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Es hora de rectificar

Por Lucía Melgar Palacios
CIMACFoto: César Martínez López

La noche del grito de Independencia, el presidente de la República se dirigió a “mexicanas y mexicanos” y mencionó a Leona Vicario, Josefa Ortiz y a las madres de la patria. Por otra parte, tanto en la escolta de la bandera como en el desfile fue evidente la presencia de mujeres, en un medio, el militar, todavía con predominio masculino.  Este lenguaje incluyente y la creciente participación femenina en ámbitos de la vida pública, pueden ser señales positivas. Sin embargo, por larga que sea la lista de heroínas o de militares y funcionarias destacadas, poco cambiará  mientras las políticas públicas sigan marginando a millones de mujeres o pasen por alto sus necesidades. Elogiar a las antepasadas que contribuyeron a construir el país sin mejorar hoy las condiciones de vida de las mujeres y niñas es un homenaje vacuo.

Como ya sabemos, las políticas públicas impulsadas este año no sólo han ignorado la urgencia de garantizar los derechos de las mujeres y niñas sino que los han minado. La falta de recursos para estancias infantiles o refugios para mujeres maltratadas no es un mero error sino una política ciega a una realidad de por sí difícil para madres trabajadoras (y padres en algunos casos) y para adolescentes y mujeres que viven en situaciones traumáticas por violencia familiar o de pareja. Aunque pretendan justificarse como parte de la “lucha contra la corrupción”, estas medidas se contraponen a la obligación estatal de garantizar la igualdad y una vida sin violencia, así como a los derechos de niños y niñas a una educación temprana en un ambiente seguro.

Por desgracia, las protestas y recursos legales interpuestos contra estos recortes mal encaminados no han bastado para sugerir un cambio de rumbo. El presupuesto de egresos (PEF2020) de por sí restringido, invierte la lógica de las prioridades al otorgar, de cada 100 pesos, 50 a Pemex, 3 a salud y 2 a educación y 4 centavos al agua (según datos de MexicoEvalúa), y recorta en los hechos los recursos para promover la igualdad sustantiva, aun cuando aumente la suma nominal destinada a ella. 

También reduce la inversión que, sin estar etiquetada, incide en las condiciones de vida de la población, en particular de la infancia, como la que debería promover un desarrollo sustentable y no dejar, más pronto que tarde, campos y ciudades contaminados, aire y ríos tóxicos o agua escasa y mala.

Como explica la economista Magdalena García Hernández en su análisis del Anexo 13 (Igualdad) del PEF 2020, se han incluido en éste poblaciones que deben aparecer en otro anexo, como las personas indígenas o con discapacidad, de modo que aunque el presupuesto para educación haya aumentado, sobre todo para becas, no se puede saber cuánto se destinará a niñas y jóvenes.

A esta ambigüedad se añaden señales negativas como la reducción de recursos para microcréditos y, más grave en mi opinión, la “caída de 8.1 por ciento” en salud, que empeora para la salud sexual y reproductiva (-20 por ciento ) y la prevención y atención del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual ( – 8.2 por ciento).

Además de atentar contra el derecho a la salud, entre otros, este tipo de medidas agrava problemas que requieren desde hace tiempo atención urgente, coordinación y eficiencia, como la prevención del embarazo adolescente, la atención a víctimas de violencia sexual o simplemente la prevención del cáncer.

Una población enferma o sin el bienestar físico y mental necesario para desarrollarse, no puede ser feliz. Una población dependiente de “apoyos” gubernamentales no es libre ni autónoma.

Como si esto no bastara para preocuparnos, el PEF 2020 también reduce o limita los recursos para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, que, de nuevo, debería ser prioritaria. Aquí, por ejemplo, la CONAVIM, encargada de las alertas de violencia de género en 18 estados, recibirá sólo 7 millones más que en 2019, por lo que su titular llamará a los estados a invertir en este rubro. Loable quizá pero extraña iniciativa ¿Por qué lo harían ahora si antes no lo han hecho? ¿Cómo? si hasta ahora no se ha transparentado siquiera el uso de recursos federales.

¿Con qué directrices? y ¿quién evaluará esas políticas? Además, seguimos cargando con un sistema de administración de justicia ineficaz y revictimizante. ¿Cómo y cuándo se acabará con este lastre?

En el actual contexto de violencia creciente y persistente militarización, éstos y otros sesgos del presupuesto auguran un futuro próximo más duro para todos, y sobre todo para las más pobres y vulnerables.  El Congreso tiene la obligación de rectificar el rumbo.

19/LM/LGL

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