De junio de 2016 a mayo de 2017, aumentaron las agresiones a defensoras de Derechos Humanos en el país, esto pese a que el gobierno mexicano está suscrito a instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que lo obligan a garantizar el bienestar de las mujeres.
Esta semana la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), el Comité Cerezo México e integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada presentaron su informe “Defender los Derechos Humanos en México: La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado”.
En él informaron de 29 casos donde defensoras fueron víctimas de actos violatorios de sus Derechos Humanos, fueron menos que el año pasado (44), pero incrementaron agresiones como las detenciones arbitrarias en su contra.
En el informe hecho con datos de organizaciones de diferentes entidades del país encargadas de documentar y acompañar casos de agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos donde el responsable fue el Estado mexicano por comisión, omisión o consentimiento, se indica que en 47 por ciento de los casos no fue posible registrar el sexo de las personas agredidas, pero con las cifras que se tiene se sabe que las mujeres representaron 21 por ciento de las agresiones totales documentadas.
Los actos violatorios más frecuentes hacia las personas defensoras fueron las agresiones, hostigamiento y discriminación traducidas principalmente en el desalojo, disparos con arma de fuego y golpes.
En el periodo del informe se registraron 579 actos violatorios de los Derechos Humanos (entre los que se encuentran golpes y detenciones arbitrarias), pero en general desde 2011 a lo que va de 2017 se incrementaron 493 por ciento.
DETENCIONES ARBITRARIAS
En el último año también aumentó el número de mujeres privadas de su libertad arbitrariamente, pasaron de 35 -que representaron ocho por ciento del total de personas detenidas-, a 199 mujeres, es decir 25 por ciento del total.
Para las organizaciones a cargo del registro, el aumento en los casos de privación de la libertad se debe, principalmente, “a la participación generalizada de la población en las protestas del ‘gasolinazo’ y a las detenciones arbitrarias masivas dirigidas contra miembros de las normales rurales femeniles”.
Las entidades donde se registraron más casos de mujeres privadas de su libertad fueron Chiapas –con más de 92- seguido por Michoacán con más de 50, así como la Ciudad de México, Baja California y Oaxaca.
Otras agresiones contra los derechos de las defensoras que aumentaron fueron las ejecuciones extrajudiciales. En el periodo del informe se registraron tres de defensoras en Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, estos representaron cinco por ciento del total.
El número aumentó en comparación con los dos informes anteriores en los que hubo dos ejecuciones arbitrarias por año.
ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO
Las organizaciones destacaron que el miedo es un mecanismo de control social que el Estado mexicano usa para “lograr la parálisis social” y así evitar que las personas defensoras sigan ejerciendo.
Por ello, destacó que las personas defensoras víctimas de agresiones en algunos casos requieren acompañamiento psicosocial y ser valoradas psiquiátricamente para “generar mecanismos de afrontamiento positivos que refuercen sus convicciones”.
El registro de las defensoras que recibieron acompañamiento psicológico tras ser violentadas por su labor evidencia que fueron en su mayoría mujeres de entre 20 y 29 años -34 por ciento-; siguieron las del grupo de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, ambas representaron respectivamente 24 por ciento de los casos, mientras que el grupo de menor porcentaje fueron las defensoras de 50 a 59 años con 20 por ciento de las atenciones.
En 88 por ciento de los casos cuando las mujeres fueron violentadas defendían Derechos Humanos agrupadas en organizaciones o colectivos. Esto concuerda con la conclusión que consta en el informe donde se expone que en el último año la “estrategia de represión política” del estado mexicano ha consistido en aumentar los actos que afectan a comunidades y organizaciones.
Tan solo en este periodo el número de organizaciones agredidas pasó de 48 -de junio de 2015 a mayo de 2016- a 66 y aumentó el número de comunidades afectadas en comparación con el año anterior, pasaron de 15 a 141.
ACUDDEH y el Comité Cerezo concluyeron que “la represión política se ha vuelto más masiva” y en este año respondió principalmente a las acciones de comunidades inconformes con distintas políticas de Estado como la reforma educativa y la reforma energética, afirmaron las organizaciones.
17/MMAE
agosto 2017
Mecanismo de Protección repone botón de pánico a hijo de Irinea Buendía
Luego de las amenazas y golpes contra el hijo de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el Estado de México, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó que no puede investigar a los responsables que lo hirieron porque no está dentro de sus facultades.
Irinea Buendía, pidió la reunión con integrantes del Mecanismo para solicitarles que investigaran las agresiones contra su hijo Aurelio Buendía ocurridas el pasado 12 de agosto. En entrevista telefónica con Cimacnoticias informó que el día de ayer la recibieron y tras explicarle que no era facultad del Mecanismo investigar este tipo de hechos, lo que sí hicieron fue reponer el botón de pánico que le fue robado a su hijo el día de la agresión.
También informó que solicitó otra reunión con el Fiscal General de Justicia del Edomex, Alejandro Jaime Gómez, y la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya Samantha García Espinoza de Los Montes, sin que hasta ahora haya tenido alguna respuesta.
La defensora mexiquense dijo que golpearon a su hijo hasta dejarlo inconsciente (causándole cuatro heridas en la cabeza) y le advirtieron de desistir del juicio en contra del feminicida de Mariana Lima, el comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, Julio César Hernández Ballinas.
Tras los hechos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) quien acompañó el caso, pidió en un comunicado la intervención del Mecanismo toda vez que consideró, el ataque se dio porque el asesino de la hija de Irinea fue trasladado hace dos meses al Centro Penitenciario Neza-Bordo en el Edomex.
Irinea logró, apoyada del OCNF que el caso de su hija Mariana Lima, asesinada el 28 de junio de 2010 por su entonces esposo Hernández Ballinas, llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien en un fallo histórico (en la sentencia 554/2013) ordenó reabrir el caso -que se determinó fue suicidio- e investigarlo como feminicidio, asimismo obligó que todo asesinato violento de una mujer en México se tendría que investigar con perspectiva de género.
La búsqueda de justicia de Irinea hizo que el Mecanismo de la Segob le otorgara medidas de protección a ella y a su familia desde hace 5 años. Sin embargo, nada ha sido suficiente para mantenerla a salvo, por lo cual la defensora responsabilizó a esta instancia de cualquier incidente que pueda ocurrirle a ella o a su familia.
17/HZM
Los acontecimientos que la semana pasada se ventilaron masivamente en diversos medios y redes sociales en Hermosillo, dejan al descubierto la plena vigencia de la agenda feminista. Las demandas básicas han quedado plenamente integradas a la vida cotidiana y a los reclamos sociales de las mujeres.
No a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades; derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas; y por el derecho a la diversidad, fueron enarbolados en los distintos casos.
Así lo pudimos observar cuando un grupo de estudiantes universitarias ya desesperadas por haber pasado un año desde que denunciaron actos de hostigamiento sexual por parte de varios maestros, no habían obtenido respuesta.
A pesar de que su forma de visibilizar la problemática fue instalar el llamado “tendedero del acoso sexual”, con cartulinas colgadas de una cuerda en donde se plasman las frases devastadoras, algunas proferidas por docentes, en realidad lo que ellos han cometido es hostigamiento sexual.
El hostigamiento sexual es una figura jurídica y se encuentra incluida en el Código penal federal. Pero es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) la que hizo la distinción entre acoso y hostigamiento sexual.
El primero se refiere a la violencia sexual infligida por los pares o iguales, como pueden ser compañeros de escuela, de trabajo y similares. Por su parte el hostigamiento sexual se comete de un superior jerárquico hacia la víctima subordinada.
“El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.
“El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. (Art. 13 LGAMVLV).
Los principales bienes dañados con el hostigamiento y acoso sexual son la integridad física, psíquica y moral, así como la libertad sexual.
Para las manifestantes, fue un caso en particular el más indignante por la cantidad de testimonios recabados y las evidencias con que se cuenta, sin embargo el maestro apareció de nuevo programado para impartir clases el presente semestre.
El tendedero va más allá de formular un “acosario”, con frases que han escuchado quienes lo prepararon, pero también de otras estudiantes que fueron incluyéndose para aportar las experiencias de violencias a las que han estado expuestas y de las que tienen un testimonio como destinatarias por maestros que han conocido a lo largo de sus carreras.
El otro caso que habla de la vigencia de la agenda feminista es el de Darío, un joven transgénero que había puesto en receso sus estudios de Derecho, cuando decidió transformar su físico de mujer a hombre.
Este semestre decidió reanudar la carrera, ya con su nueva identidad, formalizada en la Ciudad de México. Hasta este día, su nombre no ha sido corregido en las listas por lo que sigue apareciendo en la clase con su nombre anterior.
Darío fue una mujer que decidió sobre su cuerpo y pudo lograr ser lo que ahora es. Es una de las pocas mujeres que no sintiendo una afinidad con el físico natural, decidió y logró transformarlo para emprender una vida congruente con su ser.
Su rectificación de documentos está en trámite; mientras, asiste a clase sin decir presente cuando lo nombran de acuerdo a su acta anterior.
Y el tercer acontecimiento que se ha reivindicado por décadas y no quedó otra que aceptarlo como un hecho noticioso fue el acto de discriminación cometido en un restaurante local contra una pareja de mujeres lesbianas.
El pretexto fue que las caricias estaban “subidas de tono”, sin especificar el significado. El supuesto ambiente “familiar” no era el “adecuado” para esos actos, según el mesero que se los comunicó.
Posteriormente y ante la denuncia pública que hiciera en redes sociales una de las integrantes de la pareja, el propio restaurante emitió un comunicado que intentando disculparse, solo reforzó lo que su empleado comunicó a las comensales.
La diversidad sexual es un elemento de la sociedad misma. No se trata de que haya una “nueva” sociedad o época.
La reivindicación tiene décadas, pero es hasta hoy que las leyes, basadas en las reformas que reconocen los Derechos Humanos de todas y todos, son utilizadas por quienes además las han hecho parte de su vida como lo es esta pareja.
Con los tres casos que brotaron la misma semana, que fueron mediáticos y nada los pudo eclipsar, no podemos más que reiterar que la agenda del movimiento feminista avanzó, sigue caminando, y sobre todo, que sigue siendo congruente con el respeto a los derechos y libertades de todas las personas.
Deseamos que el hostigamiento y acoso sexual se terminen en las universidades y en todos los ámbitos. Que las personas transgénero puedan vivir como han decidido hacerlo. Y que las parejas integradas de acuerdo a su decisión, sean aceptadas tanto y en igualdad como quisiéramos que nos aceptaran a todas las personas.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
17/SN
Los abogados de la niña de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, víctima de feminicidio, exigieron al subprocurador de justicia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Pablo Alvarado Silva, iniciar una investigación en contra de los funcionarios del Poder Judicial local quienes extraviaron las evidencias para poder procesar al feminicida de la niña, el exmilitar Filiberto Hernández Martínez.
Adriana Martínez es una de las 4 niñas y una adulta asesinadas por Filiberto Hernández entre 2010 y 2014 en la municipio de Tamuín, quien se encuentra aún después de tres años de haber sido detenido sin sentencia en una prisión de máxima seguridad en la entidad de Durango.
El coadyuvante del caso e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh), David Peña Rodríguez, informó a Cimacnoticias que el pasado 24 de agosto sostuvieron una junta con el subprocurador de Ciudad Valles donde también se les informó que la Procuraduría General de Justicia local no sabe dónde están el total de 32 pruebas (de los 5 casos) que tenía bajo su resguardo.
El abogado y especialista en feminicidio, explicó en entrevista que esto podría ser un retroceso grave para poder vincular a proceso al feminicida por los casos que están en investigación, el de Adriana Campuzano y el de la niña de 15 años de edad Rosa María Sánchez –del que en febrero de este año se logró corroborar su identidad a partir de 7 huesos– pues si no existen pruebas no se podrá inculparlo, con lo que quedaría absuelto de estos asesinatos.
En tanto, los casos por los que también es juzgado, de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad se mantienen en espera de sentencia.
PIDEN INVESTIGAR A JUEZ POR CASO ADRIANA
La familia de Adriana Campuzano la reportó como desaparecida el 24 de mayo de 2011 luego de que no regresara de la escuela. Un mes después, su cuerpo fue hallado en un terreno de siembra en Cañaveral de Puntilla, pero fue hasta 2014 cuando el exmilitar fue detenido por portar un arma de fuego exclusiva del Ejército y confesó ser responsable de los 5 casos de feminicidio y haber abandonado los cuerpos en el mismo lugar.
A pesar de que Filiberto Hernández narró cómo conoció y asesinó a las niñas, en ese momento el juez de la Quinta Sala Penal determinó que no existían “pruebas suficientes” para continuar con el proceso del feminicidio de Adriana Campuzano. Ante la resolución, la familia interpuso un amparo que ganó en enero de 2017 y el caso se volvió a abrir.
Sin embargo, en mayo de este año el encargado del Poder Judicial del resguardo de la evidencia para vincular a proceso al exmilitar por el caso de Adriana, el Juez Segundo de lo Familiar y de lo Penal, Santiago Herrera Urbina, informó que no contaba con las cinco pruebas que le fueron entregadas (entre ellos estaban cabellos de la niña y ropa) únicamente reportó una colchoneta a la que no se le pudo realizar el peritaje porque no se resguardo de forma correcta.
Por todo ello, el Gadh exigió en la reunión a Pablo Alvarado que investigue al Juez por la pérdida del material probatorio y obstrucción a la justicia, además de las autoridades que resulten responsables, indicó David Peña.
HALLAN MÁS RESTOS
En 2014 cuando fueron localizados los siete huesos de la menor de edad Rosa María Sánchez en Cañaveral de Puntilla, también se encontraron restos de otra persona, después de tres años de ese suceso recientemente se logró constatar que pertenecen a un hombre, afirmó el también litigante del caso “Campo Algodonero”.
Peña Rodríguez informó que esta situación -también reportada en la reunión- podría significar que esta zona ubicada entre Tamuín y Ciudad Valles no sólo fue un territorio que utilizó Filiberto Hernández para enterrar los cuerpos de las mujeres, hay indicios que de que también existan otras víctimas.
Por ello los integrantes del Gadh pidieron a las autoridades que inicien con un examen de perfil genético para reconocer la identidad de este hombre.
17/HZM
“La niña de Neza” trabajo galardonado con el premio Rostros de la Discriminación
Con la exigencia de justicia para los casos de las y los periodistas asesinados y desaparecidos, colegas del gremio de diversos medios recibieron la tarde de ayer el “Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo”, del que Cimacnoticias obtuvo el tercer lugar en la categoría de fotografía con el trabajo “La niña de Neza” del fotoperiodista César Martínez López.
Durante la XIII edición realizada en el Club de Periodistas, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, reconoció la labor de las y los periodistas quienes a través de su profesión, ayudan a exhibir la discriminación.
Agregó que los trabajos muestran los obstáculos que la mayoría de la población continúa teniendo para ejercer sus derechos y lamentó que la discriminación siga siendo un tema arraigado en la cultura mexicana.
Para esta edición se recibieron 249 trabajos, 85 por ciento más que en 2016, y participaron periodistas de 12 entidades federativas en las categorías de texto periodístico, fotografía, radio y multimedia.
Los temas galardonados fueron desaparición forzada, feminicidio, violencia sexual, trabajadoras del hogar, migración, comunidad trans, personas en situación de calle y afrodescendientes.
Las personas ganadoras en la XIII edición del Premio Rostros de la Discriminación fueron en la categoría de texto: Francisco Javier Rodríguez Lozano, con el trabajo “Soy la durangueña y no soy delincuente”, publicado en Vanguardia, en Coahuila de Zaragoza.
Guillermo Rivera Vázquez, con el trabajo “Morir en los pantanos del MP”, publicado en Newsweek en español. Surya Ismena Palacios Rodríguez, con “Legado Africano”, publicado en la Revista Cambio.
En la categoría de Fotografía César Martínez López, con el trabajo “La niña de Neza”, publicado en Cimacnoticias; Luis Felipe Cortés Zuzunaga, con “La muerte del rarámuri ecologista” y
Eduardo Loza Vázquez, con “Circo, maroma y clase”, publicado en La Capital.
LA NIÑA DE NEZA
En un lote baldío de la colonia Las Virgencitas, en el Estado de México, fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de 5 años de edad, el sábado 18 de marzo de este año.
Como no fue reconocida, permaneció varios días en el Semefo de Tlalnepantla y después sería trasladada a la fosa común, por lo que organizaciones civiles y vecinas de la colonia donde fue hallada se pronunciaron para exigir que no fuera llevada a la fosa y se les informara si lograban la identificación, así como que fuera llevada a un panteón.
Vecinas de la colonia hicieron un altar para la niña, donde colocaron flores, veladoras, muñecos de peluche para recordar la violencia que no cesa en la entidad y que ahora cobra la vida de niñas.
OTRAS CATEGORÍAS
En radio, Lucano Romero Cárcamo, con el trabajo “Tito”, transmitido en XHFJ Radio Teziutlán 95.1 FM, en Puebla; Mariana Martínez Estens, con “Haitianos en Tijuana”, en Así como suena, en Baja California; Raúl Silva De la Mora, con “Cantos desde el Guamúchil-Rosa Salazar”, transmitido por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en Morelos.
En Multimedia Valeria Nohemí Durán Villanueva, con “Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios”, publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, CONNECTAS, en alianza con Aristegui Noticias; Prometeo Jorge Rodríguez Lucero, con el trabajo “Sin refugio para las trans”, publicado y transmitido en Animal político, W Radio y Revista Factum de El Salvador y Viétnika Batres Guadarrama, con el trabajo “Violencia sexual en la UNAM, lo que no se ve no se ataca”, publicado en Emeequis en línea.
Se dieron tres menciones honoríficas en las categorías de:
fotografía para Alejandro Ariel Silva Zamora, con el trabajo “Desapariciones”, publicado en el periódico Portavoz, en Chiapas y en la categoría de texto a Claudia Ivonne Altamirano Amezcua, con “Trabajadoras del hogar, sin reconocimiento ni derechos en México”, publicado en Animal Político.
En la categoría de Radio Olivia Zerón Tena, tuvo mención honorífica con “Mujeres manos a la obra en el mundo de la construcción”, transmitido en Así como suena.
El Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 2017 fue co-convocado por el Conapred; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”; la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX); la Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación” de la Universidad de Guadalajara; el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Mexicano de la Radio; la Universidad Iberoamericana Santa Fe y El Colegio de la Frontera Norte.
17/LGL
Familia de Lesvy pide al Consejo Universitario pronunciarse por justicia
Familiares de Lesvy, hallada con signos de feminicidio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo, solicitaron al Consejo Universitario preservar el lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija “para dignifcar su memoria”, también pidieron a las autoridades universitarias se pronuncien por justicia en el caso y erradiquen la violencia de género en la UNAM.
El cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado con signos de violencia que acreditan un feminicidio –como la asfixia y golpes en el rostro- en una cabina telefónica en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en Ciudad Universitaria, sin embargo, la Procuraduría capitalina (PGJDF) afirma que se suicidó con el cable del teléfono, por lo que investiga a su novio y ex trabajador universitario, Jorge Luis González Hernández por homicidio por no impedirlo.
Hoy, durante la segunda de las tres sesiones anuales del Consejo Universitario -máximo órgano de la universidad liderado por el rector Enrique Graue e integrado por los directivos de las facultades, escuelas e institutos, por profesores y alumnos- la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, entregó una carta donde solicita que declaren el lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija “como un sitio para la preservación de la memoria” de la joven y las víctimas de feminicidio en México.
Con ello la familia Osorio Rivera busca que el sitio “recuerde a la comunidad el compromiso que tiene de erradicar la violencia de género y de que esto no vuelva a ocurrir”, explicó en entrevista la abogada del caso e integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román.
La abogada mencionó que la medida contrasta con las políticas implementadas por la UNAM para resolver los problemas de seguridad en sus inmediaciones: “No estamos de acuerdo con colocar más rejas y cámaras, son medidas restrictivas de derechos y libertades, por eso el sitio de memoria puede prevenir que un feminicidio vuelva a cometerse dentro de la UNAM porque al recordar lo que pasó compromete a la comunidad universitaria a realizar acciones que erradiquen la violencia contra las mujeres”.
Araceli Osorio pidió que las autoridades universitarias realicen un acto público donde reconozcan a la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH) e integrante de la estudiantina femenil de la UNAM como integrante de la comunidad, esto “como medida de reparación del daño a la dignidad de mi hija, de sus familiares y de la comunidad universitaria”, expuso en el escrito.
La mamá de Lesvy, quien trabaja en la Secretaría de Cultura y Educación del Sindicato de Trabajadores de la universidad (STUNAM) también pidió que la UNAM se pronuncie porque el feminicidio de la joven se esclarezca y se investigue como tal desde la perspectiva de género, cosa que la PGJDF no ha hecho; además, pidió que se pronuncien por la erradicación de la violencia de género en la UNAM.
Antes de iniciar la sesión del Consejo Universitario en el Palacio de la Escuela de Medicina Araceli Osorio entregó al secretario Auxiliar de la Coordinación de Vinculación del Consejo Universitario, Rodrigo Raúl Romero Padilla, 304 copias firmadas por ella para que éste las reparta a cada integrante del Consejo y el caso pueda discutirse.
DILACIÓN DE LA UNAM
En el escrito Araceli Osorio también destaca la omisión de la UNAM en preservar el lugar donde fue encontrada Lesvy ya que era parte de una escena del crimen. Externó que el lugar fue modificado durante el periodo vacacional, “se colocó un nuevo cable y auricular en la caseta telefónica donde el feminicida privó de la vida a mi hija”, señaló.
Esto ocurrió aun cuando la familia Osorio Rivera solicitó el 5 de julio al Rector Enrique Graue, mediante un escrito, preservar el lugar para evitar la pérdida, destrucción o alteración de los elementos que permanecían, incluso recalcaron esta petición a la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, durante la última reunión que tuvieron en su oficina y efectuada también en julio.
Fue hasta ayer por la noche, casi dos meses después, cuando la universidad respondió su solicitud mediante un escrito donde la Oficina de la Abogada General afirmó que la Universidad no tiene planes para modificar el lugar, dijo la abogada Herrera Román, “pero no asumen que el lugar ya fue modificado”.
Aunque el grupo de expertas en equidad de género que la UNAM propuso para vigilar el caso ya se pronunció en dos ocasiones para que el caso se investigue con perspectiva de género, la familia de Lesvy y su defensa legal esperan un pronunciamiento oficial por parte del rector, quien desde entonces ha guardado silencio.
Herrera Román confía en que el caso de Lesvy, y en general la violencia de género en la UNAM, se aborde durante la sesión del Consejo Universitario, esto porque al menos una de las integrantes del grupo de expertas, Leticia Cano Soriano, forma parte del Consejo como titular de la Comisión Especial de Equidad de Género.
17/MMAE
Martha es una mujer de 30 años, se enteró apenas hace unos meses que vive con VIH cuando su bebé de dos años se puso grave y tuvo que ser internado. Martha, al igual que en su embarazo previo, acudió a todas sus consultas de atención prenatal, fue a un hospital de segundo nivel para atender su parto, amamantó a su bebé y siguió todas las indicaciones que su médico le dio. Sin embargo, lo que su médico nunca le dijo es que era importante realizarse la prueba de detección de VIH durante el embarazo para garantizar un adecuado estado de salud y en caso de vivir con VIH prevenir la transmisión a su bebé.
A lo largo de más de 30 años de la epidemia de VIH en México se han registrado 3 mil 697 casos de VIH y sida por transmisión perinatal, es decir, que sucedieron en algún momento del embarazo, el parto o la lactancia.
Mientras desde el 2015 algunos países del mundo han empezado a eliminar la transmisión perinatal del VIH, en México desde el 2015 se han registrado 174 casos de bebés que nacieron con VIH o sida. La existencia de estos casos es un reflejo de las fallas de coordinación que existen entre las redes de servicios de salud.
De acuerdo con el Registro Nacional de Casos de sida, sólo durante el 2016 se registraron 92 casos de transmisión vertical, 85 por ciento en la Secretaría de Salud. Este hecho resulta preocupante, sobre todo tomando en cuenta que nuestro país cuenta con los lineamientos técnicos más actualizados para la prevención de la transmisión perinatal. Éstos incluyen la oferta de la prueba al 100 por ciento de mujeres embarazadas, el acceso a los medicamentos antirretrovirales durante el embarazo, la cesárea electiva, así como la posibilidad de parto vaginal para las mujeres con VIH con el virus controlado (carga viral menor a 1,000 copias), y la sustitución de la lactancia materna para las mujeres con VIH.
Dentro de los documentos de política pública el gobierno ha manifestado el compromiso con la prevención de la transmisión perinatal del VIH, haciendo de este tema uno de los objetivos estratégicos del Programa Sectorial de Salud vigente. La oferta de la prueba de VIH a las mujeres embarazadas ha sido la única acción institucional de prevención del VIH en las mujeres y es justo esta acción el eslabón más débil en la cadena de prevención perinatal.
Así lo demuestra la baja cobertura de aplicación de la prueba a las mujeres embarazadas pues de los 2 millones de embarazadas que existen cada año, sólo 67.5 por ciento se hizo la prueba de VIH, lo cual quiere decir que casi 700,000 mujeres perdieron la oportunidad de saber que viven con VIH y prevenir la transmisión a su bebé.
Esta situación es escandalosa en un país donde 91 por ciento de las mujeres asiste al control prenatal, 88 por ciento de los nacimientos son atendidos por personal médico y donde el gobierno presume haber alcanzado el “acceso universal” a los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de VIH (DGIS, 2010; Gobierno de la República, 2005; Saavedra y Bravo, 2006).
Las políticas y los servicios de VIH y de salud reproductiva en México están estructural, funcional y financieramente separados. Cada tema se encuentra en el territorio de una dependencia que se hace cargo normativamente; el tema de VIH corresponde al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y sida, (Censida), mientras que la salud reproductiva, que incluye la salud materna y perinatal, está a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), ambos dependientes de la Secretaría de Salud Federal (Ss). La prevención de la transmisión vertical del VIH se encuentra en medio de esta división y son las mujeres embarazadas con VIH quienes enfrentan las consecuencias de la falta de coordinación entre ambas instituciones.
Como ya se comentaba el eslabón más débil en la cadena es la oferta de la prueba diagnóstica de VIH durante el embarazo, la cual corresponde a los servicios de primer y segundo nivel encargados de la atención prenatal como lo señala la Norma Oficial Mexicana para la atención del embarazo. La omisión de la oferta de la prueba durante el embarazo trae como consecuencias la mortalidad y morbilidad en las mujeres, sus hijas e hijos, además de graves consecuencias emocionales y económicas para las mujeres que sobreviven (Kendall, 2014).
La baja percepción de riesgo de VIH en las mujeres, por ellas mismas y por parte del personal de salud; así como problemas estructurales y de organización institucional no han favorecido la oferta de detección oportuna del VIH a toda mujer embarazada y la oferta de servicios de calidad e integrales, tanto en la atención del embarazo y el parto, como en otros aspectos estratégicos de la salud de las mujeres, incluyendo la salud reproductiva.
Sabemos que el sistema de salud mexicano está fragmentado y que presenta retos importantes para garantizar la calidad de la atención y el derecho a la salud de todas las personas. Por ello es necesario fortalecer la coordinación institucional del Censida y el CNEGSR y asegurar que ambos centros están destinando todos los recursos necesarios para asegurar el acceso de todas las mujeres embarazadas a los insumos y recursos necesarios para garantizar su derecho a la salud.
Como le sucedió a Martha, las mujeres embarazadas están acudiendo a servicios de salud que no cuentan con los insumos necesarios, ni personal capacitado para ofertar la prueba de VIH a las mujeres y garantizar su derecho a la salud. Nuestro sistema de salud sigue considerando que la atención al VIH no es un asunto que compete a todos los servicios de salud, sólo a servicios satélite que atienden a las personas con VIH, lo cual termina siendo un problema no sólo para la prevención sino para la atención integral de las mujeres con VIH.
*Coordinadora Programa Mujeres, Derechos Sexuales y VIH,
Balance A.C.
**Balance es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
17/GGP
El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) formalizó los primeros 9 contratos colectivos de trabajadoras del hogar con lo que éstas podrán gozar de sus derechos laborales.
Como parte del segundo aniversario de la creación del Sinactraho, este miércoles en una entrega oficial presidida por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) Margarita Darlene Rojas Olvera y la secretaria general del Sinactraho, Marcelina Bautista Bautista, e integrantes del gremio, se presentaron los primeros contratos colectivos que establecen los derechos de las trabajadoras como es un salario justo por las actividades que realizan, jornada laboral de ocho horas, seguridad social, prestaciones sociales y días de descanso.
En su participación, Marcelina Bautista recordó que este contrato creado a partir de instrumentos internacionales sobre el trabajo digno del hogar como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), da certeza a las empleadoras y trabajadoras del hogar de las obligaciones y responsabilidades que tienen cada una y permite equiparar los derechos laborales con cualquier otra profesión.
Para la defensora de los derechos laborales, es un evento histórico porque es la primera vez que las trabajadoras del hogar mexicanas logran formalizar oficialmente su trabajo, y la meta es que para el 20 de diciembre de 2017 a través de la campaña “Trabajo digno por ti, por mí y por todas mis compañeras”, sean 10 mil empleadas las que firmen el contrato colectivo de trabajo, indicó.
Entre las presentes estaba una de las nueve trabajadoras que ya cuenta con contrato, Guadalupe Romero de la Cruz, quien luego de 20 años de dedicarse a las tareas del hogar, quien comentó a Cimacnoticias que este contrato le da seguridad pues ya cuenta con todas las prestaciones y derechos que se desprenden de éste.
Por su parte la presidenta de la JLCyA recordó que en el país son 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México y 99 por ciento no cuenta con un contrato –según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)- por lo cual es necesario, y se comprometió a exhortar a los empleadores y empleadoras a firmarlo.
“Es importante seguir trabajando el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, el depósito de los contratos que realizan hoy es un avance de ello, y hay que recordar que es un beneficio para ambas partes: la empleadora sepa de sus derechos y las trabajadoras de sus derechos”, declaró Darlene Rojas.
EL CONTRATO
Este contrato que creó el Sinactraho contempla las modalidades para las trabajadoras que viven dentro del hogar de los empleadores o aquellas que sólo asisten seis o menos días a laborar.
El salario mínimo que marca es de 250 pesos hasta 550 diarios, este depende de las actividades que realicen (limpieza general, chef o cuidados de personas), de igual modo hace obligatoria la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o cualquier institución de salud pública.
El contrato colectivo también evita que se realicen despidos injustificados sin indemnización y que las trabajadoras del hogar puedan estar en espacios de trabajo libres de violencia y discriminación, sostuvo en entrevista con Cimacnoticias Bautista Bautista.
SEGUNDO ANIVERSARIO
La secretaria general del gremio señaló que este 30 agosto se cumplen dos años desde que decidió crear del Sinactraho, -aunque de manera legal se constituyó en febrero de 2016- ya están la afiliadas 800 trabajadoras del hogar y la presencia en entidades del país como la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Puebla y Colima.
Cabe recordar que el Estado mexicano desde hace seis años sigue sin ratificar el Convenio 189 de la OIT que lo obligaría a proveer un marco normativo que garantice los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
17/HZM
Martha es una mujer de 30 años, se enteró apenas hace unos meses que vive con VIH cuando su bebé de dos años se puso grave y tuvo que ser internado. Martha, al igual que en su embarazo previo, acudió a todas sus consultas de atención prenatal, fue a un hospital de segundo nivel para atender su parto, amamantó a su bebé y siguió todas las indicaciones que su médico le dio. Sin embargo, lo que su médico nunca le dijo es que era importante realizarse la prueba de detección de VIH durante el embarazo para garantizar un adecuado estado de salud y en caso de vivir con VIH prevenir la transmisión a su bebé.
A lo largo de más de 30 años de la epidemia de VIH en México se han registrado 3 mil 697 casos de VIH y sida por transmisión perinatal, es decir, que sucedieron en algún momento del embarazo, el parto o la lactancia.
Mientras desde el 2015 algunos países del mundo han empezado a eliminar la transmisión perinatal del VIH, en México desde el 2015 se han registrado 174 casos de bebés que nacieron con VIH o sida. La existencia de estos casos es un reflejo de las fallas de coordinación que existen entre las redes de servicios de salud.
De acuerdo con el Registro Nacional de Casos de sida, sólo durante el 2016 se registraron 92 casos de transmisión vertical, 85 por ciento en la Secretaría de Salud. Este hecho resulta preocupante, sobre todo tomando en cuenta que nuestro país cuenta con los lineamientos técnicos más actualizados para la prevención de la transmisión perinatal. Éstos incluyen la oferta de la prueba al 100 por ciento de mujeres embarazadas, el acceso a los medicamentos antirretrovirales durante el embarazo, la cesárea electiva, así como la posibilidad de parto vaginal para las mujeres con VIH con el virus controlado (carga viral menor a 1,000 copias), y la sustitución de la lactancia materna para las mujeres con VIH.
Dentro de los documentos de política pública el gobierno ha manifestado el compromiso con la prevención de la transmisión perinatal del VIH, haciendo de este tema uno de los objetivos estratégicos del Programa Sectorial de Salud vigente. La oferta de la prueba de VIH a las mujeres embarazadas ha sido la única acción institucional de prevención del VIH en las mujeres y es justo esta acción el eslabón más débil en la cadena de prevención perinatal.
Así lo demuestra la baja cobertura de aplicación de la prueba a las mujeres embarazadas pues de los 2 millones de embarazadas que existen cada año, sólo 67.5 por ciento se hizo la prueba de VIH, lo cual quiere decir que casi 700,000 mujeres perdieron la oportunidad de saber que viven con VIH y prevenir la transmisión a su bebé.
Esta situación es escandalosa en un país donde 91 por ciento de las mujeres asiste al control prenatal, 88 por ciento de los nacimientos son atendidos por personal médico y donde el gobierno presume haber alcanzado el “acceso universal” a los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de VIH (DGIS, 2010; Gobierno de la República, 2005; Saavedra y Bravo, 2006).
Las políticas y los servicios de VIH y de salud reproductiva en México están estructural, funcional y financieramente separados. Cada tema se encuentra en el territorio de una dependencia que se hace cargo normativamente; el tema de VIH corresponde al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y sida, (Censida), mientras que la salud reproductiva, que incluye la salud materna y perinatal, está a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), ambos dependientes de la Secretaría de Salud Federal (Ss). La prevención de la transmisión vertical del VIH se encuentra en medio de esta división y son las mujeres embarazadas con VIH quienes enfrentan las consecuencias de la falta de coordinación entre ambas instituciones.
Como ya se comentaba el eslabón más débil en la cadena es la oferta de la prueba diagnóstica de VIH durante el embarazo, la cual corresponde a los servicios de primer y segundo nivel encargados de la atención prenatal como lo señala la Norma Oficial Mexicana para la atención del embarazo. La omisión de la oferta de la prueba durante el embarazo trae como consecuencias la mortalidad y morbilidad en las mujeres, sus hijas e hijos, además de graves consecuencias emocionales y económicas para las mujeres que sobreviven (Kendall, 2014).
La baja percepción de riesgo de VIH en las mujeres, por ellas mismas y por parte del personal de salud; así como problemas estructurales y de organización institucional no han favorecido la oferta de detección oportuna del VIH a toda mujer embarazada y la oferta de servicios de calidad e integrales, tanto en la atención del embarazo y el parto, como en otros aspectos estratégicos de la salud de las mujeres, incluyendo la salud reproductiva.
Sabemos que el sistema de salud mexicano está fragmentado y que presenta retos importantes para garantizar la calidad de la atención y el derecho a la salud de todas las personas. Por ello es necesario fortalecer la coordinación institucional del Censida y el CNEGSR y asegurar que ambos centros están destinando todos los recursos necesarios para asegurar el acceso de todas las mujeres embarazadas a los insumos y recursos necesarios para garantizar su derecho a la salud.
Como le sucedió a Martha, las mujeres embarazadas están acudiendo a servicios de salud que no cuentan con los insumos necesarios, ni personal capacitado para ofertar la prueba de VIH a las mujeres y garantizar su derecho a la salud. Nuestro sistema de salud sigue considerando que la atención al VIH no es un asunto que compete a todos los servicios de salud, sólo a servicios satélite que atienden a las personas con VIH, lo cual termina siendo un problema no sólo para la prevención sino para la atención integral de las mujeres con VIH.
*Coordinadora Programa Mujeres, Derechos Sexuales y VIH,
Balance A.C.
**Balance es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
17/GGP
Construirán en Argentina nuevas casas para víctimas de violencia
El gobierno argentino, a través del Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, construirá nuevos hogares en el llamado Gran Buenos Aires para víctimas de estos casos.
Se trata de casas de protección integral que estarán instaladas en localidades bonaerenses de La Plata, Morón y Quilmes, en las cuales las víctimas podrán vivir con sus hijos, obtener formación y trabajar en la reincorporación a la vida social.
Según precisó en una nota la Presidencia, las obras incluirán modificaciones en el espacio exterior para asegurar senderos seguros y acceso a servicios de transporte público, plazas, salud y educación.
Las localizaciones y el programa funcional de los primeros tres Hogares de Protección Integral (HPI) fueron consensuados en un trabajo conjunto con el Consejo Federal de la Mujer y la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, agregó la fuente.
“Estamos muy contentos por la posibilidad concreta de construir estos tres refugios”, declaró la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley tras resaltar que serán tres de nueve refugios que se construirán en esas áreas y se incorporan a una red que ya suman 44 en la provincia.
Las autoridades prevén extender esta iniciativa con otros cuatro centros más en una segunda etapa del año en la provincia y otro en el norte del país.
El Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 2017-2019, consta de 69 medidas y 137 acciones.
Según cifras difundidas por organizaciones se calcula que en Argentina muere cada 30 horas una mujer víctima de violencia, sin contar las denuncias por acoso y maltrato.
17/RED