en el miedo”.
17/AM/IM
Susana Lozano Muñiz es una científica mexicana dedicada al estudio de la biotecnología. Desde muy joven mostró interés por el estudio de la biología, motivo por el cual ingresó a la carrera en ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Culiacán —que pertenece al Tecnológico Nacional de México (Tecnm)— en su natal Sinaloa.
En aquella época, comenzaba el auge de la tecnología con aplicación biológica, situación que la motivó a cursar la maestría en ciencias con especialidad en microbiología, y más tarde el doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología.
En 2007, Susana Lozano ingresó a Universidad del Papaloapan (Unpa) para colaborar como investigadora e impartir cátedras en distintas áreas: biología, parasitología, biotecnología y microbiología.
Tal como lo explicó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la biotecnología estudia las herramientas con base biológica, que siempre parten de uno o varios organismos.
En 2009, ella creó —con el apoyo de colegas investigadores— la International Biotechnology Foundation, una iniciativa de apoyo a la investigación a través de infraestructura y donativos. La fundación también publica la revista International Biotechnology Color Journal, en donde especialistas pueden colaborar con artículos relativos a quince áreas de aplicación de la biotecnología, que van desde la bioética hasta el antibioterrorismo.
Actualmente es presidenta de la Sociedad Mexicana de Bioingeniería y Biotecnología delegación Oaxaca, que ella fundó en 2014, con el propósito de incentivar la investigación y vinculación entre colegas. Esta iniciativa organizó el Primer Encuentro de Biotecnología de Oaxaca en 2016, que tuvo como sede la Universidad del Papaloapan.
DIVULGADORA DE LA CIENCIA
Otra de sus labores en la difusión de la ciencia es la impartición de cursos de bioinformática estructural de proteínas y ácido desoxirribonucleico (ADN) a niños de primaria. Cada año, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora Susana Lozano lleva el curso a niños con el objetivo de afianzar sus conocimientos de una forma lúdica y divertida.
“El curso es muy visual y a los niños les fascinan los videojuegos. En el curso conocen las herramientas, juegan con una proteína en la computadora, les mostramos cómo buscar en sitios de acceso gratuito. Visualizan la estructura (proteínas o ADN) en sus distintas representaciones, como huesitos o listones”.
“Actualmente mi interés es incursionar en la dinámica molecular con aplicación en el estudio de proteínas de origen vegetal para inhibir la replicación viral del Zika, iniciando con bases teóricas y posteriormente pasar al laboratorio”, finalizó la investigadora.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pese a los importantes pasos que se han dado, aún hace falta tarea para fortalecer el papel de la mujer en la ciencia.
Algunos de los rubros donde se ha avanzado, pero aún se debe trabajar, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), donde el porcentaje de participación femenina pasó de 30 a 39 por ciento en los últimos años.
Asimismo, se encuentra el caso de las Becas Conacyt, donde la cuota de género para las mujeres asciende a 47 por ciento; además del caso de las Cátedras Conacyt, donde la participación de la mujer representa 48 por ciento.
*Este artículo fue retomado de la Agencia Informativa Conacyt
17/DV
Puebla, entre los primeros lugares del país en violencia y desigualdad
El pasado 22 de julio se presentó a nivel nacional el Atlas de Género, iniciativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El sitio interactivo recopila datos de distintas encuestas y censos del Inegi, que muestran las brechas de género en temas como educación y trabajo.
De toda la información que reúne el Atlas, LADO B presenta ocho puntos que reflejan la situación de las mujeres en Puebla, estado que está entre los primeros lugares de violencia y desigualdad.
Violencia física y sexual
Puebla es el primer lugar nacional en cuanto a violencia y física y sexual dentro de la pareja. Los datos del Inegi revelan que 9.92 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante, casadas y/o unidas con sus parejas, han sufrido estos tipos de violencia.
Violencia total contra las mujeres
Respecto de la prevalencia de la violencia total contra mujeres de 15 años o más, son 62.83 por ciento de las poblanas quienes han sido violentadas. Aunque la entidad está en el lugar 12, el porcentaje rebasa la media nacional, que es de 62.77 por ciento.
Ingreso y salario
La brecha de ingresos entre mujeres y hombres por hora trabajada es la menor del país, de apenas 0.11 pesos de diferencia. Sin embargo, el estado ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a ingreso más bajo por hora trabajada para mujeres: 25.92 pesos por hora.
La situación para los hombres en esta categoría es igual de precaria, siendo la entidad el segundo lugar nacional con menor ingreso, de 25.81 pesos por cada hora trabajada.
Participación económica
Sólo 43.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más participan activamente en la vida económica de la entidad.
Puebla está en el lugar 23 de todo el país en cuanto a participación económica de las mujeres, y es el séptimo estado con la brecha más amplia respecto a ocupación laboral.
Puestos públicos
En cuanto a diputaciones, presidencias municipales y regidurías, las mujeres ocupan menos puestos públicos que los hombres.
Apenas 36.4 por ciento del total de curules es ocupada por mujeres, mientras que sólo 28.6 por ciento de los puestos de regidores de ayuntamientos los ocupan mujeres. Y del total de presidencias municipales, sólo 6.5 por ciento son presididas por mujeres.
Pobreza
Las poblanas están en tercer lugar nacional en condición de pobreza multidimensional: 65.44 por ciento de las habitantes de la entidad viven con un conjunto de carencias tanto sociales como económicas.
Escolaridad
El estado es el quinto con una mayor brecha de escolaridad entre hombres y mujeres. El promedio de años de asistencia a la escuela de las mujeres es de 8.28, apenas hasta segundo de secundaria.
Trabajo del hogar no remunerado
89.77 por ciento de las poblanas de 12 años o más realizan trabajo del hogar no remunerado, lo que pone al estado en el lugar 14 de trabajadoras del hogar sin sueldo.
Puebla es el noveno estado con una mayor brecha en porcentaje de hombres y mujeres que realizan trabajo del hogar no remunerado, con una diferencia de 35.6 por ciento. El promedio nacional de la brecha en este rubro es de 31.68 por ciento.
* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
17/AAM
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), luego de que el Grupo de Trabajo concluyera el pasado 7 de julio que no había elementos para declarar procedente el mecanismo.
La CNDH, quien forma parte del Grupo de Trabajo, argumentó en un “voto razonado” su inconformidad en la resolución del grupo integrado para atender la AVG en Puebla, es la primera vez que la institución nacional de DH se pronuncia sobre el proceso de este mecanismo y hace un análisis sobre un dictamen final.
En el documento conformado por tres apartados (contexto, presupuesto y cumplimiento) la Comisión argumenta que el Grupo de Trabajo omitió las anomalías que contenía el reporte de cumplimiento de la AVG del gobierno entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, entre las que destaca la falta de transparencia en el uso de recursos federales que ascienden a más de 2 millones de pesos.
SOBRE EL PRESUPUESTO
En el documento publicado este 28 de julio en el portal oficial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la CNDH externó que una de sus preocupaciones centrales es la solicitud, asignación y uso de presupuesto por parte del gobierno poblano para atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
La Comisión constató que el gobierno estatal gastó más de 3 millones de pesos en el diseño de dos programas para capacitar a sus funcionares públicos en perspectiva de género a través del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), mientras en su informe de cumplimiento la entidad reportó una cantidad inferior.
Lo anterior resulta preocupante, agregó, pues de acuerdo con la inversión hecha en los programas, 2 millones 522 mil pesos provienen de fondos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Además, “llama la atención”, dice el documento, la aprobación de 2 millones 600 mil pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita reconocer los tipos y modalidades de violencia en Puebla, sin que se cuente hasta ahora con dicha investigación, “ni con una propuesta metodológica o cronograma de actividades”.
También consideró una omisión por parte de la Fiscalía General del estado no asignar un presupuesto mayor para atender los casos de violencia contra las mujeres, al excusarse que ya había asignado el presupuesto de egresos estatal para 2017.
SOBRE EL CONTEXTO
De acuerdo con la CNDH el estado de Puebla se ubica a nivel nacional como la décima entidad con el mayor número de asesinatos de mujeres, sin que hasta ahora el gobierno de Antoni Gali pueda tener una base de datos con cifras confiables para reconocer la magnitud de esta violencia, “contraviniendo así no sólo las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, sino también los instrumentos internacionales en la materia”, indicó.
Sólo se cuenta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan que en 2015 se cometieron 94 asesinatos de mujeres calificados como “homicidios” y 30 como feminicidio.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
La CNDH refirió que el estado de Puebla tiene las siguientes obligaciones constitucionales: promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y la obligación de proporcionarles una vida libre de violencia.
Por lo que respecto a la difusión del ejercicio de sus derechos, la Comisión indicó que resulta limitada la generación de campañas para la población local además de excluir a la población hablante de la lengua indígena, y señala que se debe buscar “incidir en la estructura social para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la violencia de género”.
Además el estado no garantiza la seguridad de las mujeres, la CNDH detecta que no se cumplen las órdenes de protección y no se incorporan los elementos necesarios para valorar los riesgos, del mismo modo, no se tienen reportes sobre el seguimiento de dichos mecanismos de seguridad.
EXHORTO A SEGOB
“Las acciones llevadas a cabo –por el gobierno de Puebla- no son suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia feminicida en el marco del procedimiento de la AVG” –concluye la Comisión y continúa- “si bien se reconoce que los indicadores se determinaron teniendo en cuenta las opiniones de todas y todos los integrantes del Grupo de Trabajo, la CNDH no comparte la valoración final”.
Por último, el documento dirigido a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y la Secretaría de Gobernación (Segob), los exhorta a decretar la alerta que fue pedida en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos.
Cabe recordar que el Grupo de Trabajo estuvo conformado por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, José Luis Peña Colín y Gabriela González; de Conavim, María Waded Simón y Katia Chavéz; la directora del IPM, Verónica María Sobrado.
El personal académico fue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elva Rivera Gómez; Catalina Aguilar de la Universidad de las Américas Puebla; del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Héctor Alberto Pérez; y la Universidad Nacional Autónoma de México, Mario Fausto Gómez.
17/HZM
Tras encabezar una huelga de hambre de tres días en la sede capitalina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mujeres choles y chontales de Macuspana, Tabasco, lograron que la instancia convocara a una reunión con el titular, Raúl González Pérez y el alcalde municipal, José Eduardo Rovirosa Ramírez, para que éste último garantice financiar la construcción de la maquila textil que se le ha negado a las mujeres desde el 2011.
Esto informaron en entrevista con Cimacnoticias el defensor de los Derechos Humanos acompañante del caso, Julio César Álvarez Santos y el senador perredista Fidel Demédecis Hidalgo. La reunión se efectuará el próximo 7 de agosto en las oficinas de la CNDH ubicadas en la colonia Tlacopac y el objetivo será “continuar y reforzar las labores de acompañamiento de la CNDH en favor de las mujeres indígenas integrantes de Exótica Textiles”, como consta en la minuta de acuerdos. A esa reunión asistirán diversos funcionarios de otras dependencias.
El 2 de julio la titular de la cooperativa Exótica Textiles, conformada por más de 50 mujeres que piden al gobierno tabasqueño la construcción de una maquila en Macuspana liderada por ellas, donde puedan autoemplearse y den trabajo a la comunidad, Alicia Jiménez Hernández,inició la huelga acompañada del defensor Julio César Álvarez para exigir al presidente de la CNDH que se pronunciara y obligara al gobierno municipal a financiar el proyecto, porque, aseguró, “la CNDH ha permanecido en silencio y no defiende nuestra lucha”.
Esto luego de que el alcalde priísta Rovirosa Ramírez se negó a entregar recursos económicos para la maquila aún cuando desde 2014 las recomendaciones 145, 146, 147, 148 y 149/2014 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictan que debe hacerlo.
En entrevista con Cimacnoticias Alicia Jiménez lamentó: “Nos duele que tengamos que llegar a estos extremos, a poner en riesgo nuestra salud, para que la CNDH y todas las autoridades volteen a vernos”.
También dijo que la reunión fue un buen acercamiento y señaló, “no vamos a ceder, vamos a continuar hasta tener nuestra maquila porque representa la oportunidad de salir de la pobreza en la que vivimos las indígenas en Macuspana”.
17/MMAE
Garantizar la protección y seguridad de las víctimas de violencia familiar será el principal reto del nuevo Sistema Penal de Justicia; las medidas de protección para las víctimas son limitadas, y ahora la prisión preventiva es el último recurso para quien cometa el delito.
A nivel nacional se calcula que 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia dentro de sus hogares, de acuerdo el último censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca de 40 millones de mexicanas reportaron un incidente de violencia con su pareja.
Ante este panorama, la supervisión y disposición de mecanismos de protección adecuados para las víctimas de violencia familiar resulta esencial, por ser un tipo de violencia que puede llegar a su extremo. Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) indican que 30 por ciento de los casos de asesinatos violentos de mujeres fueron cometidos por sus parejas o personas cercanas a la víctima.
En tanto, entre los delitos que dejaron de ser graves en el nuevo Sistema Penal es la violencia familiar, esto significa que ya no se aplica la prisión preventiva de oficio para quien comete el delito, ahora se hace un estudio de riesgo para priorizar otro tipo de medida cautelar para el agresor, la prisión preventiva hasta llegar a la sentencia es la última opción, sólo se otorga de ser necesario.
Con esta reforma constitucional hecha en 2008, queda en manos del Ministerio Público y jueces salvaguardar la integridad de las mujeres, pero las medidas de protección para las víctimas de violencia familiar establecidas en la Ley General de Acceso y el Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que sólo duran 72 horas y consisten en vigilancia de seguridad pública, avisos restrictivos al agresor al lugar de trabajo o de estudios de la mujer agredida y su familia, o bien se les traslada a un refugio si así lo desean.
Además el Código Penal Federal sólo otorga por violencia familiar una pena de seis meses a cuatro años de prisión.
NUEVOS SISTEMA, CÓMO DEBERÍA SER
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como obligación del Estado garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, y para ello, en su artículo 31, establece tres elementos que deben contemplar las autoridades jurisdiccionales para emitir las órdenes de preventivas que salvaguarden la seguridad de las mujeres y sus familias.
Estos puntos son: medir el riesgo o peligro existente; la seguridad de la víctima, y; los elementos de prueba con los que se cuente.
Para el abogado especialista David Peña Rodríguez, esta evaluación de riesgo requiere que en el nuevo sistema el personal ministerial pueda tener una interpretación más amplia sobre la violencia en el hogar que enfrentan las mujeres desde una perspectiva de género.
Por lo que precisa en entrevista con Cimacnoticias qué se debe considerar en estos casos:
1) Reconocer el contexto que rodea a la víctima: dónde está ubicado su domicilio; es una zona de altos índices de violencia; si comparte el domicilio con la pareja o este tiene manera de acceder, incluso, identificar si existen cuchillos, armas o algún objeto dentro del hogar que pueda ser utilizado para lesionar.
2) Los antecedentes de violencia: pensar si esta conducta se puede agravar en caso de que no sea la primera vez que el agresor violenta a la víctima o a su familia; saber si tiene conocimiento de uso de armas de fuego o sabe golpear; si tiene cómplices o puede escaparse ante la denuncia.
“Los MP razonan la necesidad dada la peligrosidad y el contexto de vulnerabilidad en el que las mujeres y su familia se encuentran, queda a disposición del juez que se le otorgue o no la prisión preventiva al agresor”, explica el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh).
Aunque ésta debería ser la manera en la que funcione el sistema, el abogado recuerda que los funcionarios responsables no están capacitados y persisten en prácticas que desacreditan o minimizan la violencia que enfrentan las mujeres en el hogar.
¿QUIÉN OTORGA Y SUPERVISA?
De acuerdo con la Ley de Acceso, la medida de protección que resulte de esta evaluación para la víctima y su familia, es de carácter inmediato e individual y debe expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos “en función del interés superior de la víctima”.
Sin embargo, indica el abogado Peña Rodríguez, a pesar de que el nuevo sistema ya debería de estar funcionando aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para vigilar que estas medidas se cumplan.
“Ahí está el reto, no sólo en la adopción de las medidas, si no en su cumplimiento, el MP y jueces las pueden dictar, pero ¿quién las supervisa?” se pregunta el abogado, y refiere que apenas en algunas entidades comenzaron a instalar unidades con estos fines, pues la misma cantidad de denuncias rebaza la capacidad de personal de seguridad pública para verificar su cumplimiento.
Además se debe contemplar que la mayoría de las víctimas de violencia familiar quedan al desamparo, el informe del Observatorio Nacional de Feminicidio “Órdenes de Protección en México”, indica que de 2011 a junio de 2012, en 16 entidades solicitaron ayuda legal 58 mil mujeres pero sólo un 7 por ciento recibió una orden de protección (4 mil 060 en total).
17/HZM
Investigan violaciones a Derechos Humanos en caso Vivian Huerta
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación de oficio por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la capital en contra de Vivian Carmina Huerta Álvarez y sus dos hijos menores de edad.
Desde hace cuatro años, en 2013, Vivian enfrenta amenazas e intimidaciones legales por una demanda de su ex pareja, Agustín Gonzáles Guerrero, quien al parecer ha usado sus influencias en el Tribunal y en la Policía Auxiliar de la capital para quedarse con la guarda y custodia de sus dos hijos, actualmente de nueve y seis años de edad.
Después de que Vivian hiciera pública su denuncia y los actos del Juzgado 40 en materia familiar, a cargo de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo, que presuntamente han favorecido a su ex pareja, el organismo defensor inició una investigación y hace un mes, el 27 de junio, la Comisión solicitó al Tribunal capitalino consultar el expediente del caso.
Desde 2014 la mujer solicitó la intervención del organismo local y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta última la remitió con la Comisión local por tratarse de autoridades capitalinas. Además Vivian interpuso quejas ante las oficinas de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia.
Si bien en 2014 personal del organismo capitalino la acompañó a las audiencias, lo que provocó que dejaran de intimidarla en el juzgado, el apoyo del organismo local cesó por lo que ahora volvió a reunirse con los defensores de los Derechos Humanos a fin de que reinicien la intervención en el caso.
Esta vez Vivian denunció a la Comisión que ha promovido cerca de 12 juicios de amparo contra diversos actos del Juzgado 40 familiar, quien en octubre de 2016, sin valorar las pruebas, decidió quitarle la custodia de sus hijos, ordenarle que otorgara una pensión a su ex pareja e incluso mandar catear su domicilio al incumplir el mandato judicial.
De acuerdo con el testimonio de la madre, la jueza Sánchez Cedillo no ha sido imparcial. Como ejemplo, dijo, en un primer momento la jueza ordenó al padre dar una pensión a sus hijos pero no especificó el monto ni la temporalidad; en cambio, cuando determinó que la pensión la debía entregar Vivian, pidió que cada mes se le descontara 40 por ciento de su sueldo.
Otro ejemplo del actuar de la jueza ocurrió luego de que en agosto de 2016 Agustín agredió a su hija en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal para obligarla a estar con él, aunque Vivian denunció el hecho y solicitó los videos del lugar para constatar el incidente, la petición fue negada por la funcionaria.
A la fecha Vivian sigue peleando la custodia de sus hijos, quienes aún viven con ella; además parte de su salario sigue retenido por concepto de pensión alimenticia para sus hijos y su ex pareja. En tanto la Comisión de Derechos Humanos revisará el expediente judicial para analizar las presuntas omisiones e irregularidades.
17/RED
Evelyn: un nuevo caso de misoginia, estigma y criminalización
La reciente condena de Evelyn, una joven que acaba de cumplir los 19 años, pone de nuevo en evidencia que en El Salvador, las mujeres se enfrentan a graves situaciones de misoginia, y que, en determinadas circunstancias, son sometidas a procesos de estigmatización que cierran sus proyectos de vida, debido a severas condenas y criminalización.
Evelyn era una adolescente que estudiaba y vivía con su familia en una comunidad rural en el centro del país. Una zona con fuerte presencia de pandillas, donde el Estado no logra garantizar la seguridad de la población en general y menos la de las mujeres, sobre todo si son adolescentes y jóvenes. En este contexto las frecuentes relaciones sexuales forzadas a las que las jóvenes son sometidas, ocurren en el silencio, debido al miedo por las amenazas a muerte y la extorsión. Evelyn nunca denunció una violación, sin embargo el miedo que manifiesta al hablar de ello, permite pensar que ese fue el contexto que vivió.
En abril del 2016, Evelyn sufrió una complicación obstétrica: un parto precipitado, prematuro y extrahospitalario en su vivienda, con un desgarro y una fuerte hemorragia vaginal, por lo que su madre y vecinos la llevaron al Hospital Nacional de Cojutepeque, en la Cabecera del Departamento de Cuscatlán. Allí, en la misma sala de emergencia donde recibía asistencia sanitaria, fue acusada de haberse provocado un aborto y trasladada directamente a prisión, siendo acusada semanas más tarde de homicidio agravado.
Pese a que Evelyn ha reiterado que no sabía que estaba embarazada y que no hizo nada para provocar la muerte de su hijo, la Fiscalía General de la República y la Jueza se niegan a aceptar su versión, le han condenado, sin pruebas directas, a una pena de 30 años de cárcel.
En El Salvador desde hace 20 años existe una de las leyes de mayor rigor en materia de aborto en el mundo, sin excepción alguna considera el aborto como un delito, y aunque el aborto tiene penas que van de 2 a 8 años de cárcel, la estigmatización, el ambiente punitivo y de persecución que provoca, tiene otras graves consecuencias.
El personal sanitario en hospitales públicos se ve presionado a denunciar cualquier sospecha de aborto y a violentar su deber de secreto profesional con sus pacientes, ya que aún sin tener suficiente evidencia y una investigación previa les denuncian para no ser acusados de complicidad de delito. Esta situación ha generado que más de la mitad de mujeres acusadas de aborto y la mayoría de mujeres condenadas por homicidio agravado en sus hijos e hijas recién nacidos, hayan sido denunciadas en las salas de emergencia de hospitales del sistema público de salud.
Una consecuencia todavía más grave, es la pérdida de la presunción de inocencia que las mujeres enfrentan cuando se les considera sospechosas de haberse provocado un aborto, pues de inmediato son consideradas asesinas. Son criminalizadas independientemente que no existan pruebas de su actuación, se les acusa y condena de la muerte de sus criaturas. Incluso cuando los peritajes científicos explican causas de muerte indeterminada o no provocada como en el caso de Evelyn.
La experiencia de defensa de “Las 17 y más” (Campaña por la Libertad de Mujeres impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador) ha mostrado que son numerosas las sentencias contra mujeres que reflejan el alto grado de misoginia y el estigma que provoca la penalización absoluta del aborto. El caso de Evelyn es similar al de otras mujeres que han tenido que pasar años en la cárcel hasta que los Tribunales, después de revisar sus sentencias o mediante otros recursos como el indulto, han debido reconocer que sus condenas estuvieron basadas en errores judiciales.
Las luchas de organizaciones sociales y estrategias de defensa jurídica a nivel nacional e internacional, han permitido que algunas mujeres recuperen su libertad, pero a pesar de que instancias como la Corte Suprema de Justicia han reconocido el error al condenarlas, ninguna institución pública se ha comprometido hasta ahora a reparar nada del daño que les han causado.
Evelyn al igual que otras mujeres, ha sufrido una cadena de desprotección estatal y violación a sus Derechos Humanos. No se le protegió debidamente frente a un ambiente de amenazas y violencia sexual, no tuvo información y educación integral en sexualidad pues el sistema público de educación no la incluye, acudió a un establecimiento de salud en búsqueda de atención médica y fue denunciada y encarcelada, no se le respetó el debido proceso y la presunción de inocencia, finalmente ha sido condenada, sin pruebas directas, que demuestren el dolo o su intención de matar.
Lo paradójico es que El Salvador ahora se presenta en foros internacionales como un Estado que respeta los derechos de las mujeres dando a conocer la Ley Especial, Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Pero la vida cotidiana que enfrenta la mayoría de mujeres, especialmente si son jóvenes y viven en situación de pobreza, es aún muy lejana de los propósitos que se plantea esta moderna legislación.
Múltiples factores de marginación y discriminación marcan las distancias entre ese país seguro del que habla la ley, con las realidades concretas que enfrentan las mujeres. Uno de estos obstáculos, es la persistencia de estereotipos sexistas en el razonamiento jurídico y la argumentación de sentencias judiciales basadas en indicios que condenan a las mujeres por crímenes que no cometieron.
Por otro lado, desde hace unos años, El Salvador también aprobó la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), y las instituciones reiteran su especial preocupación por la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Evelyn cuando empezó a vivir esta cadena de violaciones aún era una adolescente, pero su vida y su integridad no han sido protegidas, pese al reconocimiento de la “obligación del Estado, a brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y adolescente necesita para su pleno desarrollo”.
Evelyn tiene ahora 19 años y enfrenta desde el 5 de julio una condena de 30 años de cárcel, pero su situación no se considera violencia estatal, pese a que el Estado de El Salvador reconoce como “Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley”.
La injusta condena de Evelyn ha impactado a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional que de nuevo señala a El Salvador como un país que no respeta plenamente los derechos de las mujeres. Por ello, Evelyn es un nombre que ahora va unido a la indignación, a la lucha por la justicia y la libertad para las mujeres.
* Este artículo fue retomado del boletín de la Fundación Heinrich Böll Stiftung
17/MH