Mujeres indígenas de Macuspana, Tabasco, que desde 2011 buscan la creación de una maquila, iniciaron hoy una huelga de hambre en la sede capitalina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigirle al titular, Raúl González Pérez, que se pronuncie, inste al gobierno de Macuspana a otorgar los recursos necesarios para concretar el proyecto y emita recomendaciones que reconozcan la violencia institucional de la que son víctimas.
Las protestantes son choles y chontales de la cooperativa Exótica Textiles, un grupo de más de 50 mujeres que busca la construcción de la primera planta maquiladora textil del municipio, de la que ellas sean dueñas y donde puedan autoemplearse y generar trabajos para la comunidad. Sin embargo, durante su lucha han sido violentadas por las autoridades tabasqueñas a través de golpes, encarcelamientos y la postergación de su proyecto.
La representante de la cooperativa, Alicia Jiménez Hernández, dijo en entrevista con Cimacnoticias que con la huelga, instalada en las inmediaciones de la CNDH ubicadas en la colonia Tlacopac, las trabajadoras esperan “verdaderas acciones” de este organismo defensor de los Derechos Humanos.
Las tabasqueñas urgen una respuesta de la CNDH porque en la última reunión que tuvieron con el alcalde de Macuspana, el priísta José Eduardo Rovirosa Ramírez, el pasado 12 de julio, a la que también asistió el director general de la Quinta Visitaduría, Jesús Salvador Quintana Roldán, Rovirosa Ramírez se negó a aportar dinero para el proyecto.
En esa reunión el secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco, David Gustavo Rodríguez Rosario, a quien el gobernador Arturo Núñez Jiménez dejó a cargo del proyecto, informó que proporcionará a las trabajadoras 4 millones 400 mil pesos para la construcción de la maquiladora solo si el gobierno de Macuspana aporta la misma cantidad.
El argumento con el que el alcalde Rovirosa Ramírez negó el ingreso, informó Alicia Jiménez, fue que el municipio tiene “muchas deudas laborales” que saldar. Alicia Jiménez calificó de “incongruente” la decisión porque tan solo hace unos meses el alcalde Rovirosa Ramírez otorgó 11 millones pesos para la construcción de cuatro naves especiales para vacas, toros y gallos de pelea que solo son usadas durante una semana al año para una feria ganadera del municipio.
Agregó que aún cuando en una reunión efectuada el 2 de febrero entre ellas, el alcalde de Macuspana, el senador Fidel Demédicis Hidalgo y el titular de la CNDH este último les prometió que “nunca más estarían solas”, el organismo defensor de los Derechos Humanos, aseguró la defensora, “ha guardado silencio, protege a las mismas autoridades, por eso los funcionarios han hecho con nosotras lo que han querido”.
Desde noviembre de 2014 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco emitió las recomendaciones 145, 146, 147, 148 y 149/2014 dirigidas al gobierno de Macuspana para que éste invirtiera los recursos económicos necesarios en la construcción de la maquila y garantizara el respeto de los Derechos Humanos de las defensoras.
Como las recomendaciones fueron incumplidas las mujeres ingresaron, el 5 de febrero, un recurso de impugnación a la CNDH para solicitarle al que se pronunciara a su favor y emitiera recomendaciones dirigidas a las autoridades locales y del estado de Tabasco. Desde entonces no han obtenido respuesta.
Alicia Jiménez, quien en 2015 fue encarcelada cuatro meses con delitos fabricados tras una protesta que realizó en el Congreso tabasqueño para exigir la aceleración de su proyecto, aseguró: “Nosotras solicitamos la maquila para generar empleos que no hay en Macuspana, queremos que las familias sean beneficiadas y acabar con el olvido en el que estamos las compañeras choles y chontales del municipio”.
Actualmente las defensoras son dueñas de un predio ubicado en Macuspana donado por el gobierno estatal, pero necesitan los recursos para iniciar la construcción de la maquila.
Aunque el 17 de mayo el gobierno tabasqueño ingresó el proyecto al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la respuesta se les entregará en septiembre no hay garantía de que este se concrete ya que el INADEM debe decidir entre otros 700 proyectos ingresados por personas de todo el país.
17/MMAE
julio 2017
Bajo el lema “Trabajo digno por ti, por mí y por todas mis compañeras”, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), busca que este año 10 mil empleadores y empleadas del hogar firmen un contrato de trabajo para formalizar sus relaciones laborales y establecer tanto sus derechos como obligaciones.
En conferencia de prensa como parte del Día Internacional del Trabajo Doméstico, conmemorado el 22 de julio, el gremio firmó con 18 empleadores y trabajadoras el “Contrato Colectivo Trabajo”, una propuesta del Sinactraho para garantizar sus derechos laborales como lo establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre un trabajo del hogar digno.
La meta, indicó la secretaria general del Sindicato, Marcelina Bautista Bautista, es que para el 20 de diciembre de 2017 las 10 mil trabajadoras del hogar que firmen el contrato colectivo puedan recibir un aguinaldo como es su derecho y contar con otros como la seguridad social, vacaciones, y definir las tareas que deben realizar en una jornada laboral de 8 horas.
El contrato, recordó, contiene lo necesario para profesionalizar el trabajo del hogar y brinda a los empleadores la certeza jurídica con quien contraten y qué servicios se les deben garantizar, pues a nivel nacional 99 por ciento de las trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato escrito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las cifras del Inegi refieren que en el país hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar, de éstas, 76 por ciento recibe hasta dos salarios mínimos, y son víctimas de abusos, malos tratos y discriminación.
En la presentación del Contrato Colectivo estuvieron presentes la académica feminista, Marta Lamas; de la organización Hogar Justo Hogar, Maité Azuela; y la coordinadora del Programa de Género del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Christian Mendoza, quienes hicieron un llamado al gobierno mexicano a ratificar el Convenio 189 de la OIT como se comprometió hace seis años.
SECRETARIA DE TRABAJO NIEGA RATIFICAR CONVENIO 189
El pasado 25 de junio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), un informe sobre el “estatus que guarda el procedimiento para la adhesión de México al Convenio 189”, la respuesta de la Secretaría fue que “no había condiciones para ratificarlo”.
Marcelina Bautista indicó en entrevista con esta agencia que la STyPS debe dar una argumentación detallada de esta respuesta y hacer pública la investigación que lo sustente, por lo que pedirán en los próximos días una junta con los funcionarios de la institución para conocer el contenido del dictamen.
“No lo queremos dar por hecho la posición de la Secretaria, queremos saber qué dice el dictamen primero”, sostuvo la defensora, y precisó que para la integración de este documento no consultaron al gremio y no es la primera vez que el gobierno mexicano da este tipo de respuestas.
Con o sin ratificación del convenio, Marcelina subrayó que este año también se debe cumplir con las modificaciones necesarias al capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo y al Artículo 13 de la Ley de Seguro Social que define como voluntaria -y no obligatoria-la inscripción al seguro social de las trabajadoras del hogar.
17/HZM
“Tania la guerrillera” siguió la ruta del Che Guevara
En su corta e intensa vida debió adoptar personalidades y nombres distintos como Haydée, Tamara, Vittoria, Marta y Laura, pero la luchadora internacionalista que siguió la ruta del Che por la selva boliviana pasó a la historia como “Tania la Guerrillera”.
Nacida en Argentina, de padre alemán y madre polaca, esta joven llegó a Bolivia en 1964 con el nombre de Laura Gutiérrez Bauer, a fin de crear condiciones para abrir un frente revolucionario.
Vino como especialista en etnología y estudiosa del folclore y logró infiltrarse en todas las esferas del gobierno, dijo en exclusiva a Prensa Latina el investigador e historiador cubano Froilán González, quien junto con Adys Cupull, su esposa, ha escrito varios libros sobre la gesta del Che.
Era una joven físicamente atractiva, carismática, culta, que dominaba cuatro idiomas y tocaba el acordeón y la guitarra, además de practicar deportes.
Hugo Herrera, quien tuvo oportunidad de conocerla cuando trabajaba en el departamento de Folclore del Ministerio de Educación, la recuerda como una joven hermosa y activa, que siempre estaba muy atenta a todo lo que ocurría.
Tania conoció al general René Barrientos, presidente de Bolivia en ese entonces, y se codeó con importantes figuras, entre ellas el jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia, Gonzalo López Muñoz, y el ministro de Defensa, Alfredo Ovando.
En La Paz se vinculó a los pintores Juan Ortega Leytón y Moisés Chire Barrientos e impartió clases de idioma alemán a hijos de la oligarquía con el propósito de relacionarse con sus familiares y obtener información útil para el movimiento rebelde.
‘Su vida fue muy intensa’, afirmó en la conversación con esta agencia el historiador cubano, a quien entrevistamos durante el estreno en La Paz del documental ‘Historia de Ita: Relatos inéditos de la vida de Haydeé Tamara Bunke Tania la Guerrillera’, con guion de Adys Cupull y realizada por sus hijos Leandro y Livan.
Escogimos este país para la premier porque ella amó a Bolivia, admiró su folclore y su cerámica y aquí organizó la primera exposición de trajes típicos, recordó el investigador.
El filme lleva el título de ‘Historia de Ita’ porque su madre nos contó que cuando era niña la llamaban Tamarita y como estaba tan pequeña sólo pronunciaba Ita y ese fue el nombre que usó en toda la correspondencia con la familia, dijo González.
Tania nació en Argentina y a los 14 años se trasladó con sus padres a la República Democrática Alemana, desde donde siguió de cerca todos los acontecimientos en su país y en América Latina, en particular el triunfo de la Revolución Cubana.
En Berlín trabajó como traductora de delegaciones latinoamericanas y fue así como conoció a Ernesto Che Guevara, cuando era ministro de Industria, y a la directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, quien la llevó a La Habana.
En el país caribeño trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas, se hizo miliciana y participó en varios trabajos voluntarios.
Cuando le encargaron la misión en Bolivia adoptó el nombre de Tania en honor a una joven rusa llamada Soja que luchó contra los nazis bajo ese seudónimo y fue apresada, torturada y ahorcada.
Tamara salió de Alemania en 1961 y nunca regresó, su madre Nadia Bider -desesperada por no tener noticias de ella- decidió hacer un viaje a Cuba en 1964, contó el historiador.
Allí se entrevistó con un oficial, quien le dijo que ella estaba bien, estudiando en un curso y le mostró una foto donde está muy transformada y es casi imposible reconocerla, pero su madre miró fijamente sus ojos y dijo: sí es ella.
Tania vino a Bolivia para una red clandestina, sin embargo, se ve precisada a incorporarse a la guerrilla en marzo de 1967 cuando en un viaje al campamento de Ñancahuazú dos miembros del movimiento rebelde desertan e informan de su presencia y ya no puede salir de allí.
En su diario, el Che escribe: ‘todo parece indicar que Tania está individualizada, con lo que se pierden dos años de trabajo bueno y paciente…’
Ella integraba el grupo de la retaguardia comandado por Juan Vitalio Acuña (Joaquín) y una de sus tareas era escuchar las distintas emisoras de radio bolivianas, argentinas y cubanas e informar de lo que estaba sucediendo, afirmó el historiador.
Durante cinco meses debió enfrentar la dura vida en la selva boliviana, la falta de agua y de alimentos, el mal tiempo y la constante hostilidad enemiga.
El 31 de agosto de 1967 la columna guerrillera cae en una emboscada cuando cruzaba el Río Grande. Tania fue la penúltima en sumergirse en la corriente, justo delante de Joaquín, quien cubría las espaldas de sus compañeros.
Cuando se escucharon los primeros disparos, ella intentó tomar el fusil, pero una bala le atravesó el pulmón y fue arrastrada por las aguas. Su cuerpo fue encontrado una semana después. Le faltaban poco más de dos meses para cumplir 30 años.
De acuerdo con el historiador cubano, en Vallegrande la imagen que tienen los pobladores de la única mujer en la guerrilla del Che es un poco mística.
El pueblo boliviano la convirtió en leyenda y se dice que sale del río cuando hay niebla con una gran cesta de flores y frutas, narra el investigador.
Un poema escrito en su libreta de notas dice: ‘¿Nada será mi nombre alguna vez?/¿Nada dejará en pos de mí en la tierra? / Al menos flores, al menos cantos…’
A Tania se le conoce como la Flor del Río Grande y en el sitio donde fueron hallados sus restos en Vallegrande hay una lápida cubierta por rosas blancas.
17/CE
El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa una oportunidad para el acceso a la justicia y respeto de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, sin embargo, a más de dos años de operar, no hay infraestructura y el personal encargado de la impartición de justicia, actúa de manera deficiente, afirmaron personas expertas en material legal.
Tras la reforma constitucional en junio de 2008 la entrada del nuevo sistema penal implicó cambios normativos como la restricción de la prisión preventiva obligatoria únicamente para los delitos de violación, trata de personas, delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos cometidos con armas y explosivos, atentados a la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
La reforma obligó a jueces y ministerios públicos a evaluar si las víctimas del resto de los delitos, en especial cuando se trata de violencia contra las mujeres, están en situaciones de riesgo ante sus agresores; por lo que deben de determinar si es necesario aplicar la medida de prisión preventiva durante el proceso judicial hasta que se dicte sentencia.
Entre los delitos antes denominados graves cometidos contra las mujeres donde deberá identificarse si es necesaria la prisión preventiva, se encuentran: acoso, abuso sexual, violencia familiar, y aborto, cabe recordar que el que se haga esta revisión no significa que el delito tenga una pena menor.
Las reformas se hicieron con los objetivos de garantizar la protección a los derechos de las víctimas y los acusados, evitar la burocracia en los procesos, lograr la reparación del daño, así como evitar seguir con la saturación de los centros penitenciarios, “antes se podía pasar años ahí sin tener sentencia”, explicó en entrevista con Cimacnoticias el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, David Peña Rodríguez.
Para el abogado esta situación representa una oportunidad para el acceso a la justicia de las mujeres, pues “la violencia de género es considerada en este nuevo sistema un atentado contra los Derechos Humanos” (DH) por lo que desde esa perspectiva debe interpretarse y evaluarse cada delito cometido contra las mujeres y las medidas que las protegerán.
“Abre el margen de la interpretación y de protección, permite un espectro de protección y cobertura de los derechos para las mujeres que se tendría que aprovechar y explotar en los próximos años”, indicó.
VIOLENCIA FAMILIAR Y ABORTO
La violencia familiar es uno los delitos que necesita del estudio eficiente del personal ministerial, indicó la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros. La abogada explicó que el personal ministerial está obligado a analizar el contexto desde una perspectiva de género: tomar en cuenta antecedentes de violencia, ubicación del domicilio y encontrar situaciones de riesgo.
De ser necesario la víctima puede solicitar como medida cautelar la prisión preventiva del acusado o los ministerios públicos lo pueden determinar con base en los elementos de prueba que acumulen, todo “con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias”, explicó Sara Mendiola.
El abogado Peña Rodríguez, agregó que estas nuevas adecuaciones del sistema, en el caso de las mujeres acusadas de interrumpir un embarazo pueden enfrentar un proceso en libertad ya que deberá revisarse si es necesaria la prisión preventiva, aunque la pena por el delito sigue siendo la misma.
A decir del abogado el personal ministerial no está capacitado para realizar las evaluaciones de riesgo”, aunque las versiones oficiales hablan de una la profesionalización y especialización del personal en materia de seguridad pública.
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
Otro elemento, es que a pesar de que ya se debería de contar a nivel nacional con la infraestructura para el funcionamiento del sistema, no se tienen los recursos mínimos para emitir y supervisar las medidas de seguridad para las víctimas.
“No existen aún pulseras de monitoreo para los acusados, o capacidad de vigilar las órdenes de restricción cuando se les otorga libertad condicional, y muchos de estos avisos restrictivos se dan en los casos de violencia familiar”, dijo Peña Rodríguez, quien ha litigado casos en el Sistema Interamericano de DH como “Campo Algodonero”.
Y da ejemplos, apenas el pasado 19 de julio, el gobierno federal creó la primera Unidad de Medidas Cautelares, área encargada de evaluar si las personas acusadas deben ser o no recluidas como medida preventiva de acuerdo a su “nivel de peligrosidad”.
LASTRE, PRÁCTICAS SEXISTAS
Ambos abogados coinciden que el funcionamiento del sistema depende de la eficacia de sus funcionarios, quienes, dijeron, actúan con las mismas prácticas sexistas y discriminatorias en las investigaciones y los juicios orales -una característica del nuevo sistema-.
El acceso a la justicia para las mujeres, asegura el abogado Peña, «lo obstaculizan los estereotipos de género y prejuicios.”, En ello concuerda, la directora de Propuesta Cívica, “el sistema no funciona por la deficiente actuación de los funcionarios”, mencionó.
Si se mantienen estas costumbres, concluyen los expertos, difícilmente se podrán emitir las medidas de seguridad necesarias para proteger su derecho a una vida libre de violencia.
17/HZM/MMAE
Sedatu paga sueldos atrasados a trabajadoras de Ciudad de las Mujeres de Tlapa
A una semana de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometiera a pagar los sueldos de cuatro meses atrasados a las trabajadoras de Ciudad de las Mujeres de Tlapa, en el estado de Guerrero, el Congreso de la Unión llamó a la dependencia a atender esta problemática.
Este 19 de julio la Comisión Permanente del Congreso llamó a la Sedatu a seguir atendiendo el caso y remitir un informe al Poder Legislativo; además exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos a este proyecto para el presupuesto del próximo año.
El pasado 30 de junio un grupo de 41 trabajadoras de Ciudad de las Mujeres se declaró en paro de labores y reanudó su trabajo hasta el 13 de julio luego de que una comitiva se reunió con la directora de Igualdad de Género de la Sedatu, María de los Ángeles Salazar, y llegó a un acuerdo para que se pagaran cuatro meses de sueldos atrasados.
Al respecto, esta semana se pronunció el Congreso federal a través de un punto de acuerdo donde informó que el proyecto, que inició operaciones en 2015, tuvo una inversión de 212 millones de pesos y es operado de manera coordinada por diversas dependencias del gobierno federal y estatal para atender a un aproximado de 200 mil mujeres (mixtecas y tlapanecas) de 19 municipios de la región de la Montaña.
Yuridia Sierra Mercenario, una de las trabajadoras que labora como traductora del mixteco al español, dijo en entrevista que la semana pasada se levantó el paro de labores porque la dependencia se comprometió a pagar los sueldos atrasados y ahora sólo esperan que los próximos meses reciban su salario de manera puntual.
Como parte de los compromisos la dependencia destituyó a la directora del proyecto, Nayeli Ávila Carrera, quien avaló el despido de la mitad del personal y el recorte del 50 por ciento del salario a las trabajadoras que conservaron su empleo, quienes además denunciaron que no contaban con prestaciones ni seguro médico.
Cabe mencionar que Ciudad de las Mujeres de Tlapa es un proyecto impulsado por el Gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo para cumplir con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en 2010 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual cometida por miembros del Ejército contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, hechos ocurridos en 2002.
17/AGM
Sala de Mayor Riesgo confirma sentencia en caso “Sepur Zarco”
La Sala de Mayor Riesgo confirmó la sentencia en contra del militar retirado Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, condenados por cometer abusos sexuales y esclavitud contra un grupo de mujeres mayas, caso conocido como “Sepur Zarco”.
Los abogados defensores presentaron una apelación especial en contra de la sentencia a más de 100 años de prisión, sin embargo la sala rechazó el recurso debido a motivos de forma y fondo, aseguró el Ministerio Público (MP) en un comunicado.
El 26 de febrero del pasado año el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Reyes Girón a 120 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato y deberes contra la humanidad, mientras que Valdez Asij fue condenado a 240 años de cárcel por desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
Durante el debate, la Fiscalía de Derechos Humanos logró establecer que ambos participaron en múltiples violaciones a mujeres mayas en el campamento militar Sepur Zarco ubicado en el departamento de Izabal, hechos que ocurrieron entre 1982 y 1983.
Las mujeres fueron víctimas de violencia sexual reiterada, esclavitud, discriminación, tratos denigrantes, la pérdida de bienes materiales y la desaparición y asesinato de sus esposos e hijos; las víctimas fueron obligadas por varios meses a cocinar, hacer tareas de limpieza y lavar la ropa de los militares, quienes constantemente las violaban.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó numerosos peritajes de expertos nacionales e internacionales, declaración de 11 víctimas sobrevivientes, así como otras pruebas documentales y científicas.
Una de las víctimas declaró ante el tribunal que en 1982 ella junto a su esposo y dos hijos menores de edad fueron sacados a la fuerza de su vivienda, la cual fue incendiada junto con sus pertenencias, y trasladados al destacamento militar; la víctima fue violada frente a un comisionado militar de nombre Juan Sam, por lo cual resultó embarazada; la mujer perdió al bebé debido a las pesadas tareas que los militares le obligaban a cumplir.
Otra de las sobrevivientes declaró que una noche los soldados llegaron a su residencia e ingresaron de forma violenta, llevándose a su esposo e hijo, éste último sobrevivió a los hechos; ese día los militares la violaron junto a sus dos hijas y posteriormente la obligaron a salir de su casa.
17/RED
El mayor riesgo del Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría que niega la veracidad de los testimonios de las niñas y niños que dicen ser maltratados o abusados sexualmente por uno de sus progenitores, es utilizarlo como una prueba pericial definitiva para desechar las denuncias de los menores de edad.
En opinión de Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririki Intervención Social, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, el mayor peligro de reconocer la Alienación Parental es que los jueces piden que se aplique un “check list” para detectar un “síndrome” en vez de investigar y sancionar un delito de violencia o violación sexual.
Actualmente 17 estados de la República mexicana reconocen el SAP en su legislación civil; sin embargo, Ramírez Hernández asegura en entrevista que la Alienación Parental no es un síndrome reconocido por ninguna institución médica, psicológica o psiquiátrica de prestigio y pese a ello las y los jueces lo valoran a partir de indicadores.
La experta en infancia explica que la niñez queda en medio de las demandas familiares por divorcio o custodia de las hijas e hijos. «En esas circunstancias, en diferentes niveles, suceden cuestiones de manipuleo, chantajes, donde los niños quedan atrapados. Hay un acuerdo de todo mundo de que eso existe y no debería existir y es importante, en esa lógica, que el Estado tenga los elementos suficientes para que estos niños no queden atrapados en eso”.
El problema, asegura, no es reconocer estos hechos sino intervenir con base en un “mal llamado síndrome” que además de ser rechazado por todos los grandes colectivos de psicólogos a nivel mundial y de no contar con sustento científico dice que cuando las niñas y niños son manipulados para mentir hay que obligarlos a convivir con el supuesto agresor para que restablezcan su relación con él o ella.
En la Ciudad de México la Alienación Parental está vigente en el Código Civil local desde mayo de 2014 pero desde meses antes el Tribunal Superior de Justicia capitalino era una de las principales instituciones promotoras del uso de este concepto en los juicios familiares.
Uno de los personajes que se convirtió en portavoz de esta teoría fue Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la capital durante nueve años, y quien en 2012 declaró que a pesar de que era un tema poco estudiado en México, los juzgadores harían vanguardia al respecto.
El resultado más extremo de la aplicación del SAP fue el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que el pasado 7 de junio al parecer se quitó la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió). El hecho ocurrió después de que juezas del Tribunal Superior de Justicia determinaron que mintió cuando denunció a su ex pareja por violar sexualmente a dos de sus tres hijos.
En el caso de Mireya las juezas aseguraron que se “diagnosticó” que los menores de edad y la madre tenían el SAP y por tanto mintieron durante siete años porque el padre no cometió ningún delito.
Ramírez Hernández destaca que utilizar la Alienación Parental como una prueba pericial definitiva puede provocar que en algunas ocasiones las niñas y niños sean devueltos, sean puestos en custodia o tengan contacto con su abusador o sus abusadores porque uno de los argumentos de esta teoría es que, en general, las madres “programan” a sus hijas e hijos para acusar a sus padres.
Con el SAP, continua, se desacredita la escucha, la palabra de las niñas y niños, “estas acreditante la pruebas que no es científica que no es de diagnóstico judicial, lo que puedes estar provocando es que en muchos casos los niños sean obligados a estar con el progenitor que les ha violentado, no nada más sexualmente sino en términos de violencia física o psicológica”.
A pesar de ello, de acuerdo con el libro “Alienación Parental”, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2011, hay ocho indicadores para diagnosticar el SAP aunque reconoce que para determinar si existe o no sería necesario incluir evidencia científica –no manipulable– que demuestre el daño.
Incluso en 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura de la capital emitió el acuerdo 33-36/2015 para formalizar la creación del Departamento de Alienación Parental que contaría con una jefatura, una secretaría y cuatro psicólogos para diagnosticar este “síndrome”.
El Código Civil local dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. Esta norma fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos de la capital ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en espera de resolverse.
17/AGM/
En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
La necesidad de crear un programa especializado para resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como es su responsabilidad.
El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.
Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.
“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.
Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.
EL PROGRAMA
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.
El último punto es la terapia psicológica, que también pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al domicilio de la víctima.
“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.
Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento se investigó como feminicidio (613 en total).
17/HZM
Son las 2 de la madrugada del lunes 5 de junio. El teléfono de la familia Cortés Santiago suena. -¿Bueno?- contesta Benito Cortés, padre de Belén, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril de este año. Se oye una voz que le dice “¿papá? Soy Belén”.
Incrédulo y aún adormilado por la hora él responde -Tú no eres Belén-, pero la voz al otro lado de la bocina insiste -¡Sí!, ¡cómo no voy a ser yo!
Benito Cortés reacciona y le pregunta -¿Dónde estás? Belén responde -No puedo decirles dónde -y rectifica inmediatamente- no quiero decirles dónde estoy, pero les envío un video que me tomaron los… Benito la interrumpe- ¡Todos te queremos, te queremos ver, ven a la casa, te extrañamos! Ella responde: -Estoy bien no se preocupen-.
La llamada dura 33 minutos, Belén pregunta insistente sobre su hermana menor de 12 años de edad y pide que la cuiden mucho. Ésta es la primera y única ocasión, desde su desaparición, en que la familia de Belén ha podido hablar con ella.
“Se escuchaba extraña, ella no habla así y ¿por qué llamó a esa hora? ¿por qué dijo que gente de CAPEA fue a buscarla si ellos me dijeron que ya habían cerrado la carpeta de investigación?”, externó preocupada a Cimacnoticias la mamá de Belén, Leticia Santiago.
Dos días después de la llamada, el 7 de junio, familiares de Belén fueron citados en las oficinas del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, y acudieron acompañados de la académica de la UACM, Samantha Zaragoza.
En un cuarto con paredes amarillas y desgastadas se sentaron con el director general de Atención a Víctimas del Delito, Carlos Rodríguez Sánchez; con el director del CAPEA, José Antonio Ferrer y la subdirectora Psicosocial del Centro, Susana Méndez Cedillo.
“Belén se acercó y nos pidió que por favor les transmitiéramos este video porque sabía de la inquietud que tenían ustedes de no haberla visto y con la intención de tranquilizarlos”, afirmaron Antonio Ferrer y Carlos Rodríguez antes de proyectar en la pared el primer video.
VIDEOS
En un video de tres minutos se observa a Belén sosteniendo el periódico Reforma con fecha del lunes 5 de junio y su credencial de elector, la misma que el personal del CAPEA omitió pedir a Belén cuando la localizó y ella dio su declaración. Lleva puesta una sudadera gris con líneas horizontales blancas y letras rojas. Una media cola recoge su cabello ondulado que ahora es negro y no rojo como cuando desapareció. Es de noche. Está de pie frente a una pared de tabiques grises y en lo que parece ser un jardín porque hay pasto y tierra.
El video continúa. Belén saluda: “este video es para decirles que estoy bien, me encuentro muy bien”. Mira al piso, alarga las palabras y aprieta sus labios antes de explicar que no quiso informarles en donde estaba.
Belén continúa: “Hoy me vienen a ver y me dicen que siguen las marchas y muchas cosas más que están haciendo y, pues, yo no sabía nada de esto, pero quiero decirles que me encuentro muy bien”, menciona nerviosa.
Belén Montserrat Cortés Santiago desapareció el 29 de abril cuando tenía 19 años, hoy tiene 20. Ese día salió a trabajar vendiendo pastes en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, pero no regreso a casa. Luego de las exigencias que la comunidad universitaria hizo para agilizar la búsqueda la PGJDF anunció su localización el 25 de mayo y aseguró que ella no quería ver a su familia.
En el video, al que esta agencia tuvo acceso, se observa que Belén voltea a ver a quienes la están grabando: “Me encuentro –hace una pausa de dos segundos- en un lugar muy bonito, con personas muy gentiles que empiezo a apreciar y estoy muy bien de salud, estoy aquí por mi propia voluntad”. Agradece a su familia el interés por buscarla.
Esforzándose por no llorar, manda saludos a su hermana menor y enfatiza “cuídenla mucho, protéjanla”.
También menciona: “Espero que estén tranquilos con este video, los quiero mucho, familia, gracias por todo”. Apenas termina la frase comienza a llorar, asiente con la cabeza, se cubre el rostro con el periódico y el video finaliza.
Al terminar la proyección y durante la reunión, el papá de Belén, Benito Cortés les dice a los de CAPEA con un tono incrédulo: “ella no está bien, su labio inferior está hinchado y se ve triste”.
Leticia Santiago, su madre, afirma categórica: “Estaba nerviosa, no dejaba de mover sus manos, de morder sus labios, no veía a la cámara y volteaba a ver siempre a los del CAPEA, a los que grabaron los videos, como si les preguntara ‘¿está bien lo que dije?’ como si la estuvieran obligando a decir lo que ellos querían”.
Cuando terminaron de ver el video, molestos, sus padres y sus hermanos insistieron en que eso no probaba que ella estuviera bien, por lo que, serios, Antonio Ferrer, Carlos Rodríguez y la directora general de Derechos Humanos de la PGJDF, Eunice Beatriz Castañeda junto con el subdirector Jurídico del CAPEA, Magdaleno Montes de Oca, también presentes en la reunión, insistieron en mostrarles un segundo video, que contiene la grabación de la llamada de la madrugada del 5 de junio.
“Se los mostramos para que vean el desenvolvimiento de Belén en la plática que tuvo con ustedes”, recalcó Antonio Ferrer e inició la proyección de un video de aproximadamente 35 minutos.
En él, Belén aparece parada en el mismo lugar que en el video anterior momentos antes de llamar a su familia. Acaricia sus brazos para darse calor, parece que tiene frío. La subdirectora Psicosocial del CAPEA, Susana Méndez, se acerca con la joven y le presta su celular. En altavoz marca a un número que nadie contesta. “Han de estar bien dormidos”, menciona Belén y pide llamar a su casa.
La subdirectora le pide que dicte el teléfono, la marcación es incorrecta, esto provoca la risa de Susana Méndez, Belén la observa y sonríe nerviosa, como si no entendiera por qué ríe. Están en otra entidad. La funcionaria marca en su celular la lada y el número de la Ciudad de México.
Detrás de la cámara, Ferrer, el director del CAPEA, se dirige a Belén: “Puedes pedir hablar con tu mamá o con quien te conteste”- “O con quien tú quieras”-interrumpe Susana Méndez. Antes de que contesten, Ferrer agrega: “Diles que les mandas un video, para que vean que estás bien y se calmen”.
Belén habla con su papá, su mamá y uno de sus hermanos. Al fondo, se escuchan ladridos de perros y gallos que cantan. Aún sin preguntarle, ella afirma que se fue por su propia voluntad y repite varias veces “estoy bien, me encuentro bien”.
Cuando César Cortés, su hermano, le preguntó por qué llamó a esa hora Belén respondió: “porque a esta hora me vinieron a ver” y contó que el día que despareció le robaron su celular en el local donde trabajaba. En más de cuatro ocasiones insistió “cuiden mucho a mi hermanita”.
Al terminar el video la familia de Belén cuestionó a Juan Antonio Ferrer y Susana Méndez Cedillo qué hacían ahí y por qué la habían buscado a las dos de la madrugada.
Sobre la hora, el director del CAPEA aseguró: “nosotros teníamos que ajustarnos a las horas donde la podíamos ver”. Más adelante y, con un tono engreído, como si estuviera cansado de responder a esa pregunta mencionó: “fue a esa hora porque ella lo pidió así”.
En el video se observa que Belén no conocía a las personas que acudieron a buscarla. Cuando su hermano César le preguntó de dónde llamó ella respondió: “Hablo del celular de una –hace una pausa y voltea a ver en dirección de la cámara – ¿qué es usted?”, se escucha que Susana Méndez ríe y le responde “de una persona de CAPEA”, Belén repite esa respuesta.
Las contradicciones continuaron. Los familiares de Belén confrontaron al personal del CAPEA por las incongruencias. “El problema está en lo que dicen, primero comentan que Belén los buscó a ustedes y ella claramente afirma que fue al revés”, expresó molesto, Víctor Cortés Santiago, el hermano mayor de Belén.
Antonio Ferrer argumentó: “La buscamos porque ustedes manifestaron que querían ver a su hija, querían saber que estaba bien y que sí contaba con su credencial de elector, por eso, a pesar de que ya cerramos la carpeta de investigación, le compartimos a Belén su inquietud y quisimos darles algún elemento visual para que estuvieran más tranquilos”.
Susana Méndez señaló: “Buscar a Belén no fue una diligencia de la carpeta es más bien ‘un acto’ de parte de la procuraduría sabiendo que Belén tiene nuestra confianza –corrigió de inmediato- más bien, ella confía en nosotros. Lo que afirmó también el director general de Atención a Víctimas del Delito.
Al terminar la reunión, la familia solicitó, mediante un escrito, el acceso completo a la carpeta de investigación. Días después, en entrevista con Cimacnoticias, el hermano de Belén, César Cortés Santiago, dijo que ésta se les entregó, pero les fueron negados los videos con el argumento de que no pertenecen a la investigación.
La abogada de la familia, Karla Micheel Salas, explicó en entrevista con Cimacnoticias que la decisión del cierre de carpeta no es definitiva hasta que la PGJDF les entregue un documento oficial que lo acredite. Por lo que, luego de analizar la carpeta, pueden impugnar la decisión ante un juez de control.
Después de la reunión de casi dos horas, Benito Cortés fue firme y claro con los funcionarios: “No les creemos. No le enseñé a mi hija a hablarnos así, por videos, si estuviera bien nos buscaría y lo diría en persona”.
“Vamos a estar tranquilos hasta que volvamos a ver en persona a Belén. No es normal que de la noche a la mañana dejara a sus amigos, su escuela y a su familia, todos la extrañamos y la queremos de vuelta”, aseguró Leticia Santiago.
Antes de dejar las instalaciones del CAPEA, Samantha Zaragoza, consternada, opinó que la actitud de los funcionarios y las constantes violaciones por parte de la PGJDF al Protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres extraviadas acrecientan las dudas.
“Su familia y la comunidad universitaria nos cuestionamos hoy más que nunca “¿Dónde, cómo y con quién estás, Belén?”, concluyó.
17/RED
La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.
A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso, “abonan a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
RESPUESTA DE LA CDHDF
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación. También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
17/MMAE