Recientemente desde Kinal Antzetik Distrito Federal, A. C. hemos impulsado la campaña, que da título a este artículo. La razón fundamental para impulsarla, es detener su inminente desaparición.
Así, promover la partería tradicional indígena y visibilizar a las parteras indígenas de México, como poseedoras de un legado cultural que salva vidas nos parece muy importante, se trate de las parteras mayas, tzeltales, tzotziles, mijes, zapotecas, ikoots, mixtecas, amuzgas, tlapanecas, nahuas, otomíes, mazahuas, purépechas, mayos y yaquis, sólo por mencionar algunos de los grupos étnicos, al cual pertenecen parteras con las que nos coordinamos a través de redes.
Las parteras indígenas se han ganado un lugar de autoridad en las comunidades y son, a la par de las personas curanderas, rezadoras, hueseras y médicas tradicionales, recursos comunitarios muy valiosos en la prestación de servicios de apoyo esenciales para la salud y la vida de las mujeres y recién nacidos, sobre todo en regiones y áreas marginales rurales, que no cuentan con servicios gubernamentales de salud, o son escasos, de difícil acceso geográfico, que significan altos gastos económicos.
Sabemos que 7 de cada 10 parteras en México son mujeres indígenas. Ellas ostentan saberes y prácticas milenarias, saberes ancestrales acumulados que han sido transmitidos, de generación en generación, por las abuelas, o de madre a hija, o de mujer a mujer, principalmente mediante un proceso oral, reconociendo también la existencia de varones parteros, no en demasía como ocurre.
Este proceso de enseñanza-aprendizaje bio-cultural ha ocurrido lenta, progresiva y permanentemente, de forma cuidadosa y personalizada. Muchas veces la elección de la nueva generación de parteras pasa por procesos de designación familiar o comunitaria, o sencillamente, es un sueño el indicador del nuevo oficio.
Lo cierto es que la transmisión de conocimientos significa estar dispuesta y desarrollar habilidades de observación de los procesos naturales de la corporalidad femenina, de actitudes y valores culturales e implica una gran conexión y un gran despliegue de relaciones con diversos elementos de la naturaleza, como las plantas y productos de la tierra, el cerro, el río y otros recursos naturales, dependiendo de su medio ambiente más próximo.
Ello representa aportes no sólo en el campo de la medicina tradicional, el cuidado de la salud y la vida, sino a la preservación de saberes sobre el manejo de recursos naturales medicinales, y a la misma conservación de estos recursos, que son indispensables en la atención que brindan.
Desde la partería tradicional indígena existen muchas prácticas de atención a la embarazada. Una de ellas es la manteada, que consiste en balancear, de un lado a otro a la mujer embarazada, sobre una manta para que la cabeza del feto encaje en la pelvis y así facilitar el parto. También puede ser pasar un rebozo por debajo del cuerpo de la embarazada a la altura de la cintura con el mismo fin.
Otra práctica muy recurrente son los baños del temazcal, un baño de vapor de origen prehispánico que se emplea durante el embarazo y el post-parto para purificar y proteger a la mujer de enfermedades, mejorar la circulación sanguínea y prepararla para el parto o bien ayudarla a recuperarse después del parto.
Muchos de los cuidados de la partera traen consigo fuerza, confianza, seguridad y bienestar físico y psicológico en los procesos de embarazo, parto y postparto de las mujeres indígenas. Merece una mención especial el soporte emocional que brindan durante el trabajo de parto, a través de comunicarse en la misma lengua de la parturienta, apoyar su decisión en la posición para parir, la atención domiciliar, y respetar la presencia de familiares, conforme el deseo de la parturienta, entre otros.
Apoya también en el sentido antes mencionado, la gran riqueza cultural de las parteras tradicionales indígenas al realizar ritos y ceremonias, alrededor de esos procesos reproductivos, que además están cargados y dotan de energía espiritual a la parturienta, la o el recién nacido y su familia, facilitando la integración familiar y también la cohesión comunitaria, que muchas veces se moviliza ante las emergencias.
Los aportes de las parteras al sostenimiento de la vida en las comunidades indígenas de México son invaluables, sin embargo, sus saberes y prácticas se ven ahora amenazados de desaparecer y/o enfrentan muchos obstáculos.
Cada vez es más frecuente conocer que las mujeres embarazadas en las comunidades indígenas de México, que a su vez son beneficiarias del Prospera Programa de Inclusión Social, son amenazadas de ser expulsadas de dicho Programa, si no asisten al chequeo y atención prenatal y parto, en las clínicas y hospitales.
Ahora las parteras indígenas ven reducido su trabajo a realizar ciertas prácticas, como la sobada, limpia, manteada y otras que no son ofrecidas por los servicios gubernamentales de salud. Ello, implica una drástica reducción en el número de partos atendidos por parteras indígenas, lo que atenta directamente contra el ejercicio de su labor y razón de ser.
También, a que estas cambien el contenido de su rol comunitario, de atender partos, a promover y orientar sobre el uso de anticonceptivos y prevención de enfermedades femeninas y otras acciones de salud sexual y reproductiva, e incluso a asistir a enfermeras de las clínicas comunitarias.
Otro fenómeno que se deriva de lo anterior y se está observando hoy, es la tendencia a la medicalización de la práctica de partería tradicional en las zonas indígenas. Quizá como una respuesta ante la imposición del Modelo Médico Hegemónico, o por la presión existente a que las parteras se subordinen al sistema de salud, o bien, para acabar con las percepciones y prejuicios que tienden a considerar a las parteras como antihigiénicas y atrasadas.
Representa un grave obstáculo para el ejercicio de la partería, que los centros del Sistema Nacional de Salud, en algunos estados sean los únicos que puedan dar el certificado de nacimiento para el registro civil, contraviniendo lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud.
Lo que está sucediendo constituye una violación al marco legal existente en México, ya que la partería tradicional está fundamentada en el reconocimiento de la medicina tradicional en la Constitución Mexicana en los artículos 1 y 2 y en la Ley General de Salud en el artículo 6 y 93. También constituye una violación a los derechos colectivos establecidos en la Declaración de las Nacionales Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que señala en su artículo 24-1 que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital.
Sin duda que, estas violaciones a los derechos de las parteras indígenas deben ser señaladas públicamente, mientras se identifican otros mecanismos y procedimientos formales.
La campaña inicial de nuestra organización, Parteras Indígenas, Tesoros vivos de México, se complementa con dos materiales próximos a ser dados a conocer: Ser Partera Indígena Es… o Nacer Con Partera Indígena Es Nacer A.., Estas también se suman a otras campañas que están siendo difundidas: “Vamos por la Partería en Guerrero”, impulsada por las organizaciones del Comité Promotor por una Maternidad Segura de Guerrero y también la campaña de “Parteras de Hoy”, en diversos estados de la república mexicana.
Consideramos importante compartir el valioso logro que tuvo la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa) para que la Partería en el Pacífico Colombiano fuese nombrada, en octubre del año pasado, Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).
Dicha organización, después de tres años de trabajo, diseñó el Plan de Salvaguardia Especial de los Saberes Asociados a la Partería Afro del Pacífico (PES). Esta declaratoria de PCI, es la forma en que se protege un oficio ancestral que practican más de mil 600 mujeres en esa región, ya que esta manifestación cultural representa un conocimiento ancestral que se mantiene activo y vigente, necesario de salvaguardar como manifestación cultural estructural de la identidad de las comunidades del Pacífico colombiano.
Y en México ¿será posible parar la inminente desaparición de las parteras indígenas y consigo la Partería Tradicional Indígena? ¿Es la declaratoria de PCI una estrategia posible para preservar los modelos de Partería Tradicional Indígena Mexicanos? Sin duda, mucho por reflexionar y actuar.
*Maestra en Desarrollo Humano en integrante de Kinal Antzetik A.C Ciudad de México
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
17/PLYH
julio 2017
60 de cada 100 defunciones de mujeres por sida se concentra en 6 delegaciones
En la capital del país, seis delegaciones acumulan 66 por ciento del total de las defunciones de mujeres que desarrollaron sida, en su mayoría son mujeres pobres, desempleadas y con estudios de primaria únicamente.
El estudio “Causas de mortalidad en personas con Sida en la Ciudad de México” publicado en 2016 y elaborado por la Clínica Especializada Condesa, reveló que de 2012 a 2014, fallecieron en la capital, un total de 244 mujeres por el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (Sida), la mayoría en las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.
El diagnóstico destacó que las mujeres murieron por alguna enfermedad derivada del VIH/Sida, fueron diagnosticadas de manera tardía y presentaban niveles socioeconómicos más bajos que los hombres que fallecieron por la misma razón. Un 50 por ciento sólo había cursado la primaria, 70 por ciento no tenía empleo, y en promedio eran mujeres en edad adulta entre 43 a 68 años de edad.
El estudio señaló que en el caso de los hombres, 80 por ciento tenía un empleo y hasta un 72 por ciento contaba con estudios de preparatoria o universidad.
A partir de datos recopilados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para este estudio, las delegaciones en las que residían las mujeres con VIH/Sida que fallecieron en ese periodo pertenecía a la delegación Iztapalapa (42 mujeres) es decir este lugar concentró un 17 por ciento del total de los fallecimientos.
El panorama no es menor en el resto de la ciudad, como puntos rojos también destaca la delegación Azcapotzalco con 32 casos, seguida de Coyoacán con 24, Cuauhtémoc 22, Álvaro Obregón registró 21 y la delegación Tlalpan 20.
En total estas seis delegaciones acumulan 66 por ciento del total de las defunciones de mujeres que desarrollaron sida, aunque los casos también persistieron en sectores como en Miguel Hidalgo (18), Venustiano Carranza (16) e Iztacalco (13).
De acuerdo con el estudio de la clínica especializada en VIH de la capital, la causa que representó un 50 por ciento de las defunciones de mujeres con VIH/Sida fue el deterioro del hígado, después destacan las infecciones respiratorias e infecciones de bacterias.
VIH EN MUJERES CONSTANTE EN 2016
En tanto, los casos de contagio de VIH en mujeres se mantienen en la capital, tan sólo en 2016 la Clínica Especializada Condesa realizó 9 mil 798 pruebas para detectar VIH. De éstas, tres por ciento resultó con un diagnóstico positivo (246 mujeres). De ellas, tres por ciento tenía una pareja VIH positiva.
El informe también detalló que los servicios de salud públicos en la Ciudad de México lograron reducir hasta un 30 por ciento el diagnóstico tardío de VIH, lo que convierte a la capital en la entidad donde más temprano se diagnostica la infección en todo el país.
Durante 2016 en su programa institucional de prevención de la transmisión de VIH por vía perinatal, se diagnosticó un caso de este tipo y se dio tratamiento a 36 mujeres embarazadas seropositivas que tenían un diagnóstico previo.
La persistencia de estos casos hizo que este año la clínica integrara el Comité de Prevención de la Transmisión Perinatal de VIH en la Ciudad de México.
Cabe recordar que en México existe la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 para la prevención y control de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, donde en su apartado 5.6.5 obliga al Estado a proveer información de prevención de la transmisión perinatal a mujeres con VIH, y en caso de desear el embarazo, dar un seguimiento y tratamiento oportuno.
17/HZM
Veracruz sancionará la violencia política en razón de género
En el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, las mujeres contarán con mayores herramientas que hagan valer sus derechos político- electorales, como las sanciones impuestas en el Código Electoral por la violencia política en razón de género, indicó la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto.
Con 45 votos a favor el congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que permitirá sanciones administrativas en contra de quien la ejerza.
Durante su participación en tribuna, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad, detalló que la aprobación de la iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 2 de mayo, coloca a Veracruz a la vanguardia en el respeto de los derechos de las mujeres en el servicio público.
“Hoy avanzamos con infracciones y sanciones a aspirantes, precandidatos, candidatas y autoridades, pronto seremos testigos de la aprobación de este tipo de violencia en el Congreso de la Unión y entonces también los partidos políticos tendrán responsabilidad de este tipo de violencia; además será incorporada como delito electoral desde la Ley General de delitos electorales”.
La reforma implica infracciones hacia los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, o autoridades y servidores públicos que a través de la violencia busquen inhibir, impedir o entorpecer el trabajo electoral, político o que como servidoras públicas realicen las mujeres.
De igual forma se agregan supuestos a la violencia política de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el de impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.
Teresita Zuccolotto recordó que antes de la reforma, las mujeres violentadas en sus derechos políticos o electorales, acudían a un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales, y ahora las sanciones serán claras y aplicadas por el Órgano Público Local Electoral (OPLE).
El OPLE será incorporado al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Ley en la materia, y se le señalan atribuciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia.
La legisladora celebró que los legisladores locales apoyaran la reforma solicitada para continuar avanzando en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y para alcanzar la paridad de género en las próximas elecciones.
17/RED
Una campesina con el puño izquierdo en alto, pañuelo en la cabeza y otro sobre los hombros, una mueca de grito. Esta imagen en tonos morados recuerda que La Vía Campesina es cada vez más feminista. “Construimos movimiento para cambiar el mundo, con feminismo y soberanía alimentaria”, reza la pancarta que arropa a la V Asamblea de Mujeres que este movimiento social acaba de celebrar en la localidad vizcaína de Derio.
La violencia, en todas sus formas, usos y estrategias de opresión, es el hilo conductor de las reivindicaciones territoriales que han surgido en este encuentro de unas 150 mujeres de todo el mundo y que ha sido uno de los actos previos de la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, que este año se celebra en tierras vascas. La violencia, recuerdan, es no tener acceso de igual manera que los hombres a las herramientas y recursos para realizar sus labores como agricultoras, ganaderas o pescadoras; violencia es no poder acceder a las subvenciones o al crédito, no tener derechos laborales, que las tierras no estén a nombre de quien las trabaja; violencia es no tener acceso a las semillas o al agua.
Violencia son, insisten, los abusos sexuales, las guerras, las fronteras, los matrimonios forzosos, los problemas de visado, el cambio climático… “Violencia es que no haya mujeres en cargos políticos o que en las organizaciones campesinas no participen en los órganos de toma de decisión”. Estas reivindicaciones, unas más globales y otras de carácter más territorial, salieron en la puesta en común del encuentro. Las palestinas, por ejemplo, se quejaban de sus problemas de movimiento, de los controles israelís o de cómo muchas se quedaban viudas muy jóvenes. Mientras, desde algunos países africanos se hablaba de la poligamia o del acaparamiento de tierras.
“Hay un incremento de la violencia estructural, del feminicidio, de los asesinatos de lideresas, de la impunidad, de los abusos sexuales incluso a niñas”, apuntaba, con fuerza, una representante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). “Tenemos que producir la enseñanza de nuevos valores. En las organizaciones mixtas hay violencias contra las campesinas que toman un rol protagonista. Hay que construir nuevos valores, nuevas masculinidades, igual que nos estamos formando y avanzando con el feminismo. Tenemos leyes, pero no caminan”, añadió tras recordar la poca gracia de determinados chistes sexistas que se escuchan en el interior de las organizaciones campesinas.
EL FEMINISMO, HERRAMIENTA DE TRABAJO
En toda esta dura enumeración de problemas y opresiones, el feminismo apareció como elemento articulador para entender los contextos, aplaudir las resistencias y buscar alternativas. “Nuestra articulación de mujeres surgió por la desigualdad, pero en el proceso hemos encontrado que el feminismo es una herramienta de análisis liberadora. El feminismo campesino y popular es un desafío”, apuntó una de las participantes. Este feminismo popular y campesino es uno de los retos de la Vía Campesina.
“La lucha por la emancipación de las mujeres tiene que estar articulada con la de los movimientos sociales campesinos, y la lucha por la igualdad de género tiene que caminar junto con la lucha por el fin de la propiedad privada, por el derecho a la tierra y al territorio, por la reforma agraria. Será el momento de afirmar que el socialismo y el feminismo campesino y popular son insumisos y cuestionar las concepciones patriarcales y burguesas, funcionales a las políticas de explotación capitalista”, explica la brasileña Marina dos Santos, una de las dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).
A la espera de concretar el plan de acción para los próximos cuatro años (la anterior asamblea se celebró en Yakarta, Indonesia, en 2013) varias ideas marcarán las acciones de la Vía Campesina, movimiento social que aglutina a más de 450 organizaciones de unos 70 países. Fortalecer las articulaciones regionales y fomentar la participación, promover la auto-organización de las mujeres en sus colectivos, fomentar la paridad en los órganos de decisión y participar en espacios de gobernanza son algunos de los asuntos que pretenden pulir desde el punto de vista organizativo. También expresan la necesidad de fortalecer y ampliar la campaña de ‘no más violencia’ contra las mujeres, de apostar por las acciones de visibilización en fechas clave, de seguir luchando por la paz y contra la militarización, así como de fomentar las escuelas de formación feminista.
Y, por supuesto, poner luz en la situación de las mujeres en todas las luchas estructurales de la Vía Campesina, como son la reforma agraria popular, la oposición a los agronegocios y al modelo energético actual, la defensa del agua, la batalla contra la privatización de los bienes naturales; y, por supuesto, la crítica al sistema capitalista, patriarcal, racista y xenófobo. “Hay que abordar el trabajo político y productivo desde el feminismo y la soberanía alimentaria”, “ratificamos nuestro compromiso con las resistencias”, “el capitalismo y el patriarcado violenta nuestros cuerpos y nuestros territorios” o “hay que compartir los trabajos productivos y de cuidados” fueron otras de las ideas lanzadas en la declaración final que se leyó.
“Somos las personas que trabajan la tierra y que alimentan al mundo, pero nuestros territorios están bajo un ataque constante. Nos enfrentamos a una criminalización creciente. Esta conferencia es un paso adelante en la internacionalización de nuestras luchas, creando una estrategia para frenar los poderes del capitalismo global y construir un movimiento para el cambio”, afirmó Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue y coordinadora general de La Vía Campesina.
*Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine
17/MAF
La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
DATOS OFICIALES
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. «Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
SE INCREMENTAN ASESINATOS
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio «La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
17/SN
Investigan a familia de Medina Sonda por autoría en feminicidio de defensora en Yucatán
A más de tres meses del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos en Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, familiares de su ex esposo acusado como autor intelectual del crimen, Alberto Medina Sonda, fueron citados en la Fiscalía General estatal para informales que serán sujetos a investigación por su posible coalición en el feminicidio.
En entrevista con Cimacnoticias la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, afirmó que la familia Medina Sonda “debe ser investigada porque la violencia que ejerció por años contra Gaby los hace sospechosos”.
La tarde del pasado 20 de julio la madre y el padre de Medina Sonda, Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel; así como sus hermanas Ericka y Lizbeth, fueron llamadas para declarar en la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Agencia 30 de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Fiscalía General estatal. Un día después fueron citadas otras seis personas cercanas a la familia del empresario.
El 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio luego de enfrentar, desde 2014, una serie de actos violentos orquestados por su exesposo, quien actualmente está preso en Tabasco por operar con recursos ilícitos durante el gobierno de Andrés Granier, en la búsqueda de la custodia de sus dos hijas e hijo. Pese a las exigencias de Emma Gabriela y Ligia Canto las autoridades yucatecas y tabasqueñas ignoraron el riesgo que enfrentaba.
La abogada Natalia Paola Punab de la O, quien a partir de hoy asumió el caso, explicó en entrevista con esta agencia que durante los citatorios la familia Medina Sonda “reservó su derecho a rendir entrevistas” sobre el feminicidio de Emma Gabriela porque, aunque fueron citados en calidad de imputados, las entrevistas solo tienen validez cuando son expuestas en audiencia oral delante de un juez. Por lo que, informó, el personal de la Agencia 30 “solo recabó sus datos generales”.
La directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, denunció en entrevista con Cimacnoticias que las declaratorias fueron ordenadas por la Fiscalía con tres meses de retraso y bajo la presión de la también defensora Ligia Canto, quien denunció desde marzo la coalición de la familia Medina Sonda en el feminicidio de su hija y solicitó, mediante un escrito, que fueran citados.
“Ligia tuvo que presentar todas las pruebas y ayudarse de la presión ejercida por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –organismo que desde 2014 emitió la Recomendación 54/2014 por la violencia institucional de la que Emma Gabriela y su familia fueron víctimas- y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –que tras el feminicidio atrajo el caso- para que por fin hicieran su trabajo: seguir agotando todas las líneas de investigación”, dijo Salas Salazar.
Entre las pruebas que Ligia otorgó al fiscal que lleva el caso, Fernando Caamal López,, se encuentran fotografías de los desplegados que la mamá y el papá de Medina Sonda realizaron para difamar, en 2014, la lucha de Emma Gabriela por la custodia de sus hijos. Además de los videos que las hermanas de Medina Sonda difundieron en plataformas digitales donde la ofendían.
A ello se suma que Emma Gabriela externó días previos a su muerte que familiares de su ex esposo la seguían a ella y a sus hijos.
La abogada Paola Punab denunció la falta de voluntad de la Fiscalía General ya que, dijo, las autoridades sólo han realizado los actos solicitados por la familia de Emma Gabriela. “De no haber sido por la presión el fiscal Fernando Caamal hubiera concluido la investigación cuando se culpó a los dos autores materiales, un coautor –todos actualmente detenidos- y a Medina Sonda como autor intelectual del caso”.
La abogada señaló que la investigación no debe enfocarse solo al feminicidio de Emma Gabriela. “Tenemos que visibilizar el contexto violento e institucional que vivió Gaby durante años y la persecución por parte de las autoridades de procuración de justicia. porque ella fue victimizada y revictimizada. Un asunto familiar que debería ser sencillo de resolver como un divorcio detonó en un feminicidio”, expuso.
El caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria por lo que ahora la familia de Emma Gabriela y su defensa legal seguirán entregando datos de prueba que vinculen a la familia Medina Sonda en el feminicidio.
También están en espera de que el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, resuelva en la próxima semana si procede el amparo que Alberto Medina presentó contra su vinculación a proceso como autor del feminicidio, mismo que solicitó con argumento de que no está involucrado porque está preso en Tabasco.
DESINTERÉS
Hasta hoy Ligia Canto no tenía un abogado fijo en Yucatán solo recibía asesoría legal de la CEAV cada quince días, cuando la instancia enviaba abogados de la Ciudad de México para reunirse con ella. La defensora señaló: “El apoyo de la CEAV no ha sido contundente”
Salas Salazar comentó que esto dejó “en indefensión” a Ligia Canto porque “no tenía a quien consultar, incluso tuvo que presentarse a las reuniones en la Fiscalía sin abogado”, expuso.
Además, Ligia Canto denunció que aunque su familia, al ser víctimas indirectas, tienen derecho a recibir un “fondo emergente” -un apoyo económico mensual otorgado por la CEAV-, este solo se les entregó para el mes de junio.
La defensora recordó que desde 2014, cuando la CNDH emitió la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán debió iniciar el trámite para la inscripción al registro de víctimas de Emma y su familia, pero, dijo “la instancia defensora de Derechos Humanos local fue omisa, por lo que mi hija y yo tuvimos que juntar dinero para trasladarnos, hasta 2016, a la Ciudad de México para solicitar la inscripción”.
Además, manifestó, “todo quedó en papel porque la Ley general de Víctimas indica que una vez registradas se nos tuvo que haber dado medidas de protección y mi hija nunca las recibió”.
Paola Punab informó que en otro momento evidenciarán legalmente la “responsabilidad penal del Estado” en el feminicidio y la violencia que ejercida hacia los familiares de Emma.
17/MMAE
El Nuevo Sistema de Justicia Penal no podrán garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los daños a las mujeres, si jueces y personal de Ministerios Públicos continúan cometiendo prácticas discriminatorias, misóginas y sexistas al analizar los casos, una solución es la sanción y despido para quienes las cometan.
Así lo considera el coordinador de la Clínica Justicia y Género “Marisela Escobedo” de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Alberto Muñoz López, quien explica que el principal reto de este nuevo Sistema Penal de Justicia que entró en vigor en 2008 tras una reforma constitucional, no es capacitar a los funcionarios sobre los nuevos procedimientos, si no erradicar aquellas prácticas discriminatorias que son el obstáculo para garantizar los derechos que tienen las mujeres víctimas de algún delito.
En entrevista con Cimacnoticias el abogado recordó que estas prácticas violatorias por parte de funcionarios del sistema de administración de justicia son una práctica cotidiana en nuestro país y quedaron acentuadas en la sentencia de “Campo Algodonero”.
En la sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) precisa que los funcionarios encargados de la investigación del feminicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez obstaculizaron el proceso y violentaron a las víctimas, enviándose un mensaje a la sociedad civil que la violencia contra las mujeres es tolerada, además de generar un sentimiento de desconfianza en las víctimas hacía las instituciones públicas.
“Eso lo tenías en el anterior sistema, se evidencia miles de veces en la sentencia de Campo Algodonero, el prejuicio es muy difícil de erradicarlo y una norma procedimental nueva no te lo quita”, aseveró Muñoz López.
La respuesta del Estado para confrontar este tipo de actuaciones en el nuevo sistema de justicia fue capacitar a sus servidores públicos, concientizarlos entorno a las desigualdades de género y recordarles su obligación en la prevención, sanción y erradicación de la violencia cometida contra mujeres.
El Ejecutivo Federal señaló en su Cuarto Informe de Gobierno que como parte de la profesionalización del personal en perspectiva de género en el nuevo sistema penal, de noviembre de 2015 a marzo de 2016, capacito “a través de una plataforma informática” a 230 servidores públicos que operan los Centros de Justicia para la Mujeres del país.
También impartió 79 talleres sobre “sensibilización de género, perspectiva de género, Derechos Humanos de las mujeres, prevención de las violencia laboral, masculinidades y discriminación, y políticas públicas de género”, en la que participaron 4 mil 079 funcionarios (2 mil 530 mujeres y mil 549 hombres).
Sin embargo, señaló el abogado, quien forma parte de la organización civil de monitoreo de sentencias y actuación de jueces, Equis Justicia para las Mujeres, no se ha detectado un cambio sustantivo en los procesos judiciales que enfrentan las mujeres bajo este nuevo modelo, “los prejuicios y la violencia institucional ejercida por los servidores públicos es la misma”.
Lo ejemplifica con el caso de los “Porkys”, cuatro jóvenes que 2015 violaron a la menor de edad Daphne Fernández en el estado de Veracruz, después de dos años, en marzo pasado, el Poder Judicial otorgó un amparo a uno de los agresores porque un juez argumentó que no había elementos para comprobar que el joven tenía una “intención lasciva o de satisfacer un deseo sexual”.
Este caso, explicó el abogado Muñoz, “demuestra que no hay ninguna diferencia en los criterios de análisis que tienen los servidores encargados de impartir justicia”.
VÍCTIMAS EN DESAMPARO POR INTERPRETACIONES
Por lo tanto, explicó el especialista, aunque en este nuevo sistema se exija un mayor rigor en la obtención y presentación de evidencias para procesar a los inculpados, si la interpretación de los jueces se basa es prejuicios y estereotipos sexistas, no se puede garantizar el acceso a la justicia para las mujeres.
“En específico en los casos de violencia sexual y violencia familiar el nuevo sistema difícilmente va cambiar prácticas en las que considere que una mujer se buscó lo que le paso. Un procedimiento no te cambia lo que está en la mente de los funcionarios, yo sigo viendo los prejuicios en Ministerios Públicos y jueces”, dijo.
Cabe recordar, que parte de estos análisis basadas en la perspectiva de género para proteger a las mujeres víctimas de algún delito, las deberá realizar el personal ministerial, pues con este nuevo sistema sólo los delitos de violación y trata de personas –en las que las estadísticas indican que en su mayoría afectan a mujeres- requieren prisión preventiva oficiosa hasta otorgar una sentencia.
Para el resto como violencia familiar, abuso sexual, entre otros, será responsabilidad del personal ministerial medir el riesgo en el que se encuentra la víctima y dictar la medida de seguridad que crea correspondiente durante el proceso, lo cual puede ir desde avisos de restricciones hasta considerar la prisión preventiva.
EVALUAR Y SANCIONAR A SERVIDORES
El funcionamiento del nuevo sistema depende en gran medida de la actuación de sus integrantes, afirma el abogado Muñoz López, por lo que propone realizar un “sistema de evaluación y deserciones de servidores públicos” que hayan incurrido en alguna falta u obstaculizado el acceso a la justicia.
“Mientras no haya una responsabilidad por un mal actuar de los operadores jurídicos, no va pasar nada”, insistió el abogado de Equis Justicia, y señaló que también es reto que debería de contemplar el nuevo sistema, “todos los delitos por los que puedes denunciar a un servidos público muy difícilmente son consignados porque hay un tratado interno de no pegarse entre ellos, hablamos de impunidad”, concluyó.
17/HZM
La presidenta de la Asamblea Permanente Contra la Violencia de Género argentina, Fernanda Chacón, permanece por cuarto día desaparecida, mientras familiares y amigos piden ayuda para dar con su paradero.
La activista Chacón fue vista por última vez el viernes pasado cuando subió a un ómnibus en horas de la tarde; y la preocupación crece aún más, pues estaba amenazada de muerte por su exesposo, quien gozaba de salidas transitorias de la cárcel, donde cumple condena por violencia contra ella, desde julio.
La activista, madre de tres hijos, juntaba firmas para que su expareja no tuviera beneficio de las salidas transitorias.
Según reportan medios de prensa locales, Chacón se convirtió en una de las militantes más reconocidas en defensa de las mujeres, tras lograr que Daniel Alberto Castro, con quien tuvo una hija, fuera condenado por ocho hechos de violencia física y verbal en su contra.
Tras conocer de las salidas intermitentes de su expareja de la prisión, creó una petición en el sitio Change.org con el título ‘no a la liberación de un violento’.
Además, Chacón exigía justicia por la joven Araceli Fulles, de 22 años, que desapareció el 2 de abril pasado, y fue hallada muerta bajo los escombros en una casa, de la zona norte del llamado Gran Buenos Aires.
Datos del Registro Nacional de Feminicidio en la Argentina, elaborado por el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), arrojaron que del primero de enero al 31 de diciembre de 2016, los casos de feminicidio sumaron 274, casi una mujer asesinada cada día.
17/RED
Alienación parental es incompatible con derechos de la infancia
El Síndrome de Alienación Parental (SAP), que se utiliza comúnmente en los juicios de divorcio, es incompatible con el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la igualdad, a ser escuchado y a la participación en los procesos judiciales de separación de los padres.
Así lo consideró la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en un oficio (CDHDF/OE/DEALE/293/2015) que en 2015 envió al Senado para exponer el impacto negativo de incorporar en el Código Civil Federal un concepto que afecta los derechos de la infancia y provoca discriminación hacia las mujeres.
En abril de 2015 el senador Rabindranath Salazar Solorio, entonces militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso reformar el Artículo 323 Ter y 444 del Código Civil Federal para reconocer que la Alienación Parental se da en todos los ámbitos de la vida familiar y sancionar esta conducta con la pérdida de la patria potestad de las hijas e hijos.
Un día después de que se presentó esta iniciativa, la Comisión de Derechos Humanos de la capital envió un oficio con observaciones a la propuesta de modificar la ley donde expuso que el Estado tiene obligaciones específicas para garantizar los derechos de niñas y niños por lo que, aclaró, era insuficiente la simple declaración de reconocer los derechos de la infancia.
El organismo destacó que si bien la exposición de motivos de la iniciativa reconocía el principio de interés superior de la infancia, era importante que las autoridades del Estado se aseguraran de que la aplicación de las normas tuviera un efecto útil para los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La institución, encabezada por Perla Gómez, también enfatizó que el SAP o la Alienación Parental es un concepto que no ha sido validado internacionalmente como científico, ni siquiera ha trascendido el umbral de toda duda razonable, por tanto aún existen cuestionamientos y debates importantes sobre su veracidad y las afectaciones que puede ocasionar a la salud e integridad física de niñas y niños.
Las dudas sobre el SAP son tales que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología o la Asociación Americana Médica ha rechazado el supuesto síndrome por su falta de fundamentación médica y clínica e incluso Richard Gardner, psiquiatra creador de este concepto, promovió la idea de la “histeria natural en las mujeres y su capacidad de manipulación”.
En el documento enviado al Senado se expone que Gardner también promovió la idea de que 90 por ciento de la Alienación es ejercida por mujeres y que el comportamiento alienador es una característica propia de las mujeres y su incomprensión de la sexualidad masculina que puede incluir las relaciones incestuosas de padres e hijos.
Por otra parte, la Alienación implica la consideración de que la persona menor de edad que se encuentra en dicho supuesto tiene una “consciencia trasformada” en donde su pensamiento y opinión está manipulada, bajo este supuesto su dicho carece de validez y veracidad.
Un caso que sacó a la luz las implicaciones del SAP fue el de Mireya Agraz Cortés, quien por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron violados sexualmente por su padre. Al parecer el 7 de junio Mireya se suicidó, junto con sus padres (su madre sobrevivió) y sus tres hijos, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la capital determinó que no hubo abuso sino Alienación Parental y ordenó que los niños convivieran con su progenitor.
La incorporación del concepto, construido con base en prejuicios y estereotipos de género en el Código Civil Federal, hace que todo acto de autoridad que respalde su decisión en dichos conceptos carezca de perspectiva de género y sea causa y consecuencia de la violencia institucional de género en contra de la mujer, destacó el organismo.
Para la Comisión de Derechos Humanos incorporar este término en la ley exige “un mayor y más profundo escrutinio por parte de las autoridades” y por ello instó a las y los legisladores a realizar una revisión sobre la veracidad científica del concepto de Alienación Parental y sobre el impacto negativo que genera este tipo de disposiciones normativas.
17/AGM
Parteras guatemaltecas son violentadas en sistema de salud
Representantes del Movimiento Nim Alaxik Mayab’ (Sabiduría Ancestral), conformado por Abuelas parteras de las comunidades indígenas del país, acudieron este lunes a la Corte de Constitucionalidad (CC) para ratificar una denuncia en contra de las autoridades del Ministerio de Salud, debido a la violencia racista, machista, física y psicológica en su contra.
El grupo de mujeres mayas enfatizó que en septiembre del año pasado interpusieron un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Ministerio de Salud por los actos de violencia, humillaciones y desprecio que han afrontado en los centros de salud por parte de médicos y enfermeras.
Luego de interponer la denuncia, funcionarios de la cartera convocaron a una mesa de diálogo para abordar la problemática, pero seis meses después la situación no ha mejorado y por el contario, ahora son víctimas de represalias por atreverse a denunciar los tratos denigrantes que sufren, aseguraron las mujeres.
Destacaron que estas violaciones a sus Derechos Humanos se registran diariamente en su contra y de las pacientes a las que atienden, e indicaron que toda esta problemática podría evitarse si el sistema de salud respetar su milenaria labor.
Ante esta situación, exigieron que cese la violencia física, machista, racista y psicológica en contra de las parteras y las mujeres que atienden, actos que terminan con la vida de mujeres, niños y niñas en todo el país.
De igual manera, exigieron que existan pautas claras de coordinación entre los dos sistemas de salud, mediado por las abuelas y parteras, para que de forma conjunta y con dignidad se brinde salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural.
Otra de las demandas planteadas es que el sistema de salud atienda a las mujeres en estado de gestación y las parteras en su idioma materno, y que se reconozca, respete y proteja el derecho de las parteras como autoridades de salud en los pueblos indígenas.
17/RED